Miguel Badillo
A unas semanas de que se elija gobernador en el Estado de México y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) revela su temor de que algunos de sus miembros, principalmente exgobernadores, puedan enfrentar a la justicia por tener vínculos con bandas del narcotráfico, proteger al crimen organizado y lavar dinero producto del tráfico de drogas.
Su líder nacional, Humberto Moreira, calificó la semana pasada de “terrorismo político” las indagatorias de los órganos de procuración de justicia y los constantes señalamientos en la prensa, salidos supuestamente de oficinas del gobierno federal, de que hay expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de algunos exmandatarios estatales.
Aunque de inmediato el vocero de la PGR respondió que hasta el momento no se ha citado a ningún exgobernador priista ni mandatario en funciones del mismo partido, lo cierto es que desde el año pasado se han integrado expedientes penales en contra de políticos priistas, así como también se han investigado sus movimientos financieros en instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, en donde se han encontrado sumas de depósito y retiros que, con mucho, rebasan los ingresos comprobables por salarios devengados. Esto mantiene nerviosos a muchos priistas de primer nivel, pues saben que han utilizado dinero cuyo origen es difícil probar que sea lícito.
Sin duda, el PRI sabe y conoce cómo se presiona a políticos de oposición. Durante 70 años lo practicó en contra de políticos de derecha y de izquierda, ahora representados por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Una de esas muchas formas de presión política es mediante la integración de expedientes penales bajo amenaza de enviar a prisión a los opositores. Ese riesgo de perder la libertad, como un bien tutelado en toda sociedad democrática, congela los ánimos de cualquier ciudadano y, mucho más, de aquellos con aspiraciones políticas.
En septiembre del año pasado, en esta columna señalamos que por lo menos tres gobernadores priistas que terminaban su sexenio por esos días eran sujetos de investigación en las oficinas de la PGR por supuestos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Decíamos hace ocho meses que para integrar los respectivos expedientes judiciales, el Ministerio Público Federal contaba con el apoyo de una coalición político-judicial integrada por líderes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y grupo Día, los cuales buscaban ver en prisión a otros exmandatarios estatales priistas luego del encarcelamiento del exgobernador Mario Villanueva.
De la lista de exgobernadores priistas vigilados desde el año pasado, destacan dos exmandatarios del Norte, uno del centro y otro del Sur, a quienes testigos protegidos señalan de estar relacionados con cárteles de la droga y participar en el blanqueo de dinero sucio.
La responsable de integrar esos expedientes fue precisamente la entonces subprocuradora de Investigaciones en contra la Delincuencia Organizada, Marisela Morales, actual procuradora General de la República, quien contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales le entregaron información de los movimientos financieros de políticos de todas las corrientes, con especial énfasis en el PRI y PRD.
Calderón y el PAN al acecho
Con el poder que le da a cualquiera disponer de los órganos de inteligencia del Estado, desde Los Pinos se ordenó vigilar puntualmente a políticos de primer nivel: precandidatos presidenciales, gobernadores y exmandatarios, diputados y senadores, líderes sindicales, luchadores sociales, periodistas críticos y empresarios opositores al sistema.
Las áreas responsables de integrar expedientes políticos y financieros son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación, y la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambos órganos, donde se concentra la documentación y los principales expedientes de políticos opositores, envían una copia a la residencia presidencial; otros son archivados y los menos son turnados a las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, donde se abren los procesos penales respectivos para darle curso en cuanto reciban la instrucción presidencial.
El trabajo del Cisen es ya conocido por la población y se sustenta en el espionaje a través de las vías de comunicación, teléfono e internet, así como la persecución y vigilancia directa sobre individuos previamente seleccionados. Además, los analistas de este órgano de seguridad nacional también revisan publicaciones impresas y radio y televisión, de donde obtienen reportes que posteriormente convierten en informes “confidenciales”.
Más sofisticado y sobre todo más profesional que el trabajo que realiza el Cisen, está la labor que desarrollan los técnicos de la UIF, este órgano de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y único enlace del gobierno mexicano con organismos internacionales responsables de combatir el blanqueo de capitales, lo que lo convierte en un instrumento sumamente útil para recabar informes del dinero que muchos mexicanos sacan del país y ocultan en instituciones financieras extranjeras.
A diferencia del trabajo sucio que hace el Cisen con sus viles escuchas telefónicas, el análisis de la UIF responde a los movimientos financieros que políticos realizan en instituciones bancarias, casas de bolsa y de cambio, instituciones de seguros, transferencias internacionales, depósitos en efectivo y, en general, compra y venta de bienes y servicios.
Con esa información recabada en bancos e intermediarios financieros, así como en la CNBV, esa Unidad de Inteligencia elabora expedientes con las cuentas de ingresos y egresos de los políticos, donde confirma el uso de dinero sucio que no proviene de salarios y que puede corresponder a fondos irregulares provenientes de la comisión de diversos delitos, como narcotráfico, tráfico de personas, prostitución, fraudes y robos.
Obviamente, en este gobierno panista, la lista de expedientes corresponde principalmente a políticos de oposición: PRI, PRD, Partido del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza, mientras que los políticos panistas se encuentran bajo un manto protector gubernamental.
Es así como la UIF ha sido la encargada de integrar las acusaciones en contra de políticos priistas y perredistas. Los expedientes en poder de la UIF suman miles y sólo unos cuantos han sido turnados al Ministerio Público Federal para su indagatoria y posterior integración de averiguación previa.
Hasta ahora, lo que sabemos es que el blanco principal de la persecución financiera son los equipos de los precandidatos presidenciables Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, todos con posibilidades reales de alcanzar la Presidencia de la República. En la lista le siguen exgobernadores priistas y perredistas, líderes de fracciones en cámaras de Diputados y Senadores, congresos estatales, dirigentes de partidos políticos, empresarios, líderes sociales y dirigentes gremiales, dueños de medios de comunicación, periodistas y jefes de prensa.
Por eso tienen razón Moreira y otros priistas en estar preocupados y temerosos, pues saben muy bien que el gobierno tiene en su poder información que compromete a muchos políticos de su partido y eso, precisamente, es lo que buscan frenar arguyendo “terrorismo político”.
A unas semanas de que se elija gobernador en el Estado de México y a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) revela su temor de que algunos de sus miembros, principalmente exgobernadores, puedan enfrentar a la justicia por tener vínculos con bandas del narcotráfico, proteger al crimen organizado y lavar dinero producto del tráfico de drogas.
Su líder nacional, Humberto Moreira, calificó la semana pasada de “terrorismo político” las indagatorias de los órganos de procuración de justicia y los constantes señalamientos en la prensa, salidos supuestamente de oficinas del gobierno federal, de que hay expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de algunos exmandatarios estatales.
Aunque de inmediato el vocero de la PGR respondió que hasta el momento no se ha citado a ningún exgobernador priista ni mandatario en funciones del mismo partido, lo cierto es que desde el año pasado se han integrado expedientes penales en contra de políticos priistas, así como también se han investigado sus movimientos financieros en instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, en donde se han encontrado sumas de depósito y retiros que, con mucho, rebasan los ingresos comprobables por salarios devengados. Esto mantiene nerviosos a muchos priistas de primer nivel, pues saben que han utilizado dinero cuyo origen es difícil probar que sea lícito.
Sin duda, el PRI sabe y conoce cómo se presiona a políticos de oposición. Durante 70 años lo practicó en contra de políticos de derecha y de izquierda, ahora representados por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Una de esas muchas formas de presión política es mediante la integración de expedientes penales bajo amenaza de enviar a prisión a los opositores. Ese riesgo de perder la libertad, como un bien tutelado en toda sociedad democrática, congela los ánimos de cualquier ciudadano y, mucho más, de aquellos con aspiraciones políticas.
En septiembre del año pasado, en esta columna señalamos que por lo menos tres gobernadores priistas que terminaban su sexenio por esos días eran sujetos de investigación en las oficinas de la PGR por supuestos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Decíamos hace ocho meses que para integrar los respectivos expedientes judiciales, el Ministerio Público Federal contaba con el apoyo de una coalición político-judicial integrada por líderes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y grupo Día, los cuales buscaban ver en prisión a otros exmandatarios estatales priistas luego del encarcelamiento del exgobernador Mario Villanueva.
De la lista de exgobernadores priistas vigilados desde el año pasado, destacan dos exmandatarios del Norte, uno del centro y otro del Sur, a quienes testigos protegidos señalan de estar relacionados con cárteles de la droga y participar en el blanqueo de dinero sucio.
La responsable de integrar esos expedientes fue precisamente la entonces subprocuradora de Investigaciones en contra la Delincuencia Organizada, Marisela Morales, actual procuradora General de la República, quien contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales le entregaron información de los movimientos financieros de políticos de todas las corrientes, con especial énfasis en el PRI y PRD.
Calderón y el PAN al acecho
Con el poder que le da a cualquiera disponer de los órganos de inteligencia del Estado, desde Los Pinos se ordenó vigilar puntualmente a políticos de primer nivel: precandidatos presidenciales, gobernadores y exmandatarios, diputados y senadores, líderes sindicales, luchadores sociales, periodistas críticos y empresarios opositores al sistema.
Las áreas responsables de integrar expedientes políticos y financieros son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación, y la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambos órganos, donde se concentra la documentación y los principales expedientes de políticos opositores, envían una copia a la residencia presidencial; otros son archivados y los menos son turnados a las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, donde se abren los procesos penales respectivos para darle curso en cuanto reciban la instrucción presidencial.
El trabajo del Cisen es ya conocido por la población y se sustenta en el espionaje a través de las vías de comunicación, teléfono e internet, así como la persecución y vigilancia directa sobre individuos previamente seleccionados. Además, los analistas de este órgano de seguridad nacional también revisan publicaciones impresas y radio y televisión, de donde obtienen reportes que posteriormente convierten en informes “confidenciales”.
Más sofisticado y sobre todo más profesional que el trabajo que realiza el Cisen, está la labor que desarrollan los técnicos de la UIF, este órgano de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y único enlace del gobierno mexicano con organismos internacionales responsables de combatir el blanqueo de capitales, lo que lo convierte en un instrumento sumamente útil para recabar informes del dinero que muchos mexicanos sacan del país y ocultan en instituciones financieras extranjeras.
A diferencia del trabajo sucio que hace el Cisen con sus viles escuchas telefónicas, el análisis de la UIF responde a los movimientos financieros que políticos realizan en instituciones bancarias, casas de bolsa y de cambio, instituciones de seguros, transferencias internacionales, depósitos en efectivo y, en general, compra y venta de bienes y servicios.
Con esa información recabada en bancos e intermediarios financieros, así como en la CNBV, esa Unidad de Inteligencia elabora expedientes con las cuentas de ingresos y egresos de los políticos, donde confirma el uso de dinero sucio que no proviene de salarios y que puede corresponder a fondos irregulares provenientes de la comisión de diversos delitos, como narcotráfico, tráfico de personas, prostitución, fraudes y robos.
Obviamente, en este gobierno panista, la lista de expedientes corresponde principalmente a políticos de oposición: PRI, PRD, Partido del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza, mientras que los políticos panistas se encuentran bajo un manto protector gubernamental.
Es así como la UIF ha sido la encargada de integrar las acusaciones en contra de políticos priistas y perredistas. Los expedientes en poder de la UIF suman miles y sólo unos cuantos han sido turnados al Ministerio Público Federal para su indagatoria y posterior integración de averiguación previa.
Hasta ahora, lo que sabemos es que el blanco principal de la persecución financiera son los equipos de los precandidatos presidenciables Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, todos con posibilidades reales de alcanzar la Presidencia de la República. En la lista le siguen exgobernadores priistas y perredistas, líderes de fracciones en cámaras de Diputados y Senadores, congresos estatales, dirigentes de partidos políticos, empresarios, líderes sociales y dirigentes gremiales, dueños de medios de comunicación, periodistas y jefes de prensa.
Por eso tienen razón Moreira y otros priistas en estar preocupados y temerosos, pues saben muy bien que el gobierno tiene en su poder información que compromete a muchos políticos de su partido y eso, precisamente, es lo que buscan frenar arguyendo “terrorismo político”.
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