Carmen Aristegui
Ha iniciado una batalla frontal en contra de la guerra a las drogas. Desde un panel de alto nivel internacional se empuja una postura que pretende cambiar los ejes de las políticas antidrogas en el planeta. Es de esperarse que el debate se extienda y, de prosperar, implicaría la transformación radical del actual régimen mundial de prohibición de las drogas.
Al darse a conocer el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, suscrito por figuras de alcance internacional, las reacciones no se han hecho esperar. El corazón de la discusión lo han colocado desde una perspectiva implacable y retadora: “La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”.
Ni más, ni menos. Los que firman quieren romper el tabú y sacudir la apatía que encuentran en el debate de las políticas antidrogas en el mundo; “...los políticos comprenden que las actuales políticas y estrategias están fracasando pero no saben qué hacer a cambio”. Pretende mover las conciencias y confrontar a los poderes al decir que, con el enfoque actual, miles de millones de dólares se seguirán desperdiciando cada año en programas ineficaces, millones de ciudadanos serán enviados a la cárcel innecesariamente y millones más seguirán sufriendo por la dependencia de sus seres queridos sin poder acceder a servicios de salud y asistencia social, además de que cientos de miles de personas seguirán muriendo por sobredosis evitables y enfermedades contraídas por el uso inseguro de drogas.
Retan a los gobiernos porque, afirman, que la gran tentación es evitar el tema y eso, desde el poder, es una clara abdicación de la responsabilidad política. Lo dicen ellos, cuya mayoría, tuvo las más altas responsabilidades políticas. El documento está puesto para desnudar la existencia de políticas y estrategias orientadas por la ideología nacida de que esto es una guerra, y la conveniencia política en lugar de otras determinadas por políticas económicas responsables basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos que incluyan la adopción de criterios apropiados para su evaluación.
El grupo es poderoso y no puede ser ignorado. Los gobiernos empiezan a pronunciarse: la Casa Blanca rechazó los planteamientos del panel y se mantuvo en que el control de las drogas seguirá porque “afecta nuestra economía, la salud y la seguridad pública”. El Gobierno de México, igual de apresurado y epidérmico, manifestó, esencialmente, su postura de rechazo.
El documento es claro, directo, informado y demoledor. Merece algo más que esas respuestas de paso. Firman personajes que han tenido responsabilidades públicas de alto nivel o cuya estatura intelectual es reconocida: George Shultz, ex secretario de Estado de EU; Javier Solana, ex alto representante de la Unión Europea; Kofi Annan, ex secretario general de la ONU; Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de EU; la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss; el ex ministro Thorvald Stoltenberg; los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo; Carlos Fuentes, Vargas Llosa y Richard Branson, el empresario británico y fundador del Grupo Virgin, también, entre otros.
Piden algo a lo que nadie debería negarse: que se revise lo sucedido a 50 años de la Convención Única de Estupefacientes, y lo ocurrido a 40 años de que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano. A la luz de la realidad que hoy se vive en el mundo y en países como México es claro, como dice este informe, que se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales. Sólo para ilustrar este imperativo, baste ver el cuadro comparativo del informe en lo que a consumo se refiere.
De 1998 a 2008 (con información de Naciones Unidas) hay un incremento en el consumo de opiáceos en 34.5%, de cocaína del 27% y de cannabis en 8.5% a nivel mundial. Otros indicadores adversos sobre los efectos de políticas prohibicionistas y criminalizantes que invitan a repensar seriamente el tema los tenemos en México, especialmente en el tema de la violencia y descomposición institucional.
Del Gobierno de México, lastimosamente ejemplo de lo que se dice en el documento, se esperaría –en lugar de salir al paso con dos cuartillitas de respuesta– una actitud receptiva y abierta para participar activamente, dentro y fuera del país, en esto que se presenta como un debate inevitable y absolutamente necesario.
Ha iniciado una batalla frontal en contra de la guerra a las drogas. Desde un panel de alto nivel internacional se empuja una postura que pretende cambiar los ejes de las políticas antidrogas en el planeta. Es de esperarse que el debate se extienda y, de prosperar, implicaría la transformación radical del actual régimen mundial de prohibición de las drogas.
Al darse a conocer el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, suscrito por figuras de alcance internacional, las reacciones no se han hecho esperar. El corazón de la discusión lo han colocado desde una perspectiva implacable y retadora: “La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”.
Ni más, ni menos. Los que firman quieren romper el tabú y sacudir la apatía que encuentran en el debate de las políticas antidrogas en el mundo; “...los políticos comprenden que las actuales políticas y estrategias están fracasando pero no saben qué hacer a cambio”. Pretende mover las conciencias y confrontar a los poderes al decir que, con el enfoque actual, miles de millones de dólares se seguirán desperdiciando cada año en programas ineficaces, millones de ciudadanos serán enviados a la cárcel innecesariamente y millones más seguirán sufriendo por la dependencia de sus seres queridos sin poder acceder a servicios de salud y asistencia social, además de que cientos de miles de personas seguirán muriendo por sobredosis evitables y enfermedades contraídas por el uso inseguro de drogas.
Retan a los gobiernos porque, afirman, que la gran tentación es evitar el tema y eso, desde el poder, es una clara abdicación de la responsabilidad política. Lo dicen ellos, cuya mayoría, tuvo las más altas responsabilidades políticas. El documento está puesto para desnudar la existencia de políticas y estrategias orientadas por la ideología nacida de que esto es una guerra, y la conveniencia política en lugar de otras determinadas por políticas económicas responsables basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos que incluyan la adopción de criterios apropiados para su evaluación.
El grupo es poderoso y no puede ser ignorado. Los gobiernos empiezan a pronunciarse: la Casa Blanca rechazó los planteamientos del panel y se mantuvo en que el control de las drogas seguirá porque “afecta nuestra economía, la salud y la seguridad pública”. El Gobierno de México, igual de apresurado y epidérmico, manifestó, esencialmente, su postura de rechazo.
El documento es claro, directo, informado y demoledor. Merece algo más que esas respuestas de paso. Firman personajes que han tenido responsabilidades públicas de alto nivel o cuya estatura intelectual es reconocida: George Shultz, ex secretario de Estado de EU; Javier Solana, ex alto representante de la Unión Europea; Kofi Annan, ex secretario general de la ONU; Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de EU; la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss; el ex ministro Thorvald Stoltenberg; los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo; Carlos Fuentes, Vargas Llosa y Richard Branson, el empresario británico y fundador del Grupo Virgin, también, entre otros.
Piden algo a lo que nadie debería negarse: que se revise lo sucedido a 50 años de la Convención Única de Estupefacientes, y lo ocurrido a 40 años de que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano. A la luz de la realidad que hoy se vive en el mundo y en países como México es claro, como dice este informe, que se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales. Sólo para ilustrar este imperativo, baste ver el cuadro comparativo del informe en lo que a consumo se refiere.
De 1998 a 2008 (con información de Naciones Unidas) hay un incremento en el consumo de opiáceos en 34.5%, de cocaína del 27% y de cannabis en 8.5% a nivel mundial. Otros indicadores adversos sobre los efectos de políticas prohibicionistas y criminalizantes que invitan a repensar seriamente el tema los tenemos en México, especialmente en el tema de la violencia y descomposición institucional.
Del Gobierno de México, lastimosamente ejemplo de lo que se dice en el documento, se esperaría –en lugar de salir al paso con dos cuartillitas de respuesta– una actitud receptiva y abierta para participar activamente, dentro y fuera del país, en esto que se presenta como un debate inevitable y absolutamente necesario.
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