José Carreño Figueras
La fallida operacion “Rápido y Furioso” está convertida en el centro de un forcejeo político entre el gobierno del presidente Barack Obama y dirigentes republicanos en la Cámara de Diputados, que abiertamente hablan de la caia del Procurador General de Justicia Eric Holder.
“Rápido y Furioso” fue una operación planeada por la representación en Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF), que entre 2009 y 2010 autorizó literalmente la venta irregular de casi dos mil a compradores “de paja” con la idea de que así llegarian a los principales clientes: los líderes de cárteles mexicanos.
Pero las cosas no resultaron así y a cambio no solo perdieron la pista de armas una vez que pasaron la frontera sino que cuando concluyeron solo habían logrado el arresto de una veintena de compradores de bajo nivel en la región de Arizona puesto la semilla para un problema político doméstico e internacional.
El caso tuvo desde un principio mucho mayor exposición en México que en Estados Unidos. Aquí, se le acompañó casi desde su inicio, mientras que en el lado estadounidense fue el eje de atención sólo para unos cuantos medios, especialmente columnistas de derecha ó activistas de la libertad de posesión de armas.
Pero en los Estados Unidos el caso nunca ha sido en torno a los muertos que esas armas pudieron causar en México. Aún ahora, los críticos del BATF citan las armas procedentes de esas ventas halladas cerca del sitio donde fue asesinado Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza, en un sitio próximo a la frontera con México.
Para los defensores del derecho a tener armas “Rápido y Furioso” fue una muestra tanto de la incompetencia del gobierno como de su intención de crear un incidente que justificase nuevas medidas para regular su venta y posesión.
Para sus aliados en el Partido Republicano, abrió una oportunidad de golpear al gobierno de Barack Obama en vísperas del inicio de la campaña presidencial 2012, ponerlo a la defensiva en un tema particularmente sensible para grupos liberales y extremadamente importante para sectores conservadores, así como un medio para reducir los márgenes de acción del BATF y sus intentos de regular armas.
El gobierno Obama ordeó una investigación del Inspector General, un hecho de rutina en este tipo de situaciones, pero los republicanos ya indicaron que no creen en ella y emitieron su propia investigación, a traves del senador Charles Grassley y con el patrocinio del diputado Darrell Issa, presidente del poderoso Comité de Supervisón y Reforma Gubernamental.
El gobierno Obama hizo saber el fin de semana pasado que el director en funciones del BATF, Kenneth Melson, dejaría el cargo, pero Issa subrayó el miércoles que en su opinión había un involucramiento de del Procurador Holder y por tanto este debería ser removido también.
Pero el mismo día, un trascendido al diario “The Washington Post” aseguró que Issa habia sido enterado de la opersción y sus metas desde los primeros meses de 2010.
Para México el problema está en que debe esperar a la investigación oficial y determinar que hacer con los resultados; la estupidez y la incompetencia son evidentes pero no son delitos tipificados y menos la base para una demanda de extradición: desde el punto de vista estadounidense, “Rápido y Furioso” fue una operación policial frustrada pero no necesariamente una conspiración criminal.
Paralelamente, una mayor limitación del BATF puede transformarse en mayor libertad de acción para los traficantes de armas, lo que tampoco es conveniente para México.
Pero al mismo tiempo tampoco puede haber olvido.
La fallida operacion “Rápido y Furioso” está convertida en el centro de un forcejeo político entre el gobierno del presidente Barack Obama y dirigentes republicanos en la Cámara de Diputados, que abiertamente hablan de la caia del Procurador General de Justicia Eric Holder.
“Rápido y Furioso” fue una operación planeada por la representación en Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF), que entre 2009 y 2010 autorizó literalmente la venta irregular de casi dos mil a compradores “de paja” con la idea de que así llegarian a los principales clientes: los líderes de cárteles mexicanos.
Pero las cosas no resultaron así y a cambio no solo perdieron la pista de armas una vez que pasaron la frontera sino que cuando concluyeron solo habían logrado el arresto de una veintena de compradores de bajo nivel en la región de Arizona puesto la semilla para un problema político doméstico e internacional.
El caso tuvo desde un principio mucho mayor exposición en México que en Estados Unidos. Aquí, se le acompañó casi desde su inicio, mientras que en el lado estadounidense fue el eje de atención sólo para unos cuantos medios, especialmente columnistas de derecha ó activistas de la libertad de posesión de armas.
Pero en los Estados Unidos el caso nunca ha sido en torno a los muertos que esas armas pudieron causar en México. Aún ahora, los críticos del BATF citan las armas procedentes de esas ventas halladas cerca del sitio donde fue asesinado Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza, en un sitio próximo a la frontera con México.
Para los defensores del derecho a tener armas “Rápido y Furioso” fue una muestra tanto de la incompetencia del gobierno como de su intención de crear un incidente que justificase nuevas medidas para regular su venta y posesión.
Para sus aliados en el Partido Republicano, abrió una oportunidad de golpear al gobierno de Barack Obama en vísperas del inicio de la campaña presidencial 2012, ponerlo a la defensiva en un tema particularmente sensible para grupos liberales y extremadamente importante para sectores conservadores, así como un medio para reducir los márgenes de acción del BATF y sus intentos de regular armas.
El gobierno Obama ordeó una investigación del Inspector General, un hecho de rutina en este tipo de situaciones, pero los republicanos ya indicaron que no creen en ella y emitieron su propia investigación, a traves del senador Charles Grassley y con el patrocinio del diputado Darrell Issa, presidente del poderoso Comité de Supervisón y Reforma Gubernamental.
El gobierno Obama hizo saber el fin de semana pasado que el director en funciones del BATF, Kenneth Melson, dejaría el cargo, pero Issa subrayó el miércoles que en su opinión había un involucramiento de del Procurador Holder y por tanto este debería ser removido también.
Pero el mismo día, un trascendido al diario “The Washington Post” aseguró que Issa habia sido enterado de la opersción y sus metas desde los primeros meses de 2010.
Para México el problema está en que debe esperar a la investigación oficial y determinar que hacer con los resultados; la estupidez y la incompetencia son evidentes pero no son delitos tipificados y menos la base para una demanda de extradición: desde el punto de vista estadounidense, “Rápido y Furioso” fue una operación policial frustrada pero no necesariamente una conspiración criminal.
Paralelamente, una mayor limitación del BATF puede transformarse en mayor libertad de acción para los traficantes de armas, lo que tampoco es conveniente para México.
Pero al mismo tiempo tampoco puede haber olvido.
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