Jorge Carrasco Araizaga
La “guerra a las drogas” de Felipe Calderón y la expansión de los cárteles mexicanos como empresas delictivas transnacionales está causando estragos en la imagen de México en el exterior.
La matanza de 27 campesinos en la comunidad de La Libertad, en el Departamento del Petén, Guatemala, a manos de un grupo de sicarios mexicanos y guatemaltecos pertenecientes al cartel de Los Zetas ha servido para inflamar el antimexicanismo en Guatemala.
Agraviados de por sí por el maltrato a sus connacionales que pasan por México en su migración hacia Estados Unidos, los guatemaltecos tienen más motivos para mirar con desconfianza hacia los mexicanos desde la masacre ocurrida el 15 de mayo en la frontera con México.
Los medios de comunicación desplegaron una intensa campaña para insistir en los efectos de la presencia de los narcotraficantes mexicanos en Guatemala. La prensa escrita, la radio y la televisión mencionan insistentemente a los “zetas mexicanos”, a la “violencia mexicana” y, en el extremo, “la invasión” mexicana a Guatemala.
Más preocupante aún es la presencia que Brasil está adquiriendo en esta frontera. Los brasileños están construyendo una carretera que llegará a las puertas de México, por donde dicen en esta nación les entra la violencia.
Ese discurso es alimentado por la clase política en medio de la campaña de la elección presidencial del próximo 11 de septiembre. Aunque se trata de mensajes para el consumo interno, “el narco mexicano en Guatemala” es un tema entre los candidatos presidenciales.
El propio presidente Álvaro Colom ha intentado chantajear al Congreso en un intento de obtener más recursos para seguridad, pues dice que si Calderón no ha podido con el narco en México, qué se puede esperar en Guatemala.
En el contexto de la “guerra de Calderón”, el discurso maniqueo subraya que la violencia asociada al narcotráfico en Guatemala es resultado del “efecto cucaracha” de las acciones emprendidas por México, cuando en realidad la expansión del narcotráfico responde a una dinámica económica en la que se disputan los ingresos ilegales del tráfico de estupefacientes y de otras actividades de delincuencia organizada.
Más allá de la utilización política, en algunos sectores de este país hay una auténtica preocupación y temor por la expansión del narcotráfico mexicano, particularmente de Los Zetas y sus enfrentamientos con los grupos locales aliados al cartel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
Además de algunas poblaciones que han sido controladas por el narcotráfico, el terror es manifiesto entre los fiscales o ministerios públicos, luego de que uno de ellos, Allan Stowlinsky fuera descuartizado en la ciudad de Cobán, al día siguiente de la matanza de la vecina Petén, en represalia por participar en varias acciones contra el narcotráfico.
Al igual que en muchas comunidades de México, la sociedad guatemalteca ha convivido por años con narcotraficantes sacando provecho del tráfico ilícito de drogas, ante las condiciones de pobreza y la ausencia institucional. La violencia extrema no es nueva en Guatemala. Los 36 años de guerra civil dejaron miles de muertos, desaparecidos y torturados y dejaron como herencia una sociedad armada en extremo.
El cese del conflicto armado también dejó una “infraestructura de la violencia” aglutinada en fuerzas privadas de seguridad en manos de militares retirados que suman más de 150 mil hombres, casi cinco veces superior a la fuerza combinada del Ejército y las Fuerzas Armadas.
En el contexto de extrema debilidad institucional en el que la propia Fiscal General del Estado, Claudia Paz, reconoce la ausencia del Estado en vastas zonas del territorio guatemalteco, no sorprende la presencia de los narcotraficantes mexicanos, que de por sí llevan varios lustros protegidos por autoridades locales.
Como una actividad transnacional, los narcotraficantes mexicanos necesitan socios locales y en Guatemala los tienen en todo el territorio. La presencia del Chapo, los Zetas y el Cartel del Golfo no se explica sin esa protección y connivencia.
Pero la imagen de violencia que México le ha dado al mundo durante el gobierno de Calderón ha causado estragos en la consideración hacia lo mexicano en el extranjero.
Durante los conflictos armados que padecidó en el último tercio del siglo pasado, Centroamérica tuvo a México como un referente en la búsqueda de la paz. Hoy México es sinónimo de violencia, y sus vecinos, que tienen incluso una historia más sangrienta, lo ven de menos y voltean cada vez más hacia el sur, en particular a Brasil.
La “guerra a las drogas” de Felipe Calderón y la expansión de los cárteles mexicanos como empresas delictivas transnacionales está causando estragos en la imagen de México en el exterior.
La matanza de 27 campesinos en la comunidad de La Libertad, en el Departamento del Petén, Guatemala, a manos de un grupo de sicarios mexicanos y guatemaltecos pertenecientes al cartel de Los Zetas ha servido para inflamar el antimexicanismo en Guatemala.
Agraviados de por sí por el maltrato a sus connacionales que pasan por México en su migración hacia Estados Unidos, los guatemaltecos tienen más motivos para mirar con desconfianza hacia los mexicanos desde la masacre ocurrida el 15 de mayo en la frontera con México.
Los medios de comunicación desplegaron una intensa campaña para insistir en los efectos de la presencia de los narcotraficantes mexicanos en Guatemala. La prensa escrita, la radio y la televisión mencionan insistentemente a los “zetas mexicanos”, a la “violencia mexicana” y, en el extremo, “la invasión” mexicana a Guatemala.
Más preocupante aún es la presencia que Brasil está adquiriendo en esta frontera. Los brasileños están construyendo una carretera que llegará a las puertas de México, por donde dicen en esta nación les entra la violencia.
Ese discurso es alimentado por la clase política en medio de la campaña de la elección presidencial del próximo 11 de septiembre. Aunque se trata de mensajes para el consumo interno, “el narco mexicano en Guatemala” es un tema entre los candidatos presidenciales.
El propio presidente Álvaro Colom ha intentado chantajear al Congreso en un intento de obtener más recursos para seguridad, pues dice que si Calderón no ha podido con el narco en México, qué se puede esperar en Guatemala.
En el contexto de la “guerra de Calderón”, el discurso maniqueo subraya que la violencia asociada al narcotráfico en Guatemala es resultado del “efecto cucaracha” de las acciones emprendidas por México, cuando en realidad la expansión del narcotráfico responde a una dinámica económica en la que se disputan los ingresos ilegales del tráfico de estupefacientes y de otras actividades de delincuencia organizada.
Más allá de la utilización política, en algunos sectores de este país hay una auténtica preocupación y temor por la expansión del narcotráfico mexicano, particularmente de Los Zetas y sus enfrentamientos con los grupos locales aliados al cartel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
Además de algunas poblaciones que han sido controladas por el narcotráfico, el terror es manifiesto entre los fiscales o ministerios públicos, luego de que uno de ellos, Allan Stowlinsky fuera descuartizado en la ciudad de Cobán, al día siguiente de la matanza de la vecina Petén, en represalia por participar en varias acciones contra el narcotráfico.
Al igual que en muchas comunidades de México, la sociedad guatemalteca ha convivido por años con narcotraficantes sacando provecho del tráfico ilícito de drogas, ante las condiciones de pobreza y la ausencia institucional. La violencia extrema no es nueva en Guatemala. Los 36 años de guerra civil dejaron miles de muertos, desaparecidos y torturados y dejaron como herencia una sociedad armada en extremo.
El cese del conflicto armado también dejó una “infraestructura de la violencia” aglutinada en fuerzas privadas de seguridad en manos de militares retirados que suman más de 150 mil hombres, casi cinco veces superior a la fuerza combinada del Ejército y las Fuerzas Armadas.
En el contexto de extrema debilidad institucional en el que la propia Fiscal General del Estado, Claudia Paz, reconoce la ausencia del Estado en vastas zonas del territorio guatemalteco, no sorprende la presencia de los narcotraficantes mexicanos, que de por sí llevan varios lustros protegidos por autoridades locales.
Como una actividad transnacional, los narcotraficantes mexicanos necesitan socios locales y en Guatemala los tienen en todo el territorio. La presencia del Chapo, los Zetas y el Cartel del Golfo no se explica sin esa protección y connivencia.
Pero la imagen de violencia que México le ha dado al mundo durante el gobierno de Calderón ha causado estragos en la consideración hacia lo mexicano en el extranjero.
Durante los conflictos armados que padecidó en el último tercio del siglo pasado, Centroamérica tuvo a México como un referente en la búsqueda de la paz. Hoy México es sinónimo de violencia, y sus vecinos, que tienen incluso una historia más sangrienta, lo ven de menos y voltean cada vez más hacia el sur, en particular a Brasil.
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