Pedro Matías
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) hizo un llamado a los legisladores “comprometidos con las causas sociales” a dictaminar sobre una ley que castigue la desaparición forzada y a los funcionarios que incurran en dicha falta, considerada de lesa humanidad.
En el marco de los festejos por su fundación, el grupo guerrillero recordó que en el país se han cometido más de 10 mil desapariciones forzadas, desde los años setenta hasta la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Entre ellos se encuentran sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
A casi cuatro años de ese suceso, el EPR exigió la presentación con vida de ambos.
Por medio de un comunicado, el grupo insurgente hizo notar a los legisladores que la aprobación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sería insuficiente y totalmente inocua si a la par se aprueba la Ley de Seguridad.
Destacó que la “lesiva y retrógrada” Ley de Seguridad no garantiza la justicia que el pueblo demanda y sí, en cambio, “reafirma la continuidad de la impunidad de las fuerzas castrenses, policíacas y paramilitares”, al legalizar y proteger institucionalmente la violación de los derechos humanos.
El EPR consideró que la aprobación de una Ley General contra la Desaparición Forzada debe tener como esencia conocer el paradero y la verdad histórica de cada uno de los detenidos-desparecidos.
Asimismo, deberá tener como objetivo la presentación con vida y la libertad de cada uno de los luchadores sociales, desde los años setenta hasta la actualidad, que son víctimas del delito de desaparición forzada cometido por el Estado mexicano.
Además, que se realice juicio político y judicial a todos los responsables de desaparición forzada, sea cual fuese el cargo ocupado durante la comisión del mismo, así como la suspensión de su derecho a ocupar un puesto público por el resto de su vida.
El EPR pidió que “se realice juicio político y judicial concretamente” al expresidente Luis Echeverría Álvarez; al general Arturo Acosta Chaparro, acusado de varias desapariciones durante la “guerra sucia” en el estado de Guerrero; a Miguel Nazar Haro, titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS); a Jesús Antonio Sam López, director de la Policía Judicial del Distrito Federal en el sexenio 1970-1976; Jorge Carrillo Olea, fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Jorge Tello Peón, director del Cisen entre 1994 y 1999, y “todos los que aún viven y permanecen impunes, más los responsables del delito de desaparición forzada de hoy”.
Nazar Haro fue detenido en marzo de 2004; Acosta Chaparro, en agosto del 2000 y liberado en junio de 2007; Sam López falleció en marzo de 2010.
El Ejército Popular Revolucionario también pidió la ratificación de los tratados Internacionales relativos a la observancia y respeto a los derechos humanos, tanto de la población como de los luchadores sociales, sin importar profesión o actividad, así como el cumplimiento del compromiso contraído con la Corte Penal Internacional, respecto a que los militares sean juzgados por cortes civiles, excepción hecha por Felipe Calderón Hinojosa, “quien en un alarde de autoritarismo y complicidad, prolonga la impunidad con que las fuerzas castrenses han actuado en relación a la función policíaca que les ha sido atribuida en contra de los movimientos populares organizados, luchadores sociales y movimientos revolucionarios de ayer y ahora”.
“Sabemos de antemano que tratar de legislar una ley de esta naturaleza es casi un imposible en este momento histórico, sin embargo, consideramos que sólo así estarían dando la lucha dentro del sistema democrático burgués que prevalece”, reconoció el grupo armado.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) hizo un llamado a los legisladores “comprometidos con las causas sociales” a dictaminar sobre una ley que castigue la desaparición forzada y a los funcionarios que incurran en dicha falta, considerada de lesa humanidad.
En el marco de los festejos por su fundación, el grupo guerrillero recordó que en el país se han cometido más de 10 mil desapariciones forzadas, desde los años setenta hasta la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Entre ellos se encuentran sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
A casi cuatro años de ese suceso, el EPR exigió la presentación con vida de ambos.
Por medio de un comunicado, el grupo insurgente hizo notar a los legisladores que la aprobación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sería insuficiente y totalmente inocua si a la par se aprueba la Ley de Seguridad.
Destacó que la “lesiva y retrógrada” Ley de Seguridad no garantiza la justicia que el pueblo demanda y sí, en cambio, “reafirma la continuidad de la impunidad de las fuerzas castrenses, policíacas y paramilitares”, al legalizar y proteger institucionalmente la violación de los derechos humanos.
El EPR consideró que la aprobación de una Ley General contra la Desaparición Forzada debe tener como esencia conocer el paradero y la verdad histórica de cada uno de los detenidos-desparecidos.
Asimismo, deberá tener como objetivo la presentación con vida y la libertad de cada uno de los luchadores sociales, desde los años setenta hasta la actualidad, que son víctimas del delito de desaparición forzada cometido por el Estado mexicano.
Además, que se realice juicio político y judicial a todos los responsables de desaparición forzada, sea cual fuese el cargo ocupado durante la comisión del mismo, así como la suspensión de su derecho a ocupar un puesto público por el resto de su vida.
El EPR pidió que “se realice juicio político y judicial concretamente” al expresidente Luis Echeverría Álvarez; al general Arturo Acosta Chaparro, acusado de varias desapariciones durante la “guerra sucia” en el estado de Guerrero; a Miguel Nazar Haro, titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS); a Jesús Antonio Sam López, director de la Policía Judicial del Distrito Federal en el sexenio 1970-1976; Jorge Carrillo Olea, fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Jorge Tello Peón, director del Cisen entre 1994 y 1999, y “todos los que aún viven y permanecen impunes, más los responsables del delito de desaparición forzada de hoy”.
Nazar Haro fue detenido en marzo de 2004; Acosta Chaparro, en agosto del 2000 y liberado en junio de 2007; Sam López falleció en marzo de 2010.
El Ejército Popular Revolucionario también pidió la ratificación de los tratados Internacionales relativos a la observancia y respeto a los derechos humanos, tanto de la población como de los luchadores sociales, sin importar profesión o actividad, así como el cumplimiento del compromiso contraído con la Corte Penal Internacional, respecto a que los militares sean juzgados por cortes civiles, excepción hecha por Felipe Calderón Hinojosa, “quien en un alarde de autoritarismo y complicidad, prolonga la impunidad con que las fuerzas castrenses han actuado en relación a la función policíaca que les ha sido atribuida en contra de los movimientos populares organizados, luchadores sociales y movimientos revolucionarios de ayer y ahora”.
“Sabemos de antemano que tratar de legislar una ley de esta naturaleza es casi un imposible en este momento histórico, sin embargo, consideramos que sólo así estarían dando la lucha dentro del sistema democrático burgués que prevalece”, reconoció el grupo armado.
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