Anahí Rama cortesía de Reuters para RMX
Cientos de cadáveres hallados en "narcofosas" abarrotan morgues en México mientras miles de personas buscan a familiares desaparecidos, en una de las caras más dramáticas de la guerra antidrogas que se libra en el país.
Hasta hace poco, el rostro más visible de los combates eran tendales de muertos en diferentes zonas por enfrentamientos que libran los cárteles entre sí o con fuerzas de seguridad, que han dejado unos 38,000 fallecidos desde que el presidente Felipe Calderón asumió en diciembre del 2006.
Pero el hallazgo de las llamadas "narcofosas", con más de 180 cadáveres en el estado de Tamaulipas y más de 200 en Durango, en el norte, entre abril y mayo, ha revelado que la espiral de violencia alcanza a cualquiera que use una carretera o se atreva a trabajar en zonas dominadas por el crimen.
Grupos como los Zetas cobran a los inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente a Estados Unidos en ciudades como Reynosa, en Tamaulipas; interceptan en las carreteras sobre todo a quienes conducen automóviles con placa de otro estado y tienen a los pequeños negocios aterrorizados con extorsiones.
Este cártel, formado por desertores del Ejército, simplemente asesina a quien se resiste y secuestra también parar reclutar sicarios, según hipótesis de las autoridades.
Como si se tratara de las dictaduras que atormentaron a países sudamericanos como Argentina y Brasil en las décadas de 1970 y 1980, el fenómeno de la desaparición forzada ha pasado a formar parte de la guerra del narcotráfico en México, pero con el agravante de que muchas veces las autoridades actúan en el bando de los delincuentes.
"La gente simplemente desaparece, muchas veces en grupo, y no hay ni pedido de rescate. No hay semana en que no registremos algún caso y no hay respuesta de las autoridades", dijo Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios del estado de Coahuila.
Esta es una de las organizaciones a la que acuden los familiares, desilusionados del trato que reciben de las fiscalías estatales donde muchas veces, según dicen, la policía sugiere que sus parientes tenían vínculos con el narcotráfico y por eso desaparecieron, o tienen sospechas de complicidad de los agentes con los delincuentes.
La autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene expedientes de 5,397 personas desaparecidas desde el 2006, pero estima que son más debido a que muchos no denuncian por la desconfianza en las autoridades.
POBRES ESPERANZAS
Debido al impacto de las fosas en San Fernando, en Tamaulipas -de los peores hallazgos de narcofosas-, algunas personas albergan esperanzas de hallar al menos el cuerpo de sus familiares para darle sepultura y que se agilicen las investigaciones, centralizadas por la fiscalía federal (PGR).
Sin embargo, el proceso de identificación avanza a paso de tortuga. De 183 cuerpos hallados en Tamaulipas, la mayoría presumiblemente de inmigrantes que iban camino a Estados Unidos, apenas cuatro han sido identificados plenamente y entregados a sus familias después de un mes y medio de haber sido encontrados.
Reina Estrada, del central Estado de México, perdió contacto con su esposo el 21 de marzo del 2009, poco después de que él le avisara que le iba a depositar dinero en el pueblo de Coahuila Piedras Negras, fronterizo con Texas, tras una venta de pintura, actividad que realizaba desde hacía tiempo junto con otros compañeros del mismo estado.
"Nunca supimos más nada de él ni de los demás, haga de cuenta que la tierra se los tragó. Las autoridades nos dicen que están trabajando y yo les digo: no, no están trabajando, porque no hay resultados", dijo la mujer con voz desesperada.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha dicho que los exámenes de ADN tardan de tres a cuatro semanas y ha instado a quienes tienen familiares desaparecidos a presentarse para realizarse pruebas de sangre.
Una antropóloga forense extranjera, que prefirió omitir su nombre, dijo que dada la magnitud del problema de los desaparecidos y la falta de confianza en las autoridades, México debería convocar a una comisión especializada internacional para darle transparencia al proceso de identificación de cuerpos y lograr más apoyo técnico.
El gobierno federal, al que pertenece la PGR, señala a los gobiernos estatales -en su mayoría administrados por el opositor PRI- de no haber hecho lo suficiente para depurar a sus policías, a menudo corrompidas por el inmenso poder de cárteles como el de Sinaloa, el Golfo o los Zetas.
Pero en sitios como la fronteriza Ciudad Juárez, donde el Ejército y la Policía Federal han estado desde el 2008 a cargo del patrullaje, organizaciones civiles han denunciado desapariciones también a manos de soldados, aunque muchas veces los delincuentes utilizan sus uniformes.
"Aquí no hay una frontera para establecer dónde termina la acción de los delincuentes y empieza la de la autoridad, simplemente aparecen grupos armados y se llevan a la gente", dijo Gabino Gómez, de un grupo de derechos humanos local que participó en un informe de desapariciones para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Cientos de cadáveres hallados en "narcofosas" abarrotan morgues en México mientras miles de personas buscan a familiares desaparecidos, en una de las caras más dramáticas de la guerra antidrogas que se libra en el país.
Hasta hace poco, el rostro más visible de los combates eran tendales de muertos en diferentes zonas por enfrentamientos que libran los cárteles entre sí o con fuerzas de seguridad, que han dejado unos 38,000 fallecidos desde que el presidente Felipe Calderón asumió en diciembre del 2006.
Pero el hallazgo de las llamadas "narcofosas", con más de 180 cadáveres en el estado de Tamaulipas y más de 200 en Durango, en el norte, entre abril y mayo, ha revelado que la espiral de violencia alcanza a cualquiera que use una carretera o se atreva a trabajar en zonas dominadas por el crimen.
Grupos como los Zetas cobran a los inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente a Estados Unidos en ciudades como Reynosa, en Tamaulipas; interceptan en las carreteras sobre todo a quienes conducen automóviles con placa de otro estado y tienen a los pequeños negocios aterrorizados con extorsiones.
Este cártel, formado por desertores del Ejército, simplemente asesina a quien se resiste y secuestra también parar reclutar sicarios, según hipótesis de las autoridades.
Como si se tratara de las dictaduras que atormentaron a países sudamericanos como Argentina y Brasil en las décadas de 1970 y 1980, el fenómeno de la desaparición forzada ha pasado a formar parte de la guerra del narcotráfico en México, pero con el agravante de que muchas veces las autoridades actúan en el bando de los delincuentes.
"La gente simplemente desaparece, muchas veces en grupo, y no hay ni pedido de rescate. No hay semana en que no registremos algún caso y no hay respuesta de las autoridades", dijo Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios del estado de Coahuila.
Esta es una de las organizaciones a la que acuden los familiares, desilusionados del trato que reciben de las fiscalías estatales donde muchas veces, según dicen, la policía sugiere que sus parientes tenían vínculos con el narcotráfico y por eso desaparecieron, o tienen sospechas de complicidad de los agentes con los delincuentes.
La autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene expedientes de 5,397 personas desaparecidas desde el 2006, pero estima que son más debido a que muchos no denuncian por la desconfianza en las autoridades.
POBRES ESPERANZAS
Debido al impacto de las fosas en San Fernando, en Tamaulipas -de los peores hallazgos de narcofosas-, algunas personas albergan esperanzas de hallar al menos el cuerpo de sus familiares para darle sepultura y que se agilicen las investigaciones, centralizadas por la fiscalía federal (PGR).
Sin embargo, el proceso de identificación avanza a paso de tortuga. De 183 cuerpos hallados en Tamaulipas, la mayoría presumiblemente de inmigrantes que iban camino a Estados Unidos, apenas cuatro han sido identificados plenamente y entregados a sus familias después de un mes y medio de haber sido encontrados.
Reina Estrada, del central Estado de México, perdió contacto con su esposo el 21 de marzo del 2009, poco después de que él le avisara que le iba a depositar dinero en el pueblo de Coahuila Piedras Negras, fronterizo con Texas, tras una venta de pintura, actividad que realizaba desde hacía tiempo junto con otros compañeros del mismo estado.
"Nunca supimos más nada de él ni de los demás, haga de cuenta que la tierra se los tragó. Las autoridades nos dicen que están trabajando y yo les digo: no, no están trabajando, porque no hay resultados", dijo la mujer con voz desesperada.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha dicho que los exámenes de ADN tardan de tres a cuatro semanas y ha instado a quienes tienen familiares desaparecidos a presentarse para realizarse pruebas de sangre.
Una antropóloga forense extranjera, que prefirió omitir su nombre, dijo que dada la magnitud del problema de los desaparecidos y la falta de confianza en las autoridades, México debería convocar a una comisión especializada internacional para darle transparencia al proceso de identificación de cuerpos y lograr más apoyo técnico.
El gobierno federal, al que pertenece la PGR, señala a los gobiernos estatales -en su mayoría administrados por el opositor PRI- de no haber hecho lo suficiente para depurar a sus policías, a menudo corrompidas por el inmenso poder de cárteles como el de Sinaloa, el Golfo o los Zetas.
Pero en sitios como la fronteriza Ciudad Juárez, donde el Ejército y la Policía Federal han estado desde el 2008 a cargo del patrullaje, organizaciones civiles han denunciado desapariciones también a manos de soldados, aunque muchas veces los delincuentes utilizan sus uniformes.
"Aquí no hay una frontera para establecer dónde termina la acción de los delincuentes y empieza la de la autoridad, simplemente aparecen grupos armados y se llevan a la gente", dijo Gabino Gómez, de un grupo de derechos humanos local que participó en un informe de desapariciones para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
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