Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Hoy, muy temprano, los mexicanos debieron enterarse -por decisión de la juez Blanca Evelia Parra Meza- del desenlace judicial y constitucional del asalto armado, por elementos del Ejército mexicano, a un domicilio privado en el fraccionamiento Puerta de Hierro, de Tijuana, Baja California. Ocurrió el hecho cuando desde la cúspide del poder decidieron romperlo todo: conculcar los derechos constitucionales de los afectados; mentir sobre los motivos de las detenciones, con la intención de justificar lo injustificable; comprometer la procuración de justicia, para usarla como instrumento de sujeción política, e iniciar una persecución ilegal, con la intención de aferrarse a la silla presidencial, sin importar el precio.
Hoy también, los mexicanos podrán apreciar en su verdadera dimensión las renuncias de Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, además, preguntarse hasta dónde estará dispuesta Marisela Morales, procuradora General de la República, a cumplimentar las exigencias políticas de su patrón, sin importar que al Estado de Derecho se lo lleve el tren.
Lo más grave de este asunto, será constatar el grado de involucramiento del Poder Judicial de la Federación, cuya cantada independencia supuestamente adquirida en 1995, resultó inexistente, como pudo comprobarse con las resoluciones de los casos que atrajo y sobre las cuales esperaba, la sociedad, el inicio del rompimiento de la impunidad, el principio del fin de la corrupción judicial, lo que no ha ocurrido. La única diferencia es que hoy jueces, magistrados, consejeros y ministros cobran más, por hacer lo mismo.
Quien debió sufrir desde el momento en que se determinó consignarle el caso, es Blanca Evelia Parra Meza, juez noveno de Distrito con sede en Tecate, Baja California, porque sobre ella pesó la enorme fuerza del poder, la pretensión de Marisela Morales de que no le rechazara su averiguación previa por estar mal integrada, con el consecuente resultado de poner en libertad a los supuestos delincuentes.
De ser verídico y probable lo declarado por Elvia Amaya a La Razón, en entrevista donde aseguró contar con una serie de videos que la defensa de su esposo presentaría a la PGR, para demostrar que el arsenal que el Ejército mexicano aseguró haber encontrado en su domicilio, no es de su propiedad.
Para una comprensión clara del tamaño del desaguisado constitucional cometido por las fuerzas armadas de México, por la Procuraduría General de la República y por el Poder Judicial de la Federación, es oportuno reproducir la parte medular de la dado a conocer y no desmentido hasta el momento: En entrevista telefónica con La Razón afirmó que los videos fueron obtenidos de las cámaras de seguridad instaladas a las afueras de su domicilio, las cuales no fueron revisadas por el Ejército Mexicano ni la PGR.
Aseguró que su esposo no tiene armas, ni para uso personal, por lo que no descartó que éstas hubieran sido sembradas por el personal militar, que aprovechó cuando lo tenía inmovilizado contra la pared.
“Lo mantuvieron cerca de dos o tres horas volteado a la pared, sin poder ver hacia ningún lado; en eso empieza a escuchar ruidos que meten unas bolsas, que sacan algo de metal y empiezan a acomodar en el piso, luego lo hacen que se retrate con ellas, pero son armas que desconoce totalmente”.
— ¿Eso haría pensar que el Ejército sembró esas armas?
—Podría pensarse, ya que ¿de dónde salieron? Si nosotros no las conocemos. Yo en mi vida las he visto, mi marido testifica que tampoco, entonces no sabemos de dónde salieron, esa es una realidad.
—La PGR y la Sedena alegan una situación de flagrancia
—Esa es una de las inconsistencias, nosotros tenemos cámaras de seguridad por todo el perímetro de la casa, no las manejamos por dentro, la manejan los encargados de la casetas y se aprecia que la casa está como siempre, la puerta principal nunca está cerrada con llave y ni siquiera trataron de darle la vuelta a la perilla, simplemente la tiraron
— ¿Entonces hay videos de esas cámaras de seguridad? ¿El Ejército no se los llevó?
—No, esos los tenemos nosotros.
— ¿En los videos se observa si los elementos del Ejército ingresaron las armas?
—No le podría decir, porque esas cámaras están en el frente de la casa, pero hay otras entradas laterales que no tienen cámaras.
— ¿Se aprecia la forma en que ingresó el Ejército?
—Están grabando todo el tiempo y no se los llevaron, seguramente eso será una de las pruebas contundentes.
Hasta aquí lo declarado por Elvia Amaya.
Días después del asalto armado a un domicilio particular, el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, sostuvo: “La verdad es que a México le urge construir un verdadero Estado de Derecho”, pues todo indica que el país “parece estar funcionando más a partir de intercambios personales con ventajas recíprocas, que de la vigencia de las leyes”.
Al inaugurar la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, hacia una política de Estado en los albores del Tercer Milenio, el rector afirmó que la inseguridad pública y los problemas de aplicación de la justicia en México, tienen mucho que ver con la desigualdad social que se padece, con la carencia de políticas públicas efectivas para abatirla, y con la insuficiencia de los logros educativos.
Durante el mismo evento, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, advirtió que en el combate al crimen organizado hay un “falso dilema” sobre “seguridad o derechos; combate a la inseguridad o vigencia de la constitución; convivencia pacífica o libertades”, y que la existencia de “fenómenos extraordinarios no deslegitima el pacto social por el que se establecen límites al poder del Estado” en el respeto de las garantías constitucionales, previstas para la protección de los individuos.
Lo que no está del todo mal, pero nada dice el inefable ministro presidente, de la esperpéntica Ley de Seguridad Nacional que todavía creen necesitar aprobada, como nada dijo del sainete ocurrido en la ciudad de Tijuana. Olvida que él también tiene un mandato constitucional, que una declaración suya, a tiempo, evitaría que siguieran rompiendo todo. Aunque claro, como en la facultad de atracción, sus declaraciones no serían vinculantes, pero sí con un gran peso moral, aunque esa autoridad está a punto de perderla.
Lo cierto es que no pocos funcionarios públicos, no pocos jueces, magistrados o ministros, coinciden en asumir una responsabilidad terrible, de gran trascendencia, como lo apunta mi guía político: “El poder humano siempre conlleva un ligero desprecio, apenas perceptible, hacía aquellos a quienes dominamos. Solamente somos capaces de ejercer el poder sobre las almas humanas si conocemos a quienes se ven obligados a someterse a nosotros, si los comprendemos y los despreciamos con muchísimo tacto”, y en esas están, en el desprecio por los que gobiernan y debieran defender.
De CSI a la PGR
Como corolario de la agreste cultura judicial del gobierno, de que la Constitución les importa un comino, Patricia Bugarín y Marisela Morales asumieron las personalidades de Sara Sidle y Catherine Willows, respectivamente, se metieron al laboratorio de criminalística; para evitar que dejen en libertad al presunto culpable, le colgaron ya la sospecha de estar involucrado en un homicidio cometido en 2001. Transfirieron al fuero común la instrumentación de la venganza política y el peso del descrédito.
Debido a que el presunto culpable es fetichista y tiene el mismo IQ que la procuradora General de la República, decidió guardar esas dos armas en el ropero, a la espera de que, ¡por fin!, se impartiera justicia, y le quitaran ese peso de la conciencia. Ni mandado a hacer para el primer capítulo de CSI México.
Hoy, muy temprano, los mexicanos debieron enterarse -por decisión de la juez Blanca Evelia Parra Meza- del desenlace judicial y constitucional del asalto armado, por elementos del Ejército mexicano, a un domicilio privado en el fraccionamiento Puerta de Hierro, de Tijuana, Baja California. Ocurrió el hecho cuando desde la cúspide del poder decidieron romperlo todo: conculcar los derechos constitucionales de los afectados; mentir sobre los motivos de las detenciones, con la intención de justificar lo injustificable; comprometer la procuración de justicia, para usarla como instrumento de sujeción política, e iniciar una persecución ilegal, con la intención de aferrarse a la silla presidencial, sin importar el precio.
Hoy también, los mexicanos podrán apreciar en su verdadera dimensión las renuncias de Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, además, preguntarse hasta dónde estará dispuesta Marisela Morales, procuradora General de la República, a cumplimentar las exigencias políticas de su patrón, sin importar que al Estado de Derecho se lo lleve el tren.
Lo más grave de este asunto, será constatar el grado de involucramiento del Poder Judicial de la Federación, cuya cantada independencia supuestamente adquirida en 1995, resultó inexistente, como pudo comprobarse con las resoluciones de los casos que atrajo y sobre las cuales esperaba, la sociedad, el inicio del rompimiento de la impunidad, el principio del fin de la corrupción judicial, lo que no ha ocurrido. La única diferencia es que hoy jueces, magistrados, consejeros y ministros cobran más, por hacer lo mismo.
Quien debió sufrir desde el momento en que se determinó consignarle el caso, es Blanca Evelia Parra Meza, juez noveno de Distrito con sede en Tecate, Baja California, porque sobre ella pesó la enorme fuerza del poder, la pretensión de Marisela Morales de que no le rechazara su averiguación previa por estar mal integrada, con el consecuente resultado de poner en libertad a los supuestos delincuentes.
De ser verídico y probable lo declarado por Elvia Amaya a La Razón, en entrevista donde aseguró contar con una serie de videos que la defensa de su esposo presentaría a la PGR, para demostrar que el arsenal que el Ejército mexicano aseguró haber encontrado en su domicilio, no es de su propiedad.
Para una comprensión clara del tamaño del desaguisado constitucional cometido por las fuerzas armadas de México, por la Procuraduría General de la República y por el Poder Judicial de la Federación, es oportuno reproducir la parte medular de la dado a conocer y no desmentido hasta el momento: En entrevista telefónica con La Razón afirmó que los videos fueron obtenidos de las cámaras de seguridad instaladas a las afueras de su domicilio, las cuales no fueron revisadas por el Ejército Mexicano ni la PGR.
Aseguró que su esposo no tiene armas, ni para uso personal, por lo que no descartó que éstas hubieran sido sembradas por el personal militar, que aprovechó cuando lo tenía inmovilizado contra la pared.
“Lo mantuvieron cerca de dos o tres horas volteado a la pared, sin poder ver hacia ningún lado; en eso empieza a escuchar ruidos que meten unas bolsas, que sacan algo de metal y empiezan a acomodar en el piso, luego lo hacen que se retrate con ellas, pero son armas que desconoce totalmente”.
— ¿Eso haría pensar que el Ejército sembró esas armas?
—Podría pensarse, ya que ¿de dónde salieron? Si nosotros no las conocemos. Yo en mi vida las he visto, mi marido testifica que tampoco, entonces no sabemos de dónde salieron, esa es una realidad.
—La PGR y la Sedena alegan una situación de flagrancia
—Esa es una de las inconsistencias, nosotros tenemos cámaras de seguridad por todo el perímetro de la casa, no las manejamos por dentro, la manejan los encargados de la casetas y se aprecia que la casa está como siempre, la puerta principal nunca está cerrada con llave y ni siquiera trataron de darle la vuelta a la perilla, simplemente la tiraron
— ¿Entonces hay videos de esas cámaras de seguridad? ¿El Ejército no se los llevó?
—No, esos los tenemos nosotros.
— ¿En los videos se observa si los elementos del Ejército ingresaron las armas?
—No le podría decir, porque esas cámaras están en el frente de la casa, pero hay otras entradas laterales que no tienen cámaras.
— ¿Se aprecia la forma en que ingresó el Ejército?
—Están grabando todo el tiempo y no se los llevaron, seguramente eso será una de las pruebas contundentes.
Hasta aquí lo declarado por Elvia Amaya.
Días después del asalto armado a un domicilio particular, el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, sostuvo: “La verdad es que a México le urge construir un verdadero Estado de Derecho”, pues todo indica que el país “parece estar funcionando más a partir de intercambios personales con ventajas recíprocas, que de la vigencia de las leyes”.
Al inaugurar la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, hacia una política de Estado en los albores del Tercer Milenio, el rector afirmó que la inseguridad pública y los problemas de aplicación de la justicia en México, tienen mucho que ver con la desigualdad social que se padece, con la carencia de políticas públicas efectivas para abatirla, y con la insuficiencia de los logros educativos.
Durante el mismo evento, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, advirtió que en el combate al crimen organizado hay un “falso dilema” sobre “seguridad o derechos; combate a la inseguridad o vigencia de la constitución; convivencia pacífica o libertades”, y que la existencia de “fenómenos extraordinarios no deslegitima el pacto social por el que se establecen límites al poder del Estado” en el respeto de las garantías constitucionales, previstas para la protección de los individuos.
Lo que no está del todo mal, pero nada dice el inefable ministro presidente, de la esperpéntica Ley de Seguridad Nacional que todavía creen necesitar aprobada, como nada dijo del sainete ocurrido en la ciudad de Tijuana. Olvida que él también tiene un mandato constitucional, que una declaración suya, a tiempo, evitaría que siguieran rompiendo todo. Aunque claro, como en la facultad de atracción, sus declaraciones no serían vinculantes, pero sí con un gran peso moral, aunque esa autoridad está a punto de perderla.
Lo cierto es que no pocos funcionarios públicos, no pocos jueces, magistrados o ministros, coinciden en asumir una responsabilidad terrible, de gran trascendencia, como lo apunta mi guía político: “El poder humano siempre conlleva un ligero desprecio, apenas perceptible, hacía aquellos a quienes dominamos. Solamente somos capaces de ejercer el poder sobre las almas humanas si conocemos a quienes se ven obligados a someterse a nosotros, si los comprendemos y los despreciamos con muchísimo tacto”, y en esas están, en el desprecio por los que gobiernan y debieran defender.
De CSI a la PGR
Como corolario de la agreste cultura judicial del gobierno, de que la Constitución les importa un comino, Patricia Bugarín y Marisela Morales asumieron las personalidades de Sara Sidle y Catherine Willows, respectivamente, se metieron al laboratorio de criminalística; para evitar que dejen en libertad al presunto culpable, le colgaron ya la sospecha de estar involucrado en un homicidio cometido en 2001. Transfirieron al fuero común la instrumentación de la venganza política y el peso del descrédito.
Debido a que el presunto culpable es fetichista y tiene el mismo IQ que la procuradora General de la República, decidió guardar esas dos armas en el ropero, a la espera de que, ¡por fin!, se impartiera justicia, y le quitaran ese peso de la conciencia. Ni mandado a hacer para el primer capítulo de CSI México.
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