John M. Ackerman
Desde hace cuatro años los principales medios electrónicos no han escatimado esfuerzos en su búsqueda por echar abajo la prohibición de la compra de propaganda en radio y televisión incluida en la reforma electoral de 2007. El berrinche de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) por las reformas a los reglamentos del Instituto Federal Electoral (IFE) es apenas el más reciente en una serie de actos de insubordinación que buscan enrarecer el clima de las elecciones de 2012.
Todos recordarán cómo destacados locutores, periodistas y dueños de las empresas dominantes de radio y televisión tomaron el Senado mientras se discutía la reforma electoral en septiembre de 2007. Posteriormente, la CIRT de repente decidió reivindicar de manera cínica los mecanismos de democracia directa al llamar a un referendo nacional con el fin de derogar la reforma. Después, las principales televisoras desafiaron abiertamente a las instituciones electorales al negarse a recibir los promocionales de parte del IFE e incluso interrumpir a partidos de futbol con los mensajes de los partidos políticos, con el fin de generar un repudio social en contra de la reforma electoral.
Al ver que estas estrategias de choque frontal no les funcionaban, los medios electrónicos y los empresarios más poderosos del país decidieron impugnar la reforma utilizando todas las vías legales a su alcance. En los años recientes se han presentado cientos de amparos en contra de todos los aspectos de la reforma electoral, desde el artículo 41 constitucional hasta las disposiciones claves del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los reglamentos correspondientes y las frecuentes multas del IFE a los medios. Si bien los demandantes han ganado algunas decisiones en las primeras instancias judiciales, todas las sentencias de las instancias superiores han ratificado la legalidad del sistema de regulación estricta de los medios en materia electoral.
Ante este doble fracaso, la tercera vía ha sido el auspicio de un amplio mercado negro de compraventa de entrevistas, opiniones y cobertura noticiosa donde se manejan incontables sumas de dinero. Aquí los medios han ganado la batalla, ya que tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se han hecho de la vista gorda ante casos claves, como los promocionales del quinto Informe de Peña Nieto, la compra de propaganda disfrazada por el PVEM y la famosa entrevista a Demetrio Sodi durante un partido de futbol en 2009.
El esfuerzo del IFE por regular el derecho de réplica y adelantar los tiempos de transmisión de los promocionales no violenta el marco legal ni implica un activismo desbordado. El derecho de réplica ya está garantizado por el artículo 6 constitucional y regulado por el artículo 233 del Cofipe y la Ley Sobre Delitos de Imprenta. Asimismo, este derecho ha sido declarado de cumplimiento obligatorio en materia electoral por el TEPJF (SUP-RAP-175/2009). Lo único que el Instituto Federal Electoral se esfuerza en hacer hoy es delinear las reglas básicas para su implementación consistente durante las campañas de 2012.
Además, asegurar el derecho de réplica de ninguna manera implica la censura de contenidos. Todo lo contrario: si se garantiza este derecho se vuelve menos necesario cualquier tentación de censura previa, precisamente porque los hechos falsos o engañosos podrán ser corregidos posteriormente por los afectados.
Con respecto a la temporalidad de la transmisión de los promocionales, el argumento de imposibilidad técnica simplemente no se sostiene, ya que los grandes consorcios mediáticos modifican las pautas publicitarias de manera constante y fluida cuando se trata de anuncios comerciales.
La amenaza de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de propiciar la nulidad de las elecciones de 2012 por un incumplimiento masivo de las pautas publicitarias no es más que un vil chantaje que busca doblar a las instituciones electorales y darle el tiro de gracia a la reforma electoral de 2007. La sociedad y el IFE no lo podemos permitir.
Desde hace cuatro años los principales medios electrónicos no han escatimado esfuerzos en su búsqueda por echar abajo la prohibición de la compra de propaganda en radio y televisión incluida en la reforma electoral de 2007. El berrinche de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) por las reformas a los reglamentos del Instituto Federal Electoral (IFE) es apenas el más reciente en una serie de actos de insubordinación que buscan enrarecer el clima de las elecciones de 2012.
Todos recordarán cómo destacados locutores, periodistas y dueños de las empresas dominantes de radio y televisión tomaron el Senado mientras se discutía la reforma electoral en septiembre de 2007. Posteriormente, la CIRT de repente decidió reivindicar de manera cínica los mecanismos de democracia directa al llamar a un referendo nacional con el fin de derogar la reforma. Después, las principales televisoras desafiaron abiertamente a las instituciones electorales al negarse a recibir los promocionales de parte del IFE e incluso interrumpir a partidos de futbol con los mensajes de los partidos políticos, con el fin de generar un repudio social en contra de la reforma electoral.
Al ver que estas estrategias de choque frontal no les funcionaban, los medios electrónicos y los empresarios más poderosos del país decidieron impugnar la reforma utilizando todas las vías legales a su alcance. En los años recientes se han presentado cientos de amparos en contra de todos los aspectos de la reforma electoral, desde el artículo 41 constitucional hasta las disposiciones claves del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los reglamentos correspondientes y las frecuentes multas del IFE a los medios. Si bien los demandantes han ganado algunas decisiones en las primeras instancias judiciales, todas las sentencias de las instancias superiores han ratificado la legalidad del sistema de regulación estricta de los medios en materia electoral.
Ante este doble fracaso, la tercera vía ha sido el auspicio de un amplio mercado negro de compraventa de entrevistas, opiniones y cobertura noticiosa donde se manejan incontables sumas de dinero. Aquí los medios han ganado la batalla, ya que tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se han hecho de la vista gorda ante casos claves, como los promocionales del quinto Informe de Peña Nieto, la compra de propaganda disfrazada por el PVEM y la famosa entrevista a Demetrio Sodi durante un partido de futbol en 2009.
El esfuerzo del IFE por regular el derecho de réplica y adelantar los tiempos de transmisión de los promocionales no violenta el marco legal ni implica un activismo desbordado. El derecho de réplica ya está garantizado por el artículo 6 constitucional y regulado por el artículo 233 del Cofipe y la Ley Sobre Delitos de Imprenta. Asimismo, este derecho ha sido declarado de cumplimiento obligatorio en materia electoral por el TEPJF (SUP-RAP-175/2009). Lo único que el Instituto Federal Electoral se esfuerza en hacer hoy es delinear las reglas básicas para su implementación consistente durante las campañas de 2012.
Además, asegurar el derecho de réplica de ninguna manera implica la censura de contenidos. Todo lo contrario: si se garantiza este derecho se vuelve menos necesario cualquier tentación de censura previa, precisamente porque los hechos falsos o engañosos podrán ser corregidos posteriormente por los afectados.
Con respecto a la temporalidad de la transmisión de los promocionales, el argumento de imposibilidad técnica simplemente no se sostiene, ya que los grandes consorcios mediáticos modifican las pautas publicitarias de manera constante y fluida cuando se trata de anuncios comerciales.
La amenaza de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de propiciar la nulidad de las elecciones de 2012 por un incumplimiento masivo de las pautas publicitarias no es más que un vil chantaje que busca doblar a las instituciones electorales y darle el tiro de gracia a la reforma electoral de 2007. La sociedad y el IFE no lo podemos permitir.
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