Verónica Espinosa
Un juez federal dictó la formal prisión a los directores de Seguridad Pública en Uriangato y Moroleón, así como a cinco agentes preventivos de ambos municipios y a tres presuntos distribuidores de drogas, todos señalados por vínculos con La Familia michoacana.
Los tres civiles detenidos son acusados de participar en 23 secuestros y el homicidio de 12 personas, así como de extorsionar a empresarios y comerciantes, ilícitos que –confesaron-- contaron con el apoyo y protección de los preventivos.
Los diez detenidos permanecerán recluidos en el penal de Celaya en tanto se desahoga el proceso respectivo.
La resolución fue dada a conocer hoy por la Procuraduría General de la República (PGR), justo a una semana de que un juez penal de Valle de Santiago liberara a 26 uniformados de Coroneo y Jerécuaro.
Los policías municipales habían sido detenidos exactamente en el mismo tipo de operativo y por los mismos cargos: delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento y ejecución para el cártel de las drogas michoacano.
El sábado 21, el juez del fuero común Ernesto Aguilera Razo decretó auto de libertad para los directores de Policía de Jerécuaro y Coroneo.
La decisión también benefició a 24 agentes que habían sido detenidos el 12 de mayo.
Entre otros argumentos, el juzgador consideró que el Ministerio Público federal no acreditó la existencia de la Familia michoacana y tampoco demostró su estructura y operación territorial.
Entonces la resolución fue apelada por el MP, aunque la titular del Poder Judicial del Estado, la magistrado Raquel Barajas, incluso salió públicamente a respaldar al juzgador de Valle de Santiago.
No obstante que la mayoría de los preventivos fueron liberados de inmediato, el director de Policía de Coroneo, Rafael González Escobedo, y dos de sus preventivos, pudieron ser presentados ante la Procuraduría de Justicia de Querétaro, donde fueron arraigados por 30 días, ya que aparecen involucrados en otra averiguación por la ejecución de tres personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en Amealco, ya en territorio queretano.
Mientras, este día el juez quinto de distrito de Celaya dictó la formal prisión a siete policías de Uriangato y Moroleón, a los que acusa de brindar protección y ayuda a La Familia michoacana para cometer secuestros, homicidios, extorsiones y otros delitos, según la averiguación previa AP/PGR/GTO/LEON-III/3341/2011.
Entre los detenidos figuran el director y subdirector de Seguridad Pública de Moroleón, Luis Alberto Espinoza Espinoza y Marcelino López Domínguez, así como el titular de la misma corporación en Uriangato, Ponciano Moreno Báez, lo mismo que el comandante operativo, Rigoberto Cortez.
También se detuvo como presuntos vendedores de drogas para el grupo michoacano a Rigoberto Soto Brito o Luis Alberto Guadarrama López, Lázaro; Jesús Santamaría Alvarado o Eduardo, Martínez Flores, El Calaca o El Chicudilla y Pedro Jacinto Hernández Loeza, El Chaparro o El Píter, a quienes se les aseguraron, al momento de su captura, dos armas de fuego.
Los tres civiles están acusados de participar en el asesinato de Alicia Guzmán García, mujer a la que después inhumaron de forma clandestina.
Un juez federal dictó la formal prisión a los directores de Seguridad Pública en Uriangato y Moroleón, así como a cinco agentes preventivos de ambos municipios y a tres presuntos distribuidores de drogas, todos señalados por vínculos con La Familia michoacana.
Los tres civiles detenidos son acusados de participar en 23 secuestros y el homicidio de 12 personas, así como de extorsionar a empresarios y comerciantes, ilícitos que –confesaron-- contaron con el apoyo y protección de los preventivos.
Los diez detenidos permanecerán recluidos en el penal de Celaya en tanto se desahoga el proceso respectivo.
La resolución fue dada a conocer hoy por la Procuraduría General de la República (PGR), justo a una semana de que un juez penal de Valle de Santiago liberara a 26 uniformados de Coroneo y Jerécuaro.
Los policías municipales habían sido detenidos exactamente en el mismo tipo de operativo y por los mismos cargos: delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento y ejecución para el cártel de las drogas michoacano.
El sábado 21, el juez del fuero común Ernesto Aguilera Razo decretó auto de libertad para los directores de Policía de Jerécuaro y Coroneo.
La decisión también benefició a 24 agentes que habían sido detenidos el 12 de mayo.
Entre otros argumentos, el juzgador consideró que el Ministerio Público federal no acreditó la existencia de la Familia michoacana y tampoco demostró su estructura y operación territorial.
Entonces la resolución fue apelada por el MP, aunque la titular del Poder Judicial del Estado, la magistrado Raquel Barajas, incluso salió públicamente a respaldar al juzgador de Valle de Santiago.
No obstante que la mayoría de los preventivos fueron liberados de inmediato, el director de Policía de Coroneo, Rafael González Escobedo, y dos de sus preventivos, pudieron ser presentados ante la Procuraduría de Justicia de Querétaro, donde fueron arraigados por 30 días, ya que aparecen involucrados en otra averiguación por la ejecución de tres personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en Amealco, ya en territorio queretano.
Mientras, este día el juez quinto de distrito de Celaya dictó la formal prisión a siete policías de Uriangato y Moroleón, a los que acusa de brindar protección y ayuda a La Familia michoacana para cometer secuestros, homicidios, extorsiones y otros delitos, según la averiguación previa AP/PGR/GTO/LEON-III/3341/2011.
Entre los detenidos figuran el director y subdirector de Seguridad Pública de Moroleón, Luis Alberto Espinoza Espinoza y Marcelino López Domínguez, así como el titular de la misma corporación en Uriangato, Ponciano Moreno Báez, lo mismo que el comandante operativo, Rigoberto Cortez.
También se detuvo como presuntos vendedores de drogas para el grupo michoacano a Rigoberto Soto Brito o Luis Alberto Guadarrama López, Lázaro; Jesús Santamaría Alvarado o Eduardo, Martínez Flores, El Calaca o El Chicudilla y Pedro Jacinto Hernández Loeza, El Chaparro o El Píter, a quienes se les aseguraron, al momento de su captura, dos armas de fuego.
Los tres civiles están acusados de participar en el asesinato de Alicia Guzmán García, mujer a la que después inhumaron de forma clandestina.
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