Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
“La política, decía Groucho Marx, es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Eso, al pie de la letra, fue lo que se hizo con el caso Hank. No se puede concebir una operación política (porque no nos engañemos, de ese se trató) peor propuesta, peor dirigida, peor diagnosticada y una vez detonada, peor resuelta. Todo salió mal, porque, una vez más, no se tuvo conciencia de los distintos pasos que se debían dar, de los actores involucrados, de los detalles, pequeños o grandes, que son los que dan forma a las cosas.
¿Quién es el responsable de este fracaso? En las últimas horas muchos han utilizado su tiempo en señalar a otros. Lo cierto es que públicamente nadie ha dado la cara para asumir esto que no es más que un gran fracaso del Gobierno federal. Y si nadie sale a dar la cara dentro de su equipo el fracaso lo carga su jefe, o sea el presidente Calderón y las instituciones, como el Ejército y la PGR.
Veamos el desempeño de los distintos actores. El Ejército tiene razón en un punto: a ellos le encargaron una tarea, la realizaron, detuvieron a la persona que se les indicó y lo entregaron al ministerio público. Ahí concluye su participación. Es verdad, pero entonces tenemos que saber quién dio la orden, quién realizó la planeación, incluso en términos muy pragmáticos quién dejó en manos del acusado y su defensa todas las cámaras y cintas de video que demostraban que no hubo flagrancia en la detención. Ese es un punto clave: hablando con personajes con enorme experiencia en tareas de seguridad, la pregunta que todos se hacían es porqué no se solicitó, aunque fuera con la máxima premura, una orden de cateo para llegar con un ministerio público federal al operativo. Las contradicciones que establece la juez entre lo ocurrido, que se puede checar con los videos, y los partes militares entregados por el Ejército y respaldados por el Ministerio público, no coinciden en tiempos, distancias, ni siquiera se puede acreditar que las armas denunciadas realmente estuvieran allí. Y hasta el día de hoy las mismas no han sido presentadas. Observando la movilización que generó ese operativo se antoja difícil creer que fue espontáneo y producto de una simple denuncia ciudadana. Todo eso fue ordenado y operado ¿quién se hace responsable?
La procuradora Marisela Morales se llevó la peor parte pero se debe reconocer que su responsabilidad es parcial: cuando recibió el caso y al detenido, estaba ante hechos consumados y no tenía mayor margen de maniobra, más que tomar las pruebas que se le entregaron y armar el caso en el Ministerio Público federal para entregarlo ante un juez. Como sabemos el caso fue rechazado y se procederá a apelar la resolución judicial, pero no parece que haya demasiado margen para hacerlo. Me queda sin embargo una duda ¿por qué no se operó sobre otros presuntos delitos, desde el caso de Héctor Félix Miranda hasta la importación ilegal de automóviles de lujo?
Quizás no se hizo por las mismas razones por las cuales, cuando les fue presentado en la PGR, desde instancias gubernamentales, el tema del presunto testigo protegido que aseguraba que Hank Rhon había ordenado matar a la novia de su hijo Sergio, nos aseguran que se dijo en la PGR que no había elementos suficientes para ordenar un arraigo con ese único elemento. Y por eso el caso fue enviado a la procuraduría de Baja California, donde el procurador Rommel Moreno, que ha tenido tan buen desempeño en muchos otros casos, se vio en éste obligado a ofrecer una conferencia de prensa a las dos de la tarde hora local anunciando que Hank estaba arraigado acusado de ese delito para quedar en ridículo apenas dos horas después, porque otro juez había desechado la acusación y ordenado, por segunda ocasión en 12 horas, la liberación de Hank. El victimario se había convertido en víctima.
Falta en todo esto el protagonista principal, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. No se puede concebir que un operativo de esta magnitud se haya llevado a cabo en Baja California, su tierra y donde tiene innumerables hilos de poder, sin que estuviera informado de ello, además estar por lo menos informado es su obligación como secretario de Gobernación. Es más, se asegura que ese fin de semana el secretario Blake lo estaba pasando en su estado. De todas formas, la decisión política de un operativo de este tipo se toma en las oficinas de Bucareli. Desde allí se deben coordinar las fuerzas de seguridad, incluso con el Ministerio Público. Desde allí, aseguran distintas fuentes, se ordenó, cuando se veía que el caso se caía, que se sacara, aunque fuera obvia y a destiempo, la carta del “testigo protegido” y el asesinato de la novia del hijo. Y ahí se tendría que dar la cara para asumir la responsabilidad. Porque hasta ahora los que aparecen como culpables exclusivos son el Ejército, la PGR y la Presidencia: tres instituciones centrales del Estado seriamente golpeadas para que un funcionario no asuma su responsabilidad personal.
“La política, decía Groucho Marx, es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Eso, al pie de la letra, fue lo que se hizo con el caso Hank. No se puede concebir una operación política (porque no nos engañemos, de ese se trató) peor propuesta, peor dirigida, peor diagnosticada y una vez detonada, peor resuelta. Todo salió mal, porque, una vez más, no se tuvo conciencia de los distintos pasos que se debían dar, de los actores involucrados, de los detalles, pequeños o grandes, que son los que dan forma a las cosas.
¿Quién es el responsable de este fracaso? En las últimas horas muchos han utilizado su tiempo en señalar a otros. Lo cierto es que públicamente nadie ha dado la cara para asumir esto que no es más que un gran fracaso del Gobierno federal. Y si nadie sale a dar la cara dentro de su equipo el fracaso lo carga su jefe, o sea el presidente Calderón y las instituciones, como el Ejército y la PGR.
Veamos el desempeño de los distintos actores. El Ejército tiene razón en un punto: a ellos le encargaron una tarea, la realizaron, detuvieron a la persona que se les indicó y lo entregaron al ministerio público. Ahí concluye su participación. Es verdad, pero entonces tenemos que saber quién dio la orden, quién realizó la planeación, incluso en términos muy pragmáticos quién dejó en manos del acusado y su defensa todas las cámaras y cintas de video que demostraban que no hubo flagrancia en la detención. Ese es un punto clave: hablando con personajes con enorme experiencia en tareas de seguridad, la pregunta que todos se hacían es porqué no se solicitó, aunque fuera con la máxima premura, una orden de cateo para llegar con un ministerio público federal al operativo. Las contradicciones que establece la juez entre lo ocurrido, que se puede checar con los videos, y los partes militares entregados por el Ejército y respaldados por el Ministerio público, no coinciden en tiempos, distancias, ni siquiera se puede acreditar que las armas denunciadas realmente estuvieran allí. Y hasta el día de hoy las mismas no han sido presentadas. Observando la movilización que generó ese operativo se antoja difícil creer que fue espontáneo y producto de una simple denuncia ciudadana. Todo eso fue ordenado y operado ¿quién se hace responsable?
La procuradora Marisela Morales se llevó la peor parte pero se debe reconocer que su responsabilidad es parcial: cuando recibió el caso y al detenido, estaba ante hechos consumados y no tenía mayor margen de maniobra, más que tomar las pruebas que se le entregaron y armar el caso en el Ministerio Público federal para entregarlo ante un juez. Como sabemos el caso fue rechazado y se procederá a apelar la resolución judicial, pero no parece que haya demasiado margen para hacerlo. Me queda sin embargo una duda ¿por qué no se operó sobre otros presuntos delitos, desde el caso de Héctor Félix Miranda hasta la importación ilegal de automóviles de lujo?
Quizás no se hizo por las mismas razones por las cuales, cuando les fue presentado en la PGR, desde instancias gubernamentales, el tema del presunto testigo protegido que aseguraba que Hank Rhon había ordenado matar a la novia de su hijo Sergio, nos aseguran que se dijo en la PGR que no había elementos suficientes para ordenar un arraigo con ese único elemento. Y por eso el caso fue enviado a la procuraduría de Baja California, donde el procurador Rommel Moreno, que ha tenido tan buen desempeño en muchos otros casos, se vio en éste obligado a ofrecer una conferencia de prensa a las dos de la tarde hora local anunciando que Hank estaba arraigado acusado de ese delito para quedar en ridículo apenas dos horas después, porque otro juez había desechado la acusación y ordenado, por segunda ocasión en 12 horas, la liberación de Hank. El victimario se había convertido en víctima.
Falta en todo esto el protagonista principal, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. No se puede concebir que un operativo de esta magnitud se haya llevado a cabo en Baja California, su tierra y donde tiene innumerables hilos de poder, sin que estuviera informado de ello, además estar por lo menos informado es su obligación como secretario de Gobernación. Es más, se asegura que ese fin de semana el secretario Blake lo estaba pasando en su estado. De todas formas, la decisión política de un operativo de este tipo se toma en las oficinas de Bucareli. Desde allí se deben coordinar las fuerzas de seguridad, incluso con el Ministerio Público. Desde allí, aseguran distintas fuentes, se ordenó, cuando se veía que el caso se caía, que se sacara, aunque fuera obvia y a destiempo, la carta del “testigo protegido” y el asesinato de la novia del hijo. Y ahí se tendría que dar la cara para asumir la responsabilidad. Porque hasta ahora los que aparecen como culpables exclusivos son el Ejército, la PGR y la Presidencia: tres instituciones centrales del Estado seriamente golpeadas para que un funcionario no asuma su responsabilidad personal.
Comentarios