La lista de presuntos ilícitos cometidos alrededor de Cruz Azul se va agrandando. A las investigaciones por supuesto lavado de dinero y fraude, ahora se suma la de un negocio que se mantenía en secreto. Guillermo Álvarez Cuevas, el máximo dirigente de la cooperativa y del equipo de futbol, otorgó a una empresa privada los derechos para usufructuar la marca Cruz Azul, que se calcula estaría dejando dividendos anuales por alrededor de 15 millones de dólares, ganancias que, por supuesto, no llegan a los socios de la cementera.
Rosalía Vergara
El 10 de agosto de 2006, el director general de la cooperativa Cruz Azul y presidente de su Club Deportivo, Social y Cultural, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, otorgó a la empresa Impulso FC, representada por Juan Carlos Terroba Dodero, el uso de la marca Cruz Azul... del equipo y de la cementera. Pero las regalías no llegan a la cooperativa.
De acuerdo con socios consultados por Proceso, desde hace cinco años la cooperativa no recibe un centavo por la venta de su imagen, diseño, logotipo y colores, incluyendo “los derechos de marcas mixtas, nominativas e innominativas”, es decir, todos los nuevos logotipos que Cruz Azul llegue a usar para su comercialización.
En este quinquenio, señalan los entrevistados que pidieron que se reservaran sus nombres por temor a represalias, las regalías deben haber sido aproximadamente de 15 millones de dólares, mismos que, aseguran, no han sido depositados en las arcas de la cooperativa.
El contrato de licencia, del que Proceso tiene una copia, está firmado por Guillermo Álvarez Cuevas y Juan Carlos Terroba Dodero, hijo de Juan Carlos Terroba Wolf, quien fue actuario de la cooperativa.
Desde ese cargo, el 22 de mayo de 2007 Terroba Wolf elaboró un reporte confidencial por encargo de Álvarez Cuevas sobre las gestiones de la dirección jurídica presidida entonces por Víctor Garcés Rojo, cuñado de Álvarez Cuevas, en la que se revelan presuntos fraudes en las filiales de Cruz Azul.
Es el mismo Terroba Wolf que contó a los socios las tropelías y negocios fraudulentos de Garcés Rojo, en un encuentro que fue videograbado (Proceso 1741).
El contrato con Impulso detalla en una de sus cláusulas que uno de sus objetivos es obtener beneficios por “las marcas mixtas, nominativas e innominadas” que se hayan registrado desde 2006 hasta agosto de 2011 (fecha en la que se vence la vigencia del acuerdo que se renueva automáticamente otros cinco años) y se registren ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, “así como cualquier otra marca registrada por Cruz Azul en el futuro en cualquier clase”.
La licencia otorgada al grupo Impulso no se limita a México. Esta empresa puede licenciar o sublicenciar la marca Cruz Azul en Estados Unidos y en cualquier otro país para fabricar, manufacturar, publicitar, promover, comercializar, vender, distribuir, exportar, importar, así como prestar cualquier servicio relacionado con los productos o imagen de las marcas de Cruz Azul.
Impulso es una empresa que, según la escritura pública 3 mil 183 del Registro Público de la Propiedad –con fecha de actualización del 10 de agosto de 2006–, tiene el derecho exclusivo para usar la marca y recibir las regalías de los servicios prestados por los productos identificados de Cruz Azul, de acuerdo con el contrato del que Proceso tiene copia.
Por si fuera poco, dicho convenio faculta a Impulso para que en nombre de Cruz Azul ejerza denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y cualquier otra autoridad judicial o administrativa para proteger los derechos de propiedad intelectual.
Es más, deja a Cruz Azul la obligatoriedad para “defender, indemnizar y sacar en paz y a salvo a la licenciataria y a sus compañías afiliadas, subsidiarias y controladoras y a sus respectivos directivos, empleados, personal, agentes, representantes legales, funcionarios, asesores y miembros respecto de cualesquiera acciones que resulten del uso de la marca”.
El convenio incluye un acuerdo de confidencialidad que es extensivo a empleados, accionistas, consejeros o funcionarios de la cooperativa, y detalla que el contrato podrá ser traducido a diferentes idiomas para obtener los registros correspondientes en el extranjero.
En el contrato se especifica que este convenio no irá en detrimento de la empresa Enfoque Deportivo, creada por Víctor Garcés Rojo, y que por lo tanto podrá seguir comercializando en exclusiva “el jersey y el short oficiales en sus diversos colores”, las playeras, camisetas, chamarras, pantalones de mezclilla deportivos o de vestir, pants, sudaderas, maletas y gorras del club Cruz Azul de Primera División. Solamente el jersey original cuesta entre 600 y 800 pesos.
Los productos que sí podrán ser comercializados por Impulso son la ropa, accesorios, artículos para el hogar, papelería, alimentos, bebidas, juguetes y productos de higiene personal que incluyan el logotipo de Cruz Azul.
El convenio entre Álvarez Cuevas y Terroba Dodero fue notificado al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el 8 de septiembre de 2006 por la entonces apoderada de Impulso, Norma Angélica Mora García, quien informó que la empresa Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul celebró con su representada un contrato de licencia exclusiva de la marca y pidió ordenar la inscripción de la marca registrada con el número 772 mil 551.
Más transas
El negocio con la marca Cruz Azul al margen de los cooperativistas se suma a las varias irregularidades denunciadas por socios disidentes.
El viernes 13, por ejemplo, Armando Valverde Talango, del llamado Grupo de los Veinte y presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, pidió al contador Miguel Ángel Soto García información sobre las auditorías realizadas a Cruz Azul. “Incluyendo, si así se requería, proporcionar copia de las auditorías practicadas a la cooperativa, así como a sus empresas filiales, por despachos de reconocida solvencia y prestigio profesional”, destaca.
En esas auditorías se reconoce la existencia de dos DVD con las grabaciones de Terroba Wolf del 23 y 30 de septiembre de 2009, en el hotel City Express de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ante casi 200 personas (Proceso 1741).
Las auditorías realizadas por el despacho Sánchez Barbosa al Club Deportivo Cruz Azul, sector profesional, y a PCM Concretos, a su área comercial, su cooperativa de vivienda, agencia de transportación, asesoría y servicios profesionales, textiles generación 2000, Grupo Azul Hidalgo, Grupo Azul Oaxaca, Médica Azul, Sinergia, Purificadora de Agua Niza y el Centro Comercial Cruz Azul detectaron graves anomalías, pero desde hace dos años los directivos han minimizado la información.
Los cooperativistas quejosos exhibieron diversos documentos dirigidos a socios que tienen representatividad en el Consejo de Administración, y a quienes pretenden destituir en la asamblea del próximo sábado 28 para evitar que sigan indagando los negocios de Víctor Garcés Rojo al amparo de la cementera.
Las anomalías incluyen a la agencia KPMG por excesos en el proyecto de la ampliación del hotel Azul Ixtapa; los costos de la obra están sobrevaluados. También se sobrevaluó el edificio y no hay transparencia en las operaciones del hotel, además de que las utilidades “son dudosas”, señala una denuncia presentada por los socios en Tula de Allende, Hidalgo.
De igual manera, “el auditor detectó que las utilidades presentadas por la administración entre 2004 y 2008 son falsas y en realidad debieron ser pérdidas”, señala.
También se detectaron irregularidades en los Seguros Cooperativa Cruz Azul pues durante “más de 20 años el pago de los diversos seguros de la cooperativa han sido inflados en 20 millones de dólares por año, según información proporcionada por el agente de seguros Juan Carlos Terroba Wolf”, dice la documentación sobre las auditorías que pudieron agenciarse los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa.
Se descubrió igualmente que por órdenes de la Dirección Jurídica de Cruz Azul todas las cuentas por cobrar a la cementera que llegaban a 90 días debían ser entregadas a David Cohen, abogado externo.
Dice: “Se pagó al licenciado David Cohen 15% de comisión por labor de cobranza, lo cual es mayor a la utilidad marginal de la compañía por la venta de concreto. En ocasiones, según se observó, ni siquiera hubo una gestión real de cobranza, sin embargo el pago de comisión se realizó. La compañía pagó más de 8 millones 400 mil pesos a David Cohen”.
Ante las investigaciones que se realizan en su contra, Víctor Garcés Rojo, director jurídico inhabilitado por los manejos a su favor del dinero de la cooperativa, envió una carta a Guillermo Álvarez para que convoque a una asamblea extraordinaria y excluya a los miembros del Consejo de Administración que lo investigan.
En esa misiva, publicada por el diario Récord el viernes 6, Garcés Rojo le informó que su casa había sido cateada por “las investigaciones a las que estamos siendo sometidos.
“Dicha diligencia para solventarla tuvo un costo de mi patrimonio millonario. Por lo tanto y por seguridad de usted proceda a efecto de que no corramos más riesgo en nuestro patrimonio y en nuestra libertad individual controlando por entero el proceso que se le sigue.”
En la averiguación previa PGR/DDF/SCZ/CAM/919/2011-03 sobre la orden judicial de cateo 128/2001-IV se detallan los pormenores de la investigación que hicieron los policías federales en la casa de Garcés Rojo, quien –según el acta– dijo llamarse Víctor Garcés Romero. El acta foliada por la PGR está firmada por el cuñado de Guillermo Álvarez, pero con el segundo apellido cambiado.
El 2 de marzo pasado, en una carta notariada el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa notificó a Garcés Rojo que fue expulsado de la cooperativa por decisión de la asamblea del 12 de febrero de 2011.
Por eso Valverde Talango se lanza contra Álvarez Cuevas y Garcés Rojo, pues en la convocatoria a la asamblea extraordinaria del próximo sábado 28 está incluida en el orden del día la exclusión de los miembros del Consejo de Administración que encabeza Valverde:
De acuerdo con él, lo que pretenden Álvarez Cuevas y Garcés Rojo es expulsarlos, detener las investigaciones y que se conserve el actual estado de la cooperativa para quebrarla y después venderla.
Feudo familiar
A más de 80 años de creada, una de las tres cementeras más importantes del país y una de las cooperativas sobrevivientes –junto con la empresa Pascual– pasa por una crisis interna porque desde febrero de 2010 socios de la empresa llamaron a cuentas a su director, Guillermo Álvarez, por las irregularidades cometidas por el inhabilitado Víctor Garcés.
La bomba explotó después de que se denunció que la cooperativa compró a sobreprecio el terreno donde construyó sus oficinas, a un costado del centro comercial Gran Sur (Proceso 1736).
Y surgieron más irregularidades que impulsaron a la directiva de Cruz Azul a informar a los socios, mediante un comunicado, que el Servicio de Administración Tributaria y su área de inteligencia financiera, dependientes de la Secretaría de Hacienda, realizan una investigación del año fiscal 2007 de las oficinas corporativas de Cruz Azul.
Los delitos que indagan son presunto lavado de dinero y fraude, de acuerdo con Eugenio Olvera, abogado del Consejo de Administración.
En su número 1760, del 25 de julio de 2010, Proceso publicó que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR, investigaba a la cooperativa por operaciones con fondos presuntamente de procedencia ilícita.
Rosalía Vergara
El 10 de agosto de 2006, el director general de la cooperativa Cruz Azul y presidente de su Club Deportivo, Social y Cultural, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, otorgó a la empresa Impulso FC, representada por Juan Carlos Terroba Dodero, el uso de la marca Cruz Azul... del equipo y de la cementera. Pero las regalías no llegan a la cooperativa.
De acuerdo con socios consultados por Proceso, desde hace cinco años la cooperativa no recibe un centavo por la venta de su imagen, diseño, logotipo y colores, incluyendo “los derechos de marcas mixtas, nominativas e innominativas”, es decir, todos los nuevos logotipos que Cruz Azul llegue a usar para su comercialización.
En este quinquenio, señalan los entrevistados que pidieron que se reservaran sus nombres por temor a represalias, las regalías deben haber sido aproximadamente de 15 millones de dólares, mismos que, aseguran, no han sido depositados en las arcas de la cooperativa.
El contrato de licencia, del que Proceso tiene una copia, está firmado por Guillermo Álvarez Cuevas y Juan Carlos Terroba Dodero, hijo de Juan Carlos Terroba Wolf, quien fue actuario de la cooperativa.
Desde ese cargo, el 22 de mayo de 2007 Terroba Wolf elaboró un reporte confidencial por encargo de Álvarez Cuevas sobre las gestiones de la dirección jurídica presidida entonces por Víctor Garcés Rojo, cuñado de Álvarez Cuevas, en la que se revelan presuntos fraudes en las filiales de Cruz Azul.
Es el mismo Terroba Wolf que contó a los socios las tropelías y negocios fraudulentos de Garcés Rojo, en un encuentro que fue videograbado (Proceso 1741).
El contrato con Impulso detalla en una de sus cláusulas que uno de sus objetivos es obtener beneficios por “las marcas mixtas, nominativas e innominadas” que se hayan registrado desde 2006 hasta agosto de 2011 (fecha en la que se vence la vigencia del acuerdo que se renueva automáticamente otros cinco años) y se registren ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, “así como cualquier otra marca registrada por Cruz Azul en el futuro en cualquier clase”.
La licencia otorgada al grupo Impulso no se limita a México. Esta empresa puede licenciar o sublicenciar la marca Cruz Azul en Estados Unidos y en cualquier otro país para fabricar, manufacturar, publicitar, promover, comercializar, vender, distribuir, exportar, importar, así como prestar cualquier servicio relacionado con los productos o imagen de las marcas de Cruz Azul.
Impulso es una empresa que, según la escritura pública 3 mil 183 del Registro Público de la Propiedad –con fecha de actualización del 10 de agosto de 2006–, tiene el derecho exclusivo para usar la marca y recibir las regalías de los servicios prestados por los productos identificados de Cruz Azul, de acuerdo con el contrato del que Proceso tiene copia.
Por si fuera poco, dicho convenio faculta a Impulso para que en nombre de Cruz Azul ejerza denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y cualquier otra autoridad judicial o administrativa para proteger los derechos de propiedad intelectual.
Es más, deja a Cruz Azul la obligatoriedad para “defender, indemnizar y sacar en paz y a salvo a la licenciataria y a sus compañías afiliadas, subsidiarias y controladoras y a sus respectivos directivos, empleados, personal, agentes, representantes legales, funcionarios, asesores y miembros respecto de cualesquiera acciones que resulten del uso de la marca”.
El convenio incluye un acuerdo de confidencialidad que es extensivo a empleados, accionistas, consejeros o funcionarios de la cooperativa, y detalla que el contrato podrá ser traducido a diferentes idiomas para obtener los registros correspondientes en el extranjero.
En el contrato se especifica que este convenio no irá en detrimento de la empresa Enfoque Deportivo, creada por Víctor Garcés Rojo, y que por lo tanto podrá seguir comercializando en exclusiva “el jersey y el short oficiales en sus diversos colores”, las playeras, camisetas, chamarras, pantalones de mezclilla deportivos o de vestir, pants, sudaderas, maletas y gorras del club Cruz Azul de Primera División. Solamente el jersey original cuesta entre 600 y 800 pesos.
Los productos que sí podrán ser comercializados por Impulso son la ropa, accesorios, artículos para el hogar, papelería, alimentos, bebidas, juguetes y productos de higiene personal que incluyan el logotipo de Cruz Azul.
El convenio entre Álvarez Cuevas y Terroba Dodero fue notificado al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el 8 de septiembre de 2006 por la entonces apoderada de Impulso, Norma Angélica Mora García, quien informó que la empresa Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul celebró con su representada un contrato de licencia exclusiva de la marca y pidió ordenar la inscripción de la marca registrada con el número 772 mil 551.
Más transas
El negocio con la marca Cruz Azul al margen de los cooperativistas se suma a las varias irregularidades denunciadas por socios disidentes.
El viernes 13, por ejemplo, Armando Valverde Talango, del llamado Grupo de los Veinte y presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, pidió al contador Miguel Ángel Soto García información sobre las auditorías realizadas a Cruz Azul. “Incluyendo, si así se requería, proporcionar copia de las auditorías practicadas a la cooperativa, así como a sus empresas filiales, por despachos de reconocida solvencia y prestigio profesional”, destaca.
En esas auditorías se reconoce la existencia de dos DVD con las grabaciones de Terroba Wolf del 23 y 30 de septiembre de 2009, en el hotel City Express de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ante casi 200 personas (Proceso 1741).
Las auditorías realizadas por el despacho Sánchez Barbosa al Club Deportivo Cruz Azul, sector profesional, y a PCM Concretos, a su área comercial, su cooperativa de vivienda, agencia de transportación, asesoría y servicios profesionales, textiles generación 2000, Grupo Azul Hidalgo, Grupo Azul Oaxaca, Médica Azul, Sinergia, Purificadora de Agua Niza y el Centro Comercial Cruz Azul detectaron graves anomalías, pero desde hace dos años los directivos han minimizado la información.
Los cooperativistas quejosos exhibieron diversos documentos dirigidos a socios que tienen representatividad en el Consejo de Administración, y a quienes pretenden destituir en la asamblea del próximo sábado 28 para evitar que sigan indagando los negocios de Víctor Garcés Rojo al amparo de la cementera.
Las anomalías incluyen a la agencia KPMG por excesos en el proyecto de la ampliación del hotel Azul Ixtapa; los costos de la obra están sobrevaluados. También se sobrevaluó el edificio y no hay transparencia en las operaciones del hotel, además de que las utilidades “son dudosas”, señala una denuncia presentada por los socios en Tula de Allende, Hidalgo.
De igual manera, “el auditor detectó que las utilidades presentadas por la administración entre 2004 y 2008 son falsas y en realidad debieron ser pérdidas”, señala.
También se detectaron irregularidades en los Seguros Cooperativa Cruz Azul pues durante “más de 20 años el pago de los diversos seguros de la cooperativa han sido inflados en 20 millones de dólares por año, según información proporcionada por el agente de seguros Juan Carlos Terroba Wolf”, dice la documentación sobre las auditorías que pudieron agenciarse los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa.
Se descubrió igualmente que por órdenes de la Dirección Jurídica de Cruz Azul todas las cuentas por cobrar a la cementera que llegaban a 90 días debían ser entregadas a David Cohen, abogado externo.
Dice: “Se pagó al licenciado David Cohen 15% de comisión por labor de cobranza, lo cual es mayor a la utilidad marginal de la compañía por la venta de concreto. En ocasiones, según se observó, ni siquiera hubo una gestión real de cobranza, sin embargo el pago de comisión se realizó. La compañía pagó más de 8 millones 400 mil pesos a David Cohen”.
Ante las investigaciones que se realizan en su contra, Víctor Garcés Rojo, director jurídico inhabilitado por los manejos a su favor del dinero de la cooperativa, envió una carta a Guillermo Álvarez para que convoque a una asamblea extraordinaria y excluya a los miembros del Consejo de Administración que lo investigan.
En esa misiva, publicada por el diario Récord el viernes 6, Garcés Rojo le informó que su casa había sido cateada por “las investigaciones a las que estamos siendo sometidos.
“Dicha diligencia para solventarla tuvo un costo de mi patrimonio millonario. Por lo tanto y por seguridad de usted proceda a efecto de que no corramos más riesgo en nuestro patrimonio y en nuestra libertad individual controlando por entero el proceso que se le sigue.”
En la averiguación previa PGR/DDF/SCZ/CAM/919/2011-03 sobre la orden judicial de cateo 128/2001-IV se detallan los pormenores de la investigación que hicieron los policías federales en la casa de Garcés Rojo, quien –según el acta– dijo llamarse Víctor Garcés Romero. El acta foliada por la PGR está firmada por el cuñado de Guillermo Álvarez, pero con el segundo apellido cambiado.
El 2 de marzo pasado, en una carta notariada el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa notificó a Garcés Rojo que fue expulsado de la cooperativa por decisión de la asamblea del 12 de febrero de 2011.
Por eso Valverde Talango se lanza contra Álvarez Cuevas y Garcés Rojo, pues en la convocatoria a la asamblea extraordinaria del próximo sábado 28 está incluida en el orden del día la exclusión de los miembros del Consejo de Administración que encabeza Valverde:
De acuerdo con él, lo que pretenden Álvarez Cuevas y Garcés Rojo es expulsarlos, detener las investigaciones y que se conserve el actual estado de la cooperativa para quebrarla y después venderla.
Feudo familiar
A más de 80 años de creada, una de las tres cementeras más importantes del país y una de las cooperativas sobrevivientes –junto con la empresa Pascual– pasa por una crisis interna porque desde febrero de 2010 socios de la empresa llamaron a cuentas a su director, Guillermo Álvarez, por las irregularidades cometidas por el inhabilitado Víctor Garcés.
La bomba explotó después de que se denunció que la cooperativa compró a sobreprecio el terreno donde construyó sus oficinas, a un costado del centro comercial Gran Sur (Proceso 1736).
Y surgieron más irregularidades que impulsaron a la directiva de Cruz Azul a informar a los socios, mediante un comunicado, que el Servicio de Administración Tributaria y su área de inteligencia financiera, dependientes de la Secretaría de Hacienda, realizan una investigación del año fiscal 2007 de las oficinas corporativas de Cruz Azul.
Los delitos que indagan son presunto lavado de dinero y fraude, de acuerdo con Eugenio Olvera, abogado del Consejo de Administración.
En su número 1760, del 25 de julio de 2010, Proceso publicó que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR, investigaba a la cooperativa por operaciones con fondos presuntamente de procedencia ilícita.
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