Legisladores de EU fustigan el desventurado Rápido y furioso.
Califican el proyecto de insensatamente temerario e irresponsable.
La ATF fue objeto de duras críticas por la implementación del plan.
Ni Obama ni su fiscal se hacen responsables de él.
DPA
Washington, 15 de junio. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) fue duramente cuestionada hoy por la aplicación del programa Fast and furious (Rápido y furioso), que permitió la entrada a México de armas ilegales con el objetivo de tratar de localizarlas en escenas de crímenes y así rastrear a los cárteles.
Según un informe elaborado por legisladores republicanos estadunidenses, hecho público hoy, este programa provocó en última instancia la muerte de varias personas, entre ellas un agente de la Patrulla Fronteriza, y no logró el objetivo final de trazar los vínculos entre los compradores pequeños de armas, los grupos que trafican con éstas y los cárteles mexicanos que las adquieren y las usan para perpetrar crímenes.
Este desventurado plan, iniciado a finales de 2009 en Arizona por la ATF, “nunca logró el objetivo de desmantelar a los cárteles de las drogas; de hecho, la agencia ni siquiera logró acercarse” a esta meta, critica el informe del Comité de Supervisión del Congreso estadunidense, elaborado por el congresista republicano Darrell Issa y su par en el Senado, Charles Grassley, quienes además llevaron a cabo hoy una audiencia sobre el programa.
Consecuencia directa del operativo fue la pérdida de vidas que, acusa el reporte, constituía un resultado claramente previsible de esta estrategia.
Una de las muertes relacionadas con Rápido y furioso, ya que en la escena del crimen se hallaron dos armas que eran rastreadas por medio de este programa, es la del agente fronterizo Brian Terry, en diciembre del año pasado en Arizona, muy cerca de la frontera con México, a manos presuntamente de miembros de un cártel de las drogas.
Su fallecimiento provocó el fin de la operación y acabó desatando una investigación a comienzos de este año, ordenada por el fiscal general, Eric Holder, indagatoria que no ha concluido.
El informe destaca que los agentes de Arizona habían prevenido de los riesgos que implicaba este operativo, que permitía a los compradores paja –aquellos contratados por los cárteles para adquirir pequeñas cantidades de armas de alto calibre en Estados Unidos que posteriormente son reunidas y transportadas a México– comprar los arsenales sin grandes controles.
La idea era establecer un nexo entre estos vendedores y las organizaciones criminales que operan en México, al crear una base de datos con las armas adquiridas a pequeña escala –de cuya adquisición informaban los comercios a la ATF– para compararlas con las halladas en escenas de crimen a ambos lados de la frontera. Sin embargo, agrega el reporte, los temores fueron acallados al recibir aseveraciones de que la operación había sido aprobada al más alto nivel.
En la audiencia del Comité de Supervisión –de la Cámara de Representantes–, realizada este miércoles con el objetivo de analizar el programa y buscar responsabilidades, Issa calificó el proyecto de insensatamente temerario e irresponsable.
Tanto el presidente Obama como Holder han negado tener conocimiento de Rápido y furioso, y el mandatario incluso prometió consecuencias cuando concluya la investigación del Departamento de Justicia.
¿Quien lo autorizó?
Issa, sin embargo, se comprometió hoy a seguir investigando para averiguar quién autorizó el programa, quién lo conocía y por qué tuvo que ocurrir la muerte del agente fronterizo, así como una investigación legislativa antes de que el gobierno cancelara el proyecto.
Por su parte, el senador republicano Grassley estimó que en el tiempo que duró el plan se estima que fueron registradas en la base de datos de la operación al menos mil 880 armas de alto calibre, que se presume acabaron en manos de los cárteles.
A la audiencia acudieron a testificar familiares del agente fallecido y otros trabajadores de ATF implicados en el citado programa, quienes manifestaron su malestar con este proyecto.
No alcanzo a entender cómo el riesgo de permitir que las armas cayeran en las manos de conocidos criminales puede de alguna manera favorecer un interés legal legítimo, dijo ante el comité el agente especial de ATF John Dobson, que participó en Fast and furious.
Dudas de demócratas
Con todo, congresistas demócratas pusieron en duda las verdaderas intenciones tanto del informe como de la audiencia, y recordaron que el poderoso lobby Asociación Nacional del Rifle (NRA) está detrás de muchos ataques a la ATF y de los intentos por recortar sus asignaciones, en vista de que el fuerte grupo de cabildeo se opone a cualquier tipo de regulación de armas, como la que ha propuesto la agencia federal.
“El lobby de armas y sus defensores en el Congreso están tratando de aprobar una legislación (para) arrebatarle a la ATF la autoridad para detener criminales”, acusó hoy el congresista demócrata Gerald Connolly, quien recordó que su colega republicano y principal actor de la audiencia de hoy, Issa, es uno de los coautores de la propuesta de ley en este sentido.
Califican el proyecto de insensatamente temerario e irresponsable.
La ATF fue objeto de duras críticas por la implementación del plan.
Ni Obama ni su fiscal se hacen responsables de él.
DPA
Washington, 15 de junio. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) fue duramente cuestionada hoy por la aplicación del programa Fast and furious (Rápido y furioso), que permitió la entrada a México de armas ilegales con el objetivo de tratar de localizarlas en escenas de crímenes y así rastrear a los cárteles.
Según un informe elaborado por legisladores republicanos estadunidenses, hecho público hoy, este programa provocó en última instancia la muerte de varias personas, entre ellas un agente de la Patrulla Fronteriza, y no logró el objetivo final de trazar los vínculos entre los compradores pequeños de armas, los grupos que trafican con éstas y los cárteles mexicanos que las adquieren y las usan para perpetrar crímenes.
Este desventurado plan, iniciado a finales de 2009 en Arizona por la ATF, “nunca logró el objetivo de desmantelar a los cárteles de las drogas; de hecho, la agencia ni siquiera logró acercarse” a esta meta, critica el informe del Comité de Supervisión del Congreso estadunidense, elaborado por el congresista republicano Darrell Issa y su par en el Senado, Charles Grassley, quienes además llevaron a cabo hoy una audiencia sobre el programa.
Consecuencia directa del operativo fue la pérdida de vidas que, acusa el reporte, constituía un resultado claramente previsible de esta estrategia.
Una de las muertes relacionadas con Rápido y furioso, ya que en la escena del crimen se hallaron dos armas que eran rastreadas por medio de este programa, es la del agente fronterizo Brian Terry, en diciembre del año pasado en Arizona, muy cerca de la frontera con México, a manos presuntamente de miembros de un cártel de las drogas.
Su fallecimiento provocó el fin de la operación y acabó desatando una investigación a comienzos de este año, ordenada por el fiscal general, Eric Holder, indagatoria que no ha concluido.
El informe destaca que los agentes de Arizona habían prevenido de los riesgos que implicaba este operativo, que permitía a los compradores paja –aquellos contratados por los cárteles para adquirir pequeñas cantidades de armas de alto calibre en Estados Unidos que posteriormente son reunidas y transportadas a México– comprar los arsenales sin grandes controles.
La idea era establecer un nexo entre estos vendedores y las organizaciones criminales que operan en México, al crear una base de datos con las armas adquiridas a pequeña escala –de cuya adquisición informaban los comercios a la ATF– para compararlas con las halladas en escenas de crimen a ambos lados de la frontera. Sin embargo, agrega el reporte, los temores fueron acallados al recibir aseveraciones de que la operación había sido aprobada al más alto nivel.
En la audiencia del Comité de Supervisión –de la Cámara de Representantes–, realizada este miércoles con el objetivo de analizar el programa y buscar responsabilidades, Issa calificó el proyecto de insensatamente temerario e irresponsable.
Tanto el presidente Obama como Holder han negado tener conocimiento de Rápido y furioso, y el mandatario incluso prometió consecuencias cuando concluya la investigación del Departamento de Justicia.
¿Quien lo autorizó?
Issa, sin embargo, se comprometió hoy a seguir investigando para averiguar quién autorizó el programa, quién lo conocía y por qué tuvo que ocurrir la muerte del agente fronterizo, así como una investigación legislativa antes de que el gobierno cancelara el proyecto.
Por su parte, el senador republicano Grassley estimó que en el tiempo que duró el plan se estima que fueron registradas en la base de datos de la operación al menos mil 880 armas de alto calibre, que se presume acabaron en manos de los cárteles.
A la audiencia acudieron a testificar familiares del agente fallecido y otros trabajadores de ATF implicados en el citado programa, quienes manifestaron su malestar con este proyecto.
No alcanzo a entender cómo el riesgo de permitir que las armas cayeran en las manos de conocidos criminales puede de alguna manera favorecer un interés legal legítimo, dijo ante el comité el agente especial de ATF John Dobson, que participó en Fast and furious.
Dudas de demócratas
Con todo, congresistas demócratas pusieron en duda las verdaderas intenciones tanto del informe como de la audiencia, y recordaron que el poderoso lobby Asociación Nacional del Rifle (NRA) está detrás de muchos ataques a la ATF y de los intentos por recortar sus asignaciones, en vista de que el fuerte grupo de cabildeo se opone a cualquier tipo de regulación de armas, como la que ha propuesto la agencia federal.
“El lobby de armas y sus defensores en el Congreso están tratando de aprobar una legislación (para) arrebatarle a la ATF la autoridad para detener criminales”, acusó hoy el congresista demócrata Gerald Connolly, quien recordó que su colega republicano y principal actor de la audiencia de hoy, Issa, es uno de los coautores de la propuesta de ley en este sentido.
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