Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
El secretario de la Defensa, Guillermo Galván, tiene dos problemas muy serios: el primero es que los soldados que irrumpieron en la casa de Jorge Hank Rhon y lo detuvieron por acopio de armas, no tenían orden de cateo; el segundo, que suplantaron en una acción irregular las funciones que corresponden normalmente a la autoridad local y en casos particulares a agentes federales. La acción militar metió al Ejército en el terreno de una nueva acción ilegal dentro de sus tareas de combate al narcotráfico, y fuera de sus funciones de salvaguardar la seguridad nacional.
La operación militar tiene inmerso al gobierno en una serie de contradicciones, entre lo que afirman el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y los procedimientos de rutina en casos análogos, que dan pie para asegurar que el arresto es ilegal y que en Los Pinos, al avalar la acción militar, rompe con el Estado de Derecho. El gobierno no aceptará la conculcación del debido proceso y el debate se debería abrir sobre tecnicismos jurídicos.
En su comunicado del 4 de junio sobre el suceso, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, informaron de la detención de Hank y 10 personas. “Los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia de tres personas armadas a inmediaciones del hotel Palacio… mismos que al ser aprehendidos por el personal militar, señalaron que en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento. A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron en el domicilio”.
Las autoridades señalaron que la tropa realizó las detenciones en flagrancia, tras haber visto cómo se metían a la casa otras personas armadas. “No se violaron los derechos elementales de Jorge Hank Rhon y su esposa, ya que el operativo donde se detuvo a este último fue una persecución en flagrancia por la posesión ilegal de armas”, insistió en una entrevista de radio el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré.
En ambos casos, hay una debilidad argumentativa. La definición de flagrancia establece que esta se aplica cuando se ha cometido un delito públicamente, cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo mismo en que lo consumaba. La irrupción de la tropa en la casa de Hank fue discrecional y rompe con procedimientos policiales en situaciones similares. Han habido casos donde se detuvo a personas armadas quienes al precisar para quién trabajan, no provocaron que las autoridades irrumpieran en las casas o las empresas de sus patrones.
De haber sido esa la norma, gobernadores, presidentes municipales, empresarios y dueños de medios de comunicación habrían sido detenidos en este sexenio, por las armas de sus escoltas. Hace unas semanas, por ejemplo, un convoy de cuatro camionetas negras blindadas y vidrios polarizados corría por una avenida de la ciudad de México, saltándose todo semáforo a su paso. Agentes federales detectaron el convoy y lo pararon.
Los ocupantes de las camionetas no se bajaron hasta que un grupo táctico de la Policía Federal llegó dispuesto a lanzar gases lacrimógenos dentro de los vehículos. Los ocupantes se identificaron como escoltas del alcalde de Apatzingán, a quienes se detuvo durante una hora para corroborar su versión. Una vez demostrado que así era, los dejaron en libertad. La Policía Federal, que los capturó en flagrancia, no fue en automático contra su jefe inmediato o el presidente municipal.
La unidad militar que irrumpió en la casa de Hank siguió un procedimiento distinto al establecido por las policías, que cuando se dan este tipo de situaciones se asegura el perímetro del inmueble bajo sospecha para que nadie entre o salga, mientras se consigue la orden de cateo. El alto mando militar autorizó a su tropa a realizar una acción policial sin policías, aplicando lo que el Senado les negó cuando se discutió la Ley de Seguridad Nacional: las funciones de policía y de ministerio público que pedían los secretarios Galván y Francisco Saynez, de la Marina para sus fuerzas.
Hank estaba dormido en el momento en que irrumpieron en su domicilio, y no fue sino hasta más de 36 horas después cuando se realizaron los cateos en su casa. La ampliación del tiempo legal que tomó la PGR para determinar su situación jurídica, sugieren falta de elementos o deficiencia de pruebas para poder pedir al juez una orden de aprehensión y mantenerlo en la cárcel durante el proceso en su contra.
No está claro quién ordenó la acción militar, pero rápidamente se deslindó al presidente Felipe Calderón. Poiré dijo que no estaba informado, lo que es posible aunque extraño, al ser un caso de alto impacto. Si el general Galván no le informó del arresto de Hank, hay una ruptura en la línea de mando, ya que por manual el secretario debió haber informado al Presidente. Más allá de ello, los militares realizaron funciones que son competencia de la policía municipal o de agentes federales. Es decir, en sus tareas de combate al narcotráfico, se apartaron de ellas para fungir como policía, lo que transgrede la ya polémica función de permanecer en las calles para combatir la delincuencia organizada.
Hank tenía en su poder armas largas y un arsenal que prohíbe la ley. Visto únicamente en ese plano, es presunto responsable de ello y tendrá que probar que es inocente. Él ha declarado a la prensa, no al Ministerio Público Federal, que las armas fueron plantadas. Esta es una discusión entre dichos, derivado directo del desaseo del Ejército en su acción militar. De haberse realizado un cateo conforme a derecho, los términos de la discusión se encontrarían en otro lado y no en una balanza tan negativa, pese a la muy mala fama de Hank, para el gobierno.
El secretario de la Defensa, Guillermo Galván, tiene dos problemas muy serios: el primero es que los soldados que irrumpieron en la casa de Jorge Hank Rhon y lo detuvieron por acopio de armas, no tenían orden de cateo; el segundo, que suplantaron en una acción irregular las funciones que corresponden normalmente a la autoridad local y en casos particulares a agentes federales. La acción militar metió al Ejército en el terreno de una nueva acción ilegal dentro de sus tareas de combate al narcotráfico, y fuera de sus funciones de salvaguardar la seguridad nacional.
La operación militar tiene inmerso al gobierno en una serie de contradicciones, entre lo que afirman el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y los procedimientos de rutina en casos análogos, que dan pie para asegurar que el arresto es ilegal y que en Los Pinos, al avalar la acción militar, rompe con el Estado de Derecho. El gobierno no aceptará la conculcación del debido proceso y el debate se debería abrir sobre tecnicismos jurídicos.
En su comunicado del 4 de junio sobre el suceso, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, informaron de la detención de Hank y 10 personas. “Los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia de tres personas armadas a inmediaciones del hotel Palacio… mismos que al ser aprehendidos por el personal militar, señalaron que en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento. A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron en el domicilio”.
Las autoridades señalaron que la tropa realizó las detenciones en flagrancia, tras haber visto cómo se metían a la casa otras personas armadas. “No se violaron los derechos elementales de Jorge Hank Rhon y su esposa, ya que el operativo donde se detuvo a este último fue una persecución en flagrancia por la posesión ilegal de armas”, insistió en una entrevista de radio el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré.
En ambos casos, hay una debilidad argumentativa. La definición de flagrancia establece que esta se aplica cuando se ha cometido un delito públicamente, cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo mismo en que lo consumaba. La irrupción de la tropa en la casa de Hank fue discrecional y rompe con procedimientos policiales en situaciones similares. Han habido casos donde se detuvo a personas armadas quienes al precisar para quién trabajan, no provocaron que las autoridades irrumpieran en las casas o las empresas de sus patrones.
De haber sido esa la norma, gobernadores, presidentes municipales, empresarios y dueños de medios de comunicación habrían sido detenidos en este sexenio, por las armas de sus escoltas. Hace unas semanas, por ejemplo, un convoy de cuatro camionetas negras blindadas y vidrios polarizados corría por una avenida de la ciudad de México, saltándose todo semáforo a su paso. Agentes federales detectaron el convoy y lo pararon.
Los ocupantes de las camionetas no se bajaron hasta que un grupo táctico de la Policía Federal llegó dispuesto a lanzar gases lacrimógenos dentro de los vehículos. Los ocupantes se identificaron como escoltas del alcalde de Apatzingán, a quienes se detuvo durante una hora para corroborar su versión. Una vez demostrado que así era, los dejaron en libertad. La Policía Federal, que los capturó en flagrancia, no fue en automático contra su jefe inmediato o el presidente municipal.
La unidad militar que irrumpió en la casa de Hank siguió un procedimiento distinto al establecido por las policías, que cuando se dan este tipo de situaciones se asegura el perímetro del inmueble bajo sospecha para que nadie entre o salga, mientras se consigue la orden de cateo. El alto mando militar autorizó a su tropa a realizar una acción policial sin policías, aplicando lo que el Senado les negó cuando se discutió la Ley de Seguridad Nacional: las funciones de policía y de ministerio público que pedían los secretarios Galván y Francisco Saynez, de la Marina para sus fuerzas.
Hank estaba dormido en el momento en que irrumpieron en su domicilio, y no fue sino hasta más de 36 horas después cuando se realizaron los cateos en su casa. La ampliación del tiempo legal que tomó la PGR para determinar su situación jurídica, sugieren falta de elementos o deficiencia de pruebas para poder pedir al juez una orden de aprehensión y mantenerlo en la cárcel durante el proceso en su contra.
No está claro quién ordenó la acción militar, pero rápidamente se deslindó al presidente Felipe Calderón. Poiré dijo que no estaba informado, lo que es posible aunque extraño, al ser un caso de alto impacto. Si el general Galván no le informó del arresto de Hank, hay una ruptura en la línea de mando, ya que por manual el secretario debió haber informado al Presidente. Más allá de ello, los militares realizaron funciones que son competencia de la policía municipal o de agentes federales. Es decir, en sus tareas de combate al narcotráfico, se apartaron de ellas para fungir como policía, lo que transgrede la ya polémica función de permanecer en las calles para combatir la delincuencia organizada.
Hank tenía en su poder armas largas y un arsenal que prohíbe la ley. Visto únicamente en ese plano, es presunto responsable de ello y tendrá que probar que es inocente. Él ha declarado a la prensa, no al Ministerio Público Federal, que las armas fueron plantadas. Esta es una discusión entre dichos, derivado directo del desaseo del Ejército en su acción militar. De haberse realizado un cateo conforme a derecho, los términos de la discusión se encontrarían en otro lado y no en una balanza tan negativa, pese a la muy mala fama de Hank, para el gobierno.
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