Ejército necesario: Sicilia

Carlos Ramírez / Indicador Político

La lucha contra el crimen organizado entró en zonas de contradicciones, de politización y de precampañas presidenciales 2012:

1.- La marcha por la paz de Javier Sicilia fue expropiada por los radicales que lograron la firma de un pacto político marcado por los intereses de la campaña presidencial de López Obrador y los del EZLN. Fue sospechoso que el deslinde de Sicilia de la petición de sacar al Ejército de las calles haya sido ocultado en medios y que sólo Milenio hubiera publicado la declaración de Sicilia de que el Ejército es la última línea de autoridad en muchas zonas.

2.- La Conferencia Nacional de Gobernadores aceptó la propuesta de Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, de realizar un operativo conjunto de los gobiernos y policías estatales a partir de ayer lunes y hasta las doce de la noche del domingo para decretar un virtual estado de sitio en la República, sacar a las policías a las calles y revisar a los ciudadanos violando sus derechos humanos. Las autoridades federales se han negado a un operativo de esta naturaleza porque son mediáticos. El huevo de la serpiente de la inseguridad se localiza en las policías estatales y municipales que protegen al crimen organizado.

3.- En el fondo, Ebrard promovió el operativo nacional contra carteristas, ladrones de autos y asaltantes de micros como una forma de ocultar su fracaso en el renglón de seguridad en el DF. De 2007 a 2010, según cifras oficiales, en el DF aumentaron 31.5% los delitos de fuero común, 30% los delitos violentos, 13.2% las averiguaciones de delitos con alto impacto social, 25.5% los homicidios dolosos, 72.3% los robos a casa habitación con violencia, 139% los robos a bordos de taxis, 129% los robos a bordo de micros, 60% las lesiones por arma de fuego, 58.7% los robos en general, 75% la portación de armas prohibidas. La tendencia de aumento de la inseguridad se ha mantenido en los primeros cinco y medio meses de 2011.

El punto central de la nueva fase de debate sobre la seguridad radica en el hecho de que los gobiernos estatales y las policías locales finalmente decidieron entrarle directamente al problema de la inseguridad. Sólo que el operativo nacional de la Conferencia Nacional de Gobernadores se va a circunscribir a los temas superficiales de la inseguridad: robo de vehículo, robos a transportes y pasajeros, venta de autopartes robadas, recuperación de vehículos, secuestros en curso, y detención de vehículos con vidrios polarizados.

Sin embargo, el tema más sensible de la inseguridad es el crimen organizado en los cárteles del narcotráfico y la cooptación de las policías por los cárteles. Justo ayer lunes la policía del DF fue vapuleada por habitantes de Cuajimalpa cuando pretendían linchar a algunos delincuentes. El Gobierno del DF ha perdido la noción de la seguridad pública.

Los gobernadores de la Conago comenzaron a realizar un operativo callejero para cumplir con lo que no han cumplido: El combate contra la inseguridad ciudadana, los delitos que dañan al ciudadano en las calles. Las cifras oficiales de la Procuraduría del DF sobre el aumento de los delitos revelan que la voluntad enérgica de Ebrard debió de haber salido a relucir desde antes; ahora buscará cobijarse debajo de la Conago para detener la ola de inseguridad que ha caído en la Ciudad de México mientras su jefe de Gobierno le dedica más tiempo a su campaña perredista que a atender las preocupaciones de los capitalinos.

El operativo nacional de la Conago padece de las deficiencias que los propios gobernadores acreditan a los operativos federales: Darle de escobazos al panal callejero de la delincuencia pero sin mecanismos de inteligencia, reformas legales contra los delincuentes y sobre todo la falta de decisión de los gobernadores para limpiar sus policías. ¿Dónde están los programas sociales, educativos y de empleo de la Conago para combatir la inseguridad? La revisión de ciudadanos sin órdenes de un juez viola los derechos humanos. Pero de lo que trata el Operativo Ebrard de la Conago es de aparentar, no de resolver.

En este mismo contexto, la marcha de Sicilia perdió sus referentes de seguridad y se convirtió en una manifestación política con una agenda de confrontación con el gobierno federal. La petición del documento firmado para sacar al Ejército de las calles se convirtió en una derrota para el propio Sicilia porque le quitó el control de la protesta.

Después de la marcha en Ciudad Juárez y de la lectura de un documento redactado por los duros de la marcha, Sicilia y Álvarez Icaza -en entrevista de Juan Pablo Becerra Acosta para Milenio- “reiteraron una y otra vez que no, que por el momento no forma parte del acuerdo el repliegue del Ejército a sus cuarteles”. “Hay lugares en donde la gente ni siquiera puede ir a comprar alimentos si no está el Ejército”, puntualizó Álvarez Icaza.

La salida del ejército de las calles de Ciudad Juárez ha sido, asimismo, una iniciativa estimulada por organizaciones civiles vinculadas a los cárteles del narco. Pero el Ejército salió de las calles, llegó la Policía Federal, la inseguridad no amainó y organizaciones sociales piden ya el regreso de los militares a las calles. El problema central en Ciudad Juárez es la ausencia de liderazgo político de las instituciones y la falta de credibilidad de las autoridades municipales y estatales. El alcalde Héctor Teto Murguía ostenta una escolta agresiva de policías, mientras los ciudadanos padecen la ausencia de una estructura de seguridad coherente, creíble y blindada. Las fuerzas federales de seguridad han tenido que suplir la ineficacia de las autoridades municipales y estatales.

Por lo pronto ya quedó claro que la solicitud de salida del Ejército de las calles no formó parte del pacto firmado por Sicilia el 8 de mayo en la ciudad de México y que su movimiento fue expropiado por radicales vinculados a López Obrador y al EZLN, aunque Sicilia no se atreve a romper con los duros. Y que el operativo nacional de la Conago va sobre los ladrones en las calles pero carece de una estrategia coherente contra el crimen organizado en su fase de fuero común.

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