Jenaro Villamil
La parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México –el organismo que debe ser árbitro de la contienda- ha sido clara en dos casos fundamentales: la exoneración a Bernardo García Cisneros, director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue videograbado cuando recomendó en un mitin del Valle de Chalco que la estructura gubernamental operara a favor del PRI; y el acuerdo IEEM/CG/97/2011 que le ordena al órgano técnico de fiscalización que realice la revisión precautoria de los gastos de campaña, pero acordaron un “candado” para que el dictamen final se conozca hasta seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo de gobernador.
El 12 de junio, la mayoría de los consejeros estatales argumentaron no tener facultades para sancionar a Bernardo García Cisneros porque éste era funcionario público. Sólo el consejero Abel Aguilar se opuso señalando que la Secretaría General y el Consejo General del IEEM tienen facultades para realizar una investigación y determinar si el funcionario incurrió o no en un delito electoral.
El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, calificó como “irregular” la conducta de García Cisneros, funcionario de la Secretaría del Trabajo, pero precisó que la ley estatal electoral no le permite al instituto imponer sanciones.
El IEEM acordó que en este caso, que fue un escándalo en medios nacionales, se le diera vista a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), a la procuraduría y a la contraloría estatal.
El ex consejero Bernardo Barranco calificó esta decisión como si fuera un “Aburto electoral”, porque “tal parece que García Cisneros actuó como si fuera un pillo solitario, sin tomar en cuenta que durante diez años fue el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero”.
El otro caso es el llamado “Acuerdo 97” del Consejo General del IEEM, en el cual se establece que los topes de gastos de campaña se darán a conocer seis meses después de la elección del 3 de julio.
Para Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, este acuerdo “prefigura un fraude electoral”, ya que pretende “blindar la candidatura de Eruviel”. “Es un acto verdaderamente preocupante, ilegal y alevoso, absolutamente en contra de la transparencia electoral”, afirmó Zambrano el 22 de junio.
La coalición de Alejandro Encinas apeló ante el Tribunal Electoral del Estado de México este acuerdo para que los gastos de campaña se conozcan antes de la calificación de la elección, a mediados de agosto. Los representantes legales del PRD confirmaron a Proceso que este caso podrá llegar a la Sala Superior del tribunal electoral federal.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha actuado a favor del priismo y del gobernador mexiquense. Exoneró a Enrique Peña Nieto por difundir los spots de su Quinto Informe de Gobierno, en octubre y noviembre de 2010, en estaciones televisivas de cadena nacional.
En votación dividida, con el voto a favor de la presidenta del tribunal, María del Carmen Alanís, la mayoría de los magistrados consideraron que la responsabilidad fue de Televisa y de TV Azteca y no del gobierno mexiquense que pactó las pautas con las televisoras.
De esta manera, Peña Nieto ha continuado con su campaña mediática paralela a la electoral, con entrevistas en televisión y radio, en revistas del corazón, lo mismo para hablar de las “tradiciones culturales” del Estado de México que para acusar al gobierno federal de encabezar una “campaña negra” en contra del PRI en la entidad, a raíz de escándalo de su presunto gasto de 2 millones de dólares en ropa en el exclusivo establecimiento de la Casa Bijan.
La Operación Encuestas
En la minicampaña de 45 días, se realizaron 4 debates televisivos, dos organizados por Televisa y dos por el IEEM. En tres de los cuatro encuentros el ganador fue el candidato perredista Alejandro Encinas, y el desempeño de Eruviel Avila fue muy criticado, incluso originó campañas de ironía y burla en redes sociales como Twitter por el exceso de rubor en sus mejillas.
Sin embargo, ninguno de estos eventos influyó en las preferencias electorales, de acuerdo al seguimiento diario que realiza el Grupo de Comunicación Estratégica (GCE), empresa de encuestas que dirige Liébano Sáenz, ex secretario particular de Ernesto Zedillo, y que mantiene una clara cercanía con Enrique Peña Nieto y el Grupo Milenio.
En las encuestas de GCE, Eruviel inició con 48.7 por ciento de las preferencias y llegó a 53. 4 por ciento, mientras Encinas inició con 24.25 por ciento y disminuyó hasta 19.4 por ciento. El caso más dramático es el del panista Luis Felipe Bravo Mena, que comenzó la campaña con 20 por ciento y bajó hasta 12.9 por ciento, según el último reporte del 24 de junio.
Esta misma distancia fue confirmada por las encuestas de El Universal y de Reforma, publicadas el 22 de junio, el mismo día del último debate televisivo. Eruviel Avila aventaja con 59 por ciento, mientras Alejandro Encinas se ubica con 27-26 por ciento y Bravo Mena se queda con 14-15 por ciento de las preferencias.
Nada le ha afectado a Eruviel Avila, según estos sondeos. El Universal reporta un crecimiento de 5 puntos porcentuales a favor del candidato priista: pasó de 54 a 59 por ciento, entre mayo y junio, mientras Encinas sólo subió 2 puntos, al pasar de 25 a 27 por ciento y Bravo Mena cayó de 21 a 14 por ciento.
Alejandro Encinas denunció en un foro sobre medios públicos, realizado en Cuatitlán Izcalli el 24 de junio, que “éste es el único caso del mundo, en donde quien gana los debates televisivos, baja en las encuestas”.
“No se trata de encuestas sino de contratos de marketing político-electoral”, subrayó el ex jefe de Gobierno capitalino y advirtió que existe un promedio de indecisos que ronda el 20 por ciento que no se ve reflejado en estos sondeos.
“No es un fenómeno nuevo la manipulación de las encuestas”, advirtió Encinas y recordó que en las elecciones estatales de 2010, las encuestas de GCE tuvieron un margen de error de 15 por ciento en Veracruz, 12 por ciento en Puebla, 18 por ciento en Guerrero y 12.6 por ciento en Sinaloa.
Delitos electorales
La maquinaria electoral del candidato Eruviel Avila se ha valido de todo para garantizar el triunfo: acarreo de votantes, especialmente los indígenas que acuden a mítines del aspirante priista sin conocer su nombre, como lo acreditó un video del canal EfektoTV; reparto de dádivas y de tarjetas, a cambio de la credencial de elector; la utilización de fundaciones privadas como la Isidro Fabela, dirigida por Arturo Peña del Mazo, tío del actual gobernador; y el uso de niños y escuelas para proselitismo electoral.
El 21 de junio, se subió un video a Youtube donde se observa a niños de la escuela secundaria 582, General Francisco Villa, de Chimalhuacán, fabricando banderines con el lema “Eruviel, Gobernador” y el logotipo de Antorcha Popular.
Ante la difusión del video, los representantes de la coalición “Unidos podemos más” interpusieron una queja ante el IEEM contra la directora del plantel, Marisol Vázquez González, del profesor Luis Casique Pérez, hermano del diputado local priista, Miguel Angel Casique, dirigente de Antorcha Popular, y de las autoridades estatales, así como contra Eruviel Avila por presuntas violaciones a los artículos 134 de la Carta Magna y 129 de la Constitución local, así como por utilización de infraestructura pública para labores proselitistas a favor del PRI.
Eruviel Avila ha tenido dos grandes concentraciones con militantes de este organismo. El 29 de mayo con 30 mil asistentes en Chimalhuacán, llevados por Antorhca Popular, y el 20 de junio, en Ixtapaluca, el candidato priista les prometió a 50 mil integrantes de Antorcha Popular firmar “los decretos expropiatorios que sean necesarios” para regularizar los terrenos.
También la Fundación Isidro Fabela, dirigida por Arturo Peña del Mazo, ha sido objeto de denuncias por presunto fraude y delitos electorales, al prometerles a grupos estudiantiles y de colonos, dirigidos por Lucía Ibarra Romero y María del Carmen Aburto, el pago de 2, 100 pesos semanales para labores proselitistas.
Proceso obtuvo una copia de la carta, firmada por Peña del Mazo y fechada el 27 de abril, donde el tío del actual gobernador les ofrece “la contratación de 2 mil jóvenes para laborar en trabajos varios de la campaña electoral del Estado de México a través de la Fundación Cultural Isidro Fabela A.C.”.
A cambio, se les ofrece el pago de 2,100 pesos durante 5 semanas, a partir del 18 de mayo “otorgándoles facilidades de transporte y viáticos dependiendo del evento a los que sean requeridos”.
La carta advierte que le solicitan a cada uno de los 2 mil jóvenes una carta de afiliación a la Fundación Cultural Isidro Fabela y la copia de su credencial de elector.
El organismo dirigido por Peña del Mazo incumplió con el trato, los dirigentes estudiantiles y de colonos que protestaron fueron detenidos hace tres semanas y posteriormente liberados, a cambio del pago de 10 mil pesos. Las dirigentes de colonos Lucía Ibarra Romero y María del Carmen Aburto confirmaron a Proceso que han recibido amenazas vía telefónica para que “le bajen” a su denuncia y retiren las demandas que presentaron ante la Fepade y la procuraduría estatal.
La parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México –el organismo que debe ser árbitro de la contienda- ha sido clara en dos casos fundamentales: la exoneración a Bernardo García Cisneros, director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue videograbado cuando recomendó en un mitin del Valle de Chalco que la estructura gubernamental operara a favor del PRI; y el acuerdo IEEM/CG/97/2011 que le ordena al órgano técnico de fiscalización que realice la revisión precautoria de los gastos de campaña, pero acordaron un “candado” para que el dictamen final se conozca hasta seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo de gobernador.
El 12 de junio, la mayoría de los consejeros estatales argumentaron no tener facultades para sancionar a Bernardo García Cisneros porque éste era funcionario público. Sólo el consejero Abel Aguilar se opuso señalando que la Secretaría General y el Consejo General del IEEM tienen facultades para realizar una investigación y determinar si el funcionario incurrió o no en un delito electoral.
El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, calificó como “irregular” la conducta de García Cisneros, funcionario de la Secretaría del Trabajo, pero precisó que la ley estatal electoral no le permite al instituto imponer sanciones.
El IEEM acordó que en este caso, que fue un escándalo en medios nacionales, se le diera vista a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), a la procuraduría y a la contraloría estatal.
El ex consejero Bernardo Barranco calificó esta decisión como si fuera un “Aburto electoral”, porque “tal parece que García Cisneros actuó como si fuera un pillo solitario, sin tomar en cuenta que durante diez años fue el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero”.
El otro caso es el llamado “Acuerdo 97” del Consejo General del IEEM, en el cual se establece que los topes de gastos de campaña se darán a conocer seis meses después de la elección del 3 de julio.
Para Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, este acuerdo “prefigura un fraude electoral”, ya que pretende “blindar la candidatura de Eruviel”. “Es un acto verdaderamente preocupante, ilegal y alevoso, absolutamente en contra de la transparencia electoral”, afirmó Zambrano el 22 de junio.
La coalición de Alejandro Encinas apeló ante el Tribunal Electoral del Estado de México este acuerdo para que los gastos de campaña se conozcan antes de la calificación de la elección, a mediados de agosto. Los representantes legales del PRD confirmaron a Proceso que este caso podrá llegar a la Sala Superior del tribunal electoral federal.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha actuado a favor del priismo y del gobernador mexiquense. Exoneró a Enrique Peña Nieto por difundir los spots de su Quinto Informe de Gobierno, en octubre y noviembre de 2010, en estaciones televisivas de cadena nacional.
En votación dividida, con el voto a favor de la presidenta del tribunal, María del Carmen Alanís, la mayoría de los magistrados consideraron que la responsabilidad fue de Televisa y de TV Azteca y no del gobierno mexiquense que pactó las pautas con las televisoras.
De esta manera, Peña Nieto ha continuado con su campaña mediática paralela a la electoral, con entrevistas en televisión y radio, en revistas del corazón, lo mismo para hablar de las “tradiciones culturales” del Estado de México que para acusar al gobierno federal de encabezar una “campaña negra” en contra del PRI en la entidad, a raíz de escándalo de su presunto gasto de 2 millones de dólares en ropa en el exclusivo establecimiento de la Casa Bijan.
La Operación Encuestas
En la minicampaña de 45 días, se realizaron 4 debates televisivos, dos organizados por Televisa y dos por el IEEM. En tres de los cuatro encuentros el ganador fue el candidato perredista Alejandro Encinas, y el desempeño de Eruviel Avila fue muy criticado, incluso originó campañas de ironía y burla en redes sociales como Twitter por el exceso de rubor en sus mejillas.
Sin embargo, ninguno de estos eventos influyó en las preferencias electorales, de acuerdo al seguimiento diario que realiza el Grupo de Comunicación Estratégica (GCE), empresa de encuestas que dirige Liébano Sáenz, ex secretario particular de Ernesto Zedillo, y que mantiene una clara cercanía con Enrique Peña Nieto y el Grupo Milenio.
En las encuestas de GCE, Eruviel inició con 48.7 por ciento de las preferencias y llegó a 53. 4 por ciento, mientras Encinas inició con 24.25 por ciento y disminuyó hasta 19.4 por ciento. El caso más dramático es el del panista Luis Felipe Bravo Mena, que comenzó la campaña con 20 por ciento y bajó hasta 12.9 por ciento, según el último reporte del 24 de junio.
Esta misma distancia fue confirmada por las encuestas de El Universal y de Reforma, publicadas el 22 de junio, el mismo día del último debate televisivo. Eruviel Avila aventaja con 59 por ciento, mientras Alejandro Encinas se ubica con 27-26 por ciento y Bravo Mena se queda con 14-15 por ciento de las preferencias.
Nada le ha afectado a Eruviel Avila, según estos sondeos. El Universal reporta un crecimiento de 5 puntos porcentuales a favor del candidato priista: pasó de 54 a 59 por ciento, entre mayo y junio, mientras Encinas sólo subió 2 puntos, al pasar de 25 a 27 por ciento y Bravo Mena cayó de 21 a 14 por ciento.
Alejandro Encinas denunció en un foro sobre medios públicos, realizado en Cuatitlán Izcalli el 24 de junio, que “éste es el único caso del mundo, en donde quien gana los debates televisivos, baja en las encuestas”.
“No se trata de encuestas sino de contratos de marketing político-electoral”, subrayó el ex jefe de Gobierno capitalino y advirtió que existe un promedio de indecisos que ronda el 20 por ciento que no se ve reflejado en estos sondeos.
“No es un fenómeno nuevo la manipulación de las encuestas”, advirtió Encinas y recordó que en las elecciones estatales de 2010, las encuestas de GCE tuvieron un margen de error de 15 por ciento en Veracruz, 12 por ciento en Puebla, 18 por ciento en Guerrero y 12.6 por ciento en Sinaloa.
Delitos electorales
La maquinaria electoral del candidato Eruviel Avila se ha valido de todo para garantizar el triunfo: acarreo de votantes, especialmente los indígenas que acuden a mítines del aspirante priista sin conocer su nombre, como lo acreditó un video del canal EfektoTV; reparto de dádivas y de tarjetas, a cambio de la credencial de elector; la utilización de fundaciones privadas como la Isidro Fabela, dirigida por Arturo Peña del Mazo, tío del actual gobernador; y el uso de niños y escuelas para proselitismo electoral.
El 21 de junio, se subió un video a Youtube donde se observa a niños de la escuela secundaria 582, General Francisco Villa, de Chimalhuacán, fabricando banderines con el lema “Eruviel, Gobernador” y el logotipo de Antorcha Popular.
Ante la difusión del video, los representantes de la coalición “Unidos podemos más” interpusieron una queja ante el IEEM contra la directora del plantel, Marisol Vázquez González, del profesor Luis Casique Pérez, hermano del diputado local priista, Miguel Angel Casique, dirigente de Antorcha Popular, y de las autoridades estatales, así como contra Eruviel Avila por presuntas violaciones a los artículos 134 de la Carta Magna y 129 de la Constitución local, así como por utilización de infraestructura pública para labores proselitistas a favor del PRI.
Eruviel Avila ha tenido dos grandes concentraciones con militantes de este organismo. El 29 de mayo con 30 mil asistentes en Chimalhuacán, llevados por Antorhca Popular, y el 20 de junio, en Ixtapaluca, el candidato priista les prometió a 50 mil integrantes de Antorcha Popular firmar “los decretos expropiatorios que sean necesarios” para regularizar los terrenos.
También la Fundación Isidro Fabela, dirigida por Arturo Peña del Mazo, ha sido objeto de denuncias por presunto fraude y delitos electorales, al prometerles a grupos estudiantiles y de colonos, dirigidos por Lucía Ibarra Romero y María del Carmen Aburto, el pago de 2, 100 pesos semanales para labores proselitistas.
Proceso obtuvo una copia de la carta, firmada por Peña del Mazo y fechada el 27 de abril, donde el tío del actual gobernador les ofrece “la contratación de 2 mil jóvenes para laborar en trabajos varios de la campaña electoral del Estado de México a través de la Fundación Cultural Isidro Fabela A.C.”.
A cambio, se les ofrece el pago de 2,100 pesos durante 5 semanas, a partir del 18 de mayo “otorgándoles facilidades de transporte y viáticos dependiendo del evento a los que sean requeridos”.
La carta advierte que le solicitan a cada uno de los 2 mil jóvenes una carta de afiliación a la Fundación Cultural Isidro Fabela y la copia de su credencial de elector.
El organismo dirigido por Peña del Mazo incumplió con el trato, los dirigentes estudiantiles y de colonos que protestaron fueron detenidos hace tres semanas y posteriormente liberados, a cambio del pago de 10 mil pesos. Las dirigentes de colonos Lucía Ibarra Romero y María del Carmen Aburto confirmaron a Proceso que han recibido amenazas vía telefónica para que “le bajen” a su denuncia y retiren las demandas que presentaron ante la Fepade y la procuraduría estatal.
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