En público lo aplaudía; en privado descalificaba las cifras oficiales.
Blanche Petrich
En público, el gobierno de Estados Unidos aplaudió el “modelo Tijuana” como ejemplo exitoso en el combate al narcotráfico. En 2009, el consulado general en la ciudad bajacaliforniana hacía eco de la propaganda oficial que celebraba la drástica reducción de la violencia relacionada con el narcotráfico, después del terrible periodo de 2008, como una importante derrota de los cárteles.
Pero en privado lo puso en duda. En varios reportes consulares de la época, a los que La Jornada tuvo acceso por conducto de Wikileaks, los diplomáticos estadunidenses consideran que Tijuana sigue siendo un “puerto seguro” para las organizaciones criminales; señalan que los narcotraficantes “cuentan con la protección y colaboración de las policías locales” y descalifican las estadísticas oficiales: “No dicen gran cosa”.
Un cable firmado por el recién llegado cónsul Steven Kashkett (09TIJUANA1116) en octubre de 2009 reporta: “Los progresos que se observan en la calle no concuerdan con los progresos en el terreno judicial. Los militares y la policía estatal nos han entregado una impresionante lista de arrestos y confiscaciones de droga y dinero a lo largo del año. Aun concediendo crédito a estos números –aunque fuentes del gobierno estadunidense creen que son exagerados y sospechosamente mucho más altos que en cualquier otro estado– no tenemos un registro del seguimiento de los procesos judiciales derivados de estos arrestos. Sin esa pieza faltante en el rompecabezas, no puede hablarse de una irrupción en las estructuras del narcotráfico”.
Los estadunidenses tampoco confían en que la anunciada depuración de las corporaciones policiacas sería capaz de mantener fuera de las corporaciones de seguridad a todos los elementos corruptos. Lo dejan ver en el cable 08TIJUANA1153, con fecha 10 de diciembre de 2008, en el que comentan uno de los primeros arrestos de grandes grupos de agentes acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Fueron 21 oficiales (19 de la policía municipal de Tijuana y dos de la estatal), incluidos dos comandantes y un enlace oficial del propio consulado.
El secretario de Seguridad Pública Municipal de entonces, Alberto Capella, aseguró a la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson –quien coincidentemente se encontraba en la ciudad– que a diferencia de arrestos similares, en esta ocasión los agentes investigados no serían reinstalados en sus puestos.
“Pero muchos –se comenta en el despacho– lo dudan. Un prominente abogado comentó a la subsecretaria Jacobson que la forma en la que fueron manejados estos arrestos –por oficiales del Ejército y sin pruebas sólidas en su contra– pone en entredicho el estado de derecho, justo cuando el gobierno mexicano está intentando mejorar su sistema judicial”.
Una paz aparente
En aquel momento, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán sostenía una insistente campaña basada en estadísticas oficiales de la narcoviolencia en Baja California, que acusaban una abrupta caída en el número de ejecuciones. El gobierno federal y la embajada estadunidense lo secundaban. Tijuana –que colinda al norte con el estado de California, sus 11 millones de usuarios de mariguana y sus 900 mil adictos a drogas duras– consiguió en 2009 labrarse una imagen de ciudad pacificada.
Sobre todo porque 2008 había sido el año del horror, frenético en decapitaciones y descuartizamientos, con actores de reparto como Santiago Meza, El Pozolero (detenido en enero de 2009), y hallazgos de colgados y acribillados cada día. Las cifras oficiales cerraron el año con un recuento de 882 asesinatos relacionados con el narcotráfico. En diciembre de ese año el teniente coronel (retirado) Julián Leyzaola fue ascendido de jefe de la policía de la ciudad a secretario de Seguridad Pública Municipal.
A principios de 2009 la estadística de homicidios empezó a bajar gradualmente: “sólo” 174 asesinatos relacionados con la droga en el primer semestre. Pero en la segunda mitad de ese año las matanzas volvieron a ritmo acelerado, en particular en los últimos tres meses del año, cuando Tijuana registró 62 ejecuciones del narco cada semana, el mayor número en su historia. Los cuerpos de las víctimas mostraban huellas de enorme brutalidad: mutilados, colgados de puentes, abandonados en basureros o restos humanos disueltos en tambos con ácido. Un total de 237 muertes en el último trimestre.
Sin embargo, ese inicio de 2009 el “efecto Leyzaola” era acogido con entusiasmo por empresarios, líderes y funcionarios de seguridad en Tijuana.
En octubre, Kashkett advertía a sus superiores en la embajada de México y el Departamento de Estado: “Esa mejoría en la estadística no dice gran cosa. Tijuana es una ciudad en disputa entre los jefes de los cárteles rivales de los Arellano Félix y el de Sinaloa, por lo que sigue siendo de alta criminalidad”.
Apunta que “otro tipo de crímenes, como el secuestro, han aumentado”. Además, registra que “los ataques a policías y funcionarios del gobierno se han acelerado a ritmo sin precedente… Creemos que las estadísticas oficiales son artificialmente bajas porque la gente teme presentar denuncias ante autoridades que, se sospecha, han sido corrompidas por las organizaciones de narcotraficantes”.
El hipódromo de Hank, puerto seguro
El antecesor de Kashkett, Ronald Kramer, opinaba lo mismo a mediados de 2009, en otro cable (09TIJUANA709) que tituló “Cómo los narcotraficantes evaden las autoridades”. Indica, a modo de conclusión, que en esa región fronteriza había muchos “refugios seguros” para los delincuentes. Y señala directamente el Hipódromo Agua Caliente, concesionado al ex alcalde Jorge Hank Rohn, como uno de estos refugios.
En esas fechas, el cónsul general reportaba que a pesar de los “impresionantes números” de arrestos, las asociaciones del crimen organizado están “debilitadas pero no derrotadas”.
Dice este despacho fechado el 8 de julio: “A pesar de los éxitos, la compleja interacción entre los políticos locales y las instituciones judiciales permiten que Baja California, y en particular Tijuana, sea una plaza relativamente segura en la que los narcotraficantes llevan a cabo su comercio sin contratiempos”.
Para demostrar lo anterior, reporta un incidente ocurrido el 30 de junio. Ese día un ciudadano estadunidense –no identificado en el cable– programó una cita en el consulado para renovar su pasaporte. El personal de seguridad detectó que éste tenía una orden de aprehensión pendiente en Estados Unidos por narcotráfico, por lo que el consulado alertó a la policía preventiva estatal y le pidió que acudiera al lugar para arrestar al prófugo. “Como ha ocurrido en ocasiones similares en el pasado –dice el cable–, la policía preventiva envió puntualmente un vehículo sin insignias y esperó a que el individuo abandonara el edificio. Pero éste salió, abordó un automóvil Crown Victoria, donde lo aguardaban dos guardaespaldas armados, y arrancó a toda velocidad, encaminándose directamente al estacionamiento del Hipódromo Agua Caliente, situado justo enfrente del consulado.”
El ex alcalde Jorge Hank Rohn es dueño de la concesión del hipódromo. Kramer añade la siguiente nota: “No se sabe si los guardaespaldas eran policías al servicio del sujeto o integrantes del aparato de seguridad de Hank, pero el Crown Victoria es el clásico auto que usan los policías que dan protección a los narcotraficantes o a funcionarios del gobierno”.
La “caza” del prófugo llegó hasta ahí. “Los policías preventivos intentaron una persecución desganada y después avisaron a los oficiales de seguridad del consulado que no podían entrar ahí”.
El cable concluye con un comentario demoledor para el político bajacaliforniano: “Es muy extendida la creencia de que Hank fue un alcalde corrupto y que aún está involucrado con el narcotráfico (terminó su gestión adelantada en 2007 para contender por la gubernatura, que perdió)”.
A pesar de la derrota electoral, el cónsul señala que el priísta todavía tiene influencia a escala local “y la policía no tiene voluntad de interferir en áreas que son consideradas su territorio”.
El caso turbio de Leyzaola
Algunos días después Kramer endurece los términos de su crítica: “Las facciones rivales del cártel de los Arellano Félix que combaten entre sí por el control de Tijuana y Rosarito siguen confiando en la cooperación y protección de las policías locales”. Es un comentario a propósito de la campaña declarada por el cártel contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, cuando amenazó con matar cinco policías cada día hasta lograr la renuncia del militar retirado.
Se trata del cable 09TIJUANA732, confidencial, que La Jornada dio a conocer el pasado 16 de marzo, en el que el consulado advierte a sus superiores que la imagen de “chico bueno” de Leyzaola es más turbia de lo que se cree y que, según reportes de sus informantes, es posible que el titular de la seguridad municipal se haya empeñado en perseguir implacablemente a la facción de Teodoro García Simental, El Teo, para beneficiar a sus rivales, “más discretos en su manejo del negocio”.
El consulado da cuenta en ese texto de varios episodios de policías asesinados: abril, con 13 agentes; 6 y 7 de junio, otros cuatro. “No es inusual este tipo de homicidios de policías en Tijuana. Generalmente se asume que las víctimas están vinculadas con el narcotráfico o que, en ocasiones, son agentes que se niegan a vincularse”.
Sin embargo, considera “raro” que las organizaciones criminales dirijan sus ataques contra la policía municipal, “ya que por el general no son ellos los responsables de los arrestos y capturas de droga, sino el Ejército, la policía preventiva (estatal) y en menor medida de la Policía Federal Preventiva”.
Las “lecciones de Tijuana”, según Pascual
A pesar de las experiencias y reportes de sus diplomáticos en Tijuana, en la ciudad de México el embajador Carlos Pascual siguió presentando el “caso Tijuana” como ejemplar en la lucha contra el narcotráfico. Así lo expresa en el cable 09MEXICO3278, que envió a Washington el 19 de noviembre de 2009 para preparar la visita oficial del subsecretario de Estado, Jacob Lew, quien vino a México para hacer una revisión de la Iniciativa Mérida:
“Respecto a las instituciones judiciales mexicanas, nos hemos enfocado a trabajar especialmente con las agencias federales, ya que en ese nivel hemos avanzado mucho en nuestra cercanía y confianza. Pero también estamos haciendo esfuerzos muy serios en los niveles estatal y municipal con organizaciones judiciales en las ciudades en donde hay más carencia de recursos y mayor corrupción. Tijuana ha registrado últimamente algunos éxitos en la restructuración de sus instituciones policiacas. Pretendemos aplicar algunas de las lecciones aprendidas en Tijuana para que el gobierno mexicano pueda enfrentar los desafíos que enfrenta Ciudad Juárez” (…) ya que para el presidente Felipe Calderón “no hay mayor reto al corto plazo que reducir el grotesco nivel de homicidios, secuestros y tráfico de drogas en esta ciudad fronteriza”.
En efecto, un año cuatro meses después el hombre detrás del supuesto milagro tijuanense asumía el cargo de secretario de Seguridad Pública en la ciudad chihuahuense. Misma lección, mismo maestro.
Otra realidad, desde el terreno
Este cable de Pascual parece reflejar una realidad totalmente distinta a la que en esas fechas le reportaba el cónsul Kashkett desde el terreno. El 13 de noviembre el equipo de seguridad del consulado seguía con preocupación la escalada violenta y daba cuenta, en el cable 09TIJUANA1144, de dos balaceras (7 y 10 de noviembre) ocurridas en las inmediaciones de la sede diplomática. Uno fue un ataque contra el hotel Corona, cerca de las residencias de algunos empleados de la misión y de la oficina de visas.
En ese hotel residían los agentes de la Policía Federal que se rotaban cada seis meses en Tijuana para evitar que se corrompieran. En ese caso murió un civil. El segundo fue contra el motel Real, que con frecuencia es usado como lugar de arraigo para detenidos bajo investigación, en particular policías locales que eran señalados en las purgas del teniente coronel Leyzaola.
“Los ataques de los cárteles y organizaciones criminales contra instituciones a nivel municipal, estatal y federal son cada vez más abiertas y visibles. En Baja California este 2009 han sido asesinados en agresiones orquestadas 40 policías. En los llamados narcomensajes y en interferencias en las frecuencias de la radio de banda corta que usan los policías profieren amenazas, asegurando que seguirán matando policías hasta que renuncie Leyzaola… Continuaremos monitoreando la situación”, anuncia Kashkett.
Un mes después reporta la ruptura de una tácita tregua que había entre las dos fracciones rivales del cártel de Tijuana, las bandas de Teodoro García El Teo (que se había aliado con El Chapo Guzmán) y el operador de los Arellano, Fernando Sánchez El Ingeniero. “Ante la nueva oleada de asesinatos y secuestros escalofriantes se ha vuelto a abatir entre la población de Tijuana un clima de aprehensión que no se veía desde 2008”.
El 8 de enero otro despacho de Kashkett (10TIJUANA15) reporta que el procurador general de justicia del estado Rommel Moreno le ha confiado que todas las fuerzas de seguridad están en alerta roja dado el repunte de la violencia. “Hay una nueva tendencia, muy perturbadora, que indica que los cárteles están golpeando ya a miembros de las familias de sus rivales”, escribe.
Nuevamente tienen que activar el Comité de Acción de Emergencia por dos nuevos enfrentamientos en las cercanías de sus instalaciones, aunque aparentemente no hay conexión alguna con la misión diplomática. “Nos informan que las bandas de El Teo y El Ingeniero están atacando a miembros de sus respectivas familias en venganza por asesinatos entre los dos grupos rivales”. Este ritmo en los homicidios “no parece que vaya a ceder próximamente”.
Pese a lo expresado en la confidencialidad de los cables diplomáticos, Kashkett departía socialmente con la cúpula policiaca-militar de Tijuana. A mediados de 2010, el escritor William Finnegan, cronista de la revista The New Yorker, en su reportaje “En nombre de la ley” (edición del 18 de octubre) ubica a Leyzaola entre los invitados en la residencia de la misión diplomática, en la fiesta del 4 de julio. Otro de los invitados al convivio en torno a la piscina de la residencia diplomática es Jesús Quiñones Márquez, quien entonces fungía como encargado de enlace internacional en la Procuraduría de Justicia del Estado. Tres semanas después, Quiñones era arrestado en San Diego junto con 43 personas acusados de trabajar en ambos lados de la frontera en favor de la nueva célula del cártel de Tijuana comandado por El Ingeniero. El hombre de confianza del procurador bajacaliforniano era también el contacto de más alto nivel, dentro del gobierno estatal, con el consulado. Ningún cable de los filtrados por Wikileaks lo menciona.
Con información de Gustavo Castillo.
Blanche Petrich
En público, el gobierno de Estados Unidos aplaudió el “modelo Tijuana” como ejemplo exitoso en el combate al narcotráfico. En 2009, el consulado general en la ciudad bajacaliforniana hacía eco de la propaganda oficial que celebraba la drástica reducción de la violencia relacionada con el narcotráfico, después del terrible periodo de 2008, como una importante derrota de los cárteles.
Pero en privado lo puso en duda. En varios reportes consulares de la época, a los que La Jornada tuvo acceso por conducto de Wikileaks, los diplomáticos estadunidenses consideran que Tijuana sigue siendo un “puerto seguro” para las organizaciones criminales; señalan que los narcotraficantes “cuentan con la protección y colaboración de las policías locales” y descalifican las estadísticas oficiales: “No dicen gran cosa”.
Un cable firmado por el recién llegado cónsul Steven Kashkett (09TIJUANA1116) en octubre de 2009 reporta: “Los progresos que se observan en la calle no concuerdan con los progresos en el terreno judicial. Los militares y la policía estatal nos han entregado una impresionante lista de arrestos y confiscaciones de droga y dinero a lo largo del año. Aun concediendo crédito a estos números –aunque fuentes del gobierno estadunidense creen que son exagerados y sospechosamente mucho más altos que en cualquier otro estado– no tenemos un registro del seguimiento de los procesos judiciales derivados de estos arrestos. Sin esa pieza faltante en el rompecabezas, no puede hablarse de una irrupción en las estructuras del narcotráfico”.
Los estadunidenses tampoco confían en que la anunciada depuración de las corporaciones policiacas sería capaz de mantener fuera de las corporaciones de seguridad a todos los elementos corruptos. Lo dejan ver en el cable 08TIJUANA1153, con fecha 10 de diciembre de 2008, en el que comentan uno de los primeros arrestos de grandes grupos de agentes acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Fueron 21 oficiales (19 de la policía municipal de Tijuana y dos de la estatal), incluidos dos comandantes y un enlace oficial del propio consulado.
El secretario de Seguridad Pública Municipal de entonces, Alberto Capella, aseguró a la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson –quien coincidentemente se encontraba en la ciudad– que a diferencia de arrestos similares, en esta ocasión los agentes investigados no serían reinstalados en sus puestos.
“Pero muchos –se comenta en el despacho– lo dudan. Un prominente abogado comentó a la subsecretaria Jacobson que la forma en la que fueron manejados estos arrestos –por oficiales del Ejército y sin pruebas sólidas en su contra– pone en entredicho el estado de derecho, justo cuando el gobierno mexicano está intentando mejorar su sistema judicial”.
Una paz aparente
En aquel momento, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán sostenía una insistente campaña basada en estadísticas oficiales de la narcoviolencia en Baja California, que acusaban una abrupta caída en el número de ejecuciones. El gobierno federal y la embajada estadunidense lo secundaban. Tijuana –que colinda al norte con el estado de California, sus 11 millones de usuarios de mariguana y sus 900 mil adictos a drogas duras– consiguió en 2009 labrarse una imagen de ciudad pacificada.
Sobre todo porque 2008 había sido el año del horror, frenético en decapitaciones y descuartizamientos, con actores de reparto como Santiago Meza, El Pozolero (detenido en enero de 2009), y hallazgos de colgados y acribillados cada día. Las cifras oficiales cerraron el año con un recuento de 882 asesinatos relacionados con el narcotráfico. En diciembre de ese año el teniente coronel (retirado) Julián Leyzaola fue ascendido de jefe de la policía de la ciudad a secretario de Seguridad Pública Municipal.
A principios de 2009 la estadística de homicidios empezó a bajar gradualmente: “sólo” 174 asesinatos relacionados con la droga en el primer semestre. Pero en la segunda mitad de ese año las matanzas volvieron a ritmo acelerado, en particular en los últimos tres meses del año, cuando Tijuana registró 62 ejecuciones del narco cada semana, el mayor número en su historia. Los cuerpos de las víctimas mostraban huellas de enorme brutalidad: mutilados, colgados de puentes, abandonados en basureros o restos humanos disueltos en tambos con ácido. Un total de 237 muertes en el último trimestre.
Sin embargo, ese inicio de 2009 el “efecto Leyzaola” era acogido con entusiasmo por empresarios, líderes y funcionarios de seguridad en Tijuana.
En octubre, Kashkett advertía a sus superiores en la embajada de México y el Departamento de Estado: “Esa mejoría en la estadística no dice gran cosa. Tijuana es una ciudad en disputa entre los jefes de los cárteles rivales de los Arellano Félix y el de Sinaloa, por lo que sigue siendo de alta criminalidad”.
Apunta que “otro tipo de crímenes, como el secuestro, han aumentado”. Además, registra que “los ataques a policías y funcionarios del gobierno se han acelerado a ritmo sin precedente… Creemos que las estadísticas oficiales son artificialmente bajas porque la gente teme presentar denuncias ante autoridades que, se sospecha, han sido corrompidas por las organizaciones de narcotraficantes”.
El hipódromo de Hank, puerto seguro
El antecesor de Kashkett, Ronald Kramer, opinaba lo mismo a mediados de 2009, en otro cable (09TIJUANA709) que tituló “Cómo los narcotraficantes evaden las autoridades”. Indica, a modo de conclusión, que en esa región fronteriza había muchos “refugios seguros” para los delincuentes. Y señala directamente el Hipódromo Agua Caliente, concesionado al ex alcalde Jorge Hank Rohn, como uno de estos refugios.
En esas fechas, el cónsul general reportaba que a pesar de los “impresionantes números” de arrestos, las asociaciones del crimen organizado están “debilitadas pero no derrotadas”.
Dice este despacho fechado el 8 de julio: “A pesar de los éxitos, la compleja interacción entre los políticos locales y las instituciones judiciales permiten que Baja California, y en particular Tijuana, sea una plaza relativamente segura en la que los narcotraficantes llevan a cabo su comercio sin contratiempos”.
Para demostrar lo anterior, reporta un incidente ocurrido el 30 de junio. Ese día un ciudadano estadunidense –no identificado en el cable– programó una cita en el consulado para renovar su pasaporte. El personal de seguridad detectó que éste tenía una orden de aprehensión pendiente en Estados Unidos por narcotráfico, por lo que el consulado alertó a la policía preventiva estatal y le pidió que acudiera al lugar para arrestar al prófugo. “Como ha ocurrido en ocasiones similares en el pasado –dice el cable–, la policía preventiva envió puntualmente un vehículo sin insignias y esperó a que el individuo abandonara el edificio. Pero éste salió, abordó un automóvil Crown Victoria, donde lo aguardaban dos guardaespaldas armados, y arrancó a toda velocidad, encaminándose directamente al estacionamiento del Hipódromo Agua Caliente, situado justo enfrente del consulado.”
El ex alcalde Jorge Hank Rohn es dueño de la concesión del hipódromo. Kramer añade la siguiente nota: “No se sabe si los guardaespaldas eran policías al servicio del sujeto o integrantes del aparato de seguridad de Hank, pero el Crown Victoria es el clásico auto que usan los policías que dan protección a los narcotraficantes o a funcionarios del gobierno”.
La “caza” del prófugo llegó hasta ahí. “Los policías preventivos intentaron una persecución desganada y después avisaron a los oficiales de seguridad del consulado que no podían entrar ahí”.
El cable concluye con un comentario demoledor para el político bajacaliforniano: “Es muy extendida la creencia de que Hank fue un alcalde corrupto y que aún está involucrado con el narcotráfico (terminó su gestión adelantada en 2007 para contender por la gubernatura, que perdió)”.
A pesar de la derrota electoral, el cónsul señala que el priísta todavía tiene influencia a escala local “y la policía no tiene voluntad de interferir en áreas que son consideradas su territorio”.
El caso turbio de Leyzaola
Algunos días después Kramer endurece los términos de su crítica: “Las facciones rivales del cártel de los Arellano Félix que combaten entre sí por el control de Tijuana y Rosarito siguen confiando en la cooperación y protección de las policías locales”. Es un comentario a propósito de la campaña declarada por el cártel contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, cuando amenazó con matar cinco policías cada día hasta lograr la renuncia del militar retirado.
Se trata del cable 09TIJUANA732, confidencial, que La Jornada dio a conocer el pasado 16 de marzo, en el que el consulado advierte a sus superiores que la imagen de “chico bueno” de Leyzaola es más turbia de lo que se cree y que, según reportes de sus informantes, es posible que el titular de la seguridad municipal se haya empeñado en perseguir implacablemente a la facción de Teodoro García Simental, El Teo, para beneficiar a sus rivales, “más discretos en su manejo del negocio”.
El consulado da cuenta en ese texto de varios episodios de policías asesinados: abril, con 13 agentes; 6 y 7 de junio, otros cuatro. “No es inusual este tipo de homicidios de policías en Tijuana. Generalmente se asume que las víctimas están vinculadas con el narcotráfico o que, en ocasiones, son agentes que se niegan a vincularse”.
Sin embargo, considera “raro” que las organizaciones criminales dirijan sus ataques contra la policía municipal, “ya que por el general no son ellos los responsables de los arrestos y capturas de droga, sino el Ejército, la policía preventiva (estatal) y en menor medida de la Policía Federal Preventiva”.
Las “lecciones de Tijuana”, según Pascual
A pesar de las experiencias y reportes de sus diplomáticos en Tijuana, en la ciudad de México el embajador Carlos Pascual siguió presentando el “caso Tijuana” como ejemplar en la lucha contra el narcotráfico. Así lo expresa en el cable 09MEXICO3278, que envió a Washington el 19 de noviembre de 2009 para preparar la visita oficial del subsecretario de Estado, Jacob Lew, quien vino a México para hacer una revisión de la Iniciativa Mérida:
“Respecto a las instituciones judiciales mexicanas, nos hemos enfocado a trabajar especialmente con las agencias federales, ya que en ese nivel hemos avanzado mucho en nuestra cercanía y confianza. Pero también estamos haciendo esfuerzos muy serios en los niveles estatal y municipal con organizaciones judiciales en las ciudades en donde hay más carencia de recursos y mayor corrupción. Tijuana ha registrado últimamente algunos éxitos en la restructuración de sus instituciones policiacas. Pretendemos aplicar algunas de las lecciones aprendidas en Tijuana para que el gobierno mexicano pueda enfrentar los desafíos que enfrenta Ciudad Juárez” (…) ya que para el presidente Felipe Calderón “no hay mayor reto al corto plazo que reducir el grotesco nivel de homicidios, secuestros y tráfico de drogas en esta ciudad fronteriza”.
En efecto, un año cuatro meses después el hombre detrás del supuesto milagro tijuanense asumía el cargo de secretario de Seguridad Pública en la ciudad chihuahuense. Misma lección, mismo maestro.
Otra realidad, desde el terreno
Este cable de Pascual parece reflejar una realidad totalmente distinta a la que en esas fechas le reportaba el cónsul Kashkett desde el terreno. El 13 de noviembre el equipo de seguridad del consulado seguía con preocupación la escalada violenta y daba cuenta, en el cable 09TIJUANA1144, de dos balaceras (7 y 10 de noviembre) ocurridas en las inmediaciones de la sede diplomática. Uno fue un ataque contra el hotel Corona, cerca de las residencias de algunos empleados de la misión y de la oficina de visas.
En ese hotel residían los agentes de la Policía Federal que se rotaban cada seis meses en Tijuana para evitar que se corrompieran. En ese caso murió un civil. El segundo fue contra el motel Real, que con frecuencia es usado como lugar de arraigo para detenidos bajo investigación, en particular policías locales que eran señalados en las purgas del teniente coronel Leyzaola.
“Los ataques de los cárteles y organizaciones criminales contra instituciones a nivel municipal, estatal y federal son cada vez más abiertas y visibles. En Baja California este 2009 han sido asesinados en agresiones orquestadas 40 policías. En los llamados narcomensajes y en interferencias en las frecuencias de la radio de banda corta que usan los policías profieren amenazas, asegurando que seguirán matando policías hasta que renuncie Leyzaola… Continuaremos monitoreando la situación”, anuncia Kashkett.
Un mes después reporta la ruptura de una tácita tregua que había entre las dos fracciones rivales del cártel de Tijuana, las bandas de Teodoro García El Teo (que se había aliado con El Chapo Guzmán) y el operador de los Arellano, Fernando Sánchez El Ingeniero. “Ante la nueva oleada de asesinatos y secuestros escalofriantes se ha vuelto a abatir entre la población de Tijuana un clima de aprehensión que no se veía desde 2008”.
El 8 de enero otro despacho de Kashkett (10TIJUANA15) reporta que el procurador general de justicia del estado Rommel Moreno le ha confiado que todas las fuerzas de seguridad están en alerta roja dado el repunte de la violencia. “Hay una nueva tendencia, muy perturbadora, que indica que los cárteles están golpeando ya a miembros de las familias de sus rivales”, escribe.
Nuevamente tienen que activar el Comité de Acción de Emergencia por dos nuevos enfrentamientos en las cercanías de sus instalaciones, aunque aparentemente no hay conexión alguna con la misión diplomática. “Nos informan que las bandas de El Teo y El Ingeniero están atacando a miembros de sus respectivas familias en venganza por asesinatos entre los dos grupos rivales”. Este ritmo en los homicidios “no parece que vaya a ceder próximamente”.
Pese a lo expresado en la confidencialidad de los cables diplomáticos, Kashkett departía socialmente con la cúpula policiaca-militar de Tijuana. A mediados de 2010, el escritor William Finnegan, cronista de la revista The New Yorker, en su reportaje “En nombre de la ley” (edición del 18 de octubre) ubica a Leyzaola entre los invitados en la residencia de la misión diplomática, en la fiesta del 4 de julio. Otro de los invitados al convivio en torno a la piscina de la residencia diplomática es Jesús Quiñones Márquez, quien entonces fungía como encargado de enlace internacional en la Procuraduría de Justicia del Estado. Tres semanas después, Quiñones era arrestado en San Diego junto con 43 personas acusados de trabajar en ambos lados de la frontera en favor de la nueva célula del cártel de Tijuana comandado por El Ingeniero. El hombre de confianza del procurador bajacaliforniano era también el contacto de más alto nivel, dentro del gobierno estatal, con el consulado. Ningún cable de los filtrados por Wikileaks lo menciona.
Con información de Gustavo Castillo.
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