Axel Didriksson
Los dirigentes y funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como si estuvieran en un tianguis educativo, aseguran que están cumpliendo de forma integral y por demás extraordinaria con su mandato –para unos, la protección y el mejoramiento de los trabajadores de la educación, y para otros, la aplicación de políticas que han detonado el más importante cambio en la educación del país–, con todo y que no existe dato ni verificación documentada que lo demuestren. Por el contrario, el actual régimen pasará a la historia por haber degradado al máximo posible el sistema de educación nacional.
Los análisis serios que dan cuenta del tamaño del desastre, del atraso impresionante en materia de cultura, conocimientos y capacidades que tienen nuestros niños y jóvenes, o de la incrementada deuda social de analfabetos y personas adultas excluidas de cualquier oportunidad educativa, apuntan a señalar que la causa principal de este deterioro está en la ineficacia e incoherencia de las políticas públicas de una burocracia corrupta que se ha enraizado en la SEP, en este aparato de Estado que se ha convertido en un verdadero botín de políticos arribistas y oportunistas para hacer campañas mediáticas personalísimas. ¿Y la educación? Eso queda en un lugar secundario, para después de las elecciones, o como motivo para más discursos huecos.
Se equivocan quienes creen que sólo quitando a Lujambio, a Elba Esther o a cualquier otro de sus corifeos y parientes cercanos de la escena política –algo necesario, pero imposible ahora, por obvias razones– donde realizan sus triquiñuelas, los asuntos educativos tendrán otro destino. Pero no es así. La única manera de proceder con ciencia es yendo a la raíz del problema, y eso implica la transformación orgánica del aparato que los sostiene y que les da vida: la SEP.
Seguir manteniendo un aparato burocrático tan grande y tan ineficiente como lo es la SEP, reproducir la relación que se ha tejido desde hace años y que forma parte de un organigrama hecho para mantener los privilegios del SNTE y de los personeros de los gobiernos en turno, únicamente servirá para ahondar las contradicciones y magras condiciones en las que se encuentra la educación en el país, que está conculcando todas las posibilidades de un mejor futuro y desarrollo. Si contáramos con intelectuales y académicos, políticos y personas honestos, responsables y comprometidos con un proyecto educativo de mediano y largo plazos, con una SEP renovada y distinta, otro país tendríamos.
El arribo de un nuevo gobierno a partir de 2012 (es este un reclamo de millones de mexicanos agraviados, porque saben que lo que le resta de tiempo al actual será de pura desgracia) deberá plantearse como prioridad redefinir el tamaño y la organicidad de la SEP actual, poner en marcha un nuevo proceso de descentralización que vaya hasta la escuela local y los municipios, con el fin de darles plena autonomía en la realización de cambios desde su entorno, y hacer participar a los ciudadanos en la evaluación del desempeño de cada centro educativo; asimismo, concentrar, en una SEP más ágil y funcional, las tareas estratégicas que detonen un nuevo sistema educativo que resuelva la deuda social con millones de mexicanos sin escolaridad; transformar el currículum para generalizar plataformas de aprendizajes significativos; modificar en serio y con nuevas instituciones el proceso de formación y actualización de los profesores, y articular el conjunto del sistema desde la educación inicial hasta la universitaria, con la complejidad y sistematicidad que la pedagogía moderna hace posible y viable.
Como está, la actual SEP no sirve para nada, porque ha demostrado que es un verdadero estorbo para el mejoramiento de la educación y de sus docentes. No se trata, así, sólo de cambiar dirigentes para que lleguen otros iguales o peores, otros secretarios y subsecretarios que no tienen ni idea de lo que significa la educación (como muestra, los que han estado de paso durante, por lo menos, los últimos 20 años) para un país con tantos requerimientos educativos, científicos y tecnológicos por parte de sus jóvenes y población en general. No habrá reforma educativa si no se cambia de raíz la estructura y la legislación que le da organicidad a esta secretaría de Estado.
Por ello, también, se necesita una nueva Ley General de Educación (la que existe, de 1993, es letra muerta); la disolución de la alianza espuria entre el SNTE y la burocracia gubernamental (y garantizar que no ocurra nunca más); políticas de Estado que garanticen un porcentaje creciente y bien distribuido de recursos financieros hacia la educación, la ciencia y la cultura, por lo menos hacia los próximos 15 o 20 años, y reformas en el Artículo Tercero constitucional, de tal manera que pueda contarse con los instrumentos organizativos y normativos para detonar un nuevo desarrollo desde los conocimientos y el talento humano para el bienestar, la participación ciudadana, la cohesión social y el aprendizaje permanente de la sociedad en su conjunto.
Los dirigentes y funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como si estuvieran en un tianguis educativo, aseguran que están cumpliendo de forma integral y por demás extraordinaria con su mandato –para unos, la protección y el mejoramiento de los trabajadores de la educación, y para otros, la aplicación de políticas que han detonado el más importante cambio en la educación del país–, con todo y que no existe dato ni verificación documentada que lo demuestren. Por el contrario, el actual régimen pasará a la historia por haber degradado al máximo posible el sistema de educación nacional.
Los análisis serios que dan cuenta del tamaño del desastre, del atraso impresionante en materia de cultura, conocimientos y capacidades que tienen nuestros niños y jóvenes, o de la incrementada deuda social de analfabetos y personas adultas excluidas de cualquier oportunidad educativa, apuntan a señalar que la causa principal de este deterioro está en la ineficacia e incoherencia de las políticas públicas de una burocracia corrupta que se ha enraizado en la SEP, en este aparato de Estado que se ha convertido en un verdadero botín de políticos arribistas y oportunistas para hacer campañas mediáticas personalísimas. ¿Y la educación? Eso queda en un lugar secundario, para después de las elecciones, o como motivo para más discursos huecos.
Se equivocan quienes creen que sólo quitando a Lujambio, a Elba Esther o a cualquier otro de sus corifeos y parientes cercanos de la escena política –algo necesario, pero imposible ahora, por obvias razones– donde realizan sus triquiñuelas, los asuntos educativos tendrán otro destino. Pero no es así. La única manera de proceder con ciencia es yendo a la raíz del problema, y eso implica la transformación orgánica del aparato que los sostiene y que les da vida: la SEP.
Seguir manteniendo un aparato burocrático tan grande y tan ineficiente como lo es la SEP, reproducir la relación que se ha tejido desde hace años y que forma parte de un organigrama hecho para mantener los privilegios del SNTE y de los personeros de los gobiernos en turno, únicamente servirá para ahondar las contradicciones y magras condiciones en las que se encuentra la educación en el país, que está conculcando todas las posibilidades de un mejor futuro y desarrollo. Si contáramos con intelectuales y académicos, políticos y personas honestos, responsables y comprometidos con un proyecto educativo de mediano y largo plazos, con una SEP renovada y distinta, otro país tendríamos.
El arribo de un nuevo gobierno a partir de 2012 (es este un reclamo de millones de mexicanos agraviados, porque saben que lo que le resta de tiempo al actual será de pura desgracia) deberá plantearse como prioridad redefinir el tamaño y la organicidad de la SEP actual, poner en marcha un nuevo proceso de descentralización que vaya hasta la escuela local y los municipios, con el fin de darles plena autonomía en la realización de cambios desde su entorno, y hacer participar a los ciudadanos en la evaluación del desempeño de cada centro educativo; asimismo, concentrar, en una SEP más ágil y funcional, las tareas estratégicas que detonen un nuevo sistema educativo que resuelva la deuda social con millones de mexicanos sin escolaridad; transformar el currículum para generalizar plataformas de aprendizajes significativos; modificar en serio y con nuevas instituciones el proceso de formación y actualización de los profesores, y articular el conjunto del sistema desde la educación inicial hasta la universitaria, con la complejidad y sistematicidad que la pedagogía moderna hace posible y viable.
Como está, la actual SEP no sirve para nada, porque ha demostrado que es un verdadero estorbo para el mejoramiento de la educación y de sus docentes. No se trata, así, sólo de cambiar dirigentes para que lleguen otros iguales o peores, otros secretarios y subsecretarios que no tienen ni idea de lo que significa la educación (como muestra, los que han estado de paso durante, por lo menos, los últimos 20 años) para un país con tantos requerimientos educativos, científicos y tecnológicos por parte de sus jóvenes y población en general. No habrá reforma educativa si no se cambia de raíz la estructura y la legislación que le da organicidad a esta secretaría de Estado.
Por ello, también, se necesita una nueva Ley General de Educación (la que existe, de 1993, es letra muerta); la disolución de la alianza espuria entre el SNTE y la burocracia gubernamental (y garantizar que no ocurra nunca más); políticas de Estado que garanticen un porcentaje creciente y bien distribuido de recursos financieros hacia la educación, la ciencia y la cultura, por lo menos hacia los próximos 15 o 20 años, y reformas en el Artículo Tercero constitucional, de tal manera que pueda contarse con los instrumentos organizativos y normativos para detonar un nuevo desarrollo desde los conocimientos y el talento humano para el bienestar, la participación ciudadana, la cohesión social y el aprendizaje permanente de la sociedad en su conjunto.
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