Antonio Navalón
Los datos puros y duros dicen que hay una asociación de empresarios de Michoacán liderada por Francisco Medina, con vinculaciones pasadas, presentes y al parecer futuras con Calderón y el PAN. Asociación que manifiesta algo que está en contradicción suprema con las declaraciones grandilocuentes del gobierno y su guerra no guerra contra el narcotráfico: en Michoacán, dicen, no se dan las condiciones para que se desarrolle el proceso electoral; la situación de violencia e inseguridad y la imposibilidad de transitar en las calles, haría correr mucho peligro a los candidatos.
Es un hecho muy grave, sobre todo si se corrobora la especie que está circulando en todo el país, en voces muy autorizadas más allá del rumor, que esa posibilidad ha servido para el tanteo diplomático a cargo del propio Calderón con los presidentes de los partidos políticos.
Todo se entiende, inclusive el factor personal —su hermana Cocoa, aquella que se sacrificó para que él tuviera carrera y que prácticamente se convirtió en su segunda madre, no es que vaya por la libre, sino que se cree con el derecho político y natural de competir por la gubernatura de su estado—, aun con el clima de inseguridad.
No digo que él quiera suspender las elecciones a consecuencia de que su hermana sea la candidata más probable de su partido aun contra la voluntad presidencial o que ella pueda ser objeto de la violencia de la guerra no guerra de Calderón, pero sí estoy en mi derecho de decir que no celebrar elecciones para proteger la vida de la hermana del Presidente de la República, nos traería sin duda un mal mayor.
Esto es importante porque si extrapolamos la situación, y no me baso en un rumor, y si esto sucede ahora en Michoacán —primer estado donde fue enviado el ejército, donde sucedió el michoacanazo que fue un éxito de capturas y un fracaso judicial— qué no podríamos pensar de otros casos donde efectivamente candidatos casi ganadores fueron asesinados como en Tamaulipas.
Si cinco años después de afirmar: “¡no nos detendremos!”, “el reino de la paz para nuestros hijos —los que sobrevivan—, está garantizado”, y como Churchill dijera: “no tengo más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”, más allá de esas declaraciones está la propuesta política de suspender elecciones en el estado natal del Presidente, la lectura no puede ser más que gravísima para el conjunto democrático nacional.
Existen voces —algunos de los interlocutores de Calderón— que se preguntan si Michoacán es el experimento antes de 2012. Si hoy no se puede transitar por esa entidad, cuántos miles de muertos harán imposible transitar en el camino a las urnas —ni siquiera protegiéndolas con el ejército como pasó en Irak, ¿20 mil, 30 mil?
Calderón y su gobierno no pueden permitirse el lujo de estas interpretaciones. Estoy convencido de que no hay un intento de no cumplir con el precepto democrático de votar cuando se pueda, como se pueda y con limpieza.
El terror no le funcionó ni siquiera a Robespierre. Si por una parte tenemos la preocupación de que la guerra no guerra impida las elecciones en Michoacán y por otra parte, cada vez son más inquietantes los rumores de la eminente dentición de gobernadores o exgobernadores priístas para que paguen por su responsabilidad con el narcotráfico o alguna que otra incursión en el mundo sindical, a fin de cuentas el SME fue una aportación que al gobierno le salió muy bien sin importar los costos sociales ni lo que está pasando ahora, este camino da razones de sobra a quienes dicen que en el fondo hay una operación que va mucho más allá de lo que podemos entender y que daría sentido a que la guerra CONTRA el narco se convirtiera en una batalla CON el narco.
Los datos puros y duros dicen que hay una asociación de empresarios de Michoacán liderada por Francisco Medina, con vinculaciones pasadas, presentes y al parecer futuras con Calderón y el PAN. Asociación que manifiesta algo que está en contradicción suprema con las declaraciones grandilocuentes del gobierno y su guerra no guerra contra el narcotráfico: en Michoacán, dicen, no se dan las condiciones para que se desarrolle el proceso electoral; la situación de violencia e inseguridad y la imposibilidad de transitar en las calles, haría correr mucho peligro a los candidatos.
Es un hecho muy grave, sobre todo si se corrobora la especie que está circulando en todo el país, en voces muy autorizadas más allá del rumor, que esa posibilidad ha servido para el tanteo diplomático a cargo del propio Calderón con los presidentes de los partidos políticos.
Todo se entiende, inclusive el factor personal —su hermana Cocoa, aquella que se sacrificó para que él tuviera carrera y que prácticamente se convirtió en su segunda madre, no es que vaya por la libre, sino que se cree con el derecho político y natural de competir por la gubernatura de su estado—, aun con el clima de inseguridad.
No digo que él quiera suspender las elecciones a consecuencia de que su hermana sea la candidata más probable de su partido aun contra la voluntad presidencial o que ella pueda ser objeto de la violencia de la guerra no guerra de Calderón, pero sí estoy en mi derecho de decir que no celebrar elecciones para proteger la vida de la hermana del Presidente de la República, nos traería sin duda un mal mayor.
Esto es importante porque si extrapolamos la situación, y no me baso en un rumor, y si esto sucede ahora en Michoacán —primer estado donde fue enviado el ejército, donde sucedió el michoacanazo que fue un éxito de capturas y un fracaso judicial— qué no podríamos pensar de otros casos donde efectivamente candidatos casi ganadores fueron asesinados como en Tamaulipas.
Si cinco años después de afirmar: “¡no nos detendremos!”, “el reino de la paz para nuestros hijos —los que sobrevivan—, está garantizado”, y como Churchill dijera: “no tengo más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”, más allá de esas declaraciones está la propuesta política de suspender elecciones en el estado natal del Presidente, la lectura no puede ser más que gravísima para el conjunto democrático nacional.
Existen voces —algunos de los interlocutores de Calderón— que se preguntan si Michoacán es el experimento antes de 2012. Si hoy no se puede transitar por esa entidad, cuántos miles de muertos harán imposible transitar en el camino a las urnas —ni siquiera protegiéndolas con el ejército como pasó en Irak, ¿20 mil, 30 mil?
Calderón y su gobierno no pueden permitirse el lujo de estas interpretaciones. Estoy convencido de que no hay un intento de no cumplir con el precepto democrático de votar cuando se pueda, como se pueda y con limpieza.
El terror no le funcionó ni siquiera a Robespierre. Si por una parte tenemos la preocupación de que la guerra no guerra impida las elecciones en Michoacán y por otra parte, cada vez son más inquietantes los rumores de la eminente dentición de gobernadores o exgobernadores priístas para que paguen por su responsabilidad con el narcotráfico o alguna que otra incursión en el mundo sindical, a fin de cuentas el SME fue una aportación que al gobierno le salió muy bien sin importar los costos sociales ni lo que está pasando ahora, este camino da razones de sobra a quienes dicen que en el fondo hay una operación que va mucho más allá de lo que podemos entender y que daría sentido a que la guerra CONTRA el narco se convirtiera en una batalla CON el narco.
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