Miguel Ángel Granados Chapa
El 10 de mayo murió violentamente Isaac Echinedu Nwachakwa, nigeriano residente en México donde había formado una familia con una señora mexicana. Ese día, tras celebrar a su esposa por el Día de las Madres, Echinedu buscaba un taxi en la calzada de Tlalpan, cuando lo abordaron miembros de la Policía Auxiliar, de la patrulla 73-003. Se ignora la causa por la que, súbitamente, lo golpearon con sus armas de cargo y luego huyeron no sin haber despojado a su víctima de algunas pertenencias.
Echinedu fue atendido allí mismo por paramédicos que lo hicieron recuperar el sentido. Pero quizá con la sensación de pavor que le había causado la tunda recién recibida y suponiendo que aun estaban allí sus agresores, el ciudadano nigeriano echó a correr por esa vía de alta circulación y un automóvil lo atropelló y lo privó de la vida.
Supongo que técnicamente, y aun humanamente es difícil imputar la muerte de esta persona directamente a los policías auxiliares. Ese extremo se determinará ante el ministerio público, y ante la propia secretaría de seguridad capitalina, de la que depende la policía auxiliar. No cabe ninguna duda, en cambio, respecto del maltrato que, sin causa, asestaron esos presuntos agentes de la autoridad a un persona dedicada a la vida familiar y productiva (era un pequeño comerciante).
El sábado pasado una treintena de migrantes africanos se reunió ante la columna de la Independencia en protesta contra esta cruel agresión. Han constituido un comité ciudadano en defensa de los naturalizados afromexicanos. Su presidente, Wilner Metelus, suscribió una carta donde se expresa su indignación. Además de referir lo ocurrido a Eichenedu, afirma que “Isaac no cometió ningún delito, era un gran trabajador, insultado por la policía por el color de su piel.
“Yo me pregunto si aquí en México está prohibido subirse a un taxi o ser negro. Hubo testigos y video –de las cámaras de vigilancia de la zona- de ese acto racista. El pueblo mexicano está harto de esos actos. Queremos que los encargados del sistema de justicia actúen para que triunfe la ley y que los agresores vayan a la cárcel.
“El Comité ciudadano de defensa de los naturalizados afromexicanos pide la inmediata intervención del jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard en este asunto. Es una vergüenza que esto pase en la Ciudad de México. Si no hay una respuesta sobre el caso estamos dispuestos a llevar este asunto ante la Corte internacional. Ya no queremos más sangre en este país”.
Ese acontecimiento figura en el escenario público cuando están circulando los resultados de la encuesta organizada por el Consejo nacional contra la discriminación, y en medio de los escándalos de corrupción criminal que afectan al Instituto nacional de Migración. La endeble condición de los migrantes, principalmente centro y sudamericanos, pero también procedentes de otros países, nos interpela desde esos acontecimientos para que la sociedad y las instituciones de gobierno den una respuesta, sin eludir la terrible realidad de que somos al mismo tiempo actores y víctimas.
Los gobiernos federal y estatales, ya no se diga los municipales, han demorado en cobrar conciencia de la nueva movilidad social que afecta a nuestro país. En apariencia somos el gozne entre el cinturón mesoamericano, que no ha podido remediar todavía los estragos de sus enfrentamientos civiles, que acentuaron su pobreza estructural, y los Estados Unidos que si bien ha dejado de ser el paraíso terrenal que se imagina el mundo subdesarrollado al sur de su frontera, cuenta todavía con oportunidades de trabajo de que carecen sus vecinos, y que son sumamente apetecibles.
En México la corrupción administrativa es proverbial. Como lo muestra la también reciente encuesta de Transparencia internacional, los pagos ilegales por hacer o no hacer constituyen una pesada carga para la sociedad y una fuente de ingresos adicionales al personal público de los tres niveles de gobierno. La función migratoria, desde que estaba a cargo de una pequeña dependencia en la secretaría de Gobernación, fue siempre notoria por su proclividad a extorsionar a los extranjeros, aun los que contaran con la documentación que acreditara su legal permanencia en nuestro país. También se cobraba por dotar a los carentes de esa documentación.
La creciente complejidad del fenómeno migratorio ha multiplicado las posibilidades de la exacción, hasta llegar a prácticas abiertamente criminales, como la entrega de personas que deberían ser deportadas a bandas delincuenciales que cobran rescate por la libertad de las víctimas. Lo sabe ahora el secretario de Gobernación, tras realizar una gira por la frontera sur, puerta olvidada por la administración, pared porosa que permite el paso de quienes quieren llegar a la tierra prometida, pero también lo franquea a los tratantes de personas y a las pandillas que, desalojadas de sus países de origen buscan asentarse en cualquier territorio, aquí o en los Estados Unidos, donde por la vía que sea consigan hacer valer sus intereses.
En vez de ser parte del modo positivo con que se encare al fenómeno migratorio, el INM se ha convertido, en su deterioro creciente, en factor problemático que agrava ese fenómeno. Los remedios anunciados o practicados hasta ahora, como la rotación de mandos, son meramente cosméticos. Es preciso convocar a la construcción de una nueva autoridad, con servicio civil de carrera. Buenas voluntades no faltan, como lo prueban los activistas civiles por los derechos humanos de los migrantes.
El 10 de mayo murió violentamente Isaac Echinedu Nwachakwa, nigeriano residente en México donde había formado una familia con una señora mexicana. Ese día, tras celebrar a su esposa por el Día de las Madres, Echinedu buscaba un taxi en la calzada de Tlalpan, cuando lo abordaron miembros de la Policía Auxiliar, de la patrulla 73-003. Se ignora la causa por la que, súbitamente, lo golpearon con sus armas de cargo y luego huyeron no sin haber despojado a su víctima de algunas pertenencias.
Echinedu fue atendido allí mismo por paramédicos que lo hicieron recuperar el sentido. Pero quizá con la sensación de pavor que le había causado la tunda recién recibida y suponiendo que aun estaban allí sus agresores, el ciudadano nigeriano echó a correr por esa vía de alta circulación y un automóvil lo atropelló y lo privó de la vida.
Supongo que técnicamente, y aun humanamente es difícil imputar la muerte de esta persona directamente a los policías auxiliares. Ese extremo se determinará ante el ministerio público, y ante la propia secretaría de seguridad capitalina, de la que depende la policía auxiliar. No cabe ninguna duda, en cambio, respecto del maltrato que, sin causa, asestaron esos presuntos agentes de la autoridad a un persona dedicada a la vida familiar y productiva (era un pequeño comerciante).
El sábado pasado una treintena de migrantes africanos se reunió ante la columna de la Independencia en protesta contra esta cruel agresión. Han constituido un comité ciudadano en defensa de los naturalizados afromexicanos. Su presidente, Wilner Metelus, suscribió una carta donde se expresa su indignación. Además de referir lo ocurrido a Eichenedu, afirma que “Isaac no cometió ningún delito, era un gran trabajador, insultado por la policía por el color de su piel.
“Yo me pregunto si aquí en México está prohibido subirse a un taxi o ser negro. Hubo testigos y video –de las cámaras de vigilancia de la zona- de ese acto racista. El pueblo mexicano está harto de esos actos. Queremos que los encargados del sistema de justicia actúen para que triunfe la ley y que los agresores vayan a la cárcel.
“El Comité ciudadano de defensa de los naturalizados afromexicanos pide la inmediata intervención del jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard en este asunto. Es una vergüenza que esto pase en la Ciudad de México. Si no hay una respuesta sobre el caso estamos dispuestos a llevar este asunto ante la Corte internacional. Ya no queremos más sangre en este país”.
Ese acontecimiento figura en el escenario público cuando están circulando los resultados de la encuesta organizada por el Consejo nacional contra la discriminación, y en medio de los escándalos de corrupción criminal que afectan al Instituto nacional de Migración. La endeble condición de los migrantes, principalmente centro y sudamericanos, pero también procedentes de otros países, nos interpela desde esos acontecimientos para que la sociedad y las instituciones de gobierno den una respuesta, sin eludir la terrible realidad de que somos al mismo tiempo actores y víctimas.
Los gobiernos federal y estatales, ya no se diga los municipales, han demorado en cobrar conciencia de la nueva movilidad social que afecta a nuestro país. En apariencia somos el gozne entre el cinturón mesoamericano, que no ha podido remediar todavía los estragos de sus enfrentamientos civiles, que acentuaron su pobreza estructural, y los Estados Unidos que si bien ha dejado de ser el paraíso terrenal que se imagina el mundo subdesarrollado al sur de su frontera, cuenta todavía con oportunidades de trabajo de que carecen sus vecinos, y que son sumamente apetecibles.
En México la corrupción administrativa es proverbial. Como lo muestra la también reciente encuesta de Transparencia internacional, los pagos ilegales por hacer o no hacer constituyen una pesada carga para la sociedad y una fuente de ingresos adicionales al personal público de los tres niveles de gobierno. La función migratoria, desde que estaba a cargo de una pequeña dependencia en la secretaría de Gobernación, fue siempre notoria por su proclividad a extorsionar a los extranjeros, aun los que contaran con la documentación que acreditara su legal permanencia en nuestro país. También se cobraba por dotar a los carentes de esa documentación.
La creciente complejidad del fenómeno migratorio ha multiplicado las posibilidades de la exacción, hasta llegar a prácticas abiertamente criminales, como la entrega de personas que deberían ser deportadas a bandas delincuenciales que cobran rescate por la libertad de las víctimas. Lo sabe ahora el secretario de Gobernación, tras realizar una gira por la frontera sur, puerta olvidada por la administración, pared porosa que permite el paso de quienes quieren llegar a la tierra prometida, pero también lo franquea a los tratantes de personas y a las pandillas que, desalojadas de sus países de origen buscan asentarse en cualquier territorio, aquí o en los Estados Unidos, donde por la vía que sea consigan hacer valer sus intereses.
En vez de ser parte del modo positivo con que se encare al fenómeno migratorio, el INM se ha convertido, en su deterioro creciente, en factor problemático que agrava ese fenómeno. Los remedios anunciados o practicados hasta ahora, como la rotación de mandos, son meramente cosméticos. Es preciso convocar a la construcción de una nueva autoridad, con servicio civil de carrera. Buenas voluntades no faltan, como lo prueban los activistas civiles por los derechos humanos de los migrantes.
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