BBC Mundo / RMX
Otra vez Toncontín. Han pasado casi dos años desde aquel 5 de julio en el que Manuel Zelaya, entonces presidente de Honduras derrocado por un golpe de Estado, intentara aterrizar en este aeropuerto, en Tegucigalpa.
Ese día de 2009 los camiones militares se interpusieron en la pista de aterrizaje para evitar el descenso del avión venezolano que pretendía regresar a Zelaya a su país, después de haber sido expulsado a la fuerza en la noche del 28 de junio.
Este sábado la historia será bien diferente.
Si todo sale según lo previsto, Zelaya podrá tocar la pista del aeródromo y el gobierno será quien tenga que garantizar su seguridad cuando aterrice en Tegucigalpa, después de su exilio en Costa Rica, la embajada de Brasil en Honduras, y República Dominicana.
Estará acompañado por algunos de sus ex ministros y diplomáticos de países latinoamericanos que promovieron su retorno.
Y ya en suelo hondureño será recibido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.
Reconciliación
La vuelta del ex presidente es uno de los puntos del acuerdo de Cartagena de Indias, firmado el pasado 22 de mayo por él y por el actual presidente, Porfirio Lobo, con los mandatarios de Venezuela y Colombia como testigos y facilitadores de un pacto aplaudido por Estados Unidos (vea en el cuadro de la derecha los otros puntos del texto).
Zelaya "puede regresar a Honduras sin ningún temor, se le va a tratar con todo el respeto de un ex presidente y garantías que nada va a pasar", aseguró Lobo, quien dice haberse marcado como prioridad "reconciliar a la familia hondureña".
Una tarea que no será fácil en un país donde, según organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, desde el Golpe se han intensificado los ataques a campesinos, homosexuales y periodistas críticos.
"La reconciliación nacional dependerá de que cada una de las partes entienda que aquí no estamos tratando de vencer al otro, sino de convivir de nuevo en paz y democracia en una nueva sociedad", le dice a BBC Mundo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
"Los hondureños están empezando a convivir normalmente, pero la situación nunca fue ideal ni antes, ni durante ni después de Zelaya: falta de oportunidades económicas, malnutrición, deficiencias educativas e impunidad siguen siendo nuestros principales problemas", sostiene.
¿Una amnistía?
"En Honduras hay varias crisis: la política, la económica, la social… Se ha cerrado la primera etapa de un periodo, cuyo principal objetivo era vencer el exilio, pero quedan otros desafíos", dice por su parte Rasel Tomé, vocero del FNRP.
Entre ellos, poder llevar ante la Justicia a quienes participaron en el Golpe de junio de 2009, asegura.
En el Acuerdo de Cartagena, el actual gobierno dice reconocer que "durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos". Pero no existe una mención específica a las responsabilidades de los supuestos agresores.
“Esto no supone para nada una amnistía para los golpistas", le explica a BBC Mundo Tomé, quien cree que esa será una de las luchas que asuma ahora el FNRP.
Para ello el Frente buscará registrarse como un partido que pueda presentar sus candidatos a las próximas elecciones, según se contempla en el texto rubricado por Lobo y Zelaya.
En dicho acuerdo también se celebra la anulación de los procesos judiciales en contra del presidente exiliado, algo que tampoco agrada a alguno de los actores protagonistas de la crisis política.
Hay quienes, como Roberto Micheletti —a quien el Congreso eligió como mandatario interino tras la expulsión de Zelaya— exigen ver al coordinador general del FNRP sentado en el banquillo.
"No creo que en mi país va a haber nada que diga borrón y cuenta nueva. Tenemos que ir a los tribunales", dijo Micheletti en una conferencia de prensa.
Regreso a las instituciones
Si bien la reconciliación nacional o el reparto de culpas parecen tareas a largo plazo para la sociedad hondureña, al menos se vislumbra una consecuencia directa y a corto plazo de la vuelta de Zelaya: el regreso de Honduras a las instituciones que la desterraron tras el Golpe.
El próximo primero de junio, los países miembros de la OEA decidirán sobre el regreso de Honduras al seno del organismo continental en una asamblea general extraordinaria que se celebrará en Washington.
Según el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, los puntos principales que marcan el acuerdo alcanzado en Cartagena son coincidentes con los reclamos de la OEA a Honduras desde hace dos años.
El gobierno de Honduras, que no oculta el "ambiente favorable para ese regreso", también anunció que iniciará las negociaciones para propiciar la reincorporación del país a Petrocaribe.
Y cada vez es más frecuente ver al presidente Lobo participar en cumbres regionales junto a otros líderes centroamericanos como Álvaro Colom o Daniel Ortega, firmes defensores de Manuel Zelaya.
Quizás alguno de ellos baje este sábado del avión de Zelaya cuando aterrice, esta vez sí, en el aeropuerto de Toncontín.
EL ACUERDO DE CARTAGENA
1. Estricto cumplimiento de la Constitución y la ley por parte del gobierno
2. Garantizar el regreso de Zelaya y su derecho a "su acción política en condiciones de seguridad y libertad"
3. Regreso de los seguidores de Zelaya en el exilio, en condiciones de seguridad y libertad
4. Anular los procesos judiciales en contra de Zelaya
5. Especial cumplimiento de la Constitución en lo referente a derechos humanos
6. Participación del Frente Nacional de Resistencia Popular en los procesos electorales
7. Zelaya podrá convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero dentro de los límites ya previstos en la actual carta magna
8. Mayor cooperación con instancias internacionales sobre derechos humanos, a través de una nueva Secretaría
9. Constituir una Comisión de Seguimiento integrada por los cancilleres de Colombia y Venezuela
Otra vez Toncontín. Han pasado casi dos años desde aquel 5 de julio en el que Manuel Zelaya, entonces presidente de Honduras derrocado por un golpe de Estado, intentara aterrizar en este aeropuerto, en Tegucigalpa.
Ese día de 2009 los camiones militares se interpusieron en la pista de aterrizaje para evitar el descenso del avión venezolano que pretendía regresar a Zelaya a su país, después de haber sido expulsado a la fuerza en la noche del 28 de junio.
Este sábado la historia será bien diferente.
Si todo sale según lo previsto, Zelaya podrá tocar la pista del aeródromo y el gobierno será quien tenga que garantizar su seguridad cuando aterrice en Tegucigalpa, después de su exilio en Costa Rica, la embajada de Brasil en Honduras, y República Dominicana.
Estará acompañado por algunos de sus ex ministros y diplomáticos de países latinoamericanos que promovieron su retorno.
Y ya en suelo hondureño será recibido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.
Reconciliación
La vuelta del ex presidente es uno de los puntos del acuerdo de Cartagena de Indias, firmado el pasado 22 de mayo por él y por el actual presidente, Porfirio Lobo, con los mandatarios de Venezuela y Colombia como testigos y facilitadores de un pacto aplaudido por Estados Unidos (vea en el cuadro de la derecha los otros puntos del texto).
Zelaya "puede regresar a Honduras sin ningún temor, se le va a tratar con todo el respeto de un ex presidente y garantías que nada va a pasar", aseguró Lobo, quien dice haberse marcado como prioridad "reconciliar a la familia hondureña".
Una tarea que no será fácil en un país donde, según organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, desde el Golpe se han intensificado los ataques a campesinos, homosexuales y periodistas críticos.
"La reconciliación nacional dependerá de que cada una de las partes entienda que aquí no estamos tratando de vencer al otro, sino de convivir de nuevo en paz y democracia en una nueva sociedad", le dice a BBC Mundo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
"Los hondureños están empezando a convivir normalmente, pero la situación nunca fue ideal ni antes, ni durante ni después de Zelaya: falta de oportunidades económicas, malnutrición, deficiencias educativas e impunidad siguen siendo nuestros principales problemas", sostiene.
¿Una amnistía?
"En Honduras hay varias crisis: la política, la económica, la social… Se ha cerrado la primera etapa de un periodo, cuyo principal objetivo era vencer el exilio, pero quedan otros desafíos", dice por su parte Rasel Tomé, vocero del FNRP.
Entre ellos, poder llevar ante la Justicia a quienes participaron en el Golpe de junio de 2009, asegura.
En el Acuerdo de Cartagena, el actual gobierno dice reconocer que "durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos". Pero no existe una mención específica a las responsabilidades de los supuestos agresores.
“Esto no supone para nada una amnistía para los golpistas", le explica a BBC Mundo Tomé, quien cree que esa será una de las luchas que asuma ahora el FNRP.
Para ello el Frente buscará registrarse como un partido que pueda presentar sus candidatos a las próximas elecciones, según se contempla en el texto rubricado por Lobo y Zelaya.
En dicho acuerdo también se celebra la anulación de los procesos judiciales en contra del presidente exiliado, algo que tampoco agrada a alguno de los actores protagonistas de la crisis política.
Hay quienes, como Roberto Micheletti —a quien el Congreso eligió como mandatario interino tras la expulsión de Zelaya— exigen ver al coordinador general del FNRP sentado en el banquillo.
"No creo que en mi país va a haber nada que diga borrón y cuenta nueva. Tenemos que ir a los tribunales", dijo Micheletti en una conferencia de prensa.
Regreso a las instituciones
Si bien la reconciliación nacional o el reparto de culpas parecen tareas a largo plazo para la sociedad hondureña, al menos se vislumbra una consecuencia directa y a corto plazo de la vuelta de Zelaya: el regreso de Honduras a las instituciones que la desterraron tras el Golpe.
El próximo primero de junio, los países miembros de la OEA decidirán sobre el regreso de Honduras al seno del organismo continental en una asamblea general extraordinaria que se celebrará en Washington.
Según el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, los puntos principales que marcan el acuerdo alcanzado en Cartagena son coincidentes con los reclamos de la OEA a Honduras desde hace dos años.
El gobierno de Honduras, que no oculta el "ambiente favorable para ese regreso", también anunció que iniciará las negociaciones para propiciar la reincorporación del país a Petrocaribe.
Y cada vez es más frecuente ver al presidente Lobo participar en cumbres regionales junto a otros líderes centroamericanos como Álvaro Colom o Daniel Ortega, firmes defensores de Manuel Zelaya.
Quizás alguno de ellos baje este sábado del avión de Zelaya cuando aterrice, esta vez sí, en el aeropuerto de Toncontín.
EL ACUERDO DE CARTAGENA
1. Estricto cumplimiento de la Constitución y la ley por parte del gobierno
2. Garantizar el regreso de Zelaya y su derecho a "su acción política en condiciones de seguridad y libertad"
3. Regreso de los seguidores de Zelaya en el exilio, en condiciones de seguridad y libertad
4. Anular los procesos judiciales en contra de Zelaya
5. Especial cumplimiento de la Constitución en lo referente a derechos humanos
6. Participación del Frente Nacional de Resistencia Popular en los procesos electorales
7. Zelaya podrá convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero dentro de los límites ya previstos en la actual carta magna
8. Mayor cooperación con instancias internacionales sobre derechos humanos, a través de una nueva Secretaría
9. Constituir una Comisión de Seguimiento integrada por los cancilleres de Colombia y Venezuela
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