Francisco Rodríguez / Índice Político
¿Son seguros los exámenes de control de confianza que aplica la Federación? ¿Están capacitados los evaluadores? ¿Es una tarea poco institucional y sí, en cambio, partidizada?
La mayor parte de quienes han presentado los 16 exámenes de los que consta la evaluación podrían responder que no sirven para el fin que dicen tener — fortalecimiento de los niveles de confiabilidad, eficiencia, profesionalismo, apego a la legalidad y competencia” de quienes están relacionados con la tarea de brindar seguridad a la población… que aquellos que aplican los exámenes carecen de preparación o bien son resentidos sociales en cuyas manos depositan su prestigio… y que sí, claro que sí, que hay “línea” para aprobar o reprobar a discrecionalidad.
Las evaluaciones de control de confianza aplicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el panista Juan Miguel Alcántara, a través de su Centro Nacional de Certificación y Acreditación no nada más a los 32 secretarios estatales de Seguridad Pública, a los 32 procuradores de justicia, a los 32 secretarios generales de gobierno de las entidades, a los también 32 secretarios estatales correspondientes, a los subprocuradores estatales, a los 32 responsables de las policías preventivas, lo mismo que a los 32 responsables de las policías ministeriales o judiciales… también a todo aquel que aspira a ingresar a una institución o cuando la institución externa envía a un funcionario.
El primer paso a dar es rellenar un “compactado” del curriculum, de las propiedades y una de las preguntas es “escriba usted 5 de sus defectos y 5 de sus virtudes”. Quienes han atravesado por el trámite advierten que hay que poner “ojo con los defectos, y tener cuidado con las virtudes… es un calvario el enredo en que te quieren meter los dizque psicólogos con los defectos (causal de no aprobación) y las virtudes dan otro tanto de problemas.”
Burocratizado, el organismo evaluador demanda que se presente una copia reciente de la cartilla del Servicio Militar. Lo peor es que este requisito también le es demandado a los generales del Ejército que, en posición de retiro, prestan servicios como secretarios estatales de seguridad pública, lo que por supuesto muchos toman como ofensivo, pues saben que en la propia Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, aún en la PGR, proliferan las cartillas con liberación falsificada.
Cada dos años, dichos funcionarios y todos los trabajadores deben presentarse a la evaluación. Es el plazo de su validez. Y si el tramitante resulta “no promovido”, “no apto” o “reprobado”, debe dejar pasar 365 días para volver a intentar aprobar la evaluación.
Hay muchísimos policías de las entidades federativas que llegan hasta el Centro de Evaluación –ubicado en el Paseo de la Reforma esquina con Varsovia, en la capital de la República—sin viáticos. Y los exámenes pueden durar hasta cinco o seis días. Obviamente, al estar sin recursos regresan a sus centros de trabajo cuando les apremia el hambre, no concluyen la evaluación y pasan a formar parte de la gozosa estadística que Alcántara presenta para “balconear” cual poco o nada confiables –muchos sí lo son– a los elementos policiacos.
En fechas recientes, Alcántara ha puesto en evidencia –con claros propósitos electoreros– a funcionarios de las entidades federativas. De aquellos que son empleados de la Federación, por supuesto, nada dijo.
¿Han aprobado las evaluaciones de control de confianza Genaro García Luna y su equipo de colaboradores más cercanos? ¿De verdad, pese a la pésima fama pública de la que gozan muchos de ellos?
¿Y la procuradora y su entorno?
Mañana le empiezo a platicar, paso a paso, de qué tratan estos exámenes.
Y claro, de las “trampitas”, timos y engañifas a los que son sometidos la mayoría de quienes, no siendo gratos a la fallida Administración de Felipe Calderón, resultan –según los paniaguados de Los Pinos– poco o nada confiables para desempeñar los cargos relacionados con la seguridad pública.
Y es que, por ahí, les van a asestar en breve un par de golpes al PRI y al PRD. Ya lo verá usted.
Índice Flamígero: ¿Dónde estaban los panistas cuando Gustavo Díaz Ordaz ordenó la masacre de Tlatelolco –que hoy, dice Antonio Navalón, equivale a “una tarde en Chihuahua”? Aplaudían a rabiar, en nombre de “la gente decente”, el que no se cancelaran los XIX Juegos Olímpicos, porque quién-sabe-qué-dirían-de-nosotros en el extranjero, ¿o no? Y ¿dónde estaban los panistas cuando se dio el súper atraco a los mexicanos llamado Fobaproa? Pues, con Felipe Calderón al frente, firmando los pagarés a los bancos que ya ni siquiera tienen a los mismos dueños. El ocupante de Los Pinos escupe para arriba cada ocasión que ataca a sus enemigos “a muerte” los priístas. Ambos organismos políticos son cómplices en matanzas y asaltos en despoblado sufridos en nuestro país durante las últimas décadas. Sobre todo en la presente. ¿A poco no? ‘Ora sí que ¿quién sabe qué clase de clembuterol on the rocks coma o beba el declarante michoacano?
¿Son seguros los exámenes de control de confianza que aplica la Federación? ¿Están capacitados los evaluadores? ¿Es una tarea poco institucional y sí, en cambio, partidizada?
La mayor parte de quienes han presentado los 16 exámenes de los que consta la evaluación podrían responder que no sirven para el fin que dicen tener — fortalecimiento de los niveles de confiabilidad, eficiencia, profesionalismo, apego a la legalidad y competencia” de quienes están relacionados con la tarea de brindar seguridad a la población… que aquellos que aplican los exámenes carecen de preparación o bien son resentidos sociales en cuyas manos depositan su prestigio… y que sí, claro que sí, que hay “línea” para aprobar o reprobar a discrecionalidad.
Las evaluaciones de control de confianza aplicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el panista Juan Miguel Alcántara, a través de su Centro Nacional de Certificación y Acreditación no nada más a los 32 secretarios estatales de Seguridad Pública, a los 32 procuradores de justicia, a los 32 secretarios generales de gobierno de las entidades, a los también 32 secretarios estatales correspondientes, a los subprocuradores estatales, a los 32 responsables de las policías preventivas, lo mismo que a los 32 responsables de las policías ministeriales o judiciales… también a todo aquel que aspira a ingresar a una institución o cuando la institución externa envía a un funcionario.
El primer paso a dar es rellenar un “compactado” del curriculum, de las propiedades y una de las preguntas es “escriba usted 5 de sus defectos y 5 de sus virtudes”. Quienes han atravesado por el trámite advierten que hay que poner “ojo con los defectos, y tener cuidado con las virtudes… es un calvario el enredo en que te quieren meter los dizque psicólogos con los defectos (causal de no aprobación) y las virtudes dan otro tanto de problemas.”
Burocratizado, el organismo evaluador demanda que se presente una copia reciente de la cartilla del Servicio Militar. Lo peor es que este requisito también le es demandado a los generales del Ejército que, en posición de retiro, prestan servicios como secretarios estatales de seguridad pública, lo que por supuesto muchos toman como ofensivo, pues saben que en la propia Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, aún en la PGR, proliferan las cartillas con liberación falsificada.
Cada dos años, dichos funcionarios y todos los trabajadores deben presentarse a la evaluación. Es el plazo de su validez. Y si el tramitante resulta “no promovido”, “no apto” o “reprobado”, debe dejar pasar 365 días para volver a intentar aprobar la evaluación.
Hay muchísimos policías de las entidades federativas que llegan hasta el Centro de Evaluación –ubicado en el Paseo de la Reforma esquina con Varsovia, en la capital de la República—sin viáticos. Y los exámenes pueden durar hasta cinco o seis días. Obviamente, al estar sin recursos regresan a sus centros de trabajo cuando les apremia el hambre, no concluyen la evaluación y pasan a formar parte de la gozosa estadística que Alcántara presenta para “balconear” cual poco o nada confiables –muchos sí lo son– a los elementos policiacos.
En fechas recientes, Alcántara ha puesto en evidencia –con claros propósitos electoreros– a funcionarios de las entidades federativas. De aquellos que son empleados de la Federación, por supuesto, nada dijo.
¿Han aprobado las evaluaciones de control de confianza Genaro García Luna y su equipo de colaboradores más cercanos? ¿De verdad, pese a la pésima fama pública de la que gozan muchos de ellos?
¿Y la procuradora y su entorno?
Mañana le empiezo a platicar, paso a paso, de qué tratan estos exámenes.
Y claro, de las “trampitas”, timos y engañifas a los que son sometidos la mayoría de quienes, no siendo gratos a la fallida Administración de Felipe Calderón, resultan –según los paniaguados de Los Pinos– poco o nada confiables para desempeñar los cargos relacionados con la seguridad pública.
Y es que, por ahí, les van a asestar en breve un par de golpes al PRI y al PRD. Ya lo verá usted.
Índice Flamígero: ¿Dónde estaban los panistas cuando Gustavo Díaz Ordaz ordenó la masacre de Tlatelolco –que hoy, dice Antonio Navalón, equivale a “una tarde en Chihuahua”? Aplaudían a rabiar, en nombre de “la gente decente”, el que no se cancelaran los XIX Juegos Olímpicos, porque quién-sabe-qué-dirían-de-nosotros en el extranjero, ¿o no? Y ¿dónde estaban los panistas cuando se dio el súper atraco a los mexicanos llamado Fobaproa? Pues, con Felipe Calderón al frente, firmando los pagarés a los bancos que ya ni siquiera tienen a los mismos dueños. El ocupante de Los Pinos escupe para arriba cada ocasión que ataca a sus enemigos “a muerte” los priístas. Ambos organismos políticos son cómplices en matanzas y asaltos en despoblado sufridos en nuestro país durante las últimas décadas. Sobre todo en la presente. ¿A poco no? ‘Ora sí que ¿quién sabe qué clase de clembuterol on the rocks coma o beba el declarante michoacano?
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