Jesús Cantú
Las reformas que los diputados priistas pretenden hacer a la minuta aprobada por el Senado a la Ley de Seguridad Nacional van más allá de la propuesta que envió el presidente Felipe Calderón. De manera que si dichas enmiendas se concretaran, la bancada tricolor estaría logrando lo que el mismo Calderón y el secretario de la Defensa Nacional no pudieron conseguir en el Senado.
La propuesta de Calderón abarcaba básicamente las mismas disposiciones que hoy plantean los diputados, en lo referente a los términos para declarar una afectación a la seguridad interior y la persistencia del fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles. Pero en varios aspectos los diputados tricolores la superan.
La minuta que aprobaron los senadores el 23 de abril del 2010 dejaba claro que cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas cometieran delitos que afectaran a civiles, éstos serían perseguidos y sancionados por las autoridades competentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución. El artículo 13 establece: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Así, en esos casos los militares serían juzgados por tribunales civiles, no por los militares, como hoy sucede.
La propuesta de Calderón de reforma al Código de Justicia Militar excluía de la jurisdicción militar únicamente tres delitos, pero dejaba siempre en manos del Ministerio Público Militar la decisión de enviar los casos a la justicia civil o mantenerlos dentro del fuero militar. La propuesta de los diputados tricolores, de acuerdo con lo publicado por el periódico Reforma, señala que dichas conductas delictivas “serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normales legales que los rigen (es decir, el Código de Justicia Militar)”, con lo cual remiten a la iniciativa de Calderón.
En cuanto al procedimiento para la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas, el Senado había hecho tres modificaciones fundamentales a la iniciativa de Calderón, consistentes en: limitar la solicitud de la declaratoria al Ejecutivo o al Congreso; que el Senado o la Comisión Permanente revisaran la legalidad de una eventual declaratoria, y que la Fuerza Armada Permanente actuara en auxilio de la autoridad civil que lo hubiese solicitado, lo cual significa que las Fuerzas Armadas no serían las autoridades responsables, sino auxiliares.
La propuesta de Calderón dejaba abierta la solicitud a “la autoridad competente que considere que existe una afectación”; dejaba a discreción del Consejo de Seguridad Nacional la propuesta de la institución que debería ser designada como responsable –es decir, podían ser las Fuerzas Armadas–; únicamente solicitaría la opinión de la Comisión Bicamaral y sería el presidente quien emitiría la declaratoria de existencia de afectación.
Esto está en consonancia con lo que las versiones periodísticas atribuyen a la propuesta de los legisladores priistas. Incluso la definición que los legisladores hacen de lo que denominan “desafío”, que es “un obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado Mexicano”, es muy similar a lo que Calderón denominaba “riesgo”: “las circunstancias que puedan afectar, parcial o totalmente, la estabilidad o el desarrollo nacionales”.
De este modo, al menos, en estos aspectos el dictamen aparentemente emanado de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, presidida por Rogelio Cerda, recoge las principales preocupaciones de Calderón, que habían sido atenuadas en el Senado.
En otros puntos, como la propuesta de que podrá declararse la afectación a la seguridad interior cuando las acciones derivadas de conflictos laborales, políticos, sociales o electorales “constituyan un desafío”, los diputados priistas van incluso más allá de la propuesta de Calderón, pero todo indica que su intención es básicamente impedir la reforma, es decir, al hacer enmiendas a la minuta que envió el Senado, tiene que regresar a dicha cámara y, como ya adelantaron senadores priistas y perredistas, ellos las rechazarán.
Ante la posibilidad de que en el futuro los militares sean juzgados por los delitos que han cometido contra civiles en la lucha contra el narcotráfico, ellos prefieren quedar siempre en manos de la justicia militar y no de los tribunales ordinarios, aunque la reforma propuesta regule con claridad el procedimiento para permitir su intervención en asuntos de seguridad interior, pues saben que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece: “Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.
Todo indica que la estrategia de los diputados priistas, más que respaldar la propuesta de Calderón, aunque la retoman en varios de sus aspectos centrales, es evitar una reforma que elimine en las leyes ordinarias el fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles, a pesar de que tal disposición ya se encuentra prevista en la Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha suscrito, además de que inclusive fue motivo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las reformas que los diputados priistas pretenden hacer a la minuta aprobada por el Senado a la Ley de Seguridad Nacional van más allá de la propuesta que envió el presidente Felipe Calderón. De manera que si dichas enmiendas se concretaran, la bancada tricolor estaría logrando lo que el mismo Calderón y el secretario de la Defensa Nacional no pudieron conseguir en el Senado.
La propuesta de Calderón abarcaba básicamente las mismas disposiciones que hoy plantean los diputados, en lo referente a los términos para declarar una afectación a la seguridad interior y la persistencia del fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles. Pero en varios aspectos los diputados tricolores la superan.
La minuta que aprobaron los senadores el 23 de abril del 2010 dejaba claro que cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas cometieran delitos que afectaran a civiles, éstos serían perseguidos y sancionados por las autoridades competentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución. El artículo 13 establece: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Así, en esos casos los militares serían juzgados por tribunales civiles, no por los militares, como hoy sucede.
La propuesta de Calderón de reforma al Código de Justicia Militar excluía de la jurisdicción militar únicamente tres delitos, pero dejaba siempre en manos del Ministerio Público Militar la decisión de enviar los casos a la justicia civil o mantenerlos dentro del fuero militar. La propuesta de los diputados tricolores, de acuerdo con lo publicado por el periódico Reforma, señala que dichas conductas delictivas “serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normales legales que los rigen (es decir, el Código de Justicia Militar)”, con lo cual remiten a la iniciativa de Calderón.
En cuanto al procedimiento para la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas, el Senado había hecho tres modificaciones fundamentales a la iniciativa de Calderón, consistentes en: limitar la solicitud de la declaratoria al Ejecutivo o al Congreso; que el Senado o la Comisión Permanente revisaran la legalidad de una eventual declaratoria, y que la Fuerza Armada Permanente actuara en auxilio de la autoridad civil que lo hubiese solicitado, lo cual significa que las Fuerzas Armadas no serían las autoridades responsables, sino auxiliares.
La propuesta de Calderón dejaba abierta la solicitud a “la autoridad competente que considere que existe una afectación”; dejaba a discreción del Consejo de Seguridad Nacional la propuesta de la institución que debería ser designada como responsable –es decir, podían ser las Fuerzas Armadas–; únicamente solicitaría la opinión de la Comisión Bicamaral y sería el presidente quien emitiría la declaratoria de existencia de afectación.
Esto está en consonancia con lo que las versiones periodísticas atribuyen a la propuesta de los legisladores priistas. Incluso la definición que los legisladores hacen de lo que denominan “desafío”, que es “un obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado Mexicano”, es muy similar a lo que Calderón denominaba “riesgo”: “las circunstancias que puedan afectar, parcial o totalmente, la estabilidad o el desarrollo nacionales”.
De este modo, al menos, en estos aspectos el dictamen aparentemente emanado de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, presidida por Rogelio Cerda, recoge las principales preocupaciones de Calderón, que habían sido atenuadas en el Senado.
En otros puntos, como la propuesta de que podrá declararse la afectación a la seguridad interior cuando las acciones derivadas de conflictos laborales, políticos, sociales o electorales “constituyan un desafío”, los diputados priistas van incluso más allá de la propuesta de Calderón, pero todo indica que su intención es básicamente impedir la reforma, es decir, al hacer enmiendas a la minuta que envió el Senado, tiene que regresar a dicha cámara y, como ya adelantaron senadores priistas y perredistas, ellos las rechazarán.
Ante la posibilidad de que en el futuro los militares sean juzgados por los delitos que han cometido contra civiles en la lucha contra el narcotráfico, ellos prefieren quedar siempre en manos de la justicia militar y no de los tribunales ordinarios, aunque la reforma propuesta regule con claridad el procedimiento para permitir su intervención en asuntos de seguridad interior, pues saben que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece: “Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.
Todo indica que la estrategia de los diputados priistas, más que respaldar la propuesta de Calderón, aunque la retoman en varios de sus aspectos centrales, es evitar una reforma que elimine en las leyes ordinarias el fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles, a pesar de que tal disposición ya se encuentra prevista en la Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha suscrito, además de que inclusive fue motivo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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