Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Una de las partes más controvertidas en seguridad nacional de México ha sido la insuficiencia en sus servicios de inteligencia. El CISEN no alertó a tiempo que el EPR preparaba acciones militares por la desaparición de dos de sus jefes en 2007, y recientemente el Ejército, por una alerta de la DEA –que ninguno de los dos ha negado que existiera–, se metió en el pantano del caso Hank. La Marina se ha llenado de laureles con préstamos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de las agencias de estadounidenses, mientras que la PGR fue deliberadamente desmantelada por el último ex procurador.
Por diseño y por concepto, la guerra contra el narcotráfico carece del ingrediente más importante para su combate y neutralización: la inteligencia. Lo que existe en México es totalmente insuficiente, en el caso de las Fuerzas Armadas, deficiente en el caso del CISEN, o inexistente en el de la PGR. Por ello, en la parte final de su gobierno, el presidente Felipe Calderón autorizó reconstruir los servicios de inteligencia civil y militar. La corrección es tardía, pero no hay mejor lugar común aplicado a la realidad: más vale tarde que nunca.
La primera acción concreta se dio en la PGR, con la llegada de Marisela Morales, para reparar la torpeza estratégica del ex procurador Arturo Chávez, quien provocó la destrucción del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), que era el órgano que proveía inteligencia propia a la dependencia, sin tener que depender de la SSPF, el Ejército o, como era frecuente, de la DEA, al triturar su estructura.
La segunda, en proceso de planeación, corresponde a la Marina, que está por decidir en qué sitio –si es el viejo Centro de Convenciones en Acapulco o en el Distrito Federal–, crea un centro de inteligencia similar a lo que en su momento fue el Centro Nacional contra las Drogas (Cendro), que también se incubó dentro de la PGR, que le dé autonomía real en materia de información, y empiece a alcanzar logros por sí misma.
En la actualidad son cinco las dependencias que realizan el principal trabajo de inteligencia enfocado al combate contra los cárteles de la droga. La más importante, por la definición misma de su tarea, es el CISEN, que sin embargo está rezagado en tecnología y capacidad de análisis, frente al poderoso aparato que encabeza el ex CISEN Genaro García Luna, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
A nivel civil, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) desarrolla un callado trabajo de inteligencia en las aduanas, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda. En la parte militar, la Sección II de Inteligencia en el Ejército, es la que desarrolla ese trabajo, cuya fuerza radica en el masivo trabajo de inteligencia humana en todo el país sin paralelo en ninguna otra área del gobierno.
El trabajo de inteligencia existente ha permitido al equipo de García Luna el golpeteo sistemático a los cárteles de la droga y a otras ramas de la delincuencia, como piratería y secuestro, y al SAT mejorar cualitativamente sus operaciones de detección de cargamentos –aunque es la Marina la que se cuelga los éxitos–. La Unidad de Inteligencia Financiera aún no da resultados óptimos, y el grueso de la información que ha permitido cortar los círculos de financiamiento y lavado de dinero de los cárteles mexicanos ha sido facilitada por el FINCEN, de Estados Unidos.
Las Fuerzas Armadas comprometidas en la guerra contra el narcotráfico, han sido utilizadas principalmente como tropas de campo, y las operaciones de mayor éxito que han tenido en los últimos años deben su información a la inteligencia de los servicios estadounidenses, particularmente la DEA. La Marina, que es la institución federal con menor capacidad de inteligencia, ha sido la más beneficiada por la información de Washington, de donde se ha vuelto dependiente prácticamente en su totalidad.
El secretario de la Marina Francisco Sáynez, que mostró gran ingenuidad al entrar a la guerra contra las drogas sin herramientas estratégicas, recibió ya la aprobación presidencial para montar un área de inteligencia propia a la altura del desafío. La que tiene actualmente no tiene la capacidad tecnológica ni de personal que le permitan rangos de autonomía frente a la DEA o Seguridad Pública Federal, sus principales suministradores de inteligencia contra los cárteles.
Para el almirante Sáynez el trabajo será a partir de cero, una vía menos compleja que la que enfrenta la procuradora Marisela Morales en el CENAPI. Ese Centro fue reforzado tecnológicamente y con personal durante la gestión de Eduardo Medina-Mora, pero el arribo de Chávez fue, para efectos prácticos, un desastre. Chávez recortó personal y modificó el destino del CENAPI, cuya información de inteligencia se sustentó en dos plataformas: periódicos y el servicio privado Stratfor. Chávez llevó el nivel de información de calidad de la PGR al matadero, y dejó al CENAPI en rangos de conocimiento primarios.
La falta de visión estratégica sobre la necesidad de servicios de inteligencia sólidos es una de las grandes debilidades del Gobierno calderonista en la guerra contra las drogas, y un factor de enorme vulnerabilidad frente a los cárteles de la droga, algunos de los cuales han mostrado una enorme capacidad de inteligencia y tecnológica.
Nunca será tarde para comenzar esta nueva fase en la inteligencia mexicana, que tendrá que ir acompañada con presupuestos y controles legislativos para que no se conviertan –como existen tentaciones–, en aparatos puestos al servicio de objetivos político-electorales. Ese será el primer paso. Un segundo que se tiene que comenzar a visualizar desde este momento, es ir construyendo las condiciones para la creación de la figura de una Dirección de Inteligencia Nacional, que tenga la autoridad para solicitar y recibir de todas las áreas toda su información, y la capacidad para procesarla y presentar opciones de política al Presidente.
Consolidar el primer paso, que permita a todas las áreas que combaten a los criminales disponer de un servicio de inteligencia creíble y eficaz, es fundamental. Pero alcanzar el segundo, que venza las reticencias dentro del gabinete de seguridad, elimine las sospechas mutuas y ponga los agravios por abajo de los intereses nacionales, es indispensable. De otra forma, no importará cuánto inviertan, cuánto construyan, o cuánto avancen, la inteligencia siempre estará desarticulada y sin la fuerza para enfrentar a los criminales, que sí están organizados y capacitados.
En relación con la columna “2012: El factor Elba”, Miguel Ángel Yunes, uno de los protagonistas del texto, refutó: “A mí nadie me maltrata ni me ha maltratado ni en público ni en privado, me conoces y sabes que no lo permitiría”.
Una de las partes más controvertidas en seguridad nacional de México ha sido la insuficiencia en sus servicios de inteligencia. El CISEN no alertó a tiempo que el EPR preparaba acciones militares por la desaparición de dos de sus jefes en 2007, y recientemente el Ejército, por una alerta de la DEA –que ninguno de los dos ha negado que existiera–, se metió en el pantano del caso Hank. La Marina se ha llenado de laureles con préstamos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de las agencias de estadounidenses, mientras que la PGR fue deliberadamente desmantelada por el último ex procurador.
Por diseño y por concepto, la guerra contra el narcotráfico carece del ingrediente más importante para su combate y neutralización: la inteligencia. Lo que existe en México es totalmente insuficiente, en el caso de las Fuerzas Armadas, deficiente en el caso del CISEN, o inexistente en el de la PGR. Por ello, en la parte final de su gobierno, el presidente Felipe Calderón autorizó reconstruir los servicios de inteligencia civil y militar. La corrección es tardía, pero no hay mejor lugar común aplicado a la realidad: más vale tarde que nunca.
La primera acción concreta se dio en la PGR, con la llegada de Marisela Morales, para reparar la torpeza estratégica del ex procurador Arturo Chávez, quien provocó la destrucción del Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), que era el órgano que proveía inteligencia propia a la dependencia, sin tener que depender de la SSPF, el Ejército o, como era frecuente, de la DEA, al triturar su estructura.
La segunda, en proceso de planeación, corresponde a la Marina, que está por decidir en qué sitio –si es el viejo Centro de Convenciones en Acapulco o en el Distrito Federal–, crea un centro de inteligencia similar a lo que en su momento fue el Centro Nacional contra las Drogas (Cendro), que también se incubó dentro de la PGR, que le dé autonomía real en materia de información, y empiece a alcanzar logros por sí misma.
En la actualidad son cinco las dependencias que realizan el principal trabajo de inteligencia enfocado al combate contra los cárteles de la droga. La más importante, por la definición misma de su tarea, es el CISEN, que sin embargo está rezagado en tecnología y capacidad de análisis, frente al poderoso aparato que encabeza el ex CISEN Genaro García Luna, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
A nivel civil, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) desarrolla un callado trabajo de inteligencia en las aduanas, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda. En la parte militar, la Sección II de Inteligencia en el Ejército, es la que desarrolla ese trabajo, cuya fuerza radica en el masivo trabajo de inteligencia humana en todo el país sin paralelo en ninguna otra área del gobierno.
El trabajo de inteligencia existente ha permitido al equipo de García Luna el golpeteo sistemático a los cárteles de la droga y a otras ramas de la delincuencia, como piratería y secuestro, y al SAT mejorar cualitativamente sus operaciones de detección de cargamentos –aunque es la Marina la que se cuelga los éxitos–. La Unidad de Inteligencia Financiera aún no da resultados óptimos, y el grueso de la información que ha permitido cortar los círculos de financiamiento y lavado de dinero de los cárteles mexicanos ha sido facilitada por el FINCEN, de Estados Unidos.
Las Fuerzas Armadas comprometidas en la guerra contra el narcotráfico, han sido utilizadas principalmente como tropas de campo, y las operaciones de mayor éxito que han tenido en los últimos años deben su información a la inteligencia de los servicios estadounidenses, particularmente la DEA. La Marina, que es la institución federal con menor capacidad de inteligencia, ha sido la más beneficiada por la información de Washington, de donde se ha vuelto dependiente prácticamente en su totalidad.
El secretario de la Marina Francisco Sáynez, que mostró gran ingenuidad al entrar a la guerra contra las drogas sin herramientas estratégicas, recibió ya la aprobación presidencial para montar un área de inteligencia propia a la altura del desafío. La que tiene actualmente no tiene la capacidad tecnológica ni de personal que le permitan rangos de autonomía frente a la DEA o Seguridad Pública Federal, sus principales suministradores de inteligencia contra los cárteles.
Para el almirante Sáynez el trabajo será a partir de cero, una vía menos compleja que la que enfrenta la procuradora Marisela Morales en el CENAPI. Ese Centro fue reforzado tecnológicamente y con personal durante la gestión de Eduardo Medina-Mora, pero el arribo de Chávez fue, para efectos prácticos, un desastre. Chávez recortó personal y modificó el destino del CENAPI, cuya información de inteligencia se sustentó en dos plataformas: periódicos y el servicio privado Stratfor. Chávez llevó el nivel de información de calidad de la PGR al matadero, y dejó al CENAPI en rangos de conocimiento primarios.
La falta de visión estratégica sobre la necesidad de servicios de inteligencia sólidos es una de las grandes debilidades del Gobierno calderonista en la guerra contra las drogas, y un factor de enorme vulnerabilidad frente a los cárteles de la droga, algunos de los cuales han mostrado una enorme capacidad de inteligencia y tecnológica.
Nunca será tarde para comenzar esta nueva fase en la inteligencia mexicana, que tendrá que ir acompañada con presupuestos y controles legislativos para que no se conviertan –como existen tentaciones–, en aparatos puestos al servicio de objetivos político-electorales. Ese será el primer paso. Un segundo que se tiene que comenzar a visualizar desde este momento, es ir construyendo las condiciones para la creación de la figura de una Dirección de Inteligencia Nacional, que tenga la autoridad para solicitar y recibir de todas las áreas toda su información, y la capacidad para procesarla y presentar opciones de política al Presidente.
Consolidar el primer paso, que permita a todas las áreas que combaten a los criminales disponer de un servicio de inteligencia creíble y eficaz, es fundamental. Pero alcanzar el segundo, que venza las reticencias dentro del gabinete de seguridad, elimine las sospechas mutuas y ponga los agravios por abajo de los intereses nacionales, es indispensable. De otra forma, no importará cuánto inviertan, cuánto construyan, o cuánto avancen, la inteligencia siempre estará desarticulada y sin la fuerza para enfrentar a los criminales, que sí están organizados y capacitados.
En relación con la columna “2012: El factor Elba”, Miguel Ángel Yunes, uno de los protagonistas del texto, refutó: “A mí nadie me maltrata ni me ha maltratado ni en público ni en privado, me conoces y sabes que no lo permitiría”.
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