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Cinco años después de los enfrentamientos ocurridos en las afueras de Ciudad de México, las víctimas de la brutalidad policial y presunta agresión sexual están exigiendo justicia al Estado mexicano.
El 3 de mayo del 2006, policías altamente militarizados impidieron que un grupo de unos 60 vendedores de flores realizaran sus actividades en el mercado de Texcoco. Éstos se sublevaron con el respaldo de vecinos de San Salvador Atenco, famosos por oponerse a la construcción de un aeropuerto en sus tierras cuatro años antes.
La policía respondió con ataques el 3 y 4 de mayo, y la prensa divulgó golpizas a manifestantes y periodistas. Dos personas murieron, y 207 fueron detenidas, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
De los detenidos, 47 eran mujeres y 26 denunciaron haber sido agredidas sexualmente. Ahora esas mujeres luchan por que se vea su caso, y han recibido apoyo de grupos de derechos humanos en México y el extranjero.
Activistas llevaron a cabo manifestaciones en Ciudad de México, Hamburgo, Alemania, y Barcelona, España, para exigir que el Estado mexicano permita una investigación transparente. Las víctimas están tratando de que su caso sea visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, que en los últimos dos años ha condenado al gobierno de México por los feminicidios en Ciudad Juárez y el asesinato de varios defensores de derechos humanos.
“[Estas] graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de la población no han sido sancionadas ni reparadas de manera integral”, dice una carta abierta al Estado mexicano, firmada 73 por organizaciones mexicanas de derechos humanos, así como de Alemania, Suiza y EEUU. “No obstante ningún funcionario ha rendido cuentas, algunos hasta han sido promovidos en sus carreras y las investigaciones se encuentran paralizadas”.
“Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad y reconocimiento con las mujeres que se resisten a ser vistas como víctimas sin rostro y no dejan de luchar contra el olvido y la impunidad”, agrega la carta. “Quien debe avergonzarse por lo ocurrido en Atenco son los que perpetraron los hechos, los que los ordenaron y los que les han garantizado la impunidad”.
Cinco años después de los enfrentamientos ocurridos en las afueras de Ciudad de México, las víctimas de la brutalidad policial y presunta agresión sexual están exigiendo justicia al Estado mexicano.
El 3 de mayo del 2006, policías altamente militarizados impidieron que un grupo de unos 60 vendedores de flores realizaran sus actividades en el mercado de Texcoco. Éstos se sublevaron con el respaldo de vecinos de San Salvador Atenco, famosos por oponerse a la construcción de un aeropuerto en sus tierras cuatro años antes.
La policía respondió con ataques el 3 y 4 de mayo, y la prensa divulgó golpizas a manifestantes y periodistas. Dos personas murieron, y 207 fueron detenidas, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
De los detenidos, 47 eran mujeres y 26 denunciaron haber sido agredidas sexualmente. Ahora esas mujeres luchan por que se vea su caso, y han recibido apoyo de grupos de derechos humanos en México y el extranjero.
Activistas llevaron a cabo manifestaciones en Ciudad de México, Hamburgo, Alemania, y Barcelona, España, para exigir que el Estado mexicano permita una investigación transparente. Las víctimas están tratando de que su caso sea visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos, que en los últimos dos años ha condenado al gobierno de México por los feminicidios en Ciudad Juárez y el asesinato de varios defensores de derechos humanos.
“[Estas] graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de la población no han sido sancionadas ni reparadas de manera integral”, dice una carta abierta al Estado mexicano, firmada 73 por organizaciones mexicanas de derechos humanos, así como de Alemania, Suiza y EEUU. “No obstante ningún funcionario ha rendido cuentas, algunos hasta han sido promovidos en sus carreras y las investigaciones se encuentran paralizadas”.
“Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad y reconocimiento con las mujeres que se resisten a ser vistas como víctimas sin rostro y no dejan de luchar contra el olvido y la impunidad”, agrega la carta. “Quien debe avergonzarse por lo ocurrido en Atenco son los que perpetraron los hechos, los que los ordenaron y los que les han garantizado la impunidad”.
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