Jenaro Villamil
Un desplegado a plana entera publicado en varios medios impresos y replicado en decenas de estaciones de radio y televisión, anuncia el músculo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) para frenar que este lunes se apruebe en el mutilado Consejo General del Instituto Federal Electoral un reglamento que acorta de 10 días a 48 horas los plazos para que el organismo le entregue a las estaciones los spots durante la campaña presidencial.
El organismo cúpula de los concesionarios ha reaccionado con virulencia a este anteproyecto, como antes lo ha hecho con otro borrador sobre el derecho de réplica que buscaba reglamentar el IFE, acusando al árbitro electoral de atentar contra la libertad de expresión.
El desplegado señala que si se aprueba este reglamento, para el 2012 existirán 39.2 millones de spots de los partidos y podrían enviarse 30 mil versiones distintas de promocionales que hacen imposible el manejo y el incumplimiento de lo ordenado por el IFE.
“La combinación de millones de spots y miles de versiones no han sido manejadas en país alguno”, advierte el desplegado. Acusan al IFE de que ni un solo perito técnico participó en la elaboración del reglamento, no se consultó a los concesionarios de radio y televisión, no se establece un “periodo de prueba” para garantizar el cumplimiento.
El desplegado acusa a los consejeros promotores de este reglamento de “experimentar” y lanza una pregunta con toda la insidia posible:
“¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrán la radio y la televisión”.
La pregunta está fuera de lugar, pero manifiesta el fondo de la disputa entre los concesionarios y el IFE: la responsabilidad de lo que ellos anticipan como “incumplimento masivo” de lo que ordene el organismo electoral.
Está fuera de lugar porque, en todo caso, la anulación de la elección no le corresponde al IFE sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta pifia de los asesores legales de los concesionarios advierte un “sobrecalentamiento” en la relación que han mantenido los dueños de las estaciones de la radio y la televisión con el IFE.
Las Otras Disputas
Este round sólo encubre un pleito más fuerte que está gestándose: el intento de controlar y coptar al árbitro electoral que está en situaciones de extrema vulnerabilidad.
En primer lugar, desde hace más de seis meses, el IFE tiene sólo 6 de los 9 consejeros que deben integrar su Consejo General. Los concesionarios ya armaron un bloque de consejeros “aliados” que se han convertido en sus voceros. Sólo a ellos les dan pantalla y la versión de los hechos. A los otros los ignoran.
Hablamos de Francisco Xavier Guerrero, y de los consejeros que llegaron con el apoyo de los votos del PRI: Marco Antonio Baños y Macarita Elizondo. Estos tres consejeros se contraponen, al menos en este debate, a Alfredo Figueroa, a quien quieren presentar como “la bestia negra”, el enemigo a vencer al interior del instituto, Benito Nacif y el consejero presidente Leonardo Valdés. El voto de este último es importante para evitar el empate, ya que mientras sean dos bloques de 3 consejeros, las decisiones se empantanan.
Los concesionarios también adelantan en este round el nivel de su reacción si el IFE aprueba un reglamento sobre el derecho de réplica que afecte la manera como ellos negocian los contenidos informativos en la pantalla y, sobre todo, si se decide prohibir la llamada “publicidad encubierta” o product placement de los candidatos o aspirantes a políticos que aparecen en programas de variedades, tomando café, comentando sus amoríos de telenovela o en partidos de futbol, apoyando a un equipo, mientras las televisoras los apoyan a ellos.
Este es el punto medular de la batalla de los concesionarios contra el IFE.
Ricardo Becerra, jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, escribió sobre este punto en su artículo “¿Es el IFE una institución responsable?” lo siguiente:
“Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no sólo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan –como sin querer- toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma. Como puede verse, es muy importante, y conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar” (El Universal, 27 junio 2012, p. 20).
En otras palabras, la disputa es por permitir o frenar la hipercomercialización de la información (que se vuelve propaganda encubierta), del entretenimiento (que se transforma en advertainment) y hasta de las encuestas (que ya vimos son instrumentos de marketing y no de medición autónoma) durante las campañas electorales. De nuevo, el dinero público y privado que “compra” tiempo-aire para ganar en la pantalla lo que se anticipa como aplastamiento en las urnas.
El pleito por controlar el IFE
Quien gane esta batalla controlará el IFE. La amenaza para el árbitro electoral ya no es sólo el partidismo que domina en la integración de los consejeros. La verdadera amenaza es la telecracia que quiere imponer sus reglas y se ofende, acusa y utiliza la pantalla cuando el instituto tiene la osadía de regular y afecta los intereses de los concesionarios.
El columnista Miguel Angel Granados Chapa advierte hoy en Plaza Pública del periódico Reforma que el IFE puede ser “capturado” por el PRI y la CIRT, acompañados de la sucursal de ambos que es el Partido Verde, el mismo que se prestó para vender en 1 millón de dólares diputaciones federales para integrar la “telebancada”.
Granados Chapa afirma que el contubernio entre el PRI y la CIRT se manifiesta de varias maneras:
“No es casual que presida esa cámara (la CIRT), Tristán Canales, que desempeñó cargos políticos y administrativos de alto relieve antes de ser vicepresidente de TV Azteca. Fue subsecretario de Gobernación bajo Patrocinio González Blanco Garrido, tío de Arely y Leopoldo Gómez, a quienes extiende la amistad política que lo une con su autoritario pariente. No obstante contar ya con Elizondo, Baños y Guerrero, la dupla CIRT-PRI quiere afianzar su mayoría y por eso se empeña en contar con dos consejeros más, Arely Gómez misma una de los dos. Ella se tiñó apenas de cierto tinte profesional en materia electoral cuando tuvo un paso opaco en la fiscalía de delitos electorales de la PGR. Pero no es su tenue experiencia, sino su parentesco con el vicepresidente de información de Televisa (Leopoldo Gómez), la que la llevará al IFE”.
Un desplegado a plana entera publicado en varios medios impresos y replicado en decenas de estaciones de radio y televisión, anuncia el músculo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) para frenar que este lunes se apruebe en el mutilado Consejo General del Instituto Federal Electoral un reglamento que acorta de 10 días a 48 horas los plazos para que el organismo le entregue a las estaciones los spots durante la campaña presidencial.
El organismo cúpula de los concesionarios ha reaccionado con virulencia a este anteproyecto, como antes lo ha hecho con otro borrador sobre el derecho de réplica que buscaba reglamentar el IFE, acusando al árbitro electoral de atentar contra la libertad de expresión.
El desplegado señala que si se aprueba este reglamento, para el 2012 existirán 39.2 millones de spots de los partidos y podrían enviarse 30 mil versiones distintas de promocionales que hacen imposible el manejo y el incumplimiento de lo ordenado por el IFE.
“La combinación de millones de spots y miles de versiones no han sido manejadas en país alguno”, advierte el desplegado. Acusan al IFE de que ni un solo perito técnico participó en la elaboración del reglamento, no se consultó a los concesionarios de radio y televisión, no se establece un “periodo de prueba” para garantizar el cumplimiento.
El desplegado acusa a los consejeros promotores de este reglamento de “experimentar” y lanza una pregunta con toda la insidia posible:
“¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrán la radio y la televisión”.
La pregunta está fuera de lugar, pero manifiesta el fondo de la disputa entre los concesionarios y el IFE: la responsabilidad de lo que ellos anticipan como “incumplimento masivo” de lo que ordene el organismo electoral.
Está fuera de lugar porque, en todo caso, la anulación de la elección no le corresponde al IFE sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta pifia de los asesores legales de los concesionarios advierte un “sobrecalentamiento” en la relación que han mantenido los dueños de las estaciones de la radio y la televisión con el IFE.
Las Otras Disputas
Este round sólo encubre un pleito más fuerte que está gestándose: el intento de controlar y coptar al árbitro electoral que está en situaciones de extrema vulnerabilidad.
En primer lugar, desde hace más de seis meses, el IFE tiene sólo 6 de los 9 consejeros que deben integrar su Consejo General. Los concesionarios ya armaron un bloque de consejeros “aliados” que se han convertido en sus voceros. Sólo a ellos les dan pantalla y la versión de los hechos. A los otros los ignoran.
Hablamos de Francisco Xavier Guerrero, y de los consejeros que llegaron con el apoyo de los votos del PRI: Marco Antonio Baños y Macarita Elizondo. Estos tres consejeros se contraponen, al menos en este debate, a Alfredo Figueroa, a quien quieren presentar como “la bestia negra”, el enemigo a vencer al interior del instituto, Benito Nacif y el consejero presidente Leonardo Valdés. El voto de este último es importante para evitar el empate, ya que mientras sean dos bloques de 3 consejeros, las decisiones se empantanan.
Los concesionarios también adelantan en este round el nivel de su reacción si el IFE aprueba un reglamento sobre el derecho de réplica que afecte la manera como ellos negocian los contenidos informativos en la pantalla y, sobre todo, si se decide prohibir la llamada “publicidad encubierta” o product placement de los candidatos o aspirantes a políticos que aparecen en programas de variedades, tomando café, comentando sus amoríos de telenovela o en partidos de futbol, apoyando a un equipo, mientras las televisoras los apoyan a ellos.
Este es el punto medular de la batalla de los concesionarios contra el IFE.
Ricardo Becerra, jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, escribió sobre este punto en su artículo “¿Es el IFE una institución responsable?” lo siguiente:
“Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no sólo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan –como sin querer- toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma. Como puede verse, es muy importante, y conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar” (El Universal, 27 junio 2012, p. 20).
En otras palabras, la disputa es por permitir o frenar la hipercomercialización de la información (que se vuelve propaganda encubierta), del entretenimiento (que se transforma en advertainment) y hasta de las encuestas (que ya vimos son instrumentos de marketing y no de medición autónoma) durante las campañas electorales. De nuevo, el dinero público y privado que “compra” tiempo-aire para ganar en la pantalla lo que se anticipa como aplastamiento en las urnas.
El pleito por controlar el IFE
Quien gane esta batalla controlará el IFE. La amenaza para el árbitro electoral ya no es sólo el partidismo que domina en la integración de los consejeros. La verdadera amenaza es la telecracia que quiere imponer sus reglas y se ofende, acusa y utiliza la pantalla cuando el instituto tiene la osadía de regular y afecta los intereses de los concesionarios.
El columnista Miguel Angel Granados Chapa advierte hoy en Plaza Pública del periódico Reforma que el IFE puede ser “capturado” por el PRI y la CIRT, acompañados de la sucursal de ambos que es el Partido Verde, el mismo que se prestó para vender en 1 millón de dólares diputaciones federales para integrar la “telebancada”.
Granados Chapa afirma que el contubernio entre el PRI y la CIRT se manifiesta de varias maneras:
“No es casual que presida esa cámara (la CIRT), Tristán Canales, que desempeñó cargos políticos y administrativos de alto relieve antes de ser vicepresidente de TV Azteca. Fue subsecretario de Gobernación bajo Patrocinio González Blanco Garrido, tío de Arely y Leopoldo Gómez, a quienes extiende la amistad política que lo une con su autoritario pariente. No obstante contar ya con Elizondo, Baños y Guerrero, la dupla CIRT-PRI quiere afianzar su mayoría y por eso se empeña en contar con dos consejeros más, Arely Gómez misma una de los dos. Ella se tiñó apenas de cierto tinte profesional en materia electoral cuando tuvo un paso opaco en la fiscalía de delitos electorales de la PGR. Pero no es su tenue experiencia, sino su parentesco con el vicepresidente de información de Televisa (Leopoldo Gómez), la que la llevará al IFE”.
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