Luis Hernández Navarro
Este lunes 30 de mayo, mientras escribo estas notas, miles de maestros oaxaqueños debaten en asambleas de información y consulta el futuro de su movimiento. Reflexionan sobre si la respuesta del gobierno del estado a sus demandas es satisfactoria, insuficiente o mínima y qué procede hacer a partir de ahora. Al terminar la ronda sus representantes delegacionales se reunirán para rendir los resultados de la consulta y definir si levantan o no el paro indefinido de labores que estallaron hace una semana.
Los maestros de la sección 22 del SNTE bautizaron su jornada de lucha por la defensa de la educación pública, la justicia, y la construcción democrática de Oaxaca. Exigen que se dé respuesta puntual a un pliego petitorio que resume sus demandas centrales, además de reivindicaciones de estudiantes y padres de familia.
El paro estalló debido a la incompetencia de la administración de la entidad para resolver las demandas magisteriales. El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Bernardo Vásquez Colmenares, un personaje que ocupa el puesto en virtud de los compromisos pactados por Gabino Cué con Elba Esther Gordillo, ha sido incapaz de manejar el conflicto. No es el único. Desconocedoras de la dinámica sindical de los profesores, las autoridades locales manejaron el asunto con torpeza y supusieron que la suspensión de labores se había conjurado. Por supuesto, no fue así.
El gobierno del estado respondió ante la suspensión de labores como hicieron en el pasado las administraciones priístas. En la prensa nacional publicó un desplegado diciendo que ofreció a los mentores un paquete histórico por mil 509 millones de pesos. Falso. Al sumar el monto de los ofrecimientos gubernamentales en varias demandas, las cifras no checaban. En realidad, la administración de Gabino Cué estaba dispuesta a otorgar a los profesores menos recursos de los que públicamente declaró. Días después, en un tercer revire, modificó su oferta incrementándola a mil 615 millones de pesos.
De manera paralela a la tergiversación informativa, se desató en los medios de comunicación una campaña masiva de denostación en contra del magisterio oaxaqueño. Se quiere presentar a los mentores como trabajadores irresponsables y abusivos, que dañan a la niñez por aviesos intereses políticos.
La acusación no se sostiene si se analiza por qué luchan los maestros oaxaqueños. Sus exigencias están agrupadas en un pliego petitorio de 51 puntos, organizados en torno a siete grandes bloques de demandas: educativas, sociales, laborales, relacionadas con el ISSSTE, económicas, políticas, vinculadas con el SNTE y de solución a las minutas de años anteriores de las demandas generales y niveles educativos. Nada excepcional en un estado con tantos problemas y donde los maestros son vehículo para canalizar las solicitudes de las comunidades al gobierno.
Parte central de las reivindicaciones no tiene que ver con la mejoría salarial del magisterio, sino con programas sociales que permitan a los niños que asisten a cursos de educación básica tener condiciones dignas para estudiar. Ésa es una añeja conquista del sindicato democrático. Hoy, los maestros exigen que se amplíe el programa para dotar a los alumnos de uniformes y útiles escolares. Casi la tercera parte de los recursos solicitados tienen como objetivo satisfacer este fin.
En el mismo rumbo, la sección 22 demanda ampliar el programa de desayunos escolares, instalando nuevas cocinas populares que elaboren los alimentos para los niños. En un estado con la pobreza de Oaxaca es imposible enseñar con eficiencia a estudiantes que llegan a las aulas sin probar bocado.
Otra parte de los requerimientos de los trabajadores de la educación es rehabilitar la infraestructura educativa. Quien haya ido a las comunidades rurales de Oaxaca puede darse cuenta de la carencia de mobiliario y equipo adecuado, así como de materiales para educar. En igual sentido, los maestros solicitan equipar las escuelas de la entidad con computadores e Internet.
Oaxaca no firmó la Alianza para la Calidad de la Educación. Como entidad libre y soberana tiene derecho a hacerlo. Los maestros de la entidad la rechazan con sobradas razones. Proponen en su lugar un proyecto de mejoramiento educativo que el gobierno local se niega a discutir. Dignos herederos de Anton Makarenko, los integrantes de la sección 22 llevan muchos años pensando y elaborando una propuesta alternativa de educación. Una de las experiencias más relevantes en este terreno es el Movimiento Pedagógico, impulsado por la Coalición de Promotores Bilingües del estado.
El movimiento exige al gobierno federal y estatal la presentación con vida del recientemente desaparecido Carlos René Román Salazar, así como de Guadalupe Pérez Sánchez y otros luchadores sociales desaparecidos en años anteriores. Carlos René era un importante asesor del secretario general de la sección 22.
Los profesores demandan la salida de Irma Piñeyro de la Secretaría General de Gobierno; de Bernardo Vásquez Colmenares y de Marco Tulio López de la secretaría de Seguridad Pública. Piñeyro ocupa ese lugar, al igual que Bernardo Colmenares, como resultado de una negociación entre Cué y Gordillo. Ella fue candidata a gobernadora por el partido Nueva Alianza en los pasados comicios y es una política repudiada y aborrecida por amplios sectores sociales en la entidad. Su permanencia en el cargo es una invitación a la inestabilidad política. Exigen que se castigue al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones al pueblo de Oaxaca durante 2006.
Las demandas de los profesores oaxaqueños son absolutamente razonables. Buscan defender la educación pública, a los niños, que se haga justicia y se avance en la democratización de Oaxaca. No hay en su proceder maximalismo alguno. Pretender que renuncien a sus reivindicaciones, o a su forma de organización y sus tácticas de lucha porque Gabino Cué es gobernador de la entidad, es un absurdo. Más aún cuando el mandatario está aliado a Gordillo, enemiga declarada del magisterio oaxaqueño, y no ha respondido a sus compromisos de campaña.
Este lunes 30 de mayo, mientras escribo estas notas, miles de maestros oaxaqueños debaten en asambleas de información y consulta el futuro de su movimiento. Reflexionan sobre si la respuesta del gobierno del estado a sus demandas es satisfactoria, insuficiente o mínima y qué procede hacer a partir de ahora. Al terminar la ronda sus representantes delegacionales se reunirán para rendir los resultados de la consulta y definir si levantan o no el paro indefinido de labores que estallaron hace una semana.
Los maestros de la sección 22 del SNTE bautizaron su jornada de lucha por la defensa de la educación pública, la justicia, y la construcción democrática de Oaxaca. Exigen que se dé respuesta puntual a un pliego petitorio que resume sus demandas centrales, además de reivindicaciones de estudiantes y padres de familia.
El paro estalló debido a la incompetencia de la administración de la entidad para resolver las demandas magisteriales. El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Bernardo Vásquez Colmenares, un personaje que ocupa el puesto en virtud de los compromisos pactados por Gabino Cué con Elba Esther Gordillo, ha sido incapaz de manejar el conflicto. No es el único. Desconocedoras de la dinámica sindical de los profesores, las autoridades locales manejaron el asunto con torpeza y supusieron que la suspensión de labores se había conjurado. Por supuesto, no fue así.
El gobierno del estado respondió ante la suspensión de labores como hicieron en el pasado las administraciones priístas. En la prensa nacional publicó un desplegado diciendo que ofreció a los mentores un paquete histórico por mil 509 millones de pesos. Falso. Al sumar el monto de los ofrecimientos gubernamentales en varias demandas, las cifras no checaban. En realidad, la administración de Gabino Cué estaba dispuesta a otorgar a los profesores menos recursos de los que públicamente declaró. Días después, en un tercer revire, modificó su oferta incrementándola a mil 615 millones de pesos.
De manera paralela a la tergiversación informativa, se desató en los medios de comunicación una campaña masiva de denostación en contra del magisterio oaxaqueño. Se quiere presentar a los mentores como trabajadores irresponsables y abusivos, que dañan a la niñez por aviesos intereses políticos.
La acusación no se sostiene si se analiza por qué luchan los maestros oaxaqueños. Sus exigencias están agrupadas en un pliego petitorio de 51 puntos, organizados en torno a siete grandes bloques de demandas: educativas, sociales, laborales, relacionadas con el ISSSTE, económicas, políticas, vinculadas con el SNTE y de solución a las minutas de años anteriores de las demandas generales y niveles educativos. Nada excepcional en un estado con tantos problemas y donde los maestros son vehículo para canalizar las solicitudes de las comunidades al gobierno.
Parte central de las reivindicaciones no tiene que ver con la mejoría salarial del magisterio, sino con programas sociales que permitan a los niños que asisten a cursos de educación básica tener condiciones dignas para estudiar. Ésa es una añeja conquista del sindicato democrático. Hoy, los maestros exigen que se amplíe el programa para dotar a los alumnos de uniformes y útiles escolares. Casi la tercera parte de los recursos solicitados tienen como objetivo satisfacer este fin.
En el mismo rumbo, la sección 22 demanda ampliar el programa de desayunos escolares, instalando nuevas cocinas populares que elaboren los alimentos para los niños. En un estado con la pobreza de Oaxaca es imposible enseñar con eficiencia a estudiantes que llegan a las aulas sin probar bocado.
Otra parte de los requerimientos de los trabajadores de la educación es rehabilitar la infraestructura educativa. Quien haya ido a las comunidades rurales de Oaxaca puede darse cuenta de la carencia de mobiliario y equipo adecuado, así como de materiales para educar. En igual sentido, los maestros solicitan equipar las escuelas de la entidad con computadores e Internet.
Oaxaca no firmó la Alianza para la Calidad de la Educación. Como entidad libre y soberana tiene derecho a hacerlo. Los maestros de la entidad la rechazan con sobradas razones. Proponen en su lugar un proyecto de mejoramiento educativo que el gobierno local se niega a discutir. Dignos herederos de Anton Makarenko, los integrantes de la sección 22 llevan muchos años pensando y elaborando una propuesta alternativa de educación. Una de las experiencias más relevantes en este terreno es el Movimiento Pedagógico, impulsado por la Coalición de Promotores Bilingües del estado.
El movimiento exige al gobierno federal y estatal la presentación con vida del recientemente desaparecido Carlos René Román Salazar, así como de Guadalupe Pérez Sánchez y otros luchadores sociales desaparecidos en años anteriores. Carlos René era un importante asesor del secretario general de la sección 22.
Los profesores demandan la salida de Irma Piñeyro de la Secretaría General de Gobierno; de Bernardo Vásquez Colmenares y de Marco Tulio López de la secretaría de Seguridad Pública. Piñeyro ocupa ese lugar, al igual que Bernardo Colmenares, como resultado de una negociación entre Cué y Gordillo. Ella fue candidata a gobernadora por el partido Nueva Alianza en los pasados comicios y es una política repudiada y aborrecida por amplios sectores sociales en la entidad. Su permanencia en el cargo es una invitación a la inestabilidad política. Exigen que se castigue al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones al pueblo de Oaxaca durante 2006.
Las demandas de los profesores oaxaqueños son absolutamente razonables. Buscan defender la educación pública, a los niños, que se haga justicia y se avance en la democratización de Oaxaca. No hay en su proceder maximalismo alguno. Pretender que renuncien a sus reivindicaciones, o a su forma de organización y sus tácticas de lucha porque Gabino Cué es gobernador de la entidad, es un absurdo. Más aún cuando el mandatario está aliado a Gordillo, enemiga declarada del magisterio oaxaqueño, y no ha respondido a sus compromisos de campaña.
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