Gloria Leticia Díaz
Originario de Cárdenas, Tabasco, el subteniente de Infantería José Freddy Colorado Montejo es un hombre de 31 años, de estatura más bien baja, ojos rasgados y oscuros, piel morena... y la camisola de su uniforme azul de reo de la prisión del Campo Militar Número 1 no puede ocultar una pancita que revela que no es afecto al ejercicio.
Pero después de tres días de tortura a manos de policías judiciales militares en instalaciones de la XXX Zona Militar de Villahermosa, del 23 al 26 de mayo de 2009, Colorado firmó una declaración en la que admitió ser varios centímetros más alto, de piel blanca, ojos color miel, cuerpo de fisicoculturista, ser apodado El Rojo y recibir 25 mil pesos mensuales de Los Zetas por darles información de los operativos castrenses.
No sólo eso. Bajo la amenaza que le hicieron los militares de llamar a la maña (al crimen organizado) para que matara a su mujer y a sus hijos delante de él, Freddy Colorado firmó documentos en los que implicaba a cuatro soldados más y en los que aceptaba haber reclutado para trabajar para Los Zetas.
Los cinco son procesados en la causa penal 407/2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar por delitos contra la salud en su modalidad de “colaboración en cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos agravado”.
El subteniente Colorado narra la serie de irregularidades que lo llevaron a la cárcel del Campo Militar Número 1, donde estuvo del 31 de mayo de 2009 al 28 de abril de 2011, cuando fue trasladado al Cefereso de Perote, Veracruz.
Adscrito al 57 Batallón de Infantería de Cárdenas y comisionado para resguardar la base de operaciones de Pemex en La Venta, Tabasco, el 23 de mayo de 2009 recibió la orden del comandante de su batallón, Domingo Vargas Merlín, de presentarse ante el comandante de la Zona Militar, general José de Jesús Ramírez García.
Antes de ser trasladado, los oficiales Joa Omar Rodríguez Ocampo y Sandro Díaz le confiscaron el arma de cargo y el celular, y además se le impidió redactar un escrito por el que dejaba constancia de que la responsabilidad del resguardo de las instalaciones de Pemex quedaba en manos del teniente Julio César Rodríguez Arenas.
Tortura y amenazas
En la XXX Zona Militar lo obligaron a firmar una boleta de arresto por ocho días por “sustraer lo perteneciente a Pemex”. El subteniente replicó: “Esto no es un arresto, es un delito y yo no lo cometí”, pero le recordaron que si no firmaba podrían procesarlo por desobediencia.
A las 10 de la noche lo entregaron a policías judiciales militares vestidos de civil, comandados por el capitán segundo de artillería Antonio Ruperto Gasca Pérez. Lo trasladaron a la enfermería para hacerle una revisión médica.
Después lo llevaron a un cuarto de lo que se conoce como la enfermería vieja. “Me taparon con vendas la cara, sólo me dejaron libres las fosas nasales y la boca; me envolvieron con hule espuma el tórax y me esposaron las manos y los pies a una silla metálica.
“Me golpearon los oídos y el estómago, me dieron toques eléctricos en el cuerpo y en los testículos, me pusieron una bolsa de plástico en la cara, me sumergieron en agua... y los golpes que no acababan”, cuenta.
Al principio, asegura, los torturadores le ofrecieron ser testigo protegido: querían que declarara que el general Jaime Rufino Hernández Vázquez, quien antecedió a Ramírez García como comandante en la XXX Zona Militar, trabajaba con Los Zetas.
Hernández Vázquez fue condecorado por el secretario Guillermo Galván Galván el 20 de noviembre de 2008 por “Perseverancia Institucional”. Meses después solicitó el retiro y desde entonces salió del país, según el subteniente Colorado.
Freddy formó parte del grupo de enlace del general Hernández Vázquez, pero con funciones de mantenimiento de la Zona Militar. “No tenía información del movimiento de tropas; quienes hacen ese trabajo son los que están en el GAOI (Grupo de Análisis de Orden Interno).
Según el soldado entrevistado en los jardines de la prisión militar, luego de varias sesiones de tortura, sin conseguir que implicara a su exjefe, los judiciales militares lo acusaron a él de reclutar soldados y le dijeron que tenían un testigo: un indocumentado hondureño llamado Juan Carlos Martínez Sosa, El Negro Hondureño.
Esposado a la silla metálica y con las vendas de los ojos aflojadas, Colorado Montejo pudo ver a su acusador: un hombre flaco, con el rostro hinchado por los golpes y el brazo vendado, quien frente a él fue golpeado para que dijera que Freddy era uno de los militares a quienes Los Zetas entregaban 25 mil pesos mensuales.
“Cuando los judiciales militares me mostraron fotos de mi mujer y mis hijos y dijeron que iban a ir por ellos para matarlos delante de mí, me doblé. Les dije que firmaba lo que quisieran pero que no les hicieran daño”, cuenta Colorado con voz entrecortada.
Los otros cinco militares involucrados, apunta, también fueron torturados y obligados a firmar declaraciones.
El 31 de mayo, Freddy y sus compañeros fueron trasladados en avión al Distrito Federal e internados en la prisión del Campo Militar Número 1.
En su declaración preparatoria, el 1 de junio de 2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar (documento del que este semanario tiene copia), el subteniente denunció las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido para autoinculparse e implicar a cuatro soldados más.
Narró el momento en el que sucumbió a las órdenes de los policías militares. Con la foto de su mujer e hijos le dijeron que “iban a pasar los datos a La Maña para que matara a mi familia; o si no, que me iban a tirar en una calle de la ciudad con las fotografías de mi esposa y mis hijos nada más, y después ellos calentarían el terreno para que me localizara La Maña y me mataran a mí y a mi familia, dejándoles un mensaje de que yo era dedo”.
Amenazado, explicó, señaló a sus compañeros. Dice que incluso fue videograbado.
En el documento también señaló a un civil vestido sólo con una trusa, vendado de los ojos y esposado a una silla, quien habría sido golpeado en su presencia para acusarlo de tener relaciones con otro oficial procesado por delitos contra la salud. De esa persona Freddy sólo señaló que fue militar pero que no conoce su nombre.
En los primeros días de junio de 2009 pudo comunicarse con su familia, que lo había buscado desde el día de su detención.
Por la incomunicación y las acusaciones contra Freddy, el 6 de julio, su padre, Javier Colorado Ramos, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que explica cómo le fue negada la información del paradero de su hijo en las instalaciones militares de Tabasco y pide que se verifique su estado de salud, porque “prácticamente fue secuestrado por la misma milicia”. La queja tiene el número CNDH/3/2009/3172/Q.
El subteniente Colorado cuenta que después de que su padre denunció los hechos acudió un visitador de la CNDH a entrevistarlo. Desde que su familia fue notificada de la admisión de la queja, el 14 de julio de 2009, no volvieron a saber nada del organismo.
El testigo que señala a Freddy y a sus compañeros de estar al servicio de Los Zetas, Juan Carlos Martínez Sosa, está preso actualmente en la cárcel de Villahermosa, procesado con otras tres personas por robo de vehículo y asociación delictuosa agravada, según el expediente 125/2009 del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro. Proceso tiene copias de ese documento.
Martínez Sosa fue detenido la tarde del 18 de mayo de 2009 en un operativo policiaco en Villahermosa manejando un automóvil robado; fue puesto a disposición del Ministerio Público la madrugada del día siguiente, lo arraigaron y rindió cuatro declaraciones ministeriales. El 21 de julio fue puesto a disposición de un juez.
En una ampliación de su declaración ministerial, el 23 de mayo, Martínez Sosa asume que trabajaba para el “cártel del Golfo, es decir para Los Zetas”, y que su función era “ser operativo para usar armas como la nueve milímetros, R-15 (…) secuestrar personas, transportar droga, transportar polleros, es decir personas indocumentadas, y cobrar las cuotas de la gente que trabaja con nosotros”.
Después de operar en Palenque, se indica en la declaración ministerial, marchó a Villahermosa como escolta de un hombre apodado El Cejas, quien “se encargaba de pagar a los informantes”.
Según el documento, El Negro Hondureño da una serie de apodos y descripciones de cinco policías ministeriales y de cuatro militares que presuntamente colaboraban con Los Zetas.
De las referencias de los militares, Martínez Sosa describe a El Rojo como “una persona del sexo masculino, de color de piel blanca, de pelo color café, de ojos claros de color miel, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, medio robusto, con cuerpo marcado y que hace ejercicio”.
En el auto de formal prisión, de fecha 25 de julio de 2009, el juez de la causa, Rutilo Ramón Pérez, consideró como prueba para inculpar a Martínez Sosa por los delitos de robo de vehículo calificado y asociación delictuosa agravada la “declaración de José Freddy Colorado Montejo alias El Rojo”.
Sin embargo, en la declaración preparatoria del 21 de julio ante el mismo juzgado, Martínez Sosa reconoce únicamente la declaración ministerial que hizo el 19 de mayo, y las otras tres “no las ratifico porque no dije eso, ya que eso lo pusieron los soldados y los policías; ni las firmas reconozco”.
Originario de Cárdenas, Tabasco, el subteniente de Infantería José Freddy Colorado Montejo es un hombre de 31 años, de estatura más bien baja, ojos rasgados y oscuros, piel morena... y la camisola de su uniforme azul de reo de la prisión del Campo Militar Número 1 no puede ocultar una pancita que revela que no es afecto al ejercicio.
Pero después de tres días de tortura a manos de policías judiciales militares en instalaciones de la XXX Zona Militar de Villahermosa, del 23 al 26 de mayo de 2009, Colorado firmó una declaración en la que admitió ser varios centímetros más alto, de piel blanca, ojos color miel, cuerpo de fisicoculturista, ser apodado El Rojo y recibir 25 mil pesos mensuales de Los Zetas por darles información de los operativos castrenses.
No sólo eso. Bajo la amenaza que le hicieron los militares de llamar a la maña (al crimen organizado) para que matara a su mujer y a sus hijos delante de él, Freddy Colorado firmó documentos en los que implicaba a cuatro soldados más y en los que aceptaba haber reclutado para trabajar para Los Zetas.
Los cinco son procesados en la causa penal 407/2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar por delitos contra la salud en su modalidad de “colaboración en cualquier manera en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos agravado”.
El subteniente Colorado narra la serie de irregularidades que lo llevaron a la cárcel del Campo Militar Número 1, donde estuvo del 31 de mayo de 2009 al 28 de abril de 2011, cuando fue trasladado al Cefereso de Perote, Veracruz.
Adscrito al 57 Batallón de Infantería de Cárdenas y comisionado para resguardar la base de operaciones de Pemex en La Venta, Tabasco, el 23 de mayo de 2009 recibió la orden del comandante de su batallón, Domingo Vargas Merlín, de presentarse ante el comandante de la Zona Militar, general José de Jesús Ramírez García.
Antes de ser trasladado, los oficiales Joa Omar Rodríguez Ocampo y Sandro Díaz le confiscaron el arma de cargo y el celular, y además se le impidió redactar un escrito por el que dejaba constancia de que la responsabilidad del resguardo de las instalaciones de Pemex quedaba en manos del teniente Julio César Rodríguez Arenas.
Tortura y amenazas
En la XXX Zona Militar lo obligaron a firmar una boleta de arresto por ocho días por “sustraer lo perteneciente a Pemex”. El subteniente replicó: “Esto no es un arresto, es un delito y yo no lo cometí”, pero le recordaron que si no firmaba podrían procesarlo por desobediencia.
A las 10 de la noche lo entregaron a policías judiciales militares vestidos de civil, comandados por el capitán segundo de artillería Antonio Ruperto Gasca Pérez. Lo trasladaron a la enfermería para hacerle una revisión médica.
Después lo llevaron a un cuarto de lo que se conoce como la enfermería vieja. “Me taparon con vendas la cara, sólo me dejaron libres las fosas nasales y la boca; me envolvieron con hule espuma el tórax y me esposaron las manos y los pies a una silla metálica.
“Me golpearon los oídos y el estómago, me dieron toques eléctricos en el cuerpo y en los testículos, me pusieron una bolsa de plástico en la cara, me sumergieron en agua... y los golpes que no acababan”, cuenta.
Al principio, asegura, los torturadores le ofrecieron ser testigo protegido: querían que declarara que el general Jaime Rufino Hernández Vázquez, quien antecedió a Ramírez García como comandante en la XXX Zona Militar, trabajaba con Los Zetas.
Hernández Vázquez fue condecorado por el secretario Guillermo Galván Galván el 20 de noviembre de 2008 por “Perseverancia Institucional”. Meses después solicitó el retiro y desde entonces salió del país, según el subteniente Colorado.
Freddy formó parte del grupo de enlace del general Hernández Vázquez, pero con funciones de mantenimiento de la Zona Militar. “No tenía información del movimiento de tropas; quienes hacen ese trabajo son los que están en el GAOI (Grupo de Análisis de Orden Interno).
Según el soldado entrevistado en los jardines de la prisión militar, luego de varias sesiones de tortura, sin conseguir que implicara a su exjefe, los judiciales militares lo acusaron a él de reclutar soldados y le dijeron que tenían un testigo: un indocumentado hondureño llamado Juan Carlos Martínez Sosa, El Negro Hondureño.
Esposado a la silla metálica y con las vendas de los ojos aflojadas, Colorado Montejo pudo ver a su acusador: un hombre flaco, con el rostro hinchado por los golpes y el brazo vendado, quien frente a él fue golpeado para que dijera que Freddy era uno de los militares a quienes Los Zetas entregaban 25 mil pesos mensuales.
“Cuando los judiciales militares me mostraron fotos de mi mujer y mis hijos y dijeron que iban a ir por ellos para matarlos delante de mí, me doblé. Les dije que firmaba lo que quisieran pero que no les hicieran daño”, cuenta Colorado con voz entrecortada.
Los otros cinco militares involucrados, apunta, también fueron torturados y obligados a firmar declaraciones.
El 31 de mayo, Freddy y sus compañeros fueron trasladados en avión al Distrito Federal e internados en la prisión del Campo Militar Número 1.
En su declaración preparatoria, el 1 de junio de 2009 en el Juzgado Tercero Penal Militar (documento del que este semanario tiene copia), el subteniente denunció las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido para autoinculparse e implicar a cuatro soldados más.
Narró el momento en el que sucumbió a las órdenes de los policías militares. Con la foto de su mujer e hijos le dijeron que “iban a pasar los datos a La Maña para que matara a mi familia; o si no, que me iban a tirar en una calle de la ciudad con las fotografías de mi esposa y mis hijos nada más, y después ellos calentarían el terreno para que me localizara La Maña y me mataran a mí y a mi familia, dejándoles un mensaje de que yo era dedo”.
Amenazado, explicó, señaló a sus compañeros. Dice que incluso fue videograbado.
En el documento también señaló a un civil vestido sólo con una trusa, vendado de los ojos y esposado a una silla, quien habría sido golpeado en su presencia para acusarlo de tener relaciones con otro oficial procesado por delitos contra la salud. De esa persona Freddy sólo señaló que fue militar pero que no conoce su nombre.
En los primeros días de junio de 2009 pudo comunicarse con su familia, que lo había buscado desde el día de su detención.
Por la incomunicación y las acusaciones contra Freddy, el 6 de julio, su padre, Javier Colorado Ramos, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que explica cómo le fue negada la información del paradero de su hijo en las instalaciones militares de Tabasco y pide que se verifique su estado de salud, porque “prácticamente fue secuestrado por la misma milicia”. La queja tiene el número CNDH/3/2009/3172/Q.
El subteniente Colorado cuenta que después de que su padre denunció los hechos acudió un visitador de la CNDH a entrevistarlo. Desde que su familia fue notificada de la admisión de la queja, el 14 de julio de 2009, no volvieron a saber nada del organismo.
El testigo que señala a Freddy y a sus compañeros de estar al servicio de Los Zetas, Juan Carlos Martínez Sosa, está preso actualmente en la cárcel de Villahermosa, procesado con otras tres personas por robo de vehículo y asociación delictuosa agravada, según el expediente 125/2009 del Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro. Proceso tiene copias de ese documento.
Martínez Sosa fue detenido la tarde del 18 de mayo de 2009 en un operativo policiaco en Villahermosa manejando un automóvil robado; fue puesto a disposición del Ministerio Público la madrugada del día siguiente, lo arraigaron y rindió cuatro declaraciones ministeriales. El 21 de julio fue puesto a disposición de un juez.
En una ampliación de su declaración ministerial, el 23 de mayo, Martínez Sosa asume que trabajaba para el “cártel del Golfo, es decir para Los Zetas”, y que su función era “ser operativo para usar armas como la nueve milímetros, R-15 (…) secuestrar personas, transportar droga, transportar polleros, es decir personas indocumentadas, y cobrar las cuotas de la gente que trabaja con nosotros”.
Después de operar en Palenque, se indica en la declaración ministerial, marchó a Villahermosa como escolta de un hombre apodado El Cejas, quien “se encargaba de pagar a los informantes”.
Según el documento, El Negro Hondureño da una serie de apodos y descripciones de cinco policías ministeriales y de cuatro militares que presuntamente colaboraban con Los Zetas.
De las referencias de los militares, Martínez Sosa describe a El Rojo como “una persona del sexo masculino, de color de piel blanca, de pelo color café, de ojos claros de color miel, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, medio robusto, con cuerpo marcado y que hace ejercicio”.
En el auto de formal prisión, de fecha 25 de julio de 2009, el juez de la causa, Rutilo Ramón Pérez, consideró como prueba para inculpar a Martínez Sosa por los delitos de robo de vehículo calificado y asociación delictuosa agravada la “declaración de José Freddy Colorado Montejo alias El Rojo”.
Sin embargo, en la declaración preparatoria del 21 de julio ante el mismo juzgado, Martínez Sosa reconoce únicamente la declaración ministerial que hizo el 19 de mayo, y las otras tres “no las ratifico porque no dije eso, ya que eso lo pusieron los soldados y los policías; ni las firmas reconozco”.
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