Ricardo Rocha / Detrás de la Noticia
La casualidad nos junta y el ministro me echa en cara: “¡Nos trataste injustamente, muy injustamente!”, en referencia obvia a mi columna del pasado 25 de mayo, titulada “La Corte: protectora de pederastas”, sobre el caso del hijo de Leticia Valdez, violado por maestros en el Instituto San Felipe de la ciudad de Oaxaca. Como se sabe, la Corte revirtió una condena de tribunales locales que mantenía en prisión por complicidad a la maestra Magdalena García Soto, al privilegiar su presunción de inocencia y menospreciar el testimonio del menor, contraviniendo el Artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño suscrita por México.
Le respondí entonces que no, que de ninguna manera había sido injusto con “La Corte” porque –en todo caso– mi opinión iba en el mismo sentido de tres de sus colegas que le salvaron la cara. Fue entonces que el exasperado ministro me soltó: “Es que yo tengo todo un expediente sobre los antecedentes de esa mujer y sé que es peligrosísima”.
Eso fue el sábado. Casualmente, este lunes recibí una copia de la respuesta formal de Operadora Internacional Oceánica, S.A. de C.V., fechada el 10 de junio en Mazatlán, Sinaloa, a petición expresa de Leticia Valdez el 20 de mayo, también de este año. Está firmada por su apoderado legal, licenciado Joaquín Tirado Estrada, quien le responde que “desde el día en que fue publicada la nota en el diario que usted menciona, se inició un procedimiento de investigación a fin de determinar el origen de la información señalada en ese diario […] hasta la fecha, el resultado de las investigaciones realizadas implica que la información no fue divulgada o proporcionada por Operadora Oceánica Internacional. En lo relativo a determinar la persona que proporcionó la información al diario, eso solamente puede ser informado por dicho medio de comunicación”.
En pocas palabras, se trata de una aclaración muy grave porque implica que el “informe” difundido y comentado en diversos medios y puesto en los escritorios de los ministros de la Corte para denostar y desacreditar a Leticia Valdez fue robado o, lo que es todavía peor, inventado con todo propósito aprovechando la inercia que supone que toda persona que ingresa a Oceánica es alcohólica o drogadicta.
Abundando, hay otra aclaración fundamental en la respuesta de Oceánica: “Por lo que hace a la petición de informar a la opinión pública […] es imposible de cumplimentar […] toda vez que la política de privacidad impide a Operadora Oceánica informar a terceros cualquier cuestión relacionada con el expediente clínico de alguna persona que haya sido paciente de la institución. Sin embargo, podemos emitirle una constancia donde, de acuerdo con nuestros registros, el motivo por el cual usted ingresó a esta institución en el año de 1997 fue debido a que experimentaba un estado emocional de angustia con manifestaciones somáticas; constancia a la que usted podrá darle el uso legal que considere pertinente”.
O sea que, por ética, Oceánica se niega a revelar cualquier expediente de paciente alguno. Pero lo sustancial es que establece claramente que el internamiento de Leticia Valdez no fue por abuso de drogas o alcohol, como se quiso hacer creer, sino a problemas emocionales tan comunes en jóvenes de la edad que tenía entonces.
Pero, aunque se hubiera tratado de trastornos graves, estos no podrían justificar el abuso sexual de su niño sólo porque Leticia sufrió alguna complicación emocional 10 años antes.
Por ello insisto en que fue la Corte la que sí actuó injustamente contra una madre y los derechos de su hijo. Porque varios de sus ministros se cebaron equívocamente en los antecedentes de ella, olvidándose de los derechos de él, por lo que estoy más convencido que nunca que, a falta de pruebas de descargo de la maestra, su defensa optó por atacar perrunamente a Leticia Valdez y su pasado.
Cómo me hubiera gustado haber tenido este documento en mi encuentro con el ministro. Y que él me mostrara su expediente “peligrosísimo”. Pero igual no eran ni el tiempo ni el lugar. Estábamos en una fiesta infantil.
La casualidad nos junta y el ministro me echa en cara: “¡Nos trataste injustamente, muy injustamente!”, en referencia obvia a mi columna del pasado 25 de mayo, titulada “La Corte: protectora de pederastas”, sobre el caso del hijo de Leticia Valdez, violado por maestros en el Instituto San Felipe de la ciudad de Oaxaca. Como se sabe, la Corte revirtió una condena de tribunales locales que mantenía en prisión por complicidad a la maestra Magdalena García Soto, al privilegiar su presunción de inocencia y menospreciar el testimonio del menor, contraviniendo el Artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño suscrita por México.
Le respondí entonces que no, que de ninguna manera había sido injusto con “La Corte” porque –en todo caso– mi opinión iba en el mismo sentido de tres de sus colegas que le salvaron la cara. Fue entonces que el exasperado ministro me soltó: “Es que yo tengo todo un expediente sobre los antecedentes de esa mujer y sé que es peligrosísima”.
Eso fue el sábado. Casualmente, este lunes recibí una copia de la respuesta formal de Operadora Internacional Oceánica, S.A. de C.V., fechada el 10 de junio en Mazatlán, Sinaloa, a petición expresa de Leticia Valdez el 20 de mayo, también de este año. Está firmada por su apoderado legal, licenciado Joaquín Tirado Estrada, quien le responde que “desde el día en que fue publicada la nota en el diario que usted menciona, se inició un procedimiento de investigación a fin de determinar el origen de la información señalada en ese diario […] hasta la fecha, el resultado de las investigaciones realizadas implica que la información no fue divulgada o proporcionada por Operadora Oceánica Internacional. En lo relativo a determinar la persona que proporcionó la información al diario, eso solamente puede ser informado por dicho medio de comunicación”.
En pocas palabras, se trata de una aclaración muy grave porque implica que el “informe” difundido y comentado en diversos medios y puesto en los escritorios de los ministros de la Corte para denostar y desacreditar a Leticia Valdez fue robado o, lo que es todavía peor, inventado con todo propósito aprovechando la inercia que supone que toda persona que ingresa a Oceánica es alcohólica o drogadicta.
Abundando, hay otra aclaración fundamental en la respuesta de Oceánica: “Por lo que hace a la petición de informar a la opinión pública […] es imposible de cumplimentar […] toda vez que la política de privacidad impide a Operadora Oceánica informar a terceros cualquier cuestión relacionada con el expediente clínico de alguna persona que haya sido paciente de la institución. Sin embargo, podemos emitirle una constancia donde, de acuerdo con nuestros registros, el motivo por el cual usted ingresó a esta institución en el año de 1997 fue debido a que experimentaba un estado emocional de angustia con manifestaciones somáticas; constancia a la que usted podrá darle el uso legal que considere pertinente”.
O sea que, por ética, Oceánica se niega a revelar cualquier expediente de paciente alguno. Pero lo sustancial es que establece claramente que el internamiento de Leticia Valdez no fue por abuso de drogas o alcohol, como se quiso hacer creer, sino a problemas emocionales tan comunes en jóvenes de la edad que tenía entonces.
Pero, aunque se hubiera tratado de trastornos graves, estos no podrían justificar el abuso sexual de su niño sólo porque Leticia sufrió alguna complicación emocional 10 años antes.
Por ello insisto en que fue la Corte la que sí actuó injustamente contra una madre y los derechos de su hijo. Porque varios de sus ministros se cebaron equívocamente en los antecedentes de ella, olvidándose de los derechos de él, por lo que estoy más convencido que nunca que, a falta de pruebas de descargo de la maestra, su defensa optó por atacar perrunamente a Leticia Valdez y su pasado.
Cómo me hubiera gustado haber tenido este documento en mi encuentro con el ministro. Y que él me mostrara su expediente “peligrosísimo”. Pero igual no eran ni el tiempo ni el lugar. Estábamos en una fiesta infantil.
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