Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Los políticos de altos vuelos, de aspiraciones históricas desmedidas; esos necesitados de ser vistos, admirados como estadistas, equiparados a sir Winston Churchill; o los especialistas en esconder sus perversidades tras el poder, arropados por los pésimos imitadores de Creso, incapaces de reprimir sus debilidades, como los muestra Lydia Cacho en Los demonios del edén, son los que pusieron de moda el daño moral, con el propósito de enmudecer a los periodistas.
Cierto es que hay informadores que son sepulcros blanqueados en lugar de defensores de la sociedad. No es el caso de Jorge Meléndez Preciado, socio fundador de la UPD, colaborador de El Financiero, Contralínea, Revista Mexicana de Comunicación, además de en diversos medios de provincia, a quien el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, demandó por daño moral. El juicio inició, pero los abogados del señor Marín se han mostrado incapaces de demostrar cualquier perjuicio o daño, mucho menos el moral.
Lo ocurrido a Meléndez Preciado obliga a una seria reflexión, porque ese delito del daño moral corre en las dos vertientes, lo mismo pueden cometerlo los “tecleadores” que quienes se ostentan como defensores del Estado de Derecho, de la legalidad y legitimidad de las políticas públicas, cuando los resultados de los gobiernos, en los tres niveles, no sólo perjudican el patrimonio de sus gobernados, sino que también destruyen su moral, su ánimo de vivir, al reventar el tejido social, exigir más de lo que en razón se puede dar en pago de impuestos, o en respeto y confianza a la autoridad.
¡Vamos!, quién no recuerda las escandalosas conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif Borge, Jean Succar Kuri y Mario Marín, que motivaron el ilegal traslado de Lydia Cacho desde Cancún a Puebla, en un vehículo, sin escalas, para pararle los tacos a esa periodista, con total desprecio de la ley. Todo concluyó en agua de borrajas, porque a la honorable SCJN, al ejercer su facultad de atracción, no le alcanzó la ley para administrar justicia.
Si los poblanos en particular, y los mexicanos en general, tuvieran una formación judicial eficiente y el conocimiento cabal de sus derechos legales y constitucionales, debieran estar demandando a la SCJN y al ex gobernador, precisamente por daño moral, porque ambos dejaron al Poder Judicial de la Federación por los suelos, lesionaron su credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la institución que, supuestamente, es su valladar ante los abusos del poder o del Estado.
¿De dónde sale esta idea? Tengo a mano el texto El Daño Moral, editado por Berkman, Bermúdez y Lira, abogados. Es la ponencia del licenciado y magistrado Neófito López Ramos, al día de hoy integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal. La fecha de publicación es junio de 2001.
La esencia de esta materia permanece en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 1916 y 2116 del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, el tres de diciembre de 1982. Para ello, la Comisión de Justicia del órgano legislativo, emitió el correspondiente dictamen, también publicado en el Diario de los Debates, el 11 del mismo mes y año, cuyas conclusiones son las siguientes: “La Comisión de Justicia ha considerado conveniente mejorar la iniciativa en estudio, a efecto de evitar posibles interpretaciones incompatibles con su propósito moralizador, incorporando las menciones expresas de que la obligación de reparar el daño moral existe aunque no se cause daño material, que puede presentarse en responsabilidad contractual y extra contractual, así como en la hipótesis de responsabilidad objetiva, y que pesa también sobre el Estado y sus funcionarios”.
Resultaría absurdo negar el origen y las causas de la enmienda legal. El calendario y los sucesos indican que el país había sido sacudido por una enorme corrupción e impunidad durante el sexenio 1976-1982; Miguel de la Madrid Hurtado inaugura su gobierno con la renovación moral, que todos vieron como una moda pasajera, a la que los mexicanos no tomaron en cuenta, salvo esos políticos empeñados en darse baños de pureza, cuando retozan gustosos en el albañal.
Es momento de que los mexicanos se sirvan, hoy, de lo bueno dejado por el sexenio de Miguel de la Madrid, y recurran a la ley para que, de una vez por todas, se revisen las políticas públicas establecidas como norma en contra de la delincuencia organizada, porque la violencia sin fin, la crueldad, las fosas clandestinas, el secuestro, la corrupción, la impunidad, las violaciones constantes al Estado de Derecho, a la más elemental de las legalidades, y la omisión de los funcionarios públicos que incumplen con su mandato constitucional, causa en millones de mexicanos un enorme, irreparable daño moral, acompañado de daños materiales incuantificables.
¿´Cuántas familias destrozadas, hijos o padres traumatizados por haber sido testigos de degollinas, matazones, ejecuciones, causantes de insomnio, o de tragedias que enlazan lo malo con lo peor?
Es momento de preguntar a esos funcionarios públicos que tanto desprecian a la prensa que los exhibe, a esos incondicionales del gobierno que todo tergiversa y modifica con propaganda política, ¿qué causa más daño moral, el trabajo de los periodistas, analistas, columnistas, editorialistas honrados, o el resultado de políticas públicas productoras de sangre y fuego?
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es consecuencia, producto del daño moral que las autoridades, que el gobierno federal inflige cotidianamente a los mexicanos. Veremos cómo se comportan en el diálogo público, y si a él llegan, porque como anota mi gurú literario y político: “Uno siempre conoce la verdad, la otra verdad, la verdad oculta tras las apariencias, tras las máscaras, tras las distintas situaciones que nos presenta la vida”.
Los políticos de altos vuelos, de aspiraciones históricas desmedidas; esos necesitados de ser vistos, admirados como estadistas, equiparados a sir Winston Churchill; o los especialistas en esconder sus perversidades tras el poder, arropados por los pésimos imitadores de Creso, incapaces de reprimir sus debilidades, como los muestra Lydia Cacho en Los demonios del edén, son los que pusieron de moda el daño moral, con el propósito de enmudecer a los periodistas.
Cierto es que hay informadores que son sepulcros blanqueados en lugar de defensores de la sociedad. No es el caso de Jorge Meléndez Preciado, socio fundador de la UPD, colaborador de El Financiero, Contralínea, Revista Mexicana de Comunicación, además de en diversos medios de provincia, a quien el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, demandó por daño moral. El juicio inició, pero los abogados del señor Marín se han mostrado incapaces de demostrar cualquier perjuicio o daño, mucho menos el moral.
Lo ocurrido a Meléndez Preciado obliga a una seria reflexión, porque ese delito del daño moral corre en las dos vertientes, lo mismo pueden cometerlo los “tecleadores” que quienes se ostentan como defensores del Estado de Derecho, de la legalidad y legitimidad de las políticas públicas, cuando los resultados de los gobiernos, en los tres niveles, no sólo perjudican el patrimonio de sus gobernados, sino que también destruyen su moral, su ánimo de vivir, al reventar el tejido social, exigir más de lo que en razón se puede dar en pago de impuestos, o en respeto y confianza a la autoridad.
¡Vamos!, quién no recuerda las escandalosas conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif Borge, Jean Succar Kuri y Mario Marín, que motivaron el ilegal traslado de Lydia Cacho desde Cancún a Puebla, en un vehículo, sin escalas, para pararle los tacos a esa periodista, con total desprecio de la ley. Todo concluyó en agua de borrajas, porque a la honorable SCJN, al ejercer su facultad de atracción, no le alcanzó la ley para administrar justicia.
Si los poblanos en particular, y los mexicanos en general, tuvieran una formación judicial eficiente y el conocimiento cabal de sus derechos legales y constitucionales, debieran estar demandando a la SCJN y al ex gobernador, precisamente por daño moral, porque ambos dejaron al Poder Judicial de la Federación por los suelos, lesionaron su credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la institución que, supuestamente, es su valladar ante los abusos del poder o del Estado.
¿De dónde sale esta idea? Tengo a mano el texto El Daño Moral, editado por Berkman, Bermúdez y Lira, abogados. Es la ponencia del licenciado y magistrado Neófito López Ramos, al día de hoy integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal. La fecha de publicación es junio de 2001.
La esencia de esta materia permanece en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 1916 y 2116 del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, el tres de diciembre de 1982. Para ello, la Comisión de Justicia del órgano legislativo, emitió el correspondiente dictamen, también publicado en el Diario de los Debates, el 11 del mismo mes y año, cuyas conclusiones son las siguientes: “La Comisión de Justicia ha considerado conveniente mejorar la iniciativa en estudio, a efecto de evitar posibles interpretaciones incompatibles con su propósito moralizador, incorporando las menciones expresas de que la obligación de reparar el daño moral existe aunque no se cause daño material, que puede presentarse en responsabilidad contractual y extra contractual, así como en la hipótesis de responsabilidad objetiva, y que pesa también sobre el Estado y sus funcionarios”.
Resultaría absurdo negar el origen y las causas de la enmienda legal. El calendario y los sucesos indican que el país había sido sacudido por una enorme corrupción e impunidad durante el sexenio 1976-1982; Miguel de la Madrid Hurtado inaugura su gobierno con la renovación moral, que todos vieron como una moda pasajera, a la que los mexicanos no tomaron en cuenta, salvo esos políticos empeñados en darse baños de pureza, cuando retozan gustosos en el albañal.
Es momento de que los mexicanos se sirvan, hoy, de lo bueno dejado por el sexenio de Miguel de la Madrid, y recurran a la ley para que, de una vez por todas, se revisen las políticas públicas establecidas como norma en contra de la delincuencia organizada, porque la violencia sin fin, la crueldad, las fosas clandestinas, el secuestro, la corrupción, la impunidad, las violaciones constantes al Estado de Derecho, a la más elemental de las legalidades, y la omisión de los funcionarios públicos que incumplen con su mandato constitucional, causa en millones de mexicanos un enorme, irreparable daño moral, acompañado de daños materiales incuantificables.
¿´Cuántas familias destrozadas, hijos o padres traumatizados por haber sido testigos de degollinas, matazones, ejecuciones, causantes de insomnio, o de tragedias que enlazan lo malo con lo peor?
Es momento de preguntar a esos funcionarios públicos que tanto desprecian a la prensa que los exhibe, a esos incondicionales del gobierno que todo tergiversa y modifica con propaganda política, ¿qué causa más daño moral, el trabajo de los periodistas, analistas, columnistas, editorialistas honrados, o el resultado de políticas públicas productoras de sangre y fuego?
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es consecuencia, producto del daño moral que las autoridades, que el gobierno federal inflige cotidianamente a los mexicanos. Veremos cómo se comportan en el diálogo público, y si a él llegan, porque como anota mi gurú literario y político: “Uno siempre conoce la verdad, la otra verdad, la verdad oculta tras las apariencias, tras las máscaras, tras las distintas situaciones que nos presenta la vida”.
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