Miguel Ángel Granados Chapa
Valiente en vivo como por escrito, la periodista Anabel Hernández clamó el miércoles pasado por la seguridad necesaria para ejercer su oficio, y por la solidaridad de sus compañeros. Está amenazada de muerte. Ella, y su familia. Y dispone de información puntual de cómo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien citó por su nombre, ha dispuesto eliminarla, harto de la información sobre sus nexos con la delincuencia organizada y la actividad ilícita de la plana mayor que lo acompaña desde sus días en la Policía Federal Preventiva.
La periodista hablaba en el foro Impunidad como Limitante de la Libertad de Prensa…, organizado por la representación de la ONU en México y por el Senado de la República. El espacio en que hacía la denuncia, el patio de la ya exsede de esa cámara, se hallaba muy poco poblado en ese momento. Tras el acto inaugural, se habían retirado los representantes de los organizadores. La voz de Anabel Hernández parecía no tener eco. No lo tuvo allí, ante el monumento a Belisario Domínguez, y no lo tuvo en los medios, ni ese día en los electrónicos, ni al día siguiente en los impresos. Ningún órgano de difusión, entre los muchos que signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, recogió la denuncia de la periodista. Nadie tuvo presente que el noveno de los criterios editoriales de ese acuerdo dispone “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios”. Aun los que tomaran demasiado al pie de la letra el que la solidaridad debe producirse cuando los amagos provengan de la delincuencia organizada podrían negar que el talante de García Luna para ese y otros efectos se asemeja a los de esa fuente de peligro.
Anabel Hernández hizo ya la denuncia en diciembre pasado, al presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su obra Los señores del narco. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concedió crédito a sus temores y gestionó medidas cautelares. Pero la amenaza no cesa. Y ya ha tenido, aunque en forma indirecta, expresiones concretas de lo que puede ocurrirle.
El 28 de noviembre pasado este semanario presentó un adelanto de Los señores del narco. El primero de diciembre siguiente, en vísperas de la presentación del libro en la FIL tapatía, Televisa fue el canal escogido por el gobierno para castigar ese atrevimiento de la periodista, de editorial Grijalbo y de Proceso. Un delincuente convertido en testigo protegido, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, apareció en la pantalla señalando al reportero Ricardo Ravelo y a la revista misma de recibir dinero del narcotráfico. Es parte de una estrategia vengativa. Se comienza por debilitar el prestigio de un medio o de una o un reportero para dar paso después a acciones directas, las que teme caigan sobre ella Anabel Hernández.
La reportera ha fijado largamente su atención en García Luna, desde que era director de la Agencia Federal de Investigación y para congraciarse con la primera dama Marta Sahagún llegaba a Los Pinos con portafolios repletos de regalos que no osan decir su nombre (Fin de fiesta en Los Pinos.) Su mirada sobre el ahora secretario de Seguridad Pública se afinó al escribir Los cómplices del presidente. La portada del libro, aparecido en 2008, los mostraba sin embozo: flanqueando a Calderón aparecen Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación a la hora de su muerte, y García Luna, cuya permanencia resulta inexplicable, salvo para quienes en esas páginas han leído las motivaciones que da la periodista a la complicidad entre el secretario y el presidente.
En sus trabajos para Reporte Índigo, la revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, Anabel Hernández ha descrito el enriquecimiento de García Luna, inexplicable a la luz de sus ingresos regulares en el cuarto de siglo en que ha sido servidor público. La capacidad de ahorro de un funcionario excepcionalmente bien pagado no es suficiente para consolidar una fortuna inmobiliaria como la del antiguo director de la AFI.
Los señores del narco, como se aprecia desde la portada, está dedicado sobre todo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero en el libro abundan las referencias puntuales a García Luna. Le corresponde una parte de responsabilidad en la huida del ahora primer capitán del narcotráfico en México, porque en su área cuando era alto funcionario de la PFP, con funciones de vigilancia penitenciario, estaban las cámaras que no fueron capaces de registrar los movimientos del sinaloense en su camino hacia la calle, de que goza desde hace ya más de 10 años. El director del penal de alta seguridad del que se fugó El Chapo, Leonardo Beltrán Santana, a quien se imputó responsabilidad en la escapatoria, está igualmente libre desde junio pasado, por decisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de García Luna.
Éste “ha tratado a toda costa –escribe la periodista en Los señores del narco– de que los casos contra su grupo no trasciendan. En la SIEDO hay una pila de expedientes que duermen el sueño de los justos con imputaciones directas contra él y su equipo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada; la PGR se ha negado a entregarlos; ni siquiera permitió que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública les echaran un vistazo. Se entiende por qué”.
También se rehúsa a informar sobre el número de averiguaciones previas abiertas contra García Luna entre 1999 y 2008. “En enero de 2009 –dice Anabel Hernández– el IFAI resolvió un recurso de inconformidad interpuesto porque la PGR se había negado a dar la información. El instituto ordenó a la procuraduría que entregara el expediente, pero hasta el cierre de la edición de este libro la procuraduría no había cumplido con la orden”.
La tenacidad inteligente de la periodista incomoda y, más aún, irrita al secretario García Luna. Frente a sus amenazas, ella requiere solidaridad del gremio y seguridad para el ejercicio de su oficio. En el antiguo Senado reprochó a las agrupaciones de periodistas, y a todos quienes a ese oficio se dedican, el limitarse a contar periodistas muertos. Es preciso evitar que mueran. Tiene razón Anabel Hernández, quien debe saber que no está sola.
Valiente en vivo como por escrito, la periodista Anabel Hernández clamó el miércoles pasado por la seguridad necesaria para ejercer su oficio, y por la solidaridad de sus compañeros. Está amenazada de muerte. Ella, y su familia. Y dispone de información puntual de cómo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien citó por su nombre, ha dispuesto eliminarla, harto de la información sobre sus nexos con la delincuencia organizada y la actividad ilícita de la plana mayor que lo acompaña desde sus días en la Policía Federal Preventiva.
La periodista hablaba en el foro Impunidad como Limitante de la Libertad de Prensa…, organizado por la representación de la ONU en México y por el Senado de la República. El espacio en que hacía la denuncia, el patio de la ya exsede de esa cámara, se hallaba muy poco poblado en ese momento. Tras el acto inaugural, se habían retirado los representantes de los organizadores. La voz de Anabel Hernández parecía no tener eco. No lo tuvo allí, ante el monumento a Belisario Domínguez, y no lo tuvo en los medios, ni ese día en los electrónicos, ni al día siguiente en los impresos. Ningún órgano de difusión, entre los muchos que signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, recogió la denuncia de la periodista. Nadie tuvo presente que el noveno de los criterios editoriales de ese acuerdo dispone “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios”. Aun los que tomaran demasiado al pie de la letra el que la solidaridad debe producirse cuando los amagos provengan de la delincuencia organizada podrían negar que el talante de García Luna para ese y otros efectos se asemeja a los de esa fuente de peligro.
Anabel Hernández hizo ya la denuncia en diciembre pasado, al presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su obra Los señores del narco. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concedió crédito a sus temores y gestionó medidas cautelares. Pero la amenaza no cesa. Y ya ha tenido, aunque en forma indirecta, expresiones concretas de lo que puede ocurrirle.
El 28 de noviembre pasado este semanario presentó un adelanto de Los señores del narco. El primero de diciembre siguiente, en vísperas de la presentación del libro en la FIL tapatía, Televisa fue el canal escogido por el gobierno para castigar ese atrevimiento de la periodista, de editorial Grijalbo y de Proceso. Un delincuente convertido en testigo protegido, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, apareció en la pantalla señalando al reportero Ricardo Ravelo y a la revista misma de recibir dinero del narcotráfico. Es parte de una estrategia vengativa. Se comienza por debilitar el prestigio de un medio o de una o un reportero para dar paso después a acciones directas, las que teme caigan sobre ella Anabel Hernández.
La reportera ha fijado largamente su atención en García Luna, desde que era director de la Agencia Federal de Investigación y para congraciarse con la primera dama Marta Sahagún llegaba a Los Pinos con portafolios repletos de regalos que no osan decir su nombre (Fin de fiesta en Los Pinos.) Su mirada sobre el ahora secretario de Seguridad Pública se afinó al escribir Los cómplices del presidente. La portada del libro, aparecido en 2008, los mostraba sin embozo: flanqueando a Calderón aparecen Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación a la hora de su muerte, y García Luna, cuya permanencia resulta inexplicable, salvo para quienes en esas páginas han leído las motivaciones que da la periodista a la complicidad entre el secretario y el presidente.
En sus trabajos para Reporte Índigo, la revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, Anabel Hernández ha descrito el enriquecimiento de García Luna, inexplicable a la luz de sus ingresos regulares en el cuarto de siglo en que ha sido servidor público. La capacidad de ahorro de un funcionario excepcionalmente bien pagado no es suficiente para consolidar una fortuna inmobiliaria como la del antiguo director de la AFI.
Los señores del narco, como se aprecia desde la portada, está dedicado sobre todo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero en el libro abundan las referencias puntuales a García Luna. Le corresponde una parte de responsabilidad en la huida del ahora primer capitán del narcotráfico en México, porque en su área cuando era alto funcionario de la PFP, con funciones de vigilancia penitenciario, estaban las cámaras que no fueron capaces de registrar los movimientos del sinaloense en su camino hacia la calle, de que goza desde hace ya más de 10 años. El director del penal de alta seguridad del que se fugó El Chapo, Leonardo Beltrán Santana, a quien se imputó responsabilidad en la escapatoria, está igualmente libre desde junio pasado, por decisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de García Luna.
Éste “ha tratado a toda costa –escribe la periodista en Los señores del narco– de que los casos contra su grupo no trasciendan. En la SIEDO hay una pila de expedientes que duermen el sueño de los justos con imputaciones directas contra él y su equipo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada; la PGR se ha negado a entregarlos; ni siquiera permitió que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública les echaran un vistazo. Se entiende por qué”.
También se rehúsa a informar sobre el número de averiguaciones previas abiertas contra García Luna entre 1999 y 2008. “En enero de 2009 –dice Anabel Hernández– el IFAI resolvió un recurso de inconformidad interpuesto porque la PGR se había negado a dar la información. El instituto ordenó a la procuraduría que entregara el expediente, pero hasta el cierre de la edición de este libro la procuraduría no había cumplido con la orden”.
La tenacidad inteligente de la periodista incomoda y, más aún, irrita al secretario García Luna. Frente a sus amenazas, ella requiere solidaridad del gremio y seguridad para el ejercicio de su oficio. En el antiguo Senado reprochó a las agrupaciones de periodistas, y a todos quienes a ese oficio se dedican, el limitarse a contar periodistas muertos. Es preciso evitar que mueran. Tiene razón Anabel Hernández, quien debe saber que no está sola.
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