Jorge Fernández Menéndez
El tema es la impunidad. No son las muertes, aunque el número sea alto y el costo social mucho mayor. No es la violencia que permea muchos rincones de la república. Tampoco la delincuencia, asociada a la extorsión, el robo y el secuestro, aunque nos lastimen cotidianamente. El tema es la impunidad, que es el ingrediente que permite que en unas pocas semanas un chavo que roba espejos de automóviles se convierta en sicario, que hace que los delincuentes apuesten cada día más alto en sus objetivos, sabiendo que estadísticamente tienen un dos por ciento, o menos, de posibilidades de ser capturados y, luego un porcentaje aún menor de ser condenados. La impunidad es lo que transforma todo el escenario de la inseguridad.
Dos ejemplos. Hace algunas semanas fue asesinado en San Luis Potosí, el agente de aduanas de los Estados Unidos, Jaime Zapata. En unos pocos días, con la labor de fuerzas federales y la colaboración de agencias estadounidenses, los asesinos materiales estaban detenidos. El tema que había estallado en la prensa nacional e internacional, que era un desafío para las relaciones bilaterales, que dejaba una sensación de que cualquiera podía ser vulnerable, incluso en la carretera más transitada del país, se cerró con esas detenciones.
Otro caso: el asesinato de Francisco Sicilia, el hijo del poeta Javier Sicilia. Podrán existir muchos puntos de vista encontrados sobre el proselitismo que realiza Sicilia, lo que es indudable es que el debate se logró despersonalizar desde el mismo momento en que los asesinos materiales y el jefe del cártel del pacífico sur, Jesús “El Negro” Radilla, que fue el que ordenó el asesinato de Francisco, quedaran tras las rejas. Hay mucho para hacer aún en Morelos, muchas policías que limpiar pero la sensación es que ese caso no quedó impune. En los dos hay que destacar que las autoridades locales fueron absolutamente prescindentes en la investigación.
Pero lamentablemente estamos hablando de un par de historias que comparadas con los miles de casos que no han tenido respuesta de las autoridades federales ni locales, parecen gotas en un mar de impunidad. Hay muchos que son paradigmáticos pero pocos, sobre todo por su trascendencia política como el del candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú que el martes cumplió un año de que fuera asesinato por un comando en Soto la Marina, a unos días de las elecciones estatales que terminó ganando su hermano Egidio.
Hace unos días cuando entrevistamos con Bibiana Belsasso al presidente Calderón, éste reconoció que en el caso de Rodolfo Torre su gobierno estaban “en falta”, que había habido rezagos importantes en la investigación y que, en los hechos, la misma fue retomada con la llegada de Marisela Morales a la PGR. Resulta difícil imaginar que un asesinato político de esa magnitud (“el más importante de mi sexenio” reconoció el presidente en esa plática) no haya sido un objetivo primario de la procuraduría federal. Es verdad que, tanto los ministerios públicos como los jueces argumentan que el volumen de casos que deben manejar es tan alto que se ven rebasados en muchas ocasiones. Pero debería ser evidente que no todos los casos que llegan a la justicia o al ministerio público son iguales, aunque en el papel lo deberían ser. Siempre hay casos paradigmáticos, ejemplares, que tendrían que convertirse en objetivos de las autoridades porque son los que le indican a la sociedad la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia.
El razonamiento es sencillo: si se puede matar a un candidato que sería inevitablemente gobernador electo en menos de una semana y no pasa absolutamente nada ¿por qué no seguir con cualquier otro si el crimen no tiene costos?
Ahora, luego del aniversario de la muerte del político priísta, pareciera que las autoridades quieren recuperar el tiempo perdido, pero en lugar de ahondar en lo que tienen, lo están haciendo de mala manera: la primera decisión es citar a declarar ante el Ministerio Público federal, en las oficinas del mismo, a la viuda del candidato asesinado, Laura de la Garza, pidiéndole, como si fuera una indiciada, que vaya acompañada de sus abogados. ¿Qué sentido tiene esa provocación para una mujer que perdió a su esposo en una emboscada evidentemente realizada por profesionales? A la impunidad se unirá una legítima indignación. Es una muy mala mezcla.
El tema es la impunidad. No son las muertes, aunque el número sea alto y el costo social mucho mayor. No es la violencia que permea muchos rincones de la república. Tampoco la delincuencia, asociada a la extorsión, el robo y el secuestro, aunque nos lastimen cotidianamente. El tema es la impunidad, que es el ingrediente que permite que en unas pocas semanas un chavo que roba espejos de automóviles se convierta en sicario, que hace que los delincuentes apuesten cada día más alto en sus objetivos, sabiendo que estadísticamente tienen un dos por ciento, o menos, de posibilidades de ser capturados y, luego un porcentaje aún menor de ser condenados. La impunidad es lo que transforma todo el escenario de la inseguridad.
Dos ejemplos. Hace algunas semanas fue asesinado en San Luis Potosí, el agente de aduanas de los Estados Unidos, Jaime Zapata. En unos pocos días, con la labor de fuerzas federales y la colaboración de agencias estadounidenses, los asesinos materiales estaban detenidos. El tema que había estallado en la prensa nacional e internacional, que era un desafío para las relaciones bilaterales, que dejaba una sensación de que cualquiera podía ser vulnerable, incluso en la carretera más transitada del país, se cerró con esas detenciones.
Otro caso: el asesinato de Francisco Sicilia, el hijo del poeta Javier Sicilia. Podrán existir muchos puntos de vista encontrados sobre el proselitismo que realiza Sicilia, lo que es indudable es que el debate se logró despersonalizar desde el mismo momento en que los asesinos materiales y el jefe del cártel del pacífico sur, Jesús “El Negro” Radilla, que fue el que ordenó el asesinato de Francisco, quedaran tras las rejas. Hay mucho para hacer aún en Morelos, muchas policías que limpiar pero la sensación es que ese caso no quedó impune. En los dos hay que destacar que las autoridades locales fueron absolutamente prescindentes en la investigación.
Pero lamentablemente estamos hablando de un par de historias que comparadas con los miles de casos que no han tenido respuesta de las autoridades federales ni locales, parecen gotas en un mar de impunidad. Hay muchos que son paradigmáticos pero pocos, sobre todo por su trascendencia política como el del candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú que el martes cumplió un año de que fuera asesinato por un comando en Soto la Marina, a unos días de las elecciones estatales que terminó ganando su hermano Egidio.
Hace unos días cuando entrevistamos con Bibiana Belsasso al presidente Calderón, éste reconoció que en el caso de Rodolfo Torre su gobierno estaban “en falta”, que había habido rezagos importantes en la investigación y que, en los hechos, la misma fue retomada con la llegada de Marisela Morales a la PGR. Resulta difícil imaginar que un asesinato político de esa magnitud (“el más importante de mi sexenio” reconoció el presidente en esa plática) no haya sido un objetivo primario de la procuraduría federal. Es verdad que, tanto los ministerios públicos como los jueces argumentan que el volumen de casos que deben manejar es tan alto que se ven rebasados en muchas ocasiones. Pero debería ser evidente que no todos los casos que llegan a la justicia o al ministerio público son iguales, aunque en el papel lo deberían ser. Siempre hay casos paradigmáticos, ejemplares, que tendrían que convertirse en objetivos de las autoridades porque son los que le indican a la sociedad la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia.
El razonamiento es sencillo: si se puede matar a un candidato que sería inevitablemente gobernador electo en menos de una semana y no pasa absolutamente nada ¿por qué no seguir con cualquier otro si el crimen no tiene costos?
Ahora, luego del aniversario de la muerte del político priísta, pareciera que las autoridades quieren recuperar el tiempo perdido, pero en lugar de ahondar en lo que tienen, lo están haciendo de mala manera: la primera decisión es citar a declarar ante el Ministerio Público federal, en las oficinas del mismo, a la viuda del candidato asesinado, Laura de la Garza, pidiéndole, como si fuera una indiciada, que vaya acompañada de sus abogados. ¿Qué sentido tiene esa provocación para una mujer que perdió a su esposo en una emboscada evidentemente realizada por profesionales? A la impunidad se unirá una legítima indignación. Es una muy mala mezcla.
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