Verónica Espinosa
Los grupos del narcotráfico han optado por incurrir en otros delitos, como la extorsión o el secuestro, porque se les están cerrando las vías para el trasiego de drogas y el narcomenudeo, afirmó aquí el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria.
El funcionario federal también dijo que la percepción ciudadana sobre la inseguridad –reflejada en consultas como la efectuada recientemente por la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD)-- se alimenta de una realidad del crimen, pero también de los medios de comunicación que “generalizan” situaciones que ocurren en puntos específicos del país.
“México tiene perfectamente identificado cuáles son las ciudades más violentas del país, y luego se extiende la señal, la percepción, la imagen de que todo el territorio nacional está como Ciudad Juárez o como está Culiacán, o como esta Torreón o la zona metropolitana de Monterrey…tenemos que trabajar también en que esa percepción de la ciudadanía se acerque a la realidad delictiva del país”, sostuvo.
Alcántara rechazó el concepto de “guerra contra el narcotráfico”, al referirse a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en este ámbito, pues no hay un combate de mexicanos contra mexicanos, sino “un problema grave del desafío del narcotráfico y el incremento de los delitos de otro tipo que estos grupos delictivos cometen”.
Aseguró que es a partir de “las derrotas, en la hora de las disputas por las rutas del trasiego de drogas”, como los cárteles y grupos “se vuelcan hacia la extorsión, el secuestro y el robo”, entre otros delitos del orden común.
Por ello, dijo, hay una corresponsabilidad de las autoridades y corporaciones estatales en el combate a estos ilícitos.
“Hay secuelas de esta estrategia para combatir al narcotráfico que tienen estas nuevas expresiones; entonces ahí precisamente con la corresponsabilidad de las Procuradurías de Justicia de los estados podremos juntos, ellos combatir los delitos del fuero común y nosotros los del fuero federal”, señaló.
El secretario ejecutivo del SNSP estuvo en León para entregar la certificación al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría de Guanajuato, la primera a escala nacional que lo recibe.
Desde aquí exhortó a los presidentes municipales de todo el país a atender las sugerencias que se les hacen cuando reciben los informes de las evaluaciones de sus mandos y policías; es decir, a actuar en consecuencia cuando un resultado negativo así lo amerita.
“Esperamos que entiendan que esta institución es una herramienta muy eficaz para depurar a los cuerpos policiales, para que quien trae un arma y una placa y quiera delinquir, mejor lo haga desde enfrente y no desde dentro de las corporaciones”, agregó.
Juan Miguel Alcántara advirtió que se está revisando la situación de todos los estados que no tienen la capacidad para evaluar al cien por ciento de sus elementos de seguridad pública y procuración de justicia, para que con apoyo federal puedan hacerlo antes de enero de 2013.
De no lograrse la meta, explicó, quedará el riesgo de que pueda anularse la actuación de aquellos elementos que no estén certificados.
Los grupos del narcotráfico han optado por incurrir en otros delitos, como la extorsión o el secuestro, porque se les están cerrando las vías para el trasiego de drogas y el narcomenudeo, afirmó aquí el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria.
El funcionario federal también dijo que la percepción ciudadana sobre la inseguridad –reflejada en consultas como la efectuada recientemente por la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD)-- se alimenta de una realidad del crimen, pero también de los medios de comunicación que “generalizan” situaciones que ocurren en puntos específicos del país.
“México tiene perfectamente identificado cuáles son las ciudades más violentas del país, y luego se extiende la señal, la percepción, la imagen de que todo el territorio nacional está como Ciudad Juárez o como está Culiacán, o como esta Torreón o la zona metropolitana de Monterrey…tenemos que trabajar también en que esa percepción de la ciudadanía se acerque a la realidad delictiva del país”, sostuvo.
Alcántara rechazó el concepto de “guerra contra el narcotráfico”, al referirse a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en este ámbito, pues no hay un combate de mexicanos contra mexicanos, sino “un problema grave del desafío del narcotráfico y el incremento de los delitos de otro tipo que estos grupos delictivos cometen”.
Aseguró que es a partir de “las derrotas, en la hora de las disputas por las rutas del trasiego de drogas”, como los cárteles y grupos “se vuelcan hacia la extorsión, el secuestro y el robo”, entre otros delitos del orden común.
Por ello, dijo, hay una corresponsabilidad de las autoridades y corporaciones estatales en el combate a estos ilícitos.
“Hay secuelas de esta estrategia para combatir al narcotráfico que tienen estas nuevas expresiones; entonces ahí precisamente con la corresponsabilidad de las Procuradurías de Justicia de los estados podremos juntos, ellos combatir los delitos del fuero común y nosotros los del fuero federal”, señaló.
El secretario ejecutivo del SNSP estuvo en León para entregar la certificación al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría de Guanajuato, la primera a escala nacional que lo recibe.
Desde aquí exhortó a los presidentes municipales de todo el país a atender las sugerencias que se les hacen cuando reciben los informes de las evaluaciones de sus mandos y policías; es decir, a actuar en consecuencia cuando un resultado negativo así lo amerita.
“Esperamos que entiendan que esta institución es una herramienta muy eficaz para depurar a los cuerpos policiales, para que quien trae un arma y una placa y quiera delinquir, mejor lo haga desde enfrente y no desde dentro de las corporaciones”, agregó.
Juan Miguel Alcántara advirtió que se está revisando la situación de todos los estados que no tienen la capacidad para evaluar al cien por ciento de sus elementos de seguridad pública y procuración de justicia, para que con apoyo federal puedan hacerlo antes de enero de 2013.
De no lograrse la meta, explicó, quedará el riesgo de que pueda anularse la actuación de aquellos elementos que no estén certificados.
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