José Gil Olmos
La marcha por la paz y la justicia a la que ha convocado el poeta Javier Sicilia hizo que detonaran nuevamente las reacciones más polarizadas de la sociedad, mismas que reflejan el ánimo que quedó tras las guerras sucias que se tejieron en las dos elecciones presidenciales pasadas, orquestadas por estrategas de Estados Unidos y España contratados por el PAN.
Basta echarle una mirada rápida a los comentarios que la gente hace en las páginas electrónicas de diversos medios en torno de la convocatoria a la marcha por la paz y la justicia del próximo domingo 8, para darnos cuenta cómo la violencia se ha metido en el estado anímico social y observar las dificultades que esto plantea para tomar acuerdos que ayuden al país a salir de este hoyo que parece no tener fondo.
Así, por ejemplo, hay algunos que acusan a Sicilia de querer ganar dinero o un puesto político, cuando el poeta ha repetido hasta el cansancio que no quiere ninguna candidatura ni posición política alguna, ni siquiera estar al frente de esta movilización nacional, sino simplemente que lo tomen en cuenta como una voz moral, es decir, como uno más de las miles de familias que quiere justicia y paz.
Otros incluso acusan, sin base y sin conocimiento, que el hijo del poeta (Juan Francisco) estaba involucrado en algo malo y que por eso lo mataron. Lo mismo hizo Felipe Calderón con los jóvenes asesinados en una fiesta en Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando dijo que eran pandilleros. Los juzgan, pues, sin tener una sola prueba, y lo mismo hacen con los 40 mil muertos de esta guerra contra el narcotráfico que fue aplicada sin pies ni cabeza, sin una estrategia paralela de justicia social.
En las páginas electrónicas, algunos más piden un paro nacional, que los mexicanos dejen de pagar impuestos y que renuncie Felipe Calderón, como si todo esto fuera un acto de magia, y que de un momento a otro pudiera cambiar el país con un solo deseo o un milagro, cuando de lo que se trata es de establecer un compromiso individual para trabajar por largo tiempo en la transformación del país, pero también de acabar con esa cultura de echarle la culpa y la responsabilidad al otro o de esperar la llegada del caudillo que encabece el cambio anhelado.
En este sentido, muchos más piensan que no tiene caso que se realice otra marcha, porque las protestas no resuelven nada, pero con ello se cae una vez más en la falsa idea de que con sólo levantar la voz, una sola movilización será el instrumento que podrá transformar el sistema político y económico del país.
Finalmente, otros critican que se plantee la firma de un pacto social en Ciudad Juárez por la paz y la justicia, pues, dicen, ya se han firmado muchos otros pactos antes y ninguno ha funcionado. Sin embargo, no toman en cuenta que en esta ocasión no se plantea que se firme con el gobierno o los partidos políticos, sino entre la misma sociedad, y que la idea es establecer un compromiso social en el que cada persona, cada grupo, cada organización se comprometa a cumplir.
Frente a este complejo panorama, que muestra más divergencias que convergencias, hay sin embargo muchos problemas que pueden cohesionar a la ciudadanía e impulsar la unidad.
Por ejemplo, ningún mexicano puede sentirse a salvo de la violencia encabezada por el crimen organizado, pues casi todos tenemos una historia cercana de secuestros, extorsiones, asaltos, adicciones y muertes provocadas por el crecimiento incontrolable del crimen organizado.
Hay pueblos enteros en varios estados que están controlados por los cárteles, que tienen a su servicio a cientos de hombres que imponen el terror entre la población.
Además, están las familias de los 40 mil muertos y 10 mil desparecidos que exigen justicia y reparación de daño, y que las autoridades hagan su trabajo de investigación y aplicación de la ley.
Asimismo, ningún mexicano está a salvo de la impunidad imperante en los sistemas de justicia ni de la indolencia de la clase política y gobernante, cada día más alejada de la sociedad y de sus necesidades.
La situación de emergencia nacional pesa más que las diferencias. La existencia de esta condición apremiante puede más que las diversas posiciones radicales que hoy vemos expresadas.
La violencia y las miles de muertes, que se estima llegarán a 50 mil en este sexenio, son razones suficientes para unirse a esta movilización nacional que contempla no sólo la marcha del domingo 8, sino el primer paso a un movimiento ciudadano que busca recomponer el rumbo del país.
La marcha por la paz y la justicia a la que ha convocado el poeta Javier Sicilia hizo que detonaran nuevamente las reacciones más polarizadas de la sociedad, mismas que reflejan el ánimo que quedó tras las guerras sucias que se tejieron en las dos elecciones presidenciales pasadas, orquestadas por estrategas de Estados Unidos y España contratados por el PAN.
Basta echarle una mirada rápida a los comentarios que la gente hace en las páginas electrónicas de diversos medios en torno de la convocatoria a la marcha por la paz y la justicia del próximo domingo 8, para darnos cuenta cómo la violencia se ha metido en el estado anímico social y observar las dificultades que esto plantea para tomar acuerdos que ayuden al país a salir de este hoyo que parece no tener fondo.
Así, por ejemplo, hay algunos que acusan a Sicilia de querer ganar dinero o un puesto político, cuando el poeta ha repetido hasta el cansancio que no quiere ninguna candidatura ni posición política alguna, ni siquiera estar al frente de esta movilización nacional, sino simplemente que lo tomen en cuenta como una voz moral, es decir, como uno más de las miles de familias que quiere justicia y paz.
Otros incluso acusan, sin base y sin conocimiento, que el hijo del poeta (Juan Francisco) estaba involucrado en algo malo y que por eso lo mataron. Lo mismo hizo Felipe Calderón con los jóvenes asesinados en una fiesta en Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando dijo que eran pandilleros. Los juzgan, pues, sin tener una sola prueba, y lo mismo hacen con los 40 mil muertos de esta guerra contra el narcotráfico que fue aplicada sin pies ni cabeza, sin una estrategia paralela de justicia social.
En las páginas electrónicas, algunos más piden un paro nacional, que los mexicanos dejen de pagar impuestos y que renuncie Felipe Calderón, como si todo esto fuera un acto de magia, y que de un momento a otro pudiera cambiar el país con un solo deseo o un milagro, cuando de lo que se trata es de establecer un compromiso individual para trabajar por largo tiempo en la transformación del país, pero también de acabar con esa cultura de echarle la culpa y la responsabilidad al otro o de esperar la llegada del caudillo que encabece el cambio anhelado.
En este sentido, muchos más piensan que no tiene caso que se realice otra marcha, porque las protestas no resuelven nada, pero con ello se cae una vez más en la falsa idea de que con sólo levantar la voz, una sola movilización será el instrumento que podrá transformar el sistema político y económico del país.
Finalmente, otros critican que se plantee la firma de un pacto social en Ciudad Juárez por la paz y la justicia, pues, dicen, ya se han firmado muchos otros pactos antes y ninguno ha funcionado. Sin embargo, no toman en cuenta que en esta ocasión no se plantea que se firme con el gobierno o los partidos políticos, sino entre la misma sociedad, y que la idea es establecer un compromiso social en el que cada persona, cada grupo, cada organización se comprometa a cumplir.
Frente a este complejo panorama, que muestra más divergencias que convergencias, hay sin embargo muchos problemas que pueden cohesionar a la ciudadanía e impulsar la unidad.
Por ejemplo, ningún mexicano puede sentirse a salvo de la violencia encabezada por el crimen organizado, pues casi todos tenemos una historia cercana de secuestros, extorsiones, asaltos, adicciones y muertes provocadas por el crecimiento incontrolable del crimen organizado.
Hay pueblos enteros en varios estados que están controlados por los cárteles, que tienen a su servicio a cientos de hombres que imponen el terror entre la población.
Además, están las familias de los 40 mil muertos y 10 mil desparecidos que exigen justicia y reparación de daño, y que las autoridades hagan su trabajo de investigación y aplicación de la ley.
Asimismo, ningún mexicano está a salvo de la impunidad imperante en los sistemas de justicia ni de la indolencia de la clase política y gobernante, cada día más alejada de la sociedad y de sus necesidades.
La situación de emergencia nacional pesa más que las diferencias. La existencia de esta condición apremiante puede más que las diversas posiciones radicales que hoy vemos expresadas.
La violencia y las miles de muertes, que se estima llegarán a 50 mil en este sexenio, son razones suficientes para unirse a esta movilización nacional que contempla no sólo la marcha del domingo 8, sino el primer paso a un movimiento ciudadano que busca recomponer el rumbo del país.
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