Miguel Ángel Granados Chapa
Ante las crecientes necesidades de agua para consuno humano en Hermosillo, la capital de Sonora, los gobiernos panistas, federal y local, no encontraron mejor solución que privar de ese líquido a los habitantes del sur de esa entidad, que cuentan con dicho recurso para usos agrícolas y para satisfacer la sed de la gente. La disputa por el agua ha generado divisiones internas en el Partido Acción Nacional en ese estado, y suscitado una recia defensa de los intereses del sur contra el presidente Calderón, a través de los órganos de representación civil en Ciudad Obregón y los valles del Yaqui y del Mayo.
En este momento la fase judicial del litigio está siendo resuelta a favor de los sureños, quienes el 14 de marzo obtuvieron una resolución que condena el desacato en que incurrió el organismo público descentralizado Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, del gobierno estatal, encabezado por Guillermo Padrés. No obstante que los quejosos habían obtenido una suspensión provisional, ese Fondo –lo que quiere decir el propio gobierno del estado– adjudicó la construcción del acueducto Independencia, e inició las obras correspondientes. Tal acueducto conducirá cada año 75 millones de metros cúbicos del líquido que almacene la presa El Novillo hacia la capital sonorense.
En la Ciudad de México el senador Javier Castelo Parada fue el encargado de difundir esa noticia judicial. Lo hizo en papel oficial del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Plenamente solidario con ellos –a fin de cuentas es uno de ellos, como empresario agrícola al que afectaría la disminución del agua de El Novillo, pero también como cumplido representante de su entidad–, Castelo Parada se congratuló de que “a los productores y agricultores del Valle del Yaqui se les ha dado la razón por parte de la autoridad judicial”. Dijo esperar que “el gobierno de Sonora respete la resolución judicial y suspenda la obra, so pena de que con las facultades que concede la ley de amparo a los jueces federales se utilice la fuerza pública para que la resolución sea respetada”.
Recordó que “desde hace varios meses los agricultores del Valle del Yaqui han buscado y presentado a las autoridades estatales y federales diversas opciones para solucionar la falta de agua en Hermosillo; en respuesta el gobierno del estado lanzó la convocatoria para licitar la obra del acueducto (…) ante ese hecho, los productores agrícolas del sur de Sonora iniciaron su defensa por la vía legal, buscando por todos los medios que la construcción de ese acueducto no se lleve a cabo”.
Una semana antes de la resolución que favorece a los sureños, el presidente Calderón dio su apoyo al gobernador Padrés. En una entrevista con el diario El Imparcial, de Hermosillo, dijo que lo más importante era el consumo humano en la capital sonorense, lo que significaba pleno aval a las decisiones de Padrés y de la Comisión Nacional del Agua, encabezada por el también panista José Luis Luege. Aunque tardaron en reaccionar –pues la posición presidencial se fijó el 10 de marzo y ellos la refutaron el 23–, los afectados no se recataron ante la investidura presidencial, a cuyo poseedor increparon. Le recordaron que la obra aprobada por Calderón “implica múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento”, y que “tres resoluciones suspensionales provisionales emitidas por un juzgado federal en Ciudad Obregón prohíben que esa obra se realice y que esa agua se trasvase de una cuenca a la otra”.
Citaron también el artículo 14 bis de la Ley de Aguas, que obliga al Ejecutivo federal a asegurarse de que “las asignaciones y concesiones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las cuencas hidrológicas que correspondan”, y a “instrumentar mecanismos para mantener o restablecer el equilibrio ecológico en las cuencas hidrológicas del país, y el de los ecosistemas vitales para el agua”.
A partir de allí, los representantes de 23 agrupaciones, incluyendo el Centro Empresarial de Obregón (perteneciente a la Coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio de Cajeme, formularon rotundas interrogaciones al presidente:
“¿Por qué entonces apoya usted dicha obra que desequilibrará la cuenca del río Yaqui y la asignación, por parte de la CNA a la Comisión Estatal de Agua de Sonora, de 52 millones de metros cúbicos de agua anuales para la ciudad de Hermosillo sin que se haya dado cumplimiento a la disposición legal (…) citada, violando las suspensiones provisionales mencionadas y atropellando los derechos de 900 mil habitantes del sur de Sonora, de las comunidades yaquis y de los productores agrícolas del Valle del Yaqui?
“¿Por qué considera usted que es más importante el agua para el consumo humano en la ciudad de Hermosillo, que el agua para consumo humano de 900 mil habitantes del sur de Sonora?
“¿Por qué cree usted que debe aplicarse el principio de que es prioritario el uso para consumo humano en la cuenca del río Yaqui pero no en la del río Sonora?
“¿Le parece a usted correcto y justo discriminar a los habitantes del sur de Sonora y a los productores agrícolas del Valle del Yaqui para beneficiar a los habitantes de Hermosillo y a los productores agrícolas, ganaderos e industriales de dicha región?”
Hasta donde entiendo, quienes formularon esas preguntas no tuvieron siquiera acuse de recibo de sus interrogantes, y mucho menos respuestas a las mismas. Será que todavía no empezaba a funcionar el nuevo sistema de comunicación digital que vinculará a los ciudadanos con el propio Ejecutivo federal y sus colaboradores. Porque de ser así, otro gallo cantaría a los justamente indignados sureños de Sonora.
Ante las crecientes necesidades de agua para consuno humano en Hermosillo, la capital de Sonora, los gobiernos panistas, federal y local, no encontraron mejor solución que privar de ese líquido a los habitantes del sur de esa entidad, que cuentan con dicho recurso para usos agrícolas y para satisfacer la sed de la gente. La disputa por el agua ha generado divisiones internas en el Partido Acción Nacional en ese estado, y suscitado una recia defensa de los intereses del sur contra el presidente Calderón, a través de los órganos de representación civil en Ciudad Obregón y los valles del Yaqui y del Mayo.
En este momento la fase judicial del litigio está siendo resuelta a favor de los sureños, quienes el 14 de marzo obtuvieron una resolución que condena el desacato en que incurrió el organismo público descentralizado Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, del gobierno estatal, encabezado por Guillermo Padrés. No obstante que los quejosos habían obtenido una suspensión provisional, ese Fondo –lo que quiere decir el propio gobierno del estado– adjudicó la construcción del acueducto Independencia, e inició las obras correspondientes. Tal acueducto conducirá cada año 75 millones de metros cúbicos del líquido que almacene la presa El Novillo hacia la capital sonorense.
En la Ciudad de México el senador Javier Castelo Parada fue el encargado de difundir esa noticia judicial. Lo hizo en papel oficial del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Plenamente solidario con ellos –a fin de cuentas es uno de ellos, como empresario agrícola al que afectaría la disminución del agua de El Novillo, pero también como cumplido representante de su entidad–, Castelo Parada se congratuló de que “a los productores y agricultores del Valle del Yaqui se les ha dado la razón por parte de la autoridad judicial”. Dijo esperar que “el gobierno de Sonora respete la resolución judicial y suspenda la obra, so pena de que con las facultades que concede la ley de amparo a los jueces federales se utilice la fuerza pública para que la resolución sea respetada”.
Recordó que “desde hace varios meses los agricultores del Valle del Yaqui han buscado y presentado a las autoridades estatales y federales diversas opciones para solucionar la falta de agua en Hermosillo; en respuesta el gobierno del estado lanzó la convocatoria para licitar la obra del acueducto (…) ante ese hecho, los productores agrícolas del sur de Sonora iniciaron su defensa por la vía legal, buscando por todos los medios que la construcción de ese acueducto no se lleve a cabo”.
Una semana antes de la resolución que favorece a los sureños, el presidente Calderón dio su apoyo al gobernador Padrés. En una entrevista con el diario El Imparcial, de Hermosillo, dijo que lo más importante era el consumo humano en la capital sonorense, lo que significaba pleno aval a las decisiones de Padrés y de la Comisión Nacional del Agua, encabezada por el también panista José Luis Luege. Aunque tardaron en reaccionar –pues la posición presidencial se fijó el 10 de marzo y ellos la refutaron el 23–, los afectados no se recataron ante la investidura presidencial, a cuyo poseedor increparon. Le recordaron que la obra aprobada por Calderón “implica múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento”, y que “tres resoluciones suspensionales provisionales emitidas por un juzgado federal en Ciudad Obregón prohíben que esa obra se realice y que esa agua se trasvase de una cuenca a la otra”.
Citaron también el artículo 14 bis de la Ley de Aguas, que obliga al Ejecutivo federal a asegurarse de que “las asignaciones y concesiones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las cuencas hidrológicas que correspondan”, y a “instrumentar mecanismos para mantener o restablecer el equilibrio ecológico en las cuencas hidrológicas del país, y el de los ecosistemas vitales para el agua”.
A partir de allí, los representantes de 23 agrupaciones, incluyendo el Centro Empresarial de Obregón (perteneciente a la Coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio de Cajeme, formularon rotundas interrogaciones al presidente:
“¿Por qué entonces apoya usted dicha obra que desequilibrará la cuenca del río Yaqui y la asignación, por parte de la CNA a la Comisión Estatal de Agua de Sonora, de 52 millones de metros cúbicos de agua anuales para la ciudad de Hermosillo sin que se haya dado cumplimiento a la disposición legal (…) citada, violando las suspensiones provisionales mencionadas y atropellando los derechos de 900 mil habitantes del sur de Sonora, de las comunidades yaquis y de los productores agrícolas del Valle del Yaqui?
“¿Por qué considera usted que es más importante el agua para el consumo humano en la ciudad de Hermosillo, que el agua para consumo humano de 900 mil habitantes del sur de Sonora?
“¿Por qué cree usted que debe aplicarse el principio de que es prioritario el uso para consumo humano en la cuenca del río Yaqui pero no en la del río Sonora?
“¿Le parece a usted correcto y justo discriminar a los habitantes del sur de Sonora y a los productores agrícolas del Valle del Yaqui para beneficiar a los habitantes de Hermosillo y a los productores agrícolas, ganaderos e industriales de dicha región?”
Hasta donde entiendo, quienes formularon esas preguntas no tuvieron siquiera acuse de recibo de sus interrogantes, y mucho menos respuestas a las mismas. Será que todavía no empezaba a funcionar el nuevo sistema de comunicación digital que vinculará a los ciudadanos con el propio Ejecutivo federal y sus colaboradores. Porque de ser así, otro gallo cantaría a los justamente indignados sureños de Sonora.
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