Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Combatir la corrupción en los tribunales y juzgados federales es harto difícil, porque no es exclusivamente pecuniaria, y además porque los integrantes del Poder Judicial de la Federación desarrollaron ya un espíritu de cuerpo, de clase, que en cierta medida garantiza la impunidad en las vertientes de venalidad que a ellos interesa.
En administración de justicia ¡claro que el dinero es útil! Funciona como correa de transmisión para “aceitar” la buena voluntad contra el rezago judicial, para que el expediente suba de turno, para que sea estudiado, para que se emita sentencia. Lo que se gestiona es rapidez, de ninguna manera la conculcación de los derechos de alguno de los justiciables.
“Torcer” el veredicto de un juez no es fácil. Sólo puede hacerse cuando el asunto es de interés político, o porque quizá la ley no alcanza para administrar justicia, o porque el juzgador de suyo no es imparcial, debido a filias políticas o a intereses por los que debió recusar el caso sometido a su consideración, pero no se atrevió a hacerlo, pues antes es amigo que juez.
Toda esta venalidad es arropada por el espíritu de clase, que se fortalece con ese nepotismo disfrazado y reconocido por los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Para no contratar directamente a amigos o familiares, se intercambia ese servicio con un par, y hasta con un superior. El caso es sobrevivir y juntar para las vacas flacas.
Los juzgadores llevan la batuta judicial y administrativa en tribunales y juzgados, donde son asistidos por funcionarios judiciales auxiliares. Estos son: a) Secretarios de Estudio y Cuenta: son funcionarios auxiliares de los Ministros, encargados del estudio, análisis y propuesta de proyectos de resolución de la Suprema Corte; b) Secretarios: son funcionarios auxiliares encargados de dar fe de las actuaciones, examinar las solicitudes de demandas y requerimientos, y presentar proyectos de resolución al juez o magistrado respectivo. Los secretarios de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito pueden desarrollar distintas tareas, tales como: Secretario de Acuerdos; Secretario Proyectista; Secretario de Compilación de Tesis.
Sorprende entonces la poca información ofrecida por el Consejo de la Judicatura Federal en el caso de Esiquio Martínez Hernández, quien sorprendió a propios y extraños al manejar, él solititito, 432 millones de pesos, por lo que es investigado por la Procuraduría General de la República, pues suponen que lava dinero en operaciones de compra y venta de bienes inmuebles y automóviles.
Hay vacíos deliberados en la información proporcionada por Jorge Moreno Collado, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Judicatura Federal, quien se hizo acompañar en la detonación del escándalo por el ex procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca, también Consejero.
Soltaron, sin más, la especie de que Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, tenía cuentas bancarias por 432 millones de pesos. No especificaron qué tipo de tareas desempeñaba el secretario Martínez Hernández, porque es fundamental conocer sus funciones dentro del juzgado, para hacer creíble el cuento, pues si su tarea era presentar los proyectos de resolución, hubiese podido influir en el ánimo y conocimiento del juzgador para tergiversar los criterios de la sentencia, pero si su función era cualesquiera de las otras arriba señaladas, la corrupción que anidaba en sus cuentas bancarias tenía propósitos ajenos a la administración de justicia. ¿Para qué, entonces, ir a trabajar allí?
Pudiera pensarse que en los tribunales y juzgados en materia administrativa, los juicios allí celebrados implican recursos financieros menores, pero no es cierto, lo que en ellos se ventila puede significar cuantiosas fortunas. Si el secretario se corrompió para incidir en las decisiones del juez, con toda seguridad salpicaba, a menos de que el juzgador fuese un ingenuo, o un “güevón”.
Pero vayamos a los hechos. Según la información proporcionada por la PGR, la documentación aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por un dictamen contable, se concluyó que Martínez Hernández obtuvo ingresos netos declarados ante el Sistema de Administración Tributaria por 5 millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos en el periodo que va de 2003 a 2011, por lo que resulta inexplicable que en una sola de sus cuentas bancarias se registraran movimientos financieros por más de 432 millones de pesos.
De acuerdo con la información presentada por los consejeros de la judicatura federal, la cuenta registró los movimientos por 432 millones de pesos en unos meses.
De lo que debe informarse entonces, es de los juicios ventilados en ese juzgado, las sentencias y su sentido, y quiénes eran los que dirimieron sus diferencias en esa instancia, porque debe estar ligado ese cuantioso cohecho a las tareas por el secretario Martínez Hernández desempeñadas. Suponer cualquier otra cosa, lleva igual al interior de la judicatura federal, a las amistades o complicidades que haya podido anudar, como para corromper en tribunales o juzgados de materia penal, principalmente en aquéllos que se juzga a narcotraficantes.
La información publicada indica que el consejero Jorge Moreno Collado dijo que “el CJF es el primero en reconocer, transparentar y pedir sanción para este tipo de conductas, que en esta ocasión, tocaron a un secretario de juzgado, uno de los servidores clave en el funcionamiento de los juzgados y tribunales federales”; aclaró que hasta el momento se desconoce si su superior jerárquico, el juez Álvaro Tovilla León, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, está sujeto a investigación por la PGR, aunque la pesquisa sigue abierta y el CJF hace una revisión administrativa en ese juzgado.
¿Cómo determinar el origen de ese cohecho? ¿Cómo establecer para qué era destinado y su verdadero monto, si un secretario manejaba a su libre arbitrio 430 millones de pesos? ¿Cómo saber si se incidió en una sentencia?
Hay muchas preguntas sin respuesta, sobre todo después de habérsele dictado al auto de formal prisión. Existen incontables y peligrosos secretos en la administración de justicia. Tantos, que en el deseo de conocerlos, ya invirtieron, al menos y que se sepa, 432 millones de pesos.
Combatir la corrupción en los tribunales y juzgados federales es harto difícil, porque no es exclusivamente pecuniaria, y además porque los integrantes del Poder Judicial de la Federación desarrollaron ya un espíritu de cuerpo, de clase, que en cierta medida garantiza la impunidad en las vertientes de venalidad que a ellos interesa.
En administración de justicia ¡claro que el dinero es útil! Funciona como correa de transmisión para “aceitar” la buena voluntad contra el rezago judicial, para que el expediente suba de turno, para que sea estudiado, para que se emita sentencia. Lo que se gestiona es rapidez, de ninguna manera la conculcación de los derechos de alguno de los justiciables.
“Torcer” el veredicto de un juez no es fácil. Sólo puede hacerse cuando el asunto es de interés político, o porque quizá la ley no alcanza para administrar justicia, o porque el juzgador de suyo no es imparcial, debido a filias políticas o a intereses por los que debió recusar el caso sometido a su consideración, pero no se atrevió a hacerlo, pues antes es amigo que juez.
Toda esta venalidad es arropada por el espíritu de clase, que se fortalece con ese nepotismo disfrazado y reconocido por los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Para no contratar directamente a amigos o familiares, se intercambia ese servicio con un par, y hasta con un superior. El caso es sobrevivir y juntar para las vacas flacas.
Los juzgadores llevan la batuta judicial y administrativa en tribunales y juzgados, donde son asistidos por funcionarios judiciales auxiliares. Estos son: a) Secretarios de Estudio y Cuenta: son funcionarios auxiliares de los Ministros, encargados del estudio, análisis y propuesta de proyectos de resolución de la Suprema Corte; b) Secretarios: son funcionarios auxiliares encargados de dar fe de las actuaciones, examinar las solicitudes de demandas y requerimientos, y presentar proyectos de resolución al juez o magistrado respectivo. Los secretarios de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito pueden desarrollar distintas tareas, tales como: Secretario de Acuerdos; Secretario Proyectista; Secretario de Compilación de Tesis.
Sorprende entonces la poca información ofrecida por el Consejo de la Judicatura Federal en el caso de Esiquio Martínez Hernández, quien sorprendió a propios y extraños al manejar, él solititito, 432 millones de pesos, por lo que es investigado por la Procuraduría General de la República, pues suponen que lava dinero en operaciones de compra y venta de bienes inmuebles y automóviles.
Hay vacíos deliberados en la información proporcionada por Jorge Moreno Collado, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Judicatura Federal, quien se hizo acompañar en la detonación del escándalo por el ex procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca, también Consejero.
Soltaron, sin más, la especie de que Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, tenía cuentas bancarias por 432 millones de pesos. No especificaron qué tipo de tareas desempeñaba el secretario Martínez Hernández, porque es fundamental conocer sus funciones dentro del juzgado, para hacer creíble el cuento, pues si su tarea era presentar los proyectos de resolución, hubiese podido influir en el ánimo y conocimiento del juzgador para tergiversar los criterios de la sentencia, pero si su función era cualesquiera de las otras arriba señaladas, la corrupción que anidaba en sus cuentas bancarias tenía propósitos ajenos a la administración de justicia. ¿Para qué, entonces, ir a trabajar allí?
Pudiera pensarse que en los tribunales y juzgados en materia administrativa, los juicios allí celebrados implican recursos financieros menores, pero no es cierto, lo que en ellos se ventila puede significar cuantiosas fortunas. Si el secretario se corrompió para incidir en las decisiones del juez, con toda seguridad salpicaba, a menos de que el juzgador fuese un ingenuo, o un “güevón”.
Pero vayamos a los hechos. Según la información proporcionada por la PGR, la documentación aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por un dictamen contable, se concluyó que Martínez Hernández obtuvo ingresos netos declarados ante el Sistema de Administración Tributaria por 5 millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos en el periodo que va de 2003 a 2011, por lo que resulta inexplicable que en una sola de sus cuentas bancarias se registraran movimientos financieros por más de 432 millones de pesos.
De acuerdo con la información presentada por los consejeros de la judicatura federal, la cuenta registró los movimientos por 432 millones de pesos en unos meses.
De lo que debe informarse entonces, es de los juicios ventilados en ese juzgado, las sentencias y su sentido, y quiénes eran los que dirimieron sus diferencias en esa instancia, porque debe estar ligado ese cuantioso cohecho a las tareas por el secretario Martínez Hernández desempeñadas. Suponer cualquier otra cosa, lleva igual al interior de la judicatura federal, a las amistades o complicidades que haya podido anudar, como para corromper en tribunales o juzgados de materia penal, principalmente en aquéllos que se juzga a narcotraficantes.
La información publicada indica que el consejero Jorge Moreno Collado dijo que “el CJF es el primero en reconocer, transparentar y pedir sanción para este tipo de conductas, que en esta ocasión, tocaron a un secretario de juzgado, uno de los servidores clave en el funcionamiento de los juzgados y tribunales federales”; aclaró que hasta el momento se desconoce si su superior jerárquico, el juez Álvaro Tovilla León, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, está sujeto a investigación por la PGR, aunque la pesquisa sigue abierta y el CJF hace una revisión administrativa en ese juzgado.
¿Cómo determinar el origen de ese cohecho? ¿Cómo establecer para qué era destinado y su verdadero monto, si un secretario manejaba a su libre arbitrio 430 millones de pesos? ¿Cómo saber si se incidió en una sentencia?
Hay muchas preguntas sin respuesta, sobre todo después de habérsele dictado al auto de formal prisión. Existen incontables y peligrosos secretos en la administración de justicia. Tantos, que en el deseo de conocerlos, ya invirtieron, al menos y que se sepa, 432 millones de pesos.
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