Fuero y redefiniciones
Corresponsabilidad punible
Obispo Vera describe a Coahuila
Julio Hernández López / Astillero
Una grave irresponsabilidad histórica ha cometido la administración felipista al arrojar a las fuerzas armadas a una guerra interna que ha puesto a prueba la lealtad de esos cuerpos militares y marinos en tanto no hay un sustento legal pleno e irrebatible para las operaciones de combate al narcotráfico que ahora, a la luz de las restricciones impuestas al fuero castrense en materia de violaciones a los derechos humanos de civiles, podrán llevar a tropa y oficiales al banquillo de los paisanos y que a la luz de otro juicio, el histórico, también podrían llegar a sentencias rigurosas.
Calderón ha obligado a segmentos verde olivo a preguntarse en voz baja las razones por las cuales están en las calles, cumpliendo instrucciones directas de su jefe institucional acampado en Los Pinos pero a sabiendas de que no cuentan con protección legal ni justificación suficientes. Personajes que vivieron en el primer nivel político los momentos cruciales del plantón poselectoral de Reforma afirman en privado, sin que exista prueba de ello, que el entonces secretario de la Defensa Nacional solicitó a su jefe indicaciones por escrito para proceder a levantar a los manifestantes, con la intención de salvaguardar la institucionalidad castrense de las consecuencias que tuviera una orden presidencial de ese calado. Y en este sexenio vertiginoso para los militares, algunos se preguntan cuál será la valoración judicial e histórica de su actuar desbordado, temiendo que al cambio de administración pudieran fortalecerse las demandas de enjuiciar a quienes fueron copartícipes de la masacre nacional.
Ayer mismo, por ejemplo, tres generales acudieron al Senado de la República para hablar sobre asuntos de seguridad nacional y dejaron constancia de la necesidad que sienten en sus filas de contar con precisión jurídica a la hora del cumplimiento de instrucciones provenientes de Los Pinos. En concreto, los militares abogaron por la aprobación de la ley de seguridad nacional que regule sin equivocación los alcances y responsabilidad del actuar de las fuerzas armadas ante situaciones excepcionales que exijan su intervención.
Algo más: el mismo martes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplía con la sentencia emitida desde 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina pretendieron, mediante un comunicado conjunto, reducir a mero criterio orientador las nuevas disposiciones aprobadas por la máxima sala del poder judicial federal. Respetuoso del equilibrio entre los tres poderes de la Unión, el gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país, decía el boletín de prensa. ¿Respetuoso y respeto? ¿Podría ser de otra manera, y por ello esas tres secretarías tuvieron que confirmar su disposición a respetar lo que en estricto sentido nada más deberían declararse dispuestas a cumplir? ¿Criterio orientador, es decir, llamadas a misa, simples sugerencias y consejos, o imperio de la ley que ha de cumplirse sin más?
Por otra parte, pero no desligado de lo anterior, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, encabezó ayer la peregrinación anual de su diócesis a la Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México, y pronunció una homilía que es una radiografía de lo que se vive en Coahuila y que poca difusión mediática alcanza, razón por la cual aquí se reproducen algunos de los pasajes más notables:
“Coahuila (está) sumido en la violencia y el desconcierto social, en la destrucción de las instituciones y en el empobrecimiento creciente. Los partidos se valieron de las clásicas trampas puestas a la ciudadanía empobrecida para aprovechar su necesidad y comprarle el voto, moverla a votar por medio de promesas de índole inmediatista y no mediante una agenda política madura, que garantice la restructuración profunda del estado. Qué pena que los partidos políticos solamente vieron en la ciudadanía carne de cañón para seguir aplicando los clásicos métodos de manipulación de los electores e inyectar así una fuerte dosis de regresión al Estado autoritario y paternalista.
“La mordaza a los medios de comunicación y la corta visión social en el proyecto político de la función pública, que privilegia el prestigio necesario para mantener la carrera política de los funcionarios, han rodeado de silencio los graves acontecimientos violentos que vivimos día con día en nuestro estado. Esto significa un retraso para la búsqueda de soluciones, porque si lo que se busca es invisibilizar los acontecimientos y no enfrentarlos para llegar a una solución efectiva, lo que prevalecerá será la impunidad.
“En Coahuila, en los últimos seis meses, según el recuento de un diario de Saltillo, tenemos 300 ejecuciones. La PGR, en su web oficial reporta 654 muertes en eventos violentos en Coahuila de 2006 a 2010. El Centro de Derechos Humanos de la diócesis tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en el estado, y las autoridades estatales han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.
También sabemos que hay decapitados, extorsiones, desplazamientos de poblaciones pequeñas, propiciadas por personas de la delincuencia organizada, agresiones a edificios públicos, concretamente en Saltillo la presidencia municipal y las instalaciones de un partido político. Hemos tenido en la zona norte del estado saqueo, quema y destrucción total de viviendas en algunas ciudades, en espacios céntricos y a plena luz del día. Coahuila ocupa el tercer lugar en el país en agresiones a reporteros e instalaciones de medios de comunicación.
Y, mientras Córdova anuncia que se va de Salud para buscar la candidatura panista al gobierno de Guanajuato, Creel escenifica despedidas fotográficas en el Senado rumbo a 2012, y Gordillo se niega a ser jubilada, ¡hasta mañana, con Garcia Productions pagando a Televisa 118 millones de pesos por producir la serie denominada El Equipo!
Corresponsabilidad punible
Obispo Vera describe a Coahuila
Julio Hernández López / Astillero
Una grave irresponsabilidad histórica ha cometido la administración felipista al arrojar a las fuerzas armadas a una guerra interna que ha puesto a prueba la lealtad de esos cuerpos militares y marinos en tanto no hay un sustento legal pleno e irrebatible para las operaciones de combate al narcotráfico que ahora, a la luz de las restricciones impuestas al fuero castrense en materia de violaciones a los derechos humanos de civiles, podrán llevar a tropa y oficiales al banquillo de los paisanos y que a la luz de otro juicio, el histórico, también podrían llegar a sentencias rigurosas.
Calderón ha obligado a segmentos verde olivo a preguntarse en voz baja las razones por las cuales están en las calles, cumpliendo instrucciones directas de su jefe institucional acampado en Los Pinos pero a sabiendas de que no cuentan con protección legal ni justificación suficientes. Personajes que vivieron en el primer nivel político los momentos cruciales del plantón poselectoral de Reforma afirman en privado, sin que exista prueba de ello, que el entonces secretario de la Defensa Nacional solicitó a su jefe indicaciones por escrito para proceder a levantar a los manifestantes, con la intención de salvaguardar la institucionalidad castrense de las consecuencias que tuviera una orden presidencial de ese calado. Y en este sexenio vertiginoso para los militares, algunos se preguntan cuál será la valoración judicial e histórica de su actuar desbordado, temiendo que al cambio de administración pudieran fortalecerse las demandas de enjuiciar a quienes fueron copartícipes de la masacre nacional.
Ayer mismo, por ejemplo, tres generales acudieron al Senado de la República para hablar sobre asuntos de seguridad nacional y dejaron constancia de la necesidad que sienten en sus filas de contar con precisión jurídica a la hora del cumplimiento de instrucciones provenientes de Los Pinos. En concreto, los militares abogaron por la aprobación de la ley de seguridad nacional que regule sin equivocación los alcances y responsabilidad del actuar de las fuerzas armadas ante situaciones excepcionales que exijan su intervención.
Algo más: el mismo martes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplía con la sentencia emitida desde 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina pretendieron, mediante un comunicado conjunto, reducir a mero criterio orientador las nuevas disposiciones aprobadas por la máxima sala del poder judicial federal. Respetuoso del equilibrio entre los tres poderes de la Unión, el gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país, decía el boletín de prensa. ¿Respetuoso y respeto? ¿Podría ser de otra manera, y por ello esas tres secretarías tuvieron que confirmar su disposición a respetar lo que en estricto sentido nada más deberían declararse dispuestas a cumplir? ¿Criterio orientador, es decir, llamadas a misa, simples sugerencias y consejos, o imperio de la ley que ha de cumplirse sin más?
Por otra parte, pero no desligado de lo anterior, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, encabezó ayer la peregrinación anual de su diócesis a la Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México, y pronunció una homilía que es una radiografía de lo que se vive en Coahuila y que poca difusión mediática alcanza, razón por la cual aquí se reproducen algunos de los pasajes más notables:
“Coahuila (está) sumido en la violencia y el desconcierto social, en la destrucción de las instituciones y en el empobrecimiento creciente. Los partidos se valieron de las clásicas trampas puestas a la ciudadanía empobrecida para aprovechar su necesidad y comprarle el voto, moverla a votar por medio de promesas de índole inmediatista y no mediante una agenda política madura, que garantice la restructuración profunda del estado. Qué pena que los partidos políticos solamente vieron en la ciudadanía carne de cañón para seguir aplicando los clásicos métodos de manipulación de los electores e inyectar así una fuerte dosis de regresión al Estado autoritario y paternalista.
“La mordaza a los medios de comunicación y la corta visión social en el proyecto político de la función pública, que privilegia el prestigio necesario para mantener la carrera política de los funcionarios, han rodeado de silencio los graves acontecimientos violentos que vivimos día con día en nuestro estado. Esto significa un retraso para la búsqueda de soluciones, porque si lo que se busca es invisibilizar los acontecimientos y no enfrentarlos para llegar a una solución efectiva, lo que prevalecerá será la impunidad.
“En Coahuila, en los últimos seis meses, según el recuento de un diario de Saltillo, tenemos 300 ejecuciones. La PGR, en su web oficial reporta 654 muertes en eventos violentos en Coahuila de 2006 a 2010. El Centro de Derechos Humanos de la diócesis tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en el estado, y las autoridades estatales han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.
También sabemos que hay decapitados, extorsiones, desplazamientos de poblaciones pequeñas, propiciadas por personas de la delincuencia organizada, agresiones a edificios públicos, concretamente en Saltillo la presidencia municipal y las instalaciones de un partido político. Hemos tenido en la zona norte del estado saqueo, quema y destrucción total de viviendas en algunas ciudades, en espacios céntricos y a plena luz del día. Coahuila ocupa el tercer lugar en el país en agresiones a reporteros e instalaciones de medios de comunicación.
Y, mientras Córdova anuncia que se va de Salud para buscar la candidatura panista al gobierno de Guanajuato, Creel escenifica despedidas fotográficas en el Senado rumbo a 2012, y Gordillo se niega a ser jubilada, ¡hasta mañana, con Garcia Productions pagando a Televisa 118 millones de pesos por producir la serie denominada El Equipo!
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