Miguel Ángel Granados Chapa
Además de elegir gobernador, en Coahuila se decidirá también el próximo domingo la integración de la legislatura local, compuesta por 16 diputados de mayoría y nueve de representación proporcional. En pos del Poder Ejecutivo contienden cuatro candidatos, de los que sólo dos alcanzarán votaciones significativas. Uno de ellos es Guillermo Anaya, sostenido por una peculiar coalición en que participan el PAN y un partido local, Unidad Democrática de Coahuila. Esta organización fue fundada por Evaristo Pérez Arreola, que cuando era comunista fundó el sindicalismo universitario en todo el país y en la UNAM en particular. Retirado después de muchos años de militancia en la izquierda, se radicó en Ciudad Acuña, su lugar de nacimiento, donde ganó la alcaldía. Ahora dirige el partido su hijo –que en su nombre revela la antigua fe política de su padre— Evaristo Lenin Pérez Rivera.
Anaya ha sido alcalde de Torreón, diputado federal y actualmente senador con licencia. El principal rasgo de su personalidad política, empero, no es su desempeño en esos cargos, sino el parentesco espiritual que mantiene con el presidente Felipe Calderón, de quien es compadre. Si se atiende al resultado de las encuestas (la de Covarrubias y asociados, por ejemplo) apenas obtendrá el segundo lugar en número de votos, pues las preferencias favorecen, en este mes de junio (como ha ocurrido desde enero) al candidato del PRI, Rubén Moreira. La diferencia es abismal, de tres a uno: elegirían al priísta 65 por ciento, mientras que sólo 22 por ciento votarán por el panista.
Moreira protagonizará el insólito caso de un hermano que reemplaza a otro en la gubernatura. Es verdad que actualmente ejerce un interino, Jorge Torres, pero su interregno apenas disimula el hecho de que en 2005 fue elegido gobernador constitucional Humberto Moreira y en 2011 lo será su hermano. Nunca en la historia política de México había ocurrido algo semejante, salvo el caso de los hermanos Cravioto (Rafael, Simón y Francisco), en Hidalgo. Pero eso fue en el porfiriato.
En el siglo corrido desde que terminó ese prolongado ejercicio del poder personal, algunas familias surtieron de gobernadores a sus estados. En el propio Hidalgo, a la dinastía fundada por Javier Rojo Gómez pertenecieron su cuñado José Lugo Guerrero, su hijo Jorge Rojo Lugo y los primos de éste, Adolfo Lugo Verduzco y Humberto Lugo Gil. En Michoacán gobernaron el general Lázaro Cárdenas, su hermano Dámaso, su hijo Cuauhtémoc y su nieto Lázaro; en Guerrero los Rubén Figueroa, padre e hijo. Y en Puebla Maximino y Rafael Ávila Camacho. Eran hermanos, pero entre el gobierno de uno y otro mediaron diez años. Tampoco en el resto de los clanes gobernantes hubo sucesión continua entre parientes.
Para batir a Moreira iban a aliarse el PAN y el PRD, aunque éste iba en condición más de adherente que de aliado, dada su precaria posición electoral. Rota la coalición ya pactada, el candidato perredista Genaro Fuantos apenas alcanza uno por ciento de las preferencias en la encuesta de Covarrubias y asociados. Es el mismo porcentaje de Jesús González Schmal, presentado por Convergencia y el PT.
El duelo entre Moreira y Anaya no ha consistido en el cotejo de personalidades y programas. Cada uno de ellos ha sido expuesto por su adversario (o por su equipo) como indigno de confianza. Ha salido a la luz información relevante sobre las aficiones inmobiliarias del candidato panista, que adquirió en Chihuahua un rancho de agostadero pagando la décima parte de su valor, en una operación realizada por la señora Anaya (y no directamente por su esposo) y en que las vendedoras fueron militantes panistas torreonenses.
Ha sido más copiosa la información sobre manejos financieros irregulares de dos colaboradores del actual presidente nacional del PRI, Vicente Chaires y Javier Villarreal. Uno habría acrecentado su fortuna personal en forma súbita e inexplicable, pues sus cargos oficiales (siempre al lado de Moreira como su gente de mayor confianza) no habrían sido remunerados de tal forma que le permitieran ser propietario o socio de empresas de medios audiovisuales o de bienes raíces.
A última hora, en vísperas electorales, el delegado panista en Coahuila, senador Federico Doring, presentó nuevas acusaciones contra Villarreal, secretario ejecutivo del sistema local de administración tributaria. Este funcionario (que antes fue secretario de Finanzas) habría colocado deuda pública con base en decretos de autorización legislativa apócrifos o inexistentes. Es el caso de un crédito por dos mil millones de pesos para la Comisión de Aguas y Saneamiento de Coahuila, y el de otro por la mitad de ese monto, mil millones de pesos “con el objeto de destinarlo a programas de inversión y de obra pública”, así en esos vagos términos. Como preámbulo a esos señalamientos, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hizo notar el abrumador endeudamiento del gobierno del primer Moreira, que asciende a treinta mil millones de pesos.
Villarreal participó también como testigo de honor en la firma de contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila. De los fondos de Prodemin, presuntamente creada para asegurar precios justos a los productores de carbón y seguridad industrial para los trabajadores mineros, el gobierno de Humberto Moreira habría hecho desaparecer 762 millones de pesos, 472 de los cuales ingresaron a la Promotora entre 2006 y 2010 y el resto, 290, en lo que va de este año.
Además de elegir gobernador, en Coahuila se decidirá también el próximo domingo la integración de la legislatura local, compuesta por 16 diputados de mayoría y nueve de representación proporcional. En pos del Poder Ejecutivo contienden cuatro candidatos, de los que sólo dos alcanzarán votaciones significativas. Uno de ellos es Guillermo Anaya, sostenido por una peculiar coalición en que participan el PAN y un partido local, Unidad Democrática de Coahuila. Esta organización fue fundada por Evaristo Pérez Arreola, que cuando era comunista fundó el sindicalismo universitario en todo el país y en la UNAM en particular. Retirado después de muchos años de militancia en la izquierda, se radicó en Ciudad Acuña, su lugar de nacimiento, donde ganó la alcaldía. Ahora dirige el partido su hijo –que en su nombre revela la antigua fe política de su padre— Evaristo Lenin Pérez Rivera.
Anaya ha sido alcalde de Torreón, diputado federal y actualmente senador con licencia. El principal rasgo de su personalidad política, empero, no es su desempeño en esos cargos, sino el parentesco espiritual que mantiene con el presidente Felipe Calderón, de quien es compadre. Si se atiende al resultado de las encuestas (la de Covarrubias y asociados, por ejemplo) apenas obtendrá el segundo lugar en número de votos, pues las preferencias favorecen, en este mes de junio (como ha ocurrido desde enero) al candidato del PRI, Rubén Moreira. La diferencia es abismal, de tres a uno: elegirían al priísta 65 por ciento, mientras que sólo 22 por ciento votarán por el panista.
Moreira protagonizará el insólito caso de un hermano que reemplaza a otro en la gubernatura. Es verdad que actualmente ejerce un interino, Jorge Torres, pero su interregno apenas disimula el hecho de que en 2005 fue elegido gobernador constitucional Humberto Moreira y en 2011 lo será su hermano. Nunca en la historia política de México había ocurrido algo semejante, salvo el caso de los hermanos Cravioto (Rafael, Simón y Francisco), en Hidalgo. Pero eso fue en el porfiriato.
En el siglo corrido desde que terminó ese prolongado ejercicio del poder personal, algunas familias surtieron de gobernadores a sus estados. En el propio Hidalgo, a la dinastía fundada por Javier Rojo Gómez pertenecieron su cuñado José Lugo Guerrero, su hijo Jorge Rojo Lugo y los primos de éste, Adolfo Lugo Verduzco y Humberto Lugo Gil. En Michoacán gobernaron el general Lázaro Cárdenas, su hermano Dámaso, su hijo Cuauhtémoc y su nieto Lázaro; en Guerrero los Rubén Figueroa, padre e hijo. Y en Puebla Maximino y Rafael Ávila Camacho. Eran hermanos, pero entre el gobierno de uno y otro mediaron diez años. Tampoco en el resto de los clanes gobernantes hubo sucesión continua entre parientes.
Para batir a Moreira iban a aliarse el PAN y el PRD, aunque éste iba en condición más de adherente que de aliado, dada su precaria posición electoral. Rota la coalición ya pactada, el candidato perredista Genaro Fuantos apenas alcanza uno por ciento de las preferencias en la encuesta de Covarrubias y asociados. Es el mismo porcentaje de Jesús González Schmal, presentado por Convergencia y el PT.
El duelo entre Moreira y Anaya no ha consistido en el cotejo de personalidades y programas. Cada uno de ellos ha sido expuesto por su adversario (o por su equipo) como indigno de confianza. Ha salido a la luz información relevante sobre las aficiones inmobiliarias del candidato panista, que adquirió en Chihuahua un rancho de agostadero pagando la décima parte de su valor, en una operación realizada por la señora Anaya (y no directamente por su esposo) y en que las vendedoras fueron militantes panistas torreonenses.
Ha sido más copiosa la información sobre manejos financieros irregulares de dos colaboradores del actual presidente nacional del PRI, Vicente Chaires y Javier Villarreal. Uno habría acrecentado su fortuna personal en forma súbita e inexplicable, pues sus cargos oficiales (siempre al lado de Moreira como su gente de mayor confianza) no habrían sido remunerados de tal forma que le permitieran ser propietario o socio de empresas de medios audiovisuales o de bienes raíces.
A última hora, en vísperas electorales, el delegado panista en Coahuila, senador Federico Doring, presentó nuevas acusaciones contra Villarreal, secretario ejecutivo del sistema local de administración tributaria. Este funcionario (que antes fue secretario de Finanzas) habría colocado deuda pública con base en decretos de autorización legislativa apócrifos o inexistentes. Es el caso de un crédito por dos mil millones de pesos para la Comisión de Aguas y Saneamiento de Coahuila, y el de otro por la mitad de ese monto, mil millones de pesos “con el objeto de destinarlo a programas de inversión y de obra pública”, así en esos vagos términos. Como preámbulo a esos señalamientos, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hizo notar el abrumador endeudamiento del gobierno del primer Moreira, que asciende a treinta mil millones de pesos.
Villarreal participó también como testigo de honor en la firma de contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila. De los fondos de Prodemin, presuntamente creada para asegurar precios justos a los productores de carbón y seguridad industrial para los trabajadores mineros, el gobierno de Humberto Moreira habría hecho desaparecer 762 millones de pesos, 472 de los cuales ingresaron a la Promotora entre 2006 y 2010 y el resto, 290, en lo que va de este año.
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