Álvaro Cepeda Neri
Hacia donde se voltee, o sea en todas las direcciones de la rosa de los vientos, brotan todos los días los problemas colectivos de la Nación. Desempleo. Hambre, Pobreza. E inseguridad, con homicidios, ¡al menos cada hora! Hay ajustes entre los delincuentes y de estos contra la población, matando niños, jóvenes y a sus madres. El país es un recipiente de sangre y privación de vidas, como si estuviéramos en una guerra interna, ya que los soldados, sacados de sus cuarteles y en lugar de ocuparse de desastres para ayudar a la población, disparan contra todo lo que se mueve, sin importar que sean estudiantes, padres de familia, obreros y mexicanos que ejerciendo su derecho al libre tránsito, son acribillados. Otros más son asesinados porque denuncian los hechos sangrientos donde participan militares, policías y sicarios, para deshacerse de las denuncias.
Y en cuanto a los asuntos económicos y sociales: injusticias en los tribunales, sobornos que exigen los jueces o están servilmente sometidos a los funcionarios (otros delincuentes) que abusan del poder, para detener arbitrariamente, encarcelar y dejar sin sentencias. Hay encarecimiento de alimentos, por la política económica de gobiernos de todos los niveles que son cómplices de distribuidores y comerciantes voraces. No hay empleos formales, pero constantes despidos; huelgas abortadas por golpeadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, e intervenciones del desbocado y deslenguado Lozano Alarcón (responsable de los homicidios de mineros) y de Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
No hay soluciones ni respuestas municipales, estatales y federal, de funcionarios que la hacen de presidentes de los Ayuntamientos, de los desgobernadores (del PRI, PAN y PRD) y del inquilino de Los Pinos y entonces aumentan y se multiplican los problemas, los que ya son un hervidero en los 31 estados, los dos 400 y pico de municipios y en el ámbito de la competencia federal. Excepcionalmente los funcionarios de los tres poderes cumplen con sus obligaciones. El resto, en un 90 por ciento, abusan del poder, roban, atropellan derechos, silencian a la prensa y demás medios de comunicación, con censura, balas y compra de editores y concesionarios.
En los 112 y pico millones de mexicanos, no menos de cien tienen problemas colectivos de salud y no hay servicios públicos para ellos, ni aunque estén afiliados (IMSS, ISSSTE, etc.) y menos el demagógico Seguro Popular, donde no hay camas ni medicinas ni médicos. Y el sector privado, a la par del sector público, abusan de la población, en una complicidad que ya rebasó todos los límites de la paciencia social. Nadie de estos se extrañan que, con ese hervidero de problemas, ya muy pronto los mexicanos, que se han dado cuenta que las protestas y manifestaciones son inútiles, recurran a la democracia directa, fundamentada en el Art. 39 de la Constitución, respecto a que la soberanía resido esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste; por lo que ese pueblo, la Nación (y con un millón que se decida), “tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno”.
Hacia donde se voltee, o sea en todas las direcciones de la rosa de los vientos, brotan todos los días los problemas colectivos de la Nación. Desempleo. Hambre, Pobreza. E inseguridad, con homicidios, ¡al menos cada hora! Hay ajustes entre los delincuentes y de estos contra la población, matando niños, jóvenes y a sus madres. El país es un recipiente de sangre y privación de vidas, como si estuviéramos en una guerra interna, ya que los soldados, sacados de sus cuarteles y en lugar de ocuparse de desastres para ayudar a la población, disparan contra todo lo que se mueve, sin importar que sean estudiantes, padres de familia, obreros y mexicanos que ejerciendo su derecho al libre tránsito, son acribillados. Otros más son asesinados porque denuncian los hechos sangrientos donde participan militares, policías y sicarios, para deshacerse de las denuncias.
Y en cuanto a los asuntos económicos y sociales: injusticias en los tribunales, sobornos que exigen los jueces o están servilmente sometidos a los funcionarios (otros delincuentes) que abusan del poder, para detener arbitrariamente, encarcelar y dejar sin sentencias. Hay encarecimiento de alimentos, por la política económica de gobiernos de todos los niveles que son cómplices de distribuidores y comerciantes voraces. No hay empleos formales, pero constantes despidos; huelgas abortadas por golpeadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, e intervenciones del desbocado y deslenguado Lozano Alarcón (responsable de los homicidios de mineros) y de Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
No hay soluciones ni respuestas municipales, estatales y federal, de funcionarios que la hacen de presidentes de los Ayuntamientos, de los desgobernadores (del PRI, PAN y PRD) y del inquilino de Los Pinos y entonces aumentan y se multiplican los problemas, los que ya son un hervidero en los 31 estados, los dos 400 y pico de municipios y en el ámbito de la competencia federal. Excepcionalmente los funcionarios de los tres poderes cumplen con sus obligaciones. El resto, en un 90 por ciento, abusan del poder, roban, atropellan derechos, silencian a la prensa y demás medios de comunicación, con censura, balas y compra de editores y concesionarios.
En los 112 y pico millones de mexicanos, no menos de cien tienen problemas colectivos de salud y no hay servicios públicos para ellos, ni aunque estén afiliados (IMSS, ISSSTE, etc.) y menos el demagógico Seguro Popular, donde no hay camas ni medicinas ni médicos. Y el sector privado, a la par del sector público, abusan de la población, en una complicidad que ya rebasó todos los límites de la paciencia social. Nadie de estos se extrañan que, con ese hervidero de problemas, ya muy pronto los mexicanos, que se han dado cuenta que las protestas y manifestaciones son inútiles, recurran a la democracia directa, fundamentada en el Art. 39 de la Constitución, respecto a que la soberanía resido esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste; por lo que ese pueblo, la Nación (y con un millón que se decida), “tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno”.
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