Jorge Fernández Menéndez
Las imágenes no deberían confundirse, en ocasiones, con la realidad. El domingo, toda la plana mayor del PAN, comenzando por sus precandidatos presidenciales, estuvieron en el llamado relanzamiento de la campaña de Luis Felipe Bravo Mena en el Estado de México, en la verdadera lucha que debe librar ese candidato ya no para ganar las elecciones del 3 de julio próximo, sino para alcanzar el segundo lugar.
Se debió relanzar la campaña porque sus primeras semanas fueron francamente malas y, además, el día del inicio formal, Bravo Mena había estado prácticamente solo. Estuvieron todos, pero esa imagen de unidad al interior del panismo no es real. Pero sería un error pensar que se trata sólo de la lucha por la candidatura presidencial. En ciertos ámbitos pareciera que el conflicto se da, sobre todo, respecto al propio proyecto presidencial y se acentúa en muchas ocasiones dentro del propio gabinete.
Muchas veces hemos dicho que en el equipo presidencial (y en el partido, y también en el Congreso) existen funcionarios que habitan zonas de confort de la que no están dispuestos a salir, ni siquiera en la defensa de su jefe y menos de sus compañeros. Si en su inicio de campaña Bravo Mena estuvo prácticamente solo fue porque no se le permitió hablar a Josefina Vázquez Mota, que era la única que había llegado a ese mitin, mientras que la dirigencia nacional estaba reunida en un encuentro de trámite en la Ciudad de México en lugar de estar con su candidato. Antes del relanzamiento, la campaña de Bravo Mena tuvo que ser suspendida en tres oportunidades por actos de sabotaje de grupos del SME. Nadie en el Gobierno federal dijo nada.
La semana pasada, en el acto del Día del Policía, un evento particularmente importante para el presidente Calderón y obviamente para el secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, llegaron políticos de todos los sabores y 22 mandatarios estatales, todos del PRI y del PRD, ni uno del PAN. En el acto donde el Gobierno federal mostraba el que es su mayor logro en el ámbito de la seguridad: la consolidación institucional de la Policía Federal, estuvieron priístas y perredistas, no panistas. Unos días antes, luego de aquel mitin que encabezó Javier Sicilia donde pidió la renuncia la García Luna, éste recibió el apoyo inmediato de mandatarios y líderes priístas y perredistas. Casi ningún panista, sin duda no la dirigencia del partido ni tampoco sus gobernadores, brindó ese apoyo público de inmediato. Y algo similar ocurrió con el tema de la medalla que le otorgó el Gobierno de Colombia a García Luna: la solicitud para su recepción se entregó en tiempo y forma al Congreso, pero desde ámbitos oficiales se la dejó para “más adelante”.
Horas antes en la reunión con una comisión de la Permanente, se dio un fuertísimo debate, de alguna forma hay que llamarlo, entre un grupo de legisladores y el secretario del Trabajo, Javier Lozano. Fue un intercambio lamentable, donde, una vez más, algunos legisladores confundieron su fuero y libertad de expresión con la permisividad para agredir e insultar a los funcionarios comparecientes, como se llamen. No gustó a los legisladores que Lozano les dijera algo que sencillamente era verdad: que la protección legal a los mineros, que supuestamente era el tema que preocupaba, está contemplada en la reforma a la Ley del Trabajo que está en el Congreso, que propuso el PRI y que ese mismo partido decidió no aprobar en el pasado periodo de sesiones. Y agregó algo que, además, es otro hecho: que los legisladores exigen una rendición de cuentas que ellos no ofrecen. Lo menos que le dijeron algunos legisladores a Lozano era que iba a “ladrar” en su comparecencia y alguno hasta pidió “juicio político” contra el funcionario por criticarlos. Hasta ahí todo entra dentro de nuestra atípica normalidad política, pero el hecho es que ninguno de los otros funcionarios que estaban en esa comparecencia optó por defender ya no a Lozano, sino al Gobierno del que forman parte. Y entre los legisladores algunos de los más rudos, sobre todo contra Lozano, eran panistas, en forma destacada el senador Ricardo García Cervantes.
Entre sectores del PAN y el Gobierno hay divisiones profundas, pero más preocupantes son las que existen dentro del propio gobierno y la zona de confort que no abandonan muchos funcionarios, ni siquiera cuando son ellos o el proyecto político en el que supuestamente participan, el que se encuentra amenazado. Un mal augurio para el 2012.
Las imágenes no deberían confundirse, en ocasiones, con la realidad. El domingo, toda la plana mayor del PAN, comenzando por sus precandidatos presidenciales, estuvieron en el llamado relanzamiento de la campaña de Luis Felipe Bravo Mena en el Estado de México, en la verdadera lucha que debe librar ese candidato ya no para ganar las elecciones del 3 de julio próximo, sino para alcanzar el segundo lugar.
Se debió relanzar la campaña porque sus primeras semanas fueron francamente malas y, además, el día del inicio formal, Bravo Mena había estado prácticamente solo. Estuvieron todos, pero esa imagen de unidad al interior del panismo no es real. Pero sería un error pensar que se trata sólo de la lucha por la candidatura presidencial. En ciertos ámbitos pareciera que el conflicto se da, sobre todo, respecto al propio proyecto presidencial y se acentúa en muchas ocasiones dentro del propio gabinete.
Muchas veces hemos dicho que en el equipo presidencial (y en el partido, y también en el Congreso) existen funcionarios que habitan zonas de confort de la que no están dispuestos a salir, ni siquiera en la defensa de su jefe y menos de sus compañeros. Si en su inicio de campaña Bravo Mena estuvo prácticamente solo fue porque no se le permitió hablar a Josefina Vázquez Mota, que era la única que había llegado a ese mitin, mientras que la dirigencia nacional estaba reunida en un encuentro de trámite en la Ciudad de México en lugar de estar con su candidato. Antes del relanzamiento, la campaña de Bravo Mena tuvo que ser suspendida en tres oportunidades por actos de sabotaje de grupos del SME. Nadie en el Gobierno federal dijo nada.
La semana pasada, en el acto del Día del Policía, un evento particularmente importante para el presidente Calderón y obviamente para el secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, llegaron políticos de todos los sabores y 22 mandatarios estatales, todos del PRI y del PRD, ni uno del PAN. En el acto donde el Gobierno federal mostraba el que es su mayor logro en el ámbito de la seguridad: la consolidación institucional de la Policía Federal, estuvieron priístas y perredistas, no panistas. Unos días antes, luego de aquel mitin que encabezó Javier Sicilia donde pidió la renuncia la García Luna, éste recibió el apoyo inmediato de mandatarios y líderes priístas y perredistas. Casi ningún panista, sin duda no la dirigencia del partido ni tampoco sus gobernadores, brindó ese apoyo público de inmediato. Y algo similar ocurrió con el tema de la medalla que le otorgó el Gobierno de Colombia a García Luna: la solicitud para su recepción se entregó en tiempo y forma al Congreso, pero desde ámbitos oficiales se la dejó para “más adelante”.
Horas antes en la reunión con una comisión de la Permanente, se dio un fuertísimo debate, de alguna forma hay que llamarlo, entre un grupo de legisladores y el secretario del Trabajo, Javier Lozano. Fue un intercambio lamentable, donde, una vez más, algunos legisladores confundieron su fuero y libertad de expresión con la permisividad para agredir e insultar a los funcionarios comparecientes, como se llamen. No gustó a los legisladores que Lozano les dijera algo que sencillamente era verdad: que la protección legal a los mineros, que supuestamente era el tema que preocupaba, está contemplada en la reforma a la Ley del Trabajo que está en el Congreso, que propuso el PRI y que ese mismo partido decidió no aprobar en el pasado periodo de sesiones. Y agregó algo que, además, es otro hecho: que los legisladores exigen una rendición de cuentas que ellos no ofrecen. Lo menos que le dijeron algunos legisladores a Lozano era que iba a “ladrar” en su comparecencia y alguno hasta pidió “juicio político” contra el funcionario por criticarlos. Hasta ahí todo entra dentro de nuestra atípica normalidad política, pero el hecho es que ninguno de los otros funcionarios que estaban en esa comparecencia optó por defender ya no a Lozano, sino al Gobierno del que forman parte. Y entre los legisladores algunos de los más rudos, sobre todo contra Lozano, eran panistas, en forma destacada el senador Ricardo García Cervantes.
Entre sectores del PAN y el Gobierno hay divisiones profundas, pero más preocupantes son las que existen dentro del propio gobierno y la zona de confort que no abandonan muchos funcionarios, ni siquiera cuando son ellos o el proyecto político en el que supuestamente participan, el que se encuentra amenazado. Un mal augurio para el 2012.
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