Esthela Damián Peralta
Resulta innegable que un riesgo latente es que las elecciones del próximo 3 de julio en el estado de México, Hidalgo, Nayarit y Coahuila, enfrenten el embate de la delincuencia organizada y que ésta busque influir en el resultado de la votación, así como en la instalación de casillas.
Muchas son las voces que coinciden en señalar que el escenario de los próximos comicios constituye una prueba de fuego en la vida democrática del país, pues cabe la posibilidad de que el crimen organizado inhiba a los ciudadanos para que salgan a votar, o bien pretendan inclinar la balanza a favor o en contra de determinado candidato.
En este sentido, no deja de inquietar el diagnóstico que hiciera la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que en las elecciones que se realizarán el próxmo domingo y las federales de 2012, aumentarán 120 por ciento los delitos electorales.
Ante la proximidad de los mencionados comicios, es necesario reforzar los mecanismos de seguridad que habrán de adoptarse, ya que recientemente la delincuencia organizada ha buscado incidir en los procesos electorales, manifestándose contra algunos candidatos.
Ejemplo de lo anterior es lo ocurrido al aspirante del PRD a la gubernatura de Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo, quien ha recibido diversas amenazas del crimen organizado, obligándolo a incrementar su seguridad para prevenir un hecho violento contra él o su familia.
Lamentablemente, no es la primera vez que un abanderado a ocupar un cargo de elección popular es amedrentado o atacado, ahí está el caso de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas, quien fue asesinado hace justo un año por sicarios que viajaban en un convoy que lo interceptó en su camino al aeropuerto, donde partiría a un cierre de campaña.
Las autoridades encargadas de la seguridad pública de los tres niveles de gobierno deben trabajar de manera coordinada para garantizar que el desarrollo de las jornadas electorales en el estado de México, Hidalgo, Nayarit y Coahuila, se lleven a cabo de manera pacífica y segura, tanto para los candidatos como para los ciudadanos que acudan a emitir su voto.
Los procesos electorales que se celebrarán en cada una de estas entidades deben de ser atendidos de manera coordinada por las instituciones electorales locales y la Fepade, esto con la intención de evitar que los electores sean intimidados cuando acudan a las urnas, que se realice proselitismo o se presione a los votantes en las casillas el día de la elección, que no se compren los votos o se viole la secrecía del sufragio, así como cualquier otro acto que pueda constituir un delito o ponga en riesgo el desarrollo, así como la transparencia de los comicios.
Un gobierno que surge de elecciones libres se reconoce como legítimo y democrático, pues la elección nace del derecho que se le concede al ciudadano para elegir a sus representantes.
Los electores deben tener la seguridad de que podrán acudir a las urnas sin ningún riesgo a su integridad física, convencidos de que las autoridades mantendrán el orden y que podrán emitir su voto a favor del candidato de su preferencia sin que eso signifique un riesgo para ellos o su familia.
El despliegue de vigilancia deberá llevarse a cabo en el ámbito de competencia de las instancias involucradas, sin incurrir en ninguna violación a los derechos humanos.
Una buena señal envió la Fepade al anunciar que en coordinación con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) y la Policía Federal Ministerial (PFM), realizarán un despliegue de 315 funcionarios federales para las elecciones del 3 de julio. Como parte de esta estrategia, se suscribieron programas de trabajo para prevenir la comisión de delitos electorales en dichas entidades.
Para denunciar cualquier conducta que pueda constituir un delito electoral federal, la ciudadanía tendrá a su disposición el número telefónico gratuito FEPADETEL: 01-800-8-33-72-33, del interior de la República y el 53-46-31-03 en la Ciudad de México. Ahora sólo cabe esperar que en verdad atiendan sin ningún problema la lluvia de llamadas que seguramente se habrán de recibir el próximo domingo.
Resulta innegable que un riesgo latente es que las elecciones del próximo 3 de julio en el estado de México, Hidalgo, Nayarit y Coahuila, enfrenten el embate de la delincuencia organizada y que ésta busque influir en el resultado de la votación, así como en la instalación de casillas.
Muchas son las voces que coinciden en señalar que el escenario de los próximos comicios constituye una prueba de fuego en la vida democrática del país, pues cabe la posibilidad de que el crimen organizado inhiba a los ciudadanos para que salgan a votar, o bien pretendan inclinar la balanza a favor o en contra de determinado candidato.
En este sentido, no deja de inquietar el diagnóstico que hiciera la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que en las elecciones que se realizarán el próxmo domingo y las federales de 2012, aumentarán 120 por ciento los delitos electorales.
Ante la proximidad de los mencionados comicios, es necesario reforzar los mecanismos de seguridad que habrán de adoptarse, ya que recientemente la delincuencia organizada ha buscado incidir en los procesos electorales, manifestándose contra algunos candidatos.
Ejemplo de lo anterior es lo ocurrido al aspirante del PRD a la gubernatura de Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo, quien ha recibido diversas amenazas del crimen organizado, obligándolo a incrementar su seguridad para prevenir un hecho violento contra él o su familia.
Lamentablemente, no es la primera vez que un abanderado a ocupar un cargo de elección popular es amedrentado o atacado, ahí está el caso de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas, quien fue asesinado hace justo un año por sicarios que viajaban en un convoy que lo interceptó en su camino al aeropuerto, donde partiría a un cierre de campaña.
Las autoridades encargadas de la seguridad pública de los tres niveles de gobierno deben trabajar de manera coordinada para garantizar que el desarrollo de las jornadas electorales en el estado de México, Hidalgo, Nayarit y Coahuila, se lleven a cabo de manera pacífica y segura, tanto para los candidatos como para los ciudadanos que acudan a emitir su voto.
Los procesos electorales que se celebrarán en cada una de estas entidades deben de ser atendidos de manera coordinada por las instituciones electorales locales y la Fepade, esto con la intención de evitar que los electores sean intimidados cuando acudan a las urnas, que se realice proselitismo o se presione a los votantes en las casillas el día de la elección, que no se compren los votos o se viole la secrecía del sufragio, así como cualquier otro acto que pueda constituir un delito o ponga en riesgo el desarrollo, así como la transparencia de los comicios.
Un gobierno que surge de elecciones libres se reconoce como legítimo y democrático, pues la elección nace del derecho que se le concede al ciudadano para elegir a sus representantes.
Los electores deben tener la seguridad de que podrán acudir a las urnas sin ningún riesgo a su integridad física, convencidos de que las autoridades mantendrán el orden y que podrán emitir su voto a favor del candidato de su preferencia sin que eso signifique un riesgo para ellos o su familia.
El despliegue de vigilancia deberá llevarse a cabo en el ámbito de competencia de las instancias involucradas, sin incurrir en ninguna violación a los derechos humanos.
Una buena señal envió la Fepade al anunciar que en coordinación con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) y la Policía Federal Ministerial (PFM), realizarán un despliegue de 315 funcionarios federales para las elecciones del 3 de julio. Como parte de esta estrategia, se suscribieron programas de trabajo para prevenir la comisión de delitos electorales en dichas entidades.
Para denunciar cualquier conducta que pueda constituir un delito electoral federal, la ciudadanía tendrá a su disposición el número telefónico gratuito FEPADETEL: 01-800-8-33-72-33, del interior de la República y el 53-46-31-03 en la Ciudad de México. Ahora sólo cabe esperar que en verdad atiendan sin ningún problema la lluvia de llamadas que seguramente se habrán de recibir el próximo domingo.
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