Poder Judicial sumiso

Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder

En muchos aspectos conductuales, los políticos se comportan como los adolescentes: presumen, con insistencia, de lo que carecen. Dicha conducta resalta en los integrantes del Poder Judicial de la Federación, notoriamente en algunos jueces, magistrados, consejeros y ministros; se les llena la boca cuando sostienen que, al crearse el Consejo de la Judicatura Federal y al incrementarse sustancialmente sus salarios, con la reforma constitucional de 1994, obtuvieron la separación de poderes y su total independencia del Ejecutivo.

Bien dice uno de mis guías en filosofía: “La vida se vuelve casi interesante cuando ya has aprendido las mentiras de los demás, y empiezas a disfrutar observándolos, viendo que siempre dicen otra cosa de lo que piensan, de lo que quieren de verdad… Sí, un día llega la aceptación de la verdad, y eso significa la vejez y la muerte”; díganlo, si no, el sentido estrictamente político de ciertas resoluciones de la SCJN, cuyo valor era fundamentalmente ético, moral, por aquello de que legalmente carecían de carácter vinculatorio: se trata de esa facultad de atracción tan necesaria para darle la estatura de tribunal constitucional, pero que decidieron rechazar.

La consecuencia de ese comportamiento de algunos de los integrantes del Pleno de la SCJN es incalculable, porque destruye el fundamento de la relación de la sociedad con el Estado, que es la confianza en las instituciones, y porque causa un profundo e irreparable daño moral en los mexicanos, a los que deja inermes ante la aplicación de las políticas públicas a como dé lugar, y ante la conculcación de los derechos constitucionales que son garantía de vida con dignidad. Hoy, ninguno de los ministros da la cara, responde, con una mínima declaración cuyo valor es ético y moral, ante lo que ocurre en este país, para satisfacer exigencias políticas totalmente ajenas a las conocidas como razones de Estado.

Vayamos de lo reciente a lo pasado. La juez Blanca Evelia Parra Meza cumplió puntualmente las instrucciones a ella indicadas. Para que se olvidaran los desaguisados legales del Ejército mexicano, para preterir las violaciones a la Constitución, dio por válida y legal la aprehensión de Jorge Hank Rohn. Lo que ya no pudo aderezarse judicialmente, fue transferido al ámbito del fuero común, para que ella pudiese dictarle al auto de libertad.

Lo anterior, sin importar que unos días antes Alejandro Poiré Romero, vocero de Seguridad Nacional del Gobierno Federal, sostuvo, en referencia al operativo militar efectuado en Tijuana, que las prácticas de uso político de la justicia no corresponden a la época actual, y mucho menos el sentir del gobierno federal.

De ese mismo suceso, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que la detención fue resultado de una denuncia ciudadana, que alertó sobre la presencia de personas armadas en la colonia Hipódromo, en Tijuana, Baja California. El desenlace fue publicitado ayer.

Después, sin orden ni distinción, los lectores atentos podrán evocar la manera en que Lydia Cacho fue “amablemente” transportada, en viaje sin escalas y por carretera, de Cancún a Puebla, únicamente con el propósito de hacer quedar bien a Mario Marín con Jean Succar Kury y Kamel Nacif.

Debido a que recién se efectuó la ceremonia luctuosa del segundo aniversario de los niños fallecidos en el accidente de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, los lectores -con una sonrisa de dolor y melancolía- conservarán en la memoria la prisa con la cual Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación, acudió a las oficinas del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con el argumento de la peligrosidad política de vincular a los amigos de su patrón, con el incidente que a los niños sobrevivientes, con toda seguridad, causará pesadillas durante toda su vida.

O la manera en que quisieron serrucharle el piso a Andrés Manuel López Obrador, o el ominoso silencio por los sucesos de San Salvador Atenco, o el todavía más ominoso ante la amenaza de legislar una Ley de Seguridad Nacional que conculca los derechos constitucionales de los mexicanos, para que deje existir el falso dilema entre libertad y aplicación de la ley, cuando el mandato constitucional es específico en ese renglón.

Se muestran contentos y dispuestos a violar la ley para preservar la ley, pues los ministros de la SCJN -como sostiene mi Demonio de Sócrates- desconocen que “la mayor tragedia con que el destino puede castigar a una persona, es el deseo de ser diferentes a quienes somos: no puede latir otro deseo más doloroso en el corazón humano. Porque la vida no se puede soportar de otra manera que sabiendo que nos conformamos con lo que significamos para nosotros mismos y para el mundo. Tenemos que conformarnos con lo que somos, y ser conscientes de que a cambio de esta sabiduría no recibiremos ningún galardón de la vida… Tenemos que soportarlo, este es el único secreto. Tenemos que soportar nuestro carácter y nuestro temperamento, ya que sus fallos, egoísmos y ansias no los podrán cambiar ni nuestra experiencia ni nuestra comprensión”.

Y sí, sueñan con ser independientes, que cumplen con el mandato constitucional, que han construido su nueva manera de ser sobre las reformas constitucionales de 1994, y que nadie, ni entre ellos, pueda recriminarlos, hasta que a los jueces, magistrados, consejeros y ministros les suena la telefonía interna con la que sus jefes administrativos los tienen al alcance de la mano, o de plano les suena la red presidencial, y al responder, untuosos, se ponen de pie y dicen: a sus órdenes, señor presidente.

Esa es su realidad, y mientras no se decidan a decir esta boca es mía, como lo hizo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, estarán escindidos entre lo que aspiran a ser, y lo que realmente son.

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