Francisco Rodríguez / Índice Político
Todo está dado para que el Ejército Nacional Mexicano regrese a los cuarteles y zonas militares de donde nunca debió sacarlos Felipe Calderón para, utilitariamente, aprovecharlos en su dizque legitimación en el cargo obtenido en 2006 por un fallido fallo del Tribunal Electoral.
Instancias internacionales, domésticas y, sobre todo, el desgaste al que ha sido sometida han creado las condiciones para que una de las instituciones antaño más respetadas recupere el prestigio derrochado en una conflagración civil en la que, dice la estadounidense DEA en voz de su directora Michele M. Leonhart, nada tiene qué hacer si es cierto que “los cárteles mexicanos están atacándose entre ellos como animales enjaulados”. Si es así, el costoso papel del Ejército –en más de un sentido– sale sobrando.
Peor aún cuando, para alimentar las voraces fauces de la deshonra, desde Cuernavaca, Morelos, el procurador de justicia de esa entidad, Pedro Luis Benítez Vélez anuncia que, en una reunión con diputados locales y dirigentes estatales de partidos políticos que ex militares y soldados en activo son los responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, y de otras seis personas.
Son tales los riesgos de asignar a las tropas tareas policíacas para las que no son aptas. El peor de todos ellos, la violación de los derechos humanos en los que la institución castrense lleva el inigualable campeonato en materia de denuncias antes organismos que los defienden.
Acontece así porque el diseño histórico e institucional de las Fuerzas Armadas es el de la defensa de la soberanía y de asistencia a la población en situaciones graves, cual los desastres que provocan la conjunción de fenómenos naturales y la pésima planeación que en nuestro territorio hay en cuanto a asentamientos humanos se refiere.
Esta situación da la oportunidad de que el Ejército regrese a los cuarteles.
Lo ha dicho desde siempre cualquiera que tenga el mínimo sentido de sensatez, pero más recientemente la misma Organización de las Naciones Unidas, uno de cuyos grupos de trabajo ad hoc ha solicitado a la fallida y terca Administración calderonista que retire de actividades policiacas al Ejército en el corto plazo, pues el embate verde olivo ha hecho crecer las violaciones a los derechos humanos y las mantiene impunes, en particular las relacionadas con desapariciones forzadas o involuntarias.
También el acatamiento a esta solicitud de la ONU da a Calderón la oportunidad de regresar al Ejército a sus zonas militares.
A esta solicitud de Naciones Unidas se ha sumado apenas el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva quien, en Oaxaca, ha dicho que “Es muy importante que se revise la estrategia federal en materia de seguridad pública y se acate la recomendación que emitió tanto el Comité de Derechos Humanos como ahora la que acaba de formular el grupo de desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de que quien se encargue de la seguridad pública en México sean los propios policías. Y en su caso el Ejército pueda dedicarse a las tareas que le corresponden”.
Una voz más que da a Calderón la oportunidad de replegar a los militares a sus cuarteles.
No sólo eso. Entre los oficiales de medio y alto rangos, aún en la llamada “tropa vieja” –cabos, sargentos, con muchos años de servicio activo– hay, cada vez más, críticas y hasta reticencias por las órdenes recibidas, sobremanera cuando éstas son giradas para cumplimentarse en ámbitos urbanos. Siendo, como lo es, nuestra institución castrense de origen mayoritariamente rural, actúan fuera de lugar en las ciudades en las que son destacamentados sus pelotones, batallones y regimientos.
La argucia –que no argumento– de echar mano del Ejército –y ahora hasta de la Marina Armada– por no contar con policías capacitadas, honestas, ya no tiene razón de ser. La Policía Federal, que nació alimentada de varios batallones de la Policía Militar con cinco mil elementos, ha tenido ya diez largos años para capacitarse y adoptar la ética necesaria.
Con casi 40 mil elementos en la actualidad, empero, esta PF también ha crecido desorganizadamente, sin preparación y, peor todavía, corrupta, pues no son pocos los casos en los que se ha evidenciado su complicidad con las mafias delincuenciales de todo tipo.
¿Qué espera Calderón para regresar al Ejército a sus cuarteles? Hoy tiene la oportunidad. ¿O va a esperar a que los policías de Genaro García Luna lleguen a 100 mil? ¿A qué estos no sean corruptos?
Entonces habrá que esperar sentados… o el final de este malhadado sexenio.
Índice Flamígero: La pregunta sigue en el aire. ¿Se sumarán las Fuerzas Armadas a las campañas de desprestigio que, desde el dirty war room de Los Pinos, comenzarán a enderezarse en contra de los “enemigo” políticos de Calderón? ¿También para eso le serán funcionales?
Todo está dado para que el Ejército Nacional Mexicano regrese a los cuarteles y zonas militares de donde nunca debió sacarlos Felipe Calderón para, utilitariamente, aprovecharlos en su dizque legitimación en el cargo obtenido en 2006 por un fallido fallo del Tribunal Electoral.
Instancias internacionales, domésticas y, sobre todo, el desgaste al que ha sido sometida han creado las condiciones para que una de las instituciones antaño más respetadas recupere el prestigio derrochado en una conflagración civil en la que, dice la estadounidense DEA en voz de su directora Michele M. Leonhart, nada tiene qué hacer si es cierto que “los cárteles mexicanos están atacándose entre ellos como animales enjaulados”. Si es así, el costoso papel del Ejército –en más de un sentido– sale sobrando.
Peor aún cuando, para alimentar las voraces fauces de la deshonra, desde Cuernavaca, Morelos, el procurador de justicia de esa entidad, Pedro Luis Benítez Vélez anuncia que, en una reunión con diputados locales y dirigentes estatales de partidos políticos que ex militares y soldados en activo son los responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, y de otras seis personas.
Son tales los riesgos de asignar a las tropas tareas policíacas para las que no son aptas. El peor de todos ellos, la violación de los derechos humanos en los que la institución castrense lleva el inigualable campeonato en materia de denuncias antes organismos que los defienden.
Acontece así porque el diseño histórico e institucional de las Fuerzas Armadas es el de la defensa de la soberanía y de asistencia a la población en situaciones graves, cual los desastres que provocan la conjunción de fenómenos naturales y la pésima planeación que en nuestro territorio hay en cuanto a asentamientos humanos se refiere.
Esta situación da la oportunidad de que el Ejército regrese a los cuarteles.
Lo ha dicho desde siempre cualquiera que tenga el mínimo sentido de sensatez, pero más recientemente la misma Organización de las Naciones Unidas, uno de cuyos grupos de trabajo ad hoc ha solicitado a la fallida y terca Administración calderonista que retire de actividades policiacas al Ejército en el corto plazo, pues el embate verde olivo ha hecho crecer las violaciones a los derechos humanos y las mantiene impunes, en particular las relacionadas con desapariciones forzadas o involuntarias.
También el acatamiento a esta solicitud de la ONU da a Calderón la oportunidad de regresar al Ejército a sus zonas militares.
A esta solicitud de Naciones Unidas se ha sumado apenas el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva quien, en Oaxaca, ha dicho que “Es muy importante que se revise la estrategia federal en materia de seguridad pública y se acate la recomendación que emitió tanto el Comité de Derechos Humanos como ahora la que acaba de formular el grupo de desapariciones forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de que quien se encargue de la seguridad pública en México sean los propios policías. Y en su caso el Ejército pueda dedicarse a las tareas que le corresponden”.
Una voz más que da a Calderón la oportunidad de replegar a los militares a sus cuarteles.
No sólo eso. Entre los oficiales de medio y alto rangos, aún en la llamada “tropa vieja” –cabos, sargentos, con muchos años de servicio activo– hay, cada vez más, críticas y hasta reticencias por las órdenes recibidas, sobremanera cuando éstas son giradas para cumplimentarse en ámbitos urbanos. Siendo, como lo es, nuestra institución castrense de origen mayoritariamente rural, actúan fuera de lugar en las ciudades en las que son destacamentados sus pelotones, batallones y regimientos.
La argucia –que no argumento– de echar mano del Ejército –y ahora hasta de la Marina Armada– por no contar con policías capacitadas, honestas, ya no tiene razón de ser. La Policía Federal, que nació alimentada de varios batallones de la Policía Militar con cinco mil elementos, ha tenido ya diez largos años para capacitarse y adoptar la ética necesaria.
Con casi 40 mil elementos en la actualidad, empero, esta PF también ha crecido desorganizadamente, sin preparación y, peor todavía, corrupta, pues no son pocos los casos en los que se ha evidenciado su complicidad con las mafias delincuenciales de todo tipo.
¿Qué espera Calderón para regresar al Ejército a sus cuarteles? Hoy tiene la oportunidad. ¿O va a esperar a que los policías de Genaro García Luna lleguen a 100 mil? ¿A qué estos no sean corruptos?
Entonces habrá que esperar sentados… o el final de este malhadado sexenio.
Índice Flamígero: La pregunta sigue en el aire. ¿Se sumarán las Fuerzas Armadas a las campañas de desprestigio que, desde el dirty war room de Los Pinos, comenzarán a enderezarse en contra de los “enemigo” políticos de Calderón? ¿También para eso le serán funcionales?
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