Miles de personas claman en España contra el ‘plan de la tijera’ de Artur Mas

El Parlamento de Cataluña vivió esta semana un intenso pleno donde los diputados discutieron y votaron mociones sobre la independencia de Cataluña (cuya proclamación unilateral fue rechazada), sobre el concierto económico e incluso sobre las “interpretaciones restrictivas que limitan el uso del catalán”, derivadas de la sentencia del TC sobre el Estatuto. Mientras, en la calle, miles de ciudadanos abarrotaban la plaza de Sant Jaume, sede del Gobierno autonómico, para protestar contra los recortes sociales: sanidad, educación, justicia, seguridad...

Fueron 10.000 personas, según la Guardia Urbana, las que acudieron a la concentración; más de 20.000 según los convocantes. Tantas que la plaza se quedó pequeña y los grupos se desparramaron por las calles adyacentes. El centro de la ciudad fue, por unas horas, un caos tremendo. No hay duda de que es la mayor manifestación de los últimos tiempos, y la primera de gran magnitud que soporta el Gobierno que preside Artur Mas, que acaba de cumplir sus cien primeros días. A la protesta, se sumaron no sólo los principales sindicatos catalanes, sino partidos políticos y entidades vecinales y ciudadanas de todo tipo. Pero aun así, una vez más quedó patente que la voz de la calle nada tiene que ver con lo que discuten los representantes de los ciudadanos en sede parlamentaria.

La principal preocupación de los ciudadanos, en estos momentos, son los recortes de los servicios básicos. El Gobierno sólo ha anunciado, hasta la fecha, que habrá tijeretazo, pero nadie ha concretado nada más, por lo que la incertidumbre se añade al temor a los recortes indiscriminados.

“Consideramos que estos recortes son un ataque directo a la calidad de los servicios como pilar fundamental del Estado del Bienestar, inciden directamente en el empeoramiento de las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, deterioran la calidad del servicio y las prestaciones que ha de recibir la ciudadanía y abonan el terreno a la cesión de la gestión privada y, por tanto, al negocio privado con dineros públicos. La intención es clara: desguazar los servicios públicos, deteriorar su funcionamiento y justificar así su privatización”, dice el comunicado leído por la socióloga Marina Subirats durante la concentración. El texto alertaba de la intención de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas al tiempo que reclama acciones conjuntas de trabajadores y ciudadanos “para impedir la aplicación de estas políticas que pretenden dinamitar el Estado del Bienestar”.

El pilar donde más se van a notar los recortes -de hecho, ya han comenzado a aplicarse medidas- es el de la sanidad, que contará con 1.000 millones de euros menos. Su protagonismo en la concentración fue apabullante. Hubo un minuto de silencio por el óbito de la sanidad pública y pancartas para todos los gustos. Hay poco pan para tanto chorizo, La sanidad no es un negocio, es un derecho, Los recortes, para los bancos o Las autoridades sanitarias advierten: Mas y Boi [refiriéndose al consejero de Salud, Boi Ruiz] perjudican gravemente la salud. Y gritos que pedían la dimisión del president y de su consejero.

El secretario general de la UGT catalana, Josep Maria Álvarez, advirtió que si el Gobierno sigue adelante con sus planes “las protestas continuarán”. El secretario general de CCOO, Joan Carles Gallego, rechazó los ajustes porque provocarán más paro y los ciudadanos verán reducidas las prestaciones. Total, que si no se reduce la presión sobre el sistema público en general, se prepara un verano de lo más caliente... y no sólo por la temperatura ambiente, sino por la indignación social.

Críticas de CiU

Allí se encontraron también representantes de PSC, PP, ICV y ERC. “Es el mundo al revés -señaló el portavoz convergente, Jordi Turull, a El Confidencial-. Resulta que los que han congelado las pensiones, los que han bajado el sueldo a los funcionarios, se ponen ahora al frente de la manifestación. Los recortes son la mayor inversión para fortalecer el futuro de este país. Nosotros escucharemos a los agentes sociales, pero no a los partidos que se ponen detrás de la pancarta”.

El tema de la sanidad ha calado hondo en la ciudadanía. Y trabajadores y profesionales de la medicina han saltado al unísono oponiéndose a los planes de la tijera del Gobierno de Mas. “Nos tememos que, en cuanto los hospitales de referencia estén degradados, intentarán dotar a unos centros determinados, dando prioridad a los que les interesen a determinados grupos de presión. Pero concertar la sanidad es mucho más caro que mantener el servicio público”, dice a El Confidencial Carme Navarro, secretaria general de Sanidad de CCOO.

Desde el sindicato Metges de Catalunya (MC), mayoritario entre los facultativos, la opinión es similar. “Se está poniendo en peligro el sistema público sanitario catalán. Puede saltar por los aires. Nosotros estamos a favor de una operación bikini, de adelgazamiento del sector. Pero este adelgazamiento ha de realizarse en la estructura, ya que está sobredimensionada. Desde el médico y el paciente hasta la consejería, hay un sinfín de cargos públicos, jefes, subjefes, niveles administrativos, etcétera, que son un lastre. Por tanto, el tijeretazo debe incidir en esta estructura. El segundo factor sería la optimización de las nuevas tecnologías, que Cataluña estuviese en red para evitar duplicidades. El tercer punto es no revisar el programa de inversiones en el futuro. Con los recortes previstos, se dañará el núcleo duro del sistema sanitario”, advierte un portavoz de MC a este diario.

El consejero de Salud, Boi Ruiz, había convocado precisamente para ayer el Consejo de la Profesión Médica de Cataluña, un órgano creado hace unos años que jamás ha estado operativo. “No es ejecutivo, no es vinculante, se han de tomar los acuerdos por consenso y no ha funcionado jamás. Lo que intentaba hacer el consejero era una maniobra de distracción. No se puede trasladar ahora el debate sobre la sanidad a un órgano que está en coma”, señalan desde Metges de Catalunya. Total, que la consejería tuvo que desconvocar una reunión abocada al fracaso, porque a la misma hora los facultativos preferían demostrar su malestar en la plaza de Sant Jaume.

La próxima semana, Ruiz ha de poner sobre la mesa los números y los planes que tiene su departamento, tal y como se comprometió ya en el mes de marzo. El presidente de la comisión asesora de sanidad, Miquel Vilardell, que es también presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, ya hizo patente su malestar y pidió al consejero que retirase los planes de recorte. Y los gerentes de los hospitales le han hecho llegar su preocupación de que la calidad del servicio se verá deteriorada si se aplican las directrices dadas desde el Gobierno.

Los planes de recorte ponen, en ocasiones, los pelos de punta: cierres de plantas enteras, de quirófanos, aplazamientos de diagnósticos, postergación de operaciones, despidos de personal... todo eso consta en los planes que cada gerente ha elaborado y enviado a la consejería. Para el Gobierno, a pesar de los ajustes espectaculares de algunos hospitales, todavía es poco. El gerente del hospital de Bellvitge, por ejemplo, recibió al aviso de que debía doblar el tijeretazo. En total, lo que le pide la consejería es un recorte tal que asciende a todo el presupuesto del hospital de Viladecans, del que también es gerente. Eso es sólo una anécdota, pero da una idea de la determinación del Gobierno.

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