Salvador García Soto
El nombre de Gladis López Blanco, esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aparece en una averiguación previa abierta por la PGR, en torno a una red de corrupción y extorsión que operaba desde la Profeco —cuando ella fue subprocuradora de Verificación— para cobrar cuotas y sobornos a los gasolineros a cambio de recibir “avisos anticipados” de los operativos de verificación de las gasolinerías.
Bajo la causa penal 143/2010, están bajo proceso y acusados del delito de “extorsión calificada”, entre otros, los ex funcionarios de Profeco: Dante Gabriel Rubí Hidalgo, Gaspar Reyes Velázquez, Omar Alejandro López Antón, Arturo Corral Villegas, Gerardo Retana Chávez y Héctor Fernando Acosta Maldonado, todos ex colaboradores de López Blanco y de José María de los Santos, director general de Verificación de Combustibles con ella. A varios se les detuvo dentro de las oficinas de la Profeco, hasta donde entraron agentes de la PGR el 15 de octubre de 2010 a cumplir las órdenes dictadas por el juez decimosexto de Distrito en Procesos Penales del DF.
El tema ha sido manejado con sigilo en el Gobierno federal, pero internamente ya provocó una crisis que estalló hace algunos meses, en marzo de este año, cuando la investigación contra quien fuera su coordinadora de campaña en 2006 en Michoacán hizo que se hablara de la inminente renuncia de Salvador Vega Casillas al gabinete, y se mencionaban como causas la investigación en Profeco y los avales que otorgó la Función Pública a varios gastos poco claros realizados durante los festejos del Bicentenario de la Independencia en 2010.
Vega Casillas fue citado en Los Pinos por esas fechas para anunciarle su salida, pero antes pidió ver al Presidente. Según una versión que surge de la casa presidencial, el Presidente lo recibió en privado y durante largo rato conversaron. Al salir del despacho, algo había cambiado y no se fue el secretario de la Función Pública. La misma versión afirma que Vega pudo haber explicado el destino final del dinero que les cobraban a los gasolineros: las campañas electorales del PAN en 2009.
Diputados que han investigado el caso, y que harán una denuncia pública en los próximos días, afirman que hay testimonios de cómo operaba la red de extorsión en la Profeco. A las gasolineras les pedían una cuota de 50 mil pesos mensuales por establecimiento; a las que pagaban les hacían una llamada breve desde dentro de la Subprocuraduría una noche antes de un operativo de verificación. “Mañana te van a visitar”, era el aviso que les daba tiempo suficiente para alterar sus bombas despachadoras y pasar la revisión de inspectores federales.
Ex empleados de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo), con la que tenían el trato los funcionarios de Profeco, revelaron a esta columna que hasta las oficinas de la Subprocuraduría de Verificación en la Ciudad de México eran enviados “portafolios con dinero en efectivo hasta por 10 millones de pesos cada mes”, resultado de las cuotas cobradas a las estaciones de servicio que estaban en la lista. A las estaciones que no cumplían con la cuota se les hacían las verificaciones sin previo aviso. Onexpo representa a asociaciones de gasolineros de todos los estados del país, y en total tiene afiliadas a más de 75% de las nueve mil 500 estaciones de servicio en todo México, es decir, agrupa unas ocho mil 100 gasolinerías en la República.
Las primeras denuncias de esta red de corrupción las hicieron gasolineros del Sureste en una carta enviada a la Presidencia de la República el 26 de octubre de 2009. Un año después se detuvo a los primeros seis funcionarios de Profeco, y en diciembre de 2010 se detuvo a los cuatro restantes, aunque hasta el momento no han molestado a la ex subprocuradora.
Aunque Gladis López Blanco renunció a su cargo en marzo de 2008, y dejó como subprocurador a José María de los Santos y a Claudia Jaqueline Castro Becerra como directora de Verificación, las denuncias de los gasolineros se refieren a la red de extorsión “desde los inicios del sexenio”.
¿A dónde fueron a parar todos esos millones de pesos que recaudaba esa red de extorsión?, ¿algún día la PGR hablará del papel que jugó en esa red Gladis López Blanco, o preferirán seguir encubriendo a la esposa incómoda del secretario anticorrupción del Gobierno calderonista?
El nombre de Gladis López Blanco, esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aparece en una averiguación previa abierta por la PGR, en torno a una red de corrupción y extorsión que operaba desde la Profeco —cuando ella fue subprocuradora de Verificación— para cobrar cuotas y sobornos a los gasolineros a cambio de recibir “avisos anticipados” de los operativos de verificación de las gasolinerías.
Bajo la causa penal 143/2010, están bajo proceso y acusados del delito de “extorsión calificada”, entre otros, los ex funcionarios de Profeco: Dante Gabriel Rubí Hidalgo, Gaspar Reyes Velázquez, Omar Alejandro López Antón, Arturo Corral Villegas, Gerardo Retana Chávez y Héctor Fernando Acosta Maldonado, todos ex colaboradores de López Blanco y de José María de los Santos, director general de Verificación de Combustibles con ella. A varios se les detuvo dentro de las oficinas de la Profeco, hasta donde entraron agentes de la PGR el 15 de octubre de 2010 a cumplir las órdenes dictadas por el juez decimosexto de Distrito en Procesos Penales del DF.
El tema ha sido manejado con sigilo en el Gobierno federal, pero internamente ya provocó una crisis que estalló hace algunos meses, en marzo de este año, cuando la investigación contra quien fuera su coordinadora de campaña en 2006 en Michoacán hizo que se hablara de la inminente renuncia de Salvador Vega Casillas al gabinete, y se mencionaban como causas la investigación en Profeco y los avales que otorgó la Función Pública a varios gastos poco claros realizados durante los festejos del Bicentenario de la Independencia en 2010.
Vega Casillas fue citado en Los Pinos por esas fechas para anunciarle su salida, pero antes pidió ver al Presidente. Según una versión que surge de la casa presidencial, el Presidente lo recibió en privado y durante largo rato conversaron. Al salir del despacho, algo había cambiado y no se fue el secretario de la Función Pública. La misma versión afirma que Vega pudo haber explicado el destino final del dinero que les cobraban a los gasolineros: las campañas electorales del PAN en 2009.
Diputados que han investigado el caso, y que harán una denuncia pública en los próximos días, afirman que hay testimonios de cómo operaba la red de extorsión en la Profeco. A las gasolineras les pedían una cuota de 50 mil pesos mensuales por establecimiento; a las que pagaban les hacían una llamada breve desde dentro de la Subprocuraduría una noche antes de un operativo de verificación. “Mañana te van a visitar”, era el aviso que les daba tiempo suficiente para alterar sus bombas despachadoras y pasar la revisión de inspectores federales.
Ex empleados de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo), con la que tenían el trato los funcionarios de Profeco, revelaron a esta columna que hasta las oficinas de la Subprocuraduría de Verificación en la Ciudad de México eran enviados “portafolios con dinero en efectivo hasta por 10 millones de pesos cada mes”, resultado de las cuotas cobradas a las estaciones de servicio que estaban en la lista. A las estaciones que no cumplían con la cuota se les hacían las verificaciones sin previo aviso. Onexpo representa a asociaciones de gasolineros de todos los estados del país, y en total tiene afiliadas a más de 75% de las nueve mil 500 estaciones de servicio en todo México, es decir, agrupa unas ocho mil 100 gasolinerías en la República.
Las primeras denuncias de esta red de corrupción las hicieron gasolineros del Sureste en una carta enviada a la Presidencia de la República el 26 de octubre de 2009. Un año después se detuvo a los primeros seis funcionarios de Profeco, y en diciembre de 2010 se detuvo a los cuatro restantes, aunque hasta el momento no han molestado a la ex subprocuradora.
Aunque Gladis López Blanco renunció a su cargo en marzo de 2008, y dejó como subprocurador a José María de los Santos y a Claudia Jaqueline Castro Becerra como directora de Verificación, las denuncias de los gasolineros se refieren a la red de extorsión “desde los inicios del sexenio”.
¿A dónde fueron a parar todos esos millones de pesos que recaudaba esa red de extorsión?, ¿algún día la PGR hablará del papel que jugó en esa red Gladis López Blanco, o preferirán seguir encubriendo a la esposa incómoda del secretario anticorrupción del Gobierno calderonista?
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