Orlando Delgado Selley
España ha vuelto a estar en las primeras páginas de la prensa mundial y de los noticieros de televisión.
Lo ha estado no porque la izquierda que gobierna fuera barrida en las elecciones por una derecha irresponsable y sin proyecto, tampoco porque sus datos económicos sigan estando entre los peores de la Europa Unida, ni siquiera porque la reestructuración de la deuda griega parezca inminente lo que afectará el costo de la deuda española.
Está en el centro de la atención global porque ha surgido una rebelión juvenil. Desde el 15 de mayo pasado, primero en Madrid y luego en prácticamente todas las grandes ciudades españolas, los jóvenes tomaron las principales plazas hasta que fueron desalojados, como sucedió en la Plaza del Sol, en la capital.
Ya se ha escrito mucho sobre su significado, sobre las emociones que despierta. Ellos mismos, los que se han rebelado, están emocionados. Resalta en cada plaza su vitalidad, pero también resalta que se proponen lograr cambios y que no este claro para ellos, mucho menos para el resto del país, que los observa y está dispuesto a apoyarles como lo lograrán.
Por ejemplo en el blog de la acampada (equivalente a lo que conocemos como plantón) de Santiago de Compostela (acampadascq.blogspot.com) aparece un manifiesto de ocho puntos: eliminación de los privilegios de los políticos, fin del desempleo, derecho a la vivienda, mejora de los servicios públicos, control de bancos, fiscalidad, libertades ciudadanas y democracia participativa y reducción del gasto militar.
Se trata de demandas de diverso nivel con las que, como dicen los acampados, todo el mundo está, o debiera estar, de acuerdo, salvo los grandes banqueros y empresarios. Pero de ese posible acuerdo, que tiene valor, no está claro que pasos se proponen dar para lograrlos y, en consecuencia, si podrán mantener el acuerdo con muchos españoles.
Dos miembros de la Comisión de Comunicación de los acampados, los del 15-M de Santiago de Compostela, Tere y Manu, señalaron que “quieren cambiar las reglas del juego, pero no pretenden cambiar el juego.”
El juego al que se refieren se llama capitalismo y las reglas que pretenden cambiar son las que han utilizado los que gobiernan en este tiempo y en España. Pero los gobiernos no gobiernan el capitalismo. Las reglas remiten a la manera en la que se ha administrado la crisis.
Los ocho puntos no se plantean como declaraciones generales. Incorporan exigencias específicas. El punto uno, eliminación de privilegios de los políticos, exige que castigue el ausentismo de los de los electos, sanciones por abandono de funciones –si esto lo aplicáramos nosotros nadie en México podría ser candidato-, supresión de la prerrogativa para no pagar impuestos y otros asociados a jubilaciones.
Una exigencia importante es que el salario de diputados se ubique en el promedio salarial de los españoles –imaginemos que en México esto querría decir que los diputados ganaran alrededor de 12 mil pesos. Además que se elimine la inmunidad, esto es, el tan preciado fuero de nuestros diputados y senadores. Es cierto, todos están de acuerdo en España con esto, y lo estarían en México. El problema es cómo lograrlo.
La segunda demanda, contra el desempleo, propone que se reparta el trabajo existente, fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%). El acuerdo aquí ya no es tan generalizado. Los problemas de implementación son fundamentales: ¿quién repartiría el trabajo existente?¿cómo se lograría que los actualmente ocupados acepten reducir su jornada de trabajo?¿cuál sería el impacto salarial?
Otro planteo es que se mantenga la jubilación en 65 años, durante el tiempo necesario para que los jóvenes desempleados consigan un puesto de trabajo. Demandan que se prohíban los despidos colectivos en las grandes empresas que mantengan utilidades.
En este momento Telefónica, la gran empresa española de telefonía, ha decidido despedir a 8 mil 500 trabajadores, pese a que es una empresa muy rentable. El planteo es inobjetable: evidencia que en la contradicción entre reducir utilidades o puestos de trabajo, siempre debe escogerse al trabajo. La pregunta obvia es ¿cómo lograrán que el Parlamento español apruebe esto? La demanda final en este punto es fundamental: que se restablezca el subsidio de 426 euros para los desempleados de larga duración.
El Movimiento 15 de mayo (M-15), aunque nadie lo esperaba, tiene una razón que lo hacía necesario. La crisis mundial, en España ha tenido su propia dimensión. Casi todos los países sufrieron una recesión intensa durante 2008 y el primer semestre de 2009, que afectó duramente a los trabajadores: muchos perdieron el trabajo, otros que lograron mantenerlo vieron reducirse sus ingresos, otros más se vieron forzados a aceptar condiciones de trabajo precarias. En España la recesión no ha terminado y los niveles de desempleo han alcanzado cifras record. El 21.3% de los trabajadores se encuentra en paro, lo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Entre los jóvenes el desempleo llega al 43%.
La crisis española ha estado golpeando directamente los niveles de vida de la población. Pero les golpeó en otro sitio fundamental: en la manera como se ubican en el mundo. Hasta 2007 entendían que tras su integración a la democracia, habían logrado integrarse por derecho propio en el primer mundo. Se concebían como un país desarrollado, con una economía sólida y una democracia eficiente. Grandes empresas españolas ganaron lugar entre las firmas globales: bancos, petroleras, telefónicas, empresas productoras de ropa, entre otras, se convirtieron en referentes importantes.
La crisis los regresó al tercer mundo, les ubicó como un país periférico en la Europa desarrollada. Les quitó de golpe la noción de que eran capaces de enfrentar los problemas sin afectar su estructura social y su capacidad de representación política. Al PSOE, que gobernaba con un proyecto socialmente incluyente, la crisis le tomó desprevenido. Se dio cuenta tarde de que la crisis global era también española y que era profunda. Respondió haciendo lo que los grandes inversionistas le pidieron. Creyó que era la única respuesta posible.
La población fue castigada por algo de lo que no era responsable. Millones perdieron el empleo. Afortunadamente se habían creado instituciones económicas que obligaban al estado a proteger a esos desempleados. Millones más que estaban desempleados no pudieron conseguir empleo, pero a ellos no les protegían esas instituciones. Los servicios médicos y educativos que se habían expandido fueron frenados y empezaron a padecer recortes. Un gobierno de izquierdas les castigaba igual o incluso peor que uno de derechas. Para mucha gente se perdieron las diferencias entre los partidos políticos. PSOE y PP resultaba lo mismo.
Por eso los jóvenes están en las principales plazas de España. Surgieron unos cuantos días antes de las elecciones. Parecía que no durarían. Siguen vivos. Muchos les apoyan. ¿Cuánto tiempo más lograrán sostenerse? Lo cierto es que se han puesto de pie. Están poniendo un ejemplo que puede ser seguido en muchos lugares de Europa: en Atenas, Lisboa, Dublín, pero también en París; Londres e incluso en Berlín, Hamburgo, Colonia o Frankfurt.
Las razones son comunes; quizá con cambios de grado. Lo que persiguen es regresar a un funcionamiento económico que respete los derechos de individuos y que haya formas sociales que impidan que un sistema intrínsecamente explotador, que genera desigualdad, funcione a su libre arbitrio. ¿Será ahora posible recuperar lo perdido y avanzar hacia un sistema socialmente responsable? Los jóvenes españoles lo creen.
España ha vuelto a estar en las primeras páginas de la prensa mundial y de los noticieros de televisión.
Lo ha estado no porque la izquierda que gobierna fuera barrida en las elecciones por una derecha irresponsable y sin proyecto, tampoco porque sus datos económicos sigan estando entre los peores de la Europa Unida, ni siquiera porque la reestructuración de la deuda griega parezca inminente lo que afectará el costo de la deuda española.
Está en el centro de la atención global porque ha surgido una rebelión juvenil. Desde el 15 de mayo pasado, primero en Madrid y luego en prácticamente todas las grandes ciudades españolas, los jóvenes tomaron las principales plazas hasta que fueron desalojados, como sucedió en la Plaza del Sol, en la capital.
Ya se ha escrito mucho sobre su significado, sobre las emociones que despierta. Ellos mismos, los que se han rebelado, están emocionados. Resalta en cada plaza su vitalidad, pero también resalta que se proponen lograr cambios y que no este claro para ellos, mucho menos para el resto del país, que los observa y está dispuesto a apoyarles como lo lograrán.
Por ejemplo en el blog de la acampada (equivalente a lo que conocemos como plantón) de Santiago de Compostela (acampadascq.blogspot.com) aparece un manifiesto de ocho puntos: eliminación de los privilegios de los políticos, fin del desempleo, derecho a la vivienda, mejora de los servicios públicos, control de bancos, fiscalidad, libertades ciudadanas y democracia participativa y reducción del gasto militar.
Se trata de demandas de diverso nivel con las que, como dicen los acampados, todo el mundo está, o debiera estar, de acuerdo, salvo los grandes banqueros y empresarios. Pero de ese posible acuerdo, que tiene valor, no está claro que pasos se proponen dar para lograrlos y, en consecuencia, si podrán mantener el acuerdo con muchos españoles.
Dos miembros de la Comisión de Comunicación de los acampados, los del 15-M de Santiago de Compostela, Tere y Manu, señalaron que “quieren cambiar las reglas del juego, pero no pretenden cambiar el juego.”
El juego al que se refieren se llama capitalismo y las reglas que pretenden cambiar son las que han utilizado los que gobiernan en este tiempo y en España. Pero los gobiernos no gobiernan el capitalismo. Las reglas remiten a la manera en la que se ha administrado la crisis.
Los ocho puntos no se plantean como declaraciones generales. Incorporan exigencias específicas. El punto uno, eliminación de privilegios de los políticos, exige que castigue el ausentismo de los de los electos, sanciones por abandono de funciones –si esto lo aplicáramos nosotros nadie en México podría ser candidato-, supresión de la prerrogativa para no pagar impuestos y otros asociados a jubilaciones.
Una exigencia importante es que el salario de diputados se ubique en el promedio salarial de los españoles –imaginemos que en México esto querría decir que los diputados ganaran alrededor de 12 mil pesos. Además que se elimine la inmunidad, esto es, el tan preciado fuero de nuestros diputados y senadores. Es cierto, todos están de acuerdo en España con esto, y lo estarían en México. El problema es cómo lograrlo.
La segunda demanda, contra el desempleo, propone que se reparta el trabajo existente, fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%). El acuerdo aquí ya no es tan generalizado. Los problemas de implementación son fundamentales: ¿quién repartiría el trabajo existente?¿cómo se lograría que los actualmente ocupados acepten reducir su jornada de trabajo?¿cuál sería el impacto salarial?
Otro planteo es que se mantenga la jubilación en 65 años, durante el tiempo necesario para que los jóvenes desempleados consigan un puesto de trabajo. Demandan que se prohíban los despidos colectivos en las grandes empresas que mantengan utilidades.
En este momento Telefónica, la gran empresa española de telefonía, ha decidido despedir a 8 mil 500 trabajadores, pese a que es una empresa muy rentable. El planteo es inobjetable: evidencia que en la contradicción entre reducir utilidades o puestos de trabajo, siempre debe escogerse al trabajo. La pregunta obvia es ¿cómo lograrán que el Parlamento español apruebe esto? La demanda final en este punto es fundamental: que se restablezca el subsidio de 426 euros para los desempleados de larga duración.
El Movimiento 15 de mayo (M-15), aunque nadie lo esperaba, tiene una razón que lo hacía necesario. La crisis mundial, en España ha tenido su propia dimensión. Casi todos los países sufrieron una recesión intensa durante 2008 y el primer semestre de 2009, que afectó duramente a los trabajadores: muchos perdieron el trabajo, otros que lograron mantenerlo vieron reducirse sus ingresos, otros más se vieron forzados a aceptar condiciones de trabajo precarias. En España la recesión no ha terminado y los niveles de desempleo han alcanzado cifras record. El 21.3% de los trabajadores se encuentra en paro, lo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Entre los jóvenes el desempleo llega al 43%.
La crisis española ha estado golpeando directamente los niveles de vida de la población. Pero les golpeó en otro sitio fundamental: en la manera como se ubican en el mundo. Hasta 2007 entendían que tras su integración a la democracia, habían logrado integrarse por derecho propio en el primer mundo. Se concebían como un país desarrollado, con una economía sólida y una democracia eficiente. Grandes empresas españolas ganaron lugar entre las firmas globales: bancos, petroleras, telefónicas, empresas productoras de ropa, entre otras, se convirtieron en referentes importantes.
La crisis los regresó al tercer mundo, les ubicó como un país periférico en la Europa desarrollada. Les quitó de golpe la noción de que eran capaces de enfrentar los problemas sin afectar su estructura social y su capacidad de representación política. Al PSOE, que gobernaba con un proyecto socialmente incluyente, la crisis le tomó desprevenido. Se dio cuenta tarde de que la crisis global era también española y que era profunda. Respondió haciendo lo que los grandes inversionistas le pidieron. Creyó que era la única respuesta posible.
La población fue castigada por algo de lo que no era responsable. Millones perdieron el empleo. Afortunadamente se habían creado instituciones económicas que obligaban al estado a proteger a esos desempleados. Millones más que estaban desempleados no pudieron conseguir empleo, pero a ellos no les protegían esas instituciones. Los servicios médicos y educativos que se habían expandido fueron frenados y empezaron a padecer recortes. Un gobierno de izquierdas les castigaba igual o incluso peor que uno de derechas. Para mucha gente se perdieron las diferencias entre los partidos políticos. PSOE y PP resultaba lo mismo.
Por eso los jóvenes están en las principales plazas de España. Surgieron unos cuantos días antes de las elecciones. Parecía que no durarían. Siguen vivos. Muchos les apoyan. ¿Cuánto tiempo más lograrán sostenerse? Lo cierto es que se han puesto de pie. Están poniendo un ejemplo que puede ser seguido en muchos lugares de Europa: en Atenas, Lisboa, Dublín, pero también en París; Londres e incluso en Berlín, Hamburgo, Colonia o Frankfurt.
Las razones son comunes; quizá con cambios de grado. Lo que persiguen es regresar a un funcionamiento económico que respete los derechos de individuos y que haya formas sociales que impidan que un sistema intrínsecamente explotador, que genera desigualdad, funcione a su libre arbitrio. ¿Será ahora posible recuperar lo perdido y avanzar hacia un sistema socialmente responsable? Los jóvenes españoles lo creen.
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