Carole Simonnet / Reforma
México.- La dirigencia nacional del PAN lanzó otras dos denuncias contra el Gobierno de Coahuila.
En conferencia de prensa, el delegado del CEN en esa entidad, Federico Döring, acusó a Javier Villarreal, titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) de haber contratado en marzo de este año deuda pública falsificando documentos.
En un segundo caso, el senador aseguró que la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo que depende del SATEC, desvió a través de retenciones 762 millones de pesos que pertenecen a los productores de carbón, a pesar de que se tenía contemplado utilizar los recursos para su seguridad.
Las acusaciones se dan a horas del cierre de la campaña electoral en Coahuila y luego de que Döring denunciara la semana pasada ante la PGR a Villarreal y al coordinador administrativo del CEN del PRI, Vicente Chaires, por enriquecimiento inexplicable, luego de que REFORMA publicara que Chaires adquirió una serie de propiedades y negocios a partir de 2007.
Acompañado por legisladores locales y el diputado federal Jesús Ramírez, Döring presentó dos documentos mediante los cuales Villarreal notificó a la Secretaría de Hacienda la solicitud de dos préstamos -de mil y 2 mil millones de pesos- con instituciones financieras, con base en las autorizaciones que supuestamente otorgó el Congreso local mediante decretos.
Sin embargo, la diputada Esther Quintana dijo que no hubo autorización del Congreso y que los documentos presentados por el Gobierno estatal son apócrifos.
"El 12 de julio de 2010 no hubo publicación del Diario Oficial, es falso lo que presentaron a la Secretaría de Hacienda", apuntó mostrando copias del Diario Oficial de Coahuila.
"Vamos a exigir que el Congreso solicite cárcel para (el Gobernador con licencia) Humberto Moreira y quienes participaron en este tipo de ilícitos", subrayó el diputado Rodrigo Rivas.
De acuerdo con la documentación del PAN, los decretos 436 y 318 se refieren a la suplencia de una regidora y a la designación del contralor interno del instituto electoral local.
"Si tuvieran cara ya se les hubiera caído de vergüenza por mentirle a los bancos y colocar deuda con los impuestos de los coahuilenses, mintiéndole al Gobierno federal y a las instituciones que de buena fe les prestaron más de mil millones de pesos, que todavía no sabemos ni en qué se usó, ni cómo se utilizó ni cómo se pagó", reprochó el senador.
Respecto de la segunda denuncia, el diputado Mario Dávila acusó al actual presidente nacional del PRI de haber desaparecido 762 millones de pesos, al convertir la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila en la "caja chica" de su gobierno.
"Durante su administración, desvirtuó el objetivo original de la Promotora, al convertirla en su caja chica, a través de retenciones a los productores, vía extorsión, contra la amenaza de no comercializar su producción si se negaban", aseveró.
Subrayó que de acuerdo con los contratos de PRODEMI con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en poder del PAN, un tercio de los recursos retenidos tenían que destinarse para seguridad de los trabajadores de las empresas mineras, obra social e infraestructura en la región carbonífera, lo cual hasta ahora no se ha cumplido.
"Hay cerca de 800 millones de pesos que no sabemos dónde están, los hermanos Moreira y Villarreal no han dado una sola explicación de dónde está ese recurso", denunció el diputado Ramírez.
México.- La dirigencia nacional del PAN lanzó otras dos denuncias contra el Gobierno de Coahuila.
En conferencia de prensa, el delegado del CEN en esa entidad, Federico Döring, acusó a Javier Villarreal, titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) de haber contratado en marzo de este año deuda pública falsificando documentos.
En un segundo caso, el senador aseguró que la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo que depende del SATEC, desvió a través de retenciones 762 millones de pesos que pertenecen a los productores de carbón, a pesar de que se tenía contemplado utilizar los recursos para su seguridad.
Las acusaciones se dan a horas del cierre de la campaña electoral en Coahuila y luego de que Döring denunciara la semana pasada ante la PGR a Villarreal y al coordinador administrativo del CEN del PRI, Vicente Chaires, por enriquecimiento inexplicable, luego de que REFORMA publicara que Chaires adquirió una serie de propiedades y negocios a partir de 2007.
Acompañado por legisladores locales y el diputado federal Jesús Ramírez, Döring presentó dos documentos mediante los cuales Villarreal notificó a la Secretaría de Hacienda la solicitud de dos préstamos -de mil y 2 mil millones de pesos- con instituciones financieras, con base en las autorizaciones que supuestamente otorgó el Congreso local mediante decretos.
Sin embargo, la diputada Esther Quintana dijo que no hubo autorización del Congreso y que los documentos presentados por el Gobierno estatal son apócrifos.
"El 12 de julio de 2010 no hubo publicación del Diario Oficial, es falso lo que presentaron a la Secretaría de Hacienda", apuntó mostrando copias del Diario Oficial de Coahuila.
"Vamos a exigir que el Congreso solicite cárcel para (el Gobernador con licencia) Humberto Moreira y quienes participaron en este tipo de ilícitos", subrayó el diputado Rodrigo Rivas.
De acuerdo con la documentación del PAN, los decretos 436 y 318 se refieren a la suplencia de una regidora y a la designación del contralor interno del instituto electoral local.
"Si tuvieran cara ya se les hubiera caído de vergüenza por mentirle a los bancos y colocar deuda con los impuestos de los coahuilenses, mintiéndole al Gobierno federal y a las instituciones que de buena fe les prestaron más de mil millones de pesos, que todavía no sabemos ni en qué se usó, ni cómo se utilizó ni cómo se pagó", reprochó el senador.
Respecto de la segunda denuncia, el diputado Mario Dávila acusó al actual presidente nacional del PRI de haber desaparecido 762 millones de pesos, al convertir la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila en la "caja chica" de su gobierno.
"Durante su administración, desvirtuó el objetivo original de la Promotora, al convertirla en su caja chica, a través de retenciones a los productores, vía extorsión, contra la amenaza de no comercializar su producción si se negaban", aseveró.
Subrayó que de acuerdo con los contratos de PRODEMI con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en poder del PAN, un tercio de los recursos retenidos tenían que destinarse para seguridad de los trabajadores de las empresas mineras, obra social e infraestructura en la región carbonífera, lo cual hasta ahora no se ha cumplido.
"Hay cerca de 800 millones de pesos que no sabemos dónde están, los hermanos Moreira y Villarreal no han dado una sola explicación de dónde está ese recurso", denunció el diputado Ramírez.
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