Martha Anaya / Crónica de Política
Ayer decía el senador Manlio Fabio Beltrones que a los legisladores estadounidenses no les había quedado duda –luego de su reunión interparlamentaria—que en el 2012, “gane quien gane, tendrá que continuar en el combate a la delincuencia y el narcotráfico, hasta sus últimas consecuencias”.
El senador priista y Presidente del Senado, indicó que los congresistas de Estados Unidos “entendieron que este no es un programa de un año ni de un sexenio, sino de ahora y para siempre y hasta que se termine este combate”.
Acaso, matizó Beltrones, se busque establecer límites a la violencia. Pero alegó que había sido muy importante platicar con los vecinos del norte en el Capitolio “porque entonces se entiende perfectamente bien que no es simplemente el deseo de un gobierno, sino de todo un pueblo ir hasta el final de la jornada”.
Este fue el meollo de la 50 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos celebrada en Washington y de las declaraciones de Manlio Fabio al término de ésta: que la guerra contra el narcotráfico continuará más allá del 2012 gane quien gane la Presidencia de la República.
Tal decisión y compromiso ante los estadounidenses es para sobresaltarse. No sólo por imaginar lo que no espera, de ser tal como lo planteó el sonorense, sino por las atribuciones que se tomaron los legisladores mexicanos para hacer este compromiso ante sus contrapartes en Estados Unidos.
Ricardo Monreal, senador por el Partido del Trabajo –y quien no fue invitado por cierto a la reunión interparlamentaria—salió al paso de esta declaración e hizo ver que los legisladores mexicanos que formularon este anuncio en Washington “carecen de facultades y atribuciones para garantizar un compromiso de tal magnitud”.
La decisión de continuar o modificar el combate antinarco, indicó, no es una decisión del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, alegó Monreal, si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República, es un hecho que la estrategia de la lucha antinarco sufriría una revisión profunda, a fin de lograr avances sustantivos y revertir la violencia en el país.
A los legisladores mexicanos compete “evaluar, calificar y aprobar en su caso la actual guerra al crimen, pero nunca comprometer su curso futuro”.
Y mucho menos, subrayó, formular un compromiso de continuidad ante un gobierno extranjero, ya que las decisiones en materia de seguridad pública son del ámbito estricto de la soberanía nacional.
Lo menos que puede decirse de este anuncio es que es “demagógico y electorero”. Quienes lo suscriben pretenden quedar bien con el gobierno norteamericano y recibir el beneplácito político del Capitolio y de la Casa Blanca para sus proyectos políticos personales, no para garantizar los intereses nacionales.
Sobre todo, porque defienden y comprometen afuera, lo que cuestionan y rechazan dentro del país.
Ayer decía el senador Manlio Fabio Beltrones que a los legisladores estadounidenses no les había quedado duda –luego de su reunión interparlamentaria—que en el 2012, “gane quien gane, tendrá que continuar en el combate a la delincuencia y el narcotráfico, hasta sus últimas consecuencias”.
El senador priista y Presidente del Senado, indicó que los congresistas de Estados Unidos “entendieron que este no es un programa de un año ni de un sexenio, sino de ahora y para siempre y hasta que se termine este combate”.
Acaso, matizó Beltrones, se busque establecer límites a la violencia. Pero alegó que había sido muy importante platicar con los vecinos del norte en el Capitolio “porque entonces se entiende perfectamente bien que no es simplemente el deseo de un gobierno, sino de todo un pueblo ir hasta el final de la jornada”.
Este fue el meollo de la 50 reunión interparlamentaria México-Estados Unidos celebrada en Washington y de las declaraciones de Manlio Fabio al término de ésta: que la guerra contra el narcotráfico continuará más allá del 2012 gane quien gane la Presidencia de la República.
Tal decisión y compromiso ante los estadounidenses es para sobresaltarse. No sólo por imaginar lo que no espera, de ser tal como lo planteó el sonorense, sino por las atribuciones que se tomaron los legisladores mexicanos para hacer este compromiso ante sus contrapartes en Estados Unidos.
Ricardo Monreal, senador por el Partido del Trabajo –y quien no fue invitado por cierto a la reunión interparlamentaria—salió al paso de esta declaración e hizo ver que los legisladores mexicanos que formularon este anuncio en Washington “carecen de facultades y atribuciones para garantizar un compromiso de tal magnitud”.
La decisión de continuar o modificar el combate antinarco, indicó, no es una decisión del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, alegó Monreal, si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República, es un hecho que la estrategia de la lucha antinarco sufriría una revisión profunda, a fin de lograr avances sustantivos y revertir la violencia en el país.
A los legisladores mexicanos compete “evaluar, calificar y aprobar en su caso la actual guerra al crimen, pero nunca comprometer su curso futuro”.
Y mucho menos, subrayó, formular un compromiso de continuidad ante un gobierno extranjero, ya que las decisiones en materia de seguridad pública son del ámbito estricto de la soberanía nacional.
Lo menos que puede decirse de este anuncio es que es “demagógico y electorero”. Quienes lo suscriben pretenden quedar bien con el gobierno norteamericano y recibir el beneplácito político del Capitolio y de la Casa Blanca para sus proyectos políticos personales, no para garantizar los intereses nacionales.
Sobre todo, porque defienden y comprometen afuera, lo que cuestionan y rechazan dentro del país.
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