Miguel Ángel Granados Chapa
Está en uno de sus puntos culminantes la vieja querella entre Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas y su antecesor Pablo Salazar. Éste lleva la peor parte en el conflicto: Está detenido en el penal de El Amate, en espera de que un juez del fuero común -por ende dúctil ante el Ejecutivo local-decida si lo somete a proceso.
La porción más visible de la disputa entre esos dos políticos, antaño miembros del PRI y separados de él con el fin de llegar al gobierno por la vía opositora, ha ocurrido en los últimos tres meses. Salazar, tratado ásperamente por su sucesor apenas fue relevado en la gubernatura, decidió contestar a la pertinaz acusación oficialista de haber mal dispuesto de los recursos federales y locales dispuestos para la reconstrucción necesaria tras el terrible golpeo del huracán Stan a Chiapas.
En la campaña contra el ex gobernador el actual titular del Ejecutivo contó con la decidida colaboración y apoyo de partidos de los que formalmente se distanció: El propio PRI de que fue militante y el Partido Verde, cuya presencia en la entidad permite augurar que uno de sus miembros, el senador Manuel Velasco Coello reemplazará el año próximo a Sabines. No se trata de una relación extraña en éste, que ha mostrado en su breve vida pública una notoria carencia de escrúpulos políticos, que lo dota de muy alta flexibilidad para obtener provecho personal de las coyunturas políticas en que participa.
Salazar demostró documentalmente que las acusaciones sobre mal uso de los recursos del Stan no tenían fundamento. Adujo, de manera contundente, que la comisión para la reconstrucción motivada por aquel fenómeno meteorológico había concluido sus funciones por haber cumplido los fines para los que fue creada. Así lo declaró, en el decreto respectivo, emitido en 2008, el propio gobernador Sabines. El ex gobernador difundió su versión de los hechos a través de la red, que le permitió remitir mensajes por correo electrónico a cien mil destinatarios. Buscó además reforzar su defensa mediante un impreso cuyo tiraje de cincuenta mil ejemplares fue sustraído de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez la semana pasada. Salazar no vaciló en acusar políticamente a Sabines del asalto, realizado por individuos enmascarados portadores de armas largas, que redujeron a los vigilantes y robaron únicamente los ejemplares del impreso, pues en eso consistía su encomienda.
La denuncia de esos hechos ante el Ministerio Público federal precipitó la obviamente preparada acción penal contra el ex gobernador. Apenas unos días después del asalto, Salazar fue detenido anteayer en Cancún por la policía ministerial de Quintana Roo a solicitud del Gobierno de Chiapas, presentada por el Fiscal general. Se imputan al ex gobernador los delitos de asociación delictuosa, peculado, abuso de autoridad y abuso en el ejercicio de la función pública. Se aprovechó una simple orden de presentación, que en una mala práctica suele ser usada como si lo fuera de aprehensión, para trasladar de Cancún a Tuxtla Gutiérrez al inculpado. Éste inició ayer mismo una huelga de hambre, cuyo sentido fue explicado por su hijo Pablo Salazar López, quien dijo que su padre se propone salir del penal sólo en una de dos circunstancias: Cuando se le exonere de los cargos señalados y se declare su inocencia, o cuando muera si es preciso prolongar el ayuno hasta su consecuencia extrema.
Ya desde que fue denunciado por el asalto, y con mayor fuerza tras la detención de Salazar, el gobernador ha soltado a la jauría de que dispone contra su antecesor. Adicionalmente, personas de buena fe que guardan resentimientos contra Salazar aprovecharon la coyuntura para reavivar sus querellas y sumarlas a las acusaciones que motivaron su detención. Es difícil que judicialmente tal acumulación proceda, pero política y mediáticamente estas renovadas impugnaciones contra el ex gobernador contribuyen a que se aplauda, espontáneamente o mediante paga a Sabines, que tiene la mano floja cuando se trata de gastar recursos públicos en el labrado de su imagen. Es probable que después de Enrique Peña Nieto ningún gobernador gaste en publicidad como el que rige a la paupérrima Chiapas.
Después de meses de haber renunciado al PRI, Salazar desplazó del Gobierno de Chiapas a ese partido. Consiguió reunir en torno suyo a una muy amplia coalición, compuesta por el PAN y el PRD y otros y partidos (incluido el Verde, por aquel entonces aliado de Acción Nacional). A su fuerza propia Salazar agregó el remanente del efecto Fox para derrotar al PRI. Aunque no eligió partido mientras gobernó, mantuvo notoria cercanía con el Presidente. Al concluir su sexenio pretendió modelar su sucesión, con clara injerencia en el PRD. Pero se encontró con el joven alcalde priísta de la capital. Dueño de un legado familiar de alto relieve, Sabines se despechó al no ser escogido por el PRI y pasó a la oposición. Persuadió a Andrés Manuel López Obrador de brindarle su apoyo y así pudo vencer a su propio partido y al gobernador en turno.
Con apenas unos años en la política (como diputado local y alcalde), en cuanto llegó a la gubernatura pretendió adquirir su propia identidad y gestionar sus intereses propios. Inició y practica una melosa relación con el presidente Calderón, a cuyo efecto ha diluido su presunta pertenencia al PRD. Paga con alta frecuencia mensajes pagados en los medios impresos y los electrónicos de su estado y la ciudad de México. Y denostando y encarcelando a su antecesor busca pasar por justiciero.
Está en uno de sus puntos culminantes la vieja querella entre Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas y su antecesor Pablo Salazar. Éste lleva la peor parte en el conflicto: Está detenido en el penal de El Amate, en espera de que un juez del fuero común -por ende dúctil ante el Ejecutivo local-decida si lo somete a proceso.
La porción más visible de la disputa entre esos dos políticos, antaño miembros del PRI y separados de él con el fin de llegar al gobierno por la vía opositora, ha ocurrido en los últimos tres meses. Salazar, tratado ásperamente por su sucesor apenas fue relevado en la gubernatura, decidió contestar a la pertinaz acusación oficialista de haber mal dispuesto de los recursos federales y locales dispuestos para la reconstrucción necesaria tras el terrible golpeo del huracán Stan a Chiapas.
En la campaña contra el ex gobernador el actual titular del Ejecutivo contó con la decidida colaboración y apoyo de partidos de los que formalmente se distanció: El propio PRI de que fue militante y el Partido Verde, cuya presencia en la entidad permite augurar que uno de sus miembros, el senador Manuel Velasco Coello reemplazará el año próximo a Sabines. No se trata de una relación extraña en éste, que ha mostrado en su breve vida pública una notoria carencia de escrúpulos políticos, que lo dota de muy alta flexibilidad para obtener provecho personal de las coyunturas políticas en que participa.
Salazar demostró documentalmente que las acusaciones sobre mal uso de los recursos del Stan no tenían fundamento. Adujo, de manera contundente, que la comisión para la reconstrucción motivada por aquel fenómeno meteorológico había concluido sus funciones por haber cumplido los fines para los que fue creada. Así lo declaró, en el decreto respectivo, emitido en 2008, el propio gobernador Sabines. El ex gobernador difundió su versión de los hechos a través de la red, que le permitió remitir mensajes por correo electrónico a cien mil destinatarios. Buscó además reforzar su defensa mediante un impreso cuyo tiraje de cincuenta mil ejemplares fue sustraído de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez la semana pasada. Salazar no vaciló en acusar políticamente a Sabines del asalto, realizado por individuos enmascarados portadores de armas largas, que redujeron a los vigilantes y robaron únicamente los ejemplares del impreso, pues en eso consistía su encomienda.
La denuncia de esos hechos ante el Ministerio Público federal precipitó la obviamente preparada acción penal contra el ex gobernador. Apenas unos días después del asalto, Salazar fue detenido anteayer en Cancún por la policía ministerial de Quintana Roo a solicitud del Gobierno de Chiapas, presentada por el Fiscal general. Se imputan al ex gobernador los delitos de asociación delictuosa, peculado, abuso de autoridad y abuso en el ejercicio de la función pública. Se aprovechó una simple orden de presentación, que en una mala práctica suele ser usada como si lo fuera de aprehensión, para trasladar de Cancún a Tuxtla Gutiérrez al inculpado. Éste inició ayer mismo una huelga de hambre, cuyo sentido fue explicado por su hijo Pablo Salazar López, quien dijo que su padre se propone salir del penal sólo en una de dos circunstancias: Cuando se le exonere de los cargos señalados y se declare su inocencia, o cuando muera si es preciso prolongar el ayuno hasta su consecuencia extrema.
Ya desde que fue denunciado por el asalto, y con mayor fuerza tras la detención de Salazar, el gobernador ha soltado a la jauría de que dispone contra su antecesor. Adicionalmente, personas de buena fe que guardan resentimientos contra Salazar aprovecharon la coyuntura para reavivar sus querellas y sumarlas a las acusaciones que motivaron su detención. Es difícil que judicialmente tal acumulación proceda, pero política y mediáticamente estas renovadas impugnaciones contra el ex gobernador contribuyen a que se aplauda, espontáneamente o mediante paga a Sabines, que tiene la mano floja cuando se trata de gastar recursos públicos en el labrado de su imagen. Es probable que después de Enrique Peña Nieto ningún gobernador gaste en publicidad como el que rige a la paupérrima Chiapas.
Después de meses de haber renunciado al PRI, Salazar desplazó del Gobierno de Chiapas a ese partido. Consiguió reunir en torno suyo a una muy amplia coalición, compuesta por el PAN y el PRD y otros y partidos (incluido el Verde, por aquel entonces aliado de Acción Nacional). A su fuerza propia Salazar agregó el remanente del efecto Fox para derrotar al PRI. Aunque no eligió partido mientras gobernó, mantuvo notoria cercanía con el Presidente. Al concluir su sexenio pretendió modelar su sucesión, con clara injerencia en el PRD. Pero se encontró con el joven alcalde priísta de la capital. Dueño de un legado familiar de alto relieve, Sabines se despechó al no ser escogido por el PRI y pasó a la oposición. Persuadió a Andrés Manuel López Obrador de brindarle su apoyo y así pudo vencer a su propio partido y al gobernador en turno.
Con apenas unos años en la política (como diputado local y alcalde), en cuanto llegó a la gubernatura pretendió adquirir su propia identidad y gestionar sus intereses propios. Inició y practica una melosa relación con el presidente Calderón, a cuyo efecto ha diluido su presunta pertenencia al PRD. Paga con alta frecuencia mensajes pagados en los medios impresos y los electrónicos de su estado y la ciudad de México. Y denostando y encarcelando a su antecesor busca pasar por justiciero.
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