Apro
El Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó que altos mandos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) solaparon la introducción ilegal de armas a México como parte del operativo “Rápido y Furioso” y que éste sí contribuyó al aumento de la violencia en México.
Asimismo, los acusó de ser responsables del fracaso de las medidas de salvaguarda y de contribuir a la violencia y a la muerte de ciudadanos de ambos países.
De acuerdo con un informe de 50 páginas elaborado por Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión, los principales responsables de permitir el trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México son Kenneth Melson, director de la ATF; el subdirector de dicha oficina, Billy Hoover y el director adjunto de Operaciones, William McMahon.
En el informe difundido hoy, el presidente del poderoso Comité de Supervisión Gubernamental señala que Melson recibía informes semanales sobre el desarrollo del operativo “Rápido y Furioso”, mientras que Hoover, estaba “ávidamente interesado en las actualizaciones del caso”. Según el reporte, McMahon estaba tan “emocionado” con “Rápido y Furioso” que recibió un informe especial sobre el programa en Phoenix, Arizona.
A través del operativo “Rápido y Furioso” se introdujeron ilegalmente a México más de dos mil rifles de asalto y de 50 rifles de estilo francotirador.
El informe recoge los testimonios de varios agentes de la ATF -Pete Forcelli, Olindo Casa, Larry Alt y John Dodson- que han acusado a sus superiores de actuar insensiblemente al tolerar una estrategia “arriesgada”.
Asimismo, el presidente del Comité acusó al Departamento de Justicia de “entorpecer” las investigaciones al escamotear información sobre el caso. Para el legislador Darrell Issa significa que dicha dependencia ha asumido una “posición de negación”.
En diciembre de 2010, el agente Brian Terri fue ejecutado con una de las armas que fueron introducidas ilegalmente a México como parte del operativo.
Según las acusaciones de los agentes, en el otoño de 2009 la oficina de ATF en Phoenix decidió usar una nueva estrategia bautizada como Gunwalkin. El objetivo de este esquema arriesgado era permitir que testaferros compraran armas en Estados Unidos para poder rastrearlas en México.
“Los altos mandos de la ATF y del Departamento de Justicia estaban interesados en conocer el destino de estas armas. Ellos esperaban establecer una conexión entre los compradores locales en Arizona y los cárteles de las drogas en México”, se indica en el reporte.
“Desafortunadamente, el ATF nunca logró la meta loable de desmantelar a un cártel de las drogas. De hecho, nunca estuvo cerca. Luego de meses y meses de trabajo de investigación, ‘Rápido y Furioso’ resultó sólo en acusaciones contra 20 compradores locales”, añade el informe.
En el texto se hace mención a la situación de constante “tensión” de los agentes cuando veían las imágenes que llegaban desde México, con la violencia y las muertes provocadas posiblemente con las armas que se habían permitido cruzar y a las que posteriormente se les perdió la pista, por fallas en los sistemas de rastreo y salvaguardas.
A pesar de ello y de las constantes protestas de algunos agentes contra esta estrategia, el jefe de grupo de la ATF en Phoenix, David Voth, decidió mantener el operativo contra viento y marea:
“Creo que estamos en lo correcto en nuestro plan de desmantelar esta organización entera y el apresurarnos al arresto de cualquier persona sin tomar en cuenta el alcance entero de la conspiración sería malo para el beneficio global de la misión”, aseguró Voth según el contenido de un correo electrónico de abril de 2009.
“La operación ‘Rápido y Furioso’ contribuyó al aumento de la violencia y de muertes en México”, se asegura en el informe.
El Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó que altos mandos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) solaparon la introducción ilegal de armas a México como parte del operativo “Rápido y Furioso” y que éste sí contribuyó al aumento de la violencia en México.
Asimismo, los acusó de ser responsables del fracaso de las medidas de salvaguarda y de contribuir a la violencia y a la muerte de ciudadanos de ambos países.
De acuerdo con un informe de 50 páginas elaborado por Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión, los principales responsables de permitir el trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México son Kenneth Melson, director de la ATF; el subdirector de dicha oficina, Billy Hoover y el director adjunto de Operaciones, William McMahon.
En el informe difundido hoy, el presidente del poderoso Comité de Supervisión Gubernamental señala que Melson recibía informes semanales sobre el desarrollo del operativo “Rápido y Furioso”, mientras que Hoover, estaba “ávidamente interesado en las actualizaciones del caso”. Según el reporte, McMahon estaba tan “emocionado” con “Rápido y Furioso” que recibió un informe especial sobre el programa en Phoenix, Arizona.
A través del operativo “Rápido y Furioso” se introdujeron ilegalmente a México más de dos mil rifles de asalto y de 50 rifles de estilo francotirador.
El informe recoge los testimonios de varios agentes de la ATF -Pete Forcelli, Olindo Casa, Larry Alt y John Dodson- que han acusado a sus superiores de actuar insensiblemente al tolerar una estrategia “arriesgada”.
Asimismo, el presidente del Comité acusó al Departamento de Justicia de “entorpecer” las investigaciones al escamotear información sobre el caso. Para el legislador Darrell Issa significa que dicha dependencia ha asumido una “posición de negación”.
En diciembre de 2010, el agente Brian Terri fue ejecutado con una de las armas que fueron introducidas ilegalmente a México como parte del operativo.
Según las acusaciones de los agentes, en el otoño de 2009 la oficina de ATF en Phoenix decidió usar una nueva estrategia bautizada como Gunwalkin. El objetivo de este esquema arriesgado era permitir que testaferros compraran armas en Estados Unidos para poder rastrearlas en México.
“Los altos mandos de la ATF y del Departamento de Justicia estaban interesados en conocer el destino de estas armas. Ellos esperaban establecer una conexión entre los compradores locales en Arizona y los cárteles de las drogas en México”, se indica en el reporte.
“Desafortunadamente, el ATF nunca logró la meta loable de desmantelar a un cártel de las drogas. De hecho, nunca estuvo cerca. Luego de meses y meses de trabajo de investigación, ‘Rápido y Furioso’ resultó sólo en acusaciones contra 20 compradores locales”, añade el informe.
En el texto se hace mención a la situación de constante “tensión” de los agentes cuando veían las imágenes que llegaban desde México, con la violencia y las muertes provocadas posiblemente con las armas que se habían permitido cruzar y a las que posteriormente se les perdió la pista, por fallas en los sistemas de rastreo y salvaguardas.
A pesar de ello y de las constantes protestas de algunos agentes contra esta estrategia, el jefe de grupo de la ATF en Phoenix, David Voth, decidió mantener el operativo contra viento y marea:
“Creo que estamos en lo correcto en nuestro plan de desmantelar esta organización entera y el apresurarnos al arresto de cualquier persona sin tomar en cuenta el alcance entero de la conspiración sería malo para el beneficio global de la misión”, aseguró Voth según el contenido de un correo electrónico de abril de 2009.
“La operación ‘Rápido y Furioso’ contribuyó al aumento de la violencia y de muertes en México”, se asegura en el informe.
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