Narcotraficantes y paramilitares controlaban el 10 por ciento de las tierras de Colombia, según un cable de 2007 de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, filtrados por WikiLeaks en documentos divulgados hoy por el diario El Espectador.
El cable "dejó constancia de que, según algunos estudios especializados, los grupos de autodefensa y el narcotráfico podían controlar hasta el 10% de la tierra en Colombia", precisa el periódico.
Según la versión, un "alto funcionario del Incoder" (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) comentó en la Embajada que la iniciativa del Gobierno era acelerar la distribución de tierras y fomentar el uso de las áreas productivas".
No obstante, añade, al recoger opiniones de sectores de oposición, "el informe a Washington precisó que, desde esta última óptica, lo único que iba a suceder era que los paramilitares iban a legalizar sus tierras y luego se iba a forzar a los indígenas y afrocolombianos a comprarlas".
Otra fuente del Incoder, añade la versión, "rechazó este punto de vista asegurando que las tierras de estas comunidades estaban protegidas constitucionalmente y no podían ser vendidas".
El mismo cable incluyó, además, un diagnóstico del Banco Mundial, "en el que quedó manifiesto que la inequidad de la posesión de la tierra en Colombia había aumentado significativamente en los últimos 20 años".
Esa evidencia, según la fuente, "tenía como sustento la compra de tierras por parte de grupos de narcotraficantes y la venta de esos mismos predios a grupos armados ilegales".
El cálculo de posesión ilegal de la tierra "podía alcanzar el 4 ó 5 % del área total de la propiedad rural en Colombia, es decir, cerca de 4,5 millones de hectáreas en manos ilegales".
La Embajada también transmitió estudios del sacerdote jesuita Fernán González, según los cuales "Colombia no había seguido el patrón de latifundio común, con tierras coloniales posteriormente distribuidas a campesinos a través de reformas agrarias, sino que se habían dado procesos de colonización en zonas remotas o de frontera y que la mayoría de propietarios habían ocupado tierras sin títulos".
Posteriormente, añadía la información enviada, "cuando estas tierras fueron cobrando valor, se impuso la violencia para su posesión".
El cable detalló "cómo habían crecido las compras de predios en zonas rurales en la Costa Atlántica por parte del paramilitarismo".
Precisa que esas adquisiciones "llegaron a tal punto que en el computador confiscado al jefe paramilitar Jorge 40 (alias de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del llamado Bloque Norte y extraditado en 2008 a EE.UU.), se había encontrado información sobre compra de tierras entre los 2,5 y los 5 millones de hectáreas".
El cable "dejó constancia de que, según algunos estudios especializados, los grupos de autodefensa y el narcotráfico podían controlar hasta el 10% de la tierra en Colombia", precisa el periódico.
Según la versión, un "alto funcionario del Incoder" (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) comentó en la Embajada que la iniciativa del Gobierno era acelerar la distribución de tierras y fomentar el uso de las áreas productivas".
No obstante, añade, al recoger opiniones de sectores de oposición, "el informe a Washington precisó que, desde esta última óptica, lo único que iba a suceder era que los paramilitares iban a legalizar sus tierras y luego se iba a forzar a los indígenas y afrocolombianos a comprarlas".
Otra fuente del Incoder, añade la versión, "rechazó este punto de vista asegurando que las tierras de estas comunidades estaban protegidas constitucionalmente y no podían ser vendidas".
El mismo cable incluyó, además, un diagnóstico del Banco Mundial, "en el que quedó manifiesto que la inequidad de la posesión de la tierra en Colombia había aumentado significativamente en los últimos 20 años".
Esa evidencia, según la fuente, "tenía como sustento la compra de tierras por parte de grupos de narcotraficantes y la venta de esos mismos predios a grupos armados ilegales".
El cálculo de posesión ilegal de la tierra "podía alcanzar el 4 ó 5 % del área total de la propiedad rural en Colombia, es decir, cerca de 4,5 millones de hectáreas en manos ilegales".
La Embajada también transmitió estudios del sacerdote jesuita Fernán González, según los cuales "Colombia no había seguido el patrón de latifundio común, con tierras coloniales posteriormente distribuidas a campesinos a través de reformas agrarias, sino que se habían dado procesos de colonización en zonas remotas o de frontera y que la mayoría de propietarios habían ocupado tierras sin títulos".
Posteriormente, añadía la información enviada, "cuando estas tierras fueron cobrando valor, se impuso la violencia para su posesión".
El cable detalló "cómo habían crecido las compras de predios en zonas rurales en la Costa Atlántica por parte del paramilitarismo".
Precisa que esas adquisiciones "llegaron a tal punto que en el computador confiscado al jefe paramilitar Jorge 40 (alias de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del llamado Bloque Norte y extraditado en 2008 a EE.UU.), se había encontrado información sobre compra de tierras entre los 2,5 y los 5 millones de hectáreas".
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